Espectro / Inmovilismo
| Autor | Javier Tejado |
Respecto al sector telecomunicaciones, la Legislatura pasada convocó a una Conferencia Parlamentaria en Materia de Telecomunicaciones -órgano colegiado que reunía a diputados y senadores a efecto de modernizar la Ley Federal de la materia. A la convocatoria de ambas Cámaras asistieron todos los operadores de telecomunicaciones y el Gobierno federal, por conducto de la SCT.
Sin embargo, luego de año y medio de trabajos, no se logró ninguna modificación a la legislación vigente. Lo que abortó el proyecto de ley y los consensos hasta ese momento logrados fueron acusaciones de corrupción del Senador Javier Corral, al Diputado Jesús Orozco Alfaro, entonces presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja.
La acusación nunca se comprobó y los consensos que había en temas tan relevantes como órgano regulador, derechos de los consumidores, cobertura social, satélites y administración del espectro radioeléctrico quedaron archivados y hasta la fecha duermen el sueño de los justos.
La ausencia de esta regulación ocasionó que la SCT y la Cofetel, promovieran su propia reestructura administrativa, misma que también fue fallida. Y, en lo que a los operadores se refiere, ha ocasionado gran incertidumbre respecto a los procesos legislativos y, por otro lado, forzado a algunos de ellos a recurrir a las vías jurisdiccionales para avanzar los asuntos de su competencia.
Respecto a la radiodifusión, de igual forma el Senado de la República -por conducto de la Subcomisión de Radio y Televisión, presidida también por el senador Javier Corral- trabajó dos años en la elaboración de una iniciativa para la radiodifusión. Claro que los trabajos fueron interrumpidos pues quien encabezó la Subcomisión decidió tomar una licencia para buscar la gubernatura de su natal Chihuahua.
Finalmente, cuando se presentó el proyecto de iniciativa, las criticas de los operadores de radiodifusión, de los concesionarios de televisión restringida, de los sindicatos, de la Sociedad Interamericana de Prensa y de instituciones académicas de prestigio como la UNAM, el Programa Iberoamericano de Derecho a la Información, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el CIDE y el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, entre otros, calificaron la propuesta como burocrática, censora e irreflexiva.
Y cómo no iba a ser así, si se copió el modelo de las iniciativas que desde la Cámara de Diputados habían venido fracasando año tras año, mismas que también había presentado - ¿adivine...
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