Energía
| Autor | Aisha Calderón |
| Páginas | 36-37 |
Industria Legal
acalderon@macf.com.mx
Aisha Calderón
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A partir de 2019, el gobierno mexicano ha
intentado implementar cambios significativos en
el sector eléctrico, buscando revertir la nueva
configuración de un mercado abierto que se
estableció durante la anterior administración.
Inicialmente, los cambios se buscaron a través
de actos administrativos emitidos en 2019 y 2020
por la Secretaría de Energía (SENER), la
Comisión Reguladora de Energía (CRE),
regulador del sector, y el Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE), operador
independiente del Sistema Eléctrico Nacional y
del Mercado Eléctrico Mayorista. A principios de
2021, el Presidente presentó al Congreso una
iniciativa para modificar la principal ley del sector;
la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue
aprobada por el Congreso, donde el partido del
Presidente tiene mayoría, sin mucho debate. El
objetivo principal ha sido fortalecer a la estatal
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
desplazar a la inversión privada.
A manera de antecedente, en 2013-14 el
sector energético fue reformado estructuralmente
con una apertura casi total a la inversión privada.
Previo a ello, la CFE era un monopolio totalmente
integrado que controlaba la cadena de valor,
desde la generación hasta el suministro eléctrico.
A partir de la reforma, y con el objetivo de
fomentar la competencia en el mercado, CFE fue
desagregada verticalmente, en unidades de
generación, transmisión, distribución,
comercialización y suministro, y horizontalmente
en su segmento de generación. Únicamente las
actividades de transmisión y distribución, así
como la planeación y operación del Sistema
Eléctrico Nacional, quedaron reservadas al
Estado Mexicano, excluyendo la participación de
los privados.
Hasta ahora, las reformas normativas han sido
detenidas por tribunales federales especializados
en competencia económica de manera inicial
mediante suspensiones definitivas (medidas
cautelares que detienen la aplicación de las
normas impugnadas) dictadas tras una avalancha
de juicios de amparo interpuestos por la industria
y ONGs.
Otros medios de control constitucional han sido
interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por gobiernos locales, la Comisión Federal
de Competencia Económica e incluso, minorías
parlamentarias.
En la mayoría de los procedimientos, los
demandantes han argumentado con éxito que las
reformas comprometen la competencia porque
imponen barreras de entrada a nuevos participantes
y dan una ventaja indebida al agente dominante, la
CFE. Además de obstaculizar la competencia en el
mercado en detrimento de los usuarios finales, la
actual política del gobierno mexicano en el sector
ha comprometido los objetivos y las obligaciones
internacionales de México en materia de cambio
climático. En artículos subsecuentes, abordaremos
con mayor detalle la distintas reformas planteadas y
sus implicaciones.
ENERGÍA
Introducción al contexto regulatorio en la
industria eléctrica en México.
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