Epílogo

AutorLaurence H. Tribe
Páginas461-479
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EPÍLOGO
La histórica resolución de la Suprema Corte del 29 de junio
de 1992 en Planned Parenthood vs. Casey trazó una nueva
ruta para regular la interrupción del embarazo en los Estados
Unidos. Desplazó el caso Webster vs. Reproductive Health Ser-
vices (1989) como la interpretación judicial reinante del rango
constitucional del aborto y del poder del gobierno para res-
tringirlo. La resolución Roe vs. Wade parecía a punto de des-
aparecer después del caso Webster. William J. Brennan, Jr., y
Thurgood Marshall, dos de los cuatro magistrados en Webster
que habían votado por la resolución Roe, habían renunciado.
Los remplazaron los jueces David Souter y Clarence Thomas,
quienes habían sorteado el fuerte cuestionamiento de Roe vs.
Wade en sus audiencias de ratificación.1 Tres de los restantes
—el juez-presidente William H. Rehnquist y los jueces Byron
R. White y Anthony M. Kennedy— habían aplicado una prueba
de “fundamento razonable” de revisión en Webster que deses-
timó Roe en todo, excepto de nombre, y el juez Antonin Scalia
había procurado que ésta se desaprobara de manera explícita.
Pero, en el caso Casey, tres jueces moderadamente conser-
vadores —Sandra Day O’Connnor, Anthony Kennedy y David
Souter (designado por el presidente Bush para sustituir al juez
Brennan después de que éste se jubilara en julio de 1990)—
sorprendieron a ambos bandos del debate sobre el aborto
reafirmando con fuerza lo que llamaron la “determinación
esencial” de Roe. En un dictamen inusualmente conjunto, di-
jeron que un estado no puede poner obstáculos sustanciales en
el camino del derecho de una mujer a elegir un aborto antes de
la viabilidad fetal. Los tres adoptaron una versión moderada
1 El acto de ratificación del juez Thomas fue particularmente polémico, en
parte debido a su sorprendente afirmación ante el Comité del Poder Judicial
del Senado de que él jamás había “debatido el contenido” de Roe vs. Wade, ni
“participado” en discusiones sobre Roe o expresado una opinión acerca de
Roe en alguna “discusión” con otra persona.
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de Roe que permite restricciones estatales a los abortos previos
a la viabilidad mientras promuevan la salud de la madre y la
vida del feto y no impongan una “carga indebida” a la libertad
de la mujer de practicarse un aborto. Combinados con los vo-
tos de los jueces Harry A. Blackmun y John Paul Stevens, quie-
nes indicaron que continuarían apoyando la resolución Roe de
fondo, el dictamen conjunto significa que la Suprema Corte, al
menos tal como está compuesta en la actualidad, seguirá reco-
nociendo alguna forma de derecho constitucional por elegir.
Casey, sin embargo, marca también una polarización cre-
ciente en la Corte. Por primera vez cuatro jueces (el juez-pre-
sidente Rehnquist y los magistrados White, Scalia y Clarence
Thomas, quien fuera ratificado por el Senado para sustituir
al juez Marshall el 5 de octubre de 1991) dejaron en actas su
insistencia en la desestimación completa de la resolución Roe
vs. Wade. En Webster, sólo el juez Scalia buscó ese desenlace
de manera abierta.
I
El 29 de junio de 1992, cuando se dio a conocer la resolución
del caso Casey, comentaristas, asesores de imagen y líderes de
los grupos antiaborto entraron en acción. ¿Qué significó Ca-
sey? ¿Fue una victoria para las fuerzas proelección o para las
provida? ¿Para ambas? ¿Para ninguna? Se realizaron grandes
manifestaciones fuera de la Corte y en otras partes del país
mientras ambos bandos atacaban la resolución. La presiden-
ta de la Liga Nacional de Acción por el Derecho al Aborto,
Kate Michelman, la calificó de “devastadora para las mujeres”
y dijo que las acercó “un paso más hacia la clandestinidad”.
Patricia Ireland, presidenta de la Organización Nacional para
las Mujeres, declaró que “Roe está muerta, pese al endeble
aplazamiento de la sentencia […] de la Suprema Corte”. Otros
estaban en desacuerdo. La profesora Kathleen Sullivan de la
Escuela de Derecho de Harvard la calificó una “victoria para
Roe” y una “derrota aplastante” para el movimiento provida.
Wanda Franz, presidenta del Comité Nacional por el Derecho
a la Vida, describió el fallo como “una pérdida para los niños
no nacidos y una victoria para las fuerzas proelección”. Pero

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