Entrevista / Las debilidades del Cisen

AutorErnesto Núñez

"El mensaje de inestabilidad política e inseguridad jurídica y física, en una lógica global donde el país compite, es extraordinariamente dañino":

Jorge Tello Peón

"Puede significar una especie de colombianización y mutación del EPR hacia formas de terrorismo":

Raúl Benítez Manaut

"Parece que ha llegado el momento de dar el siguiente paso y emprender algunos cambios en el funcionamiento y la dinámica de trabajo":

David Robillard

Los ataques del Ejército Popular Revolucionario a instalaciones de Petróleos Mexicanos constituyen una escalada en el nivel de amenaza de los grupos armados en México, y pusieron en evidencia las deficiencias del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Ante esto, las instancias gubernamentales encargadas de la seguridad e inteligencia deben actuar con mayor coordinación y eficacia. Esta ofensiva del EPR es una oportunidad para revisar el estado en que se encuentra el Cisen, su eficacia, sus trabas burocráticas y su actuación en relación con otras instituciones.

Éstas son algunas conclusiones generales a las que llegan tres especialistas de primer nivel en el tema:

Jorge Tello Peón, quien se convirtió en 1989 en el primer director del Cisen, tras la extinción de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional. Tello Peón fue subsecretario de Seguridad de Gobernación y subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública.

David Robillard, quien dirige en México la empresa Kroll, consultoría con presencia mundial y 30 años de experiencia en control de riesgos y amenazas a la seguridad, que asesora a gobiernos y grandes corporaciones.

Y Raúl Benítez Manaut, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

¿Cómo dimensiona usted los ataques recientes del EPR a ductos de Petróleos Mexicanos?

Jorge Tello Peón: Para "dimensionar" se tienen que definir parámetros. ¿Políticos, militares, económicos o sociales?

En términos económicos, los costos de estos atentados son extraordinariamente altos y han sido profusamente comentados en la prensa nacional. La suspensión de actividades industriales y el desplazamiento de la población han sido cuantificados y señalados por los medios de comunicación. Como síntoma de permisividad delictiva e indicador de ingobernabilidad son hechos alarmantes. No sólo está la custodia de instalaciones estratégicas sino la disponibilidad de información sensible sobre infraestructura básica y el acceso al material explosivo. Los efectos sobre la imagen nacional ante el mundo son también de enorme gravedad. El mensaje de inestabilidad política e inseguridad jurídica y física, en una lógica global donde el país compite, es extraordinariamente dañino: son los inversionistas, con la sensibilidad del capital internacional; es el turismo; pero es también el gobierno de nuestros vecinos y socios comerciales. La pregunta será: ¿pueden los mexicanos hacerse cargo de su país y ofrecer al mundo los niveles de seguridad que demanda la región, como compromiso de un Estado libre y soberano con la comunidad internacional?, ¿pueden -podemos- en un tiempo donde la guerra al terrorismo tiene la más alta prioridad en las agendas mundiales, ofrecer garantías?

El fenómeno no constituye una amenaza relevante en términos de capacidad militar: efectivos, capacidad de fuego, soporte logístico, financiamiento. Tampoco hay elementos para suponer que el llamado EPR tenga capacidad para convocar a una movilización social de masas. La falta de legitimidad de un movimiento que opta por la violencia como arma para alcanzar supuestos objetivos políticos, no tiene capacidad de desencadenar movimientos o expresiones secuenciales, cuando las vías constitucionales están abiertas. Sus causas no son las de los mexicanos, y menos aún sus formas.

Las soluciones de violencia no tienen cabida en un momento en que hay evidencias de la eficacia del debate político. Con las deficiencias que se le quieran atribuir a las instituciones democráticas nacionales, se goza de la vigencia del Estado de Derecho, que con todo lo precario que sea, proporciona cauces legales para dirimir diferencias y controversias. La presencia del proyecto subversivo es fundamentalmente regional y no tiene una cobertura nacional. Su...

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