Las elecciones guatemaltecas de 2011: más de lo mismo

AutorSecundino González
Páginas603-629
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El 11 de septiembre de 2011, Guatemala celebró el séptimo proceso elec-
toral general desde el retorno de la democracia, en 1985. Como en todas
las elecciones previas, ninguno de los candidatos presidenciales obtuvo la
mayoría absoluta requerida, con lo que hubo de celebrarse una segunda
vuelta el 6 de noviembre. En los comicios del 2011 hubo también otras
regularidades y algunos cambios que se abordan en las páginas siguientes.
INTRODUCCIÓN. EL CONTEXTO
Las elecciones guatemaltecas se llevaron a cabo en un marco político ca-
racterizado por la persistencia de dos severos problemas (CEPAL, 2010; INE,
2011),1 uno de ellos de larga data —las dificultades para incrementar los
recursos del Estado vía ingresos fiscales— y el otro, más reciente, el au-
mento de la criminalidad.
Los recursos estatales por la vía de los impuestos han sido notoria-
mente escasos en Guatemala, de modo que, en una decisión sin preceden-
* Profesor de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid y profesor invitado de
la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Formó parte de la Misión de Verificación de las
Naciones Unidad en Guatemala (Minugua). Quiero agradecer a Edelberto Torres Rivas, Luis
Pásara y Manuel Alcántara sus fructíferos comentarios a una primera versión de este trabajo,
y a la investigadora Abril Moreno Hernández, por su inestimable apoyo en la búsqueda de
datos y elaboración de tablas.
1 Además, un crecimiento económico bajo, con una subida del PIB del 2.5 en 2010, aunque
superior al 0.9 por ciento del año anterior, una inflación menor del 6 por ciento, un desempleo
registrado del 3.52 por ciento, pero una alta tasa de empleo informal o subempleo, que llegó
en 2010 hasta casi el 60 por ciento de la población económicamente activa.
Las elecciones guatemaltecas de 2011: más de lo mismo
Secundino González*
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tes en este tipo de pactos, los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de
1996 (Pásara, 2003; Misión de las Naciones Unidas en Guatemala; Le-
houcq, 2011)2 entre el gobierno y la hasta entonces guerrilla Unidad Revo-
lucionaria Nacional Guatemalteca recogieron el compromiso gubernamen-
tal de aumentar la presión fiscal, de manera que se fijó que “antes del año
2000, la carga tributaria en relación al producto interno bruto se haya in-
crementado en, por lo menos, un 50 por ciento con respecto a la carga
tributaria de 1995”.3 En términos más concretos, ello implicaba pasar del 8
al 12 por ciento de ingresos fiscales respecto del Producto Interno Bruto
(PIB). Sin embargo, el último informe del Secretario General de la ONU, ela-
borado por MINUGUA, señalaba que, todavía en 2002, la presión fiscal era
de apenas del 10.6 por ciento. Para 2010, según datos de la CEPAL, el por-
centaje de ingresos equivalió al 10.9 por ciento del PIB.
Aunque no solo por ello (Isaacs, 2010: 109),4 la escasez de recursos pú-
blicos —Guatemala es el penúltimo país latinoamericano en ingresos fisca-
les— ha hecho muy difícil afrontar uno de los problemas más graves, el de
la seguridad ciudadana. Al igual que ocurrió en las elecciones anteriores,
los altos niveles de violencia criminal en el país (Aizpuru, Pira y Seligson,
2010: 75-86)5 fueron el principal asunto de la agenda política, tanto para los
2 Los Acuerdos de Paz dieron fin a un conflicto que se remontaba a los comienzos de la
década de 1960, y en el transcurso del cual murieron más de doscientas mil personas, la in-
mensa mayoría a manos del ejército y la policía. El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que fue
el firmado en la fecha señalada, ratificaba los suscritos previamente entre 1991 y 1996, y que
tienen sus orígenes en los Acuerdos de Esquipulas II, de 1987. Un estudio sistemático de los
Acuerdos y de su grado de cumplimiento pueden verse en Luis Pásara (2003). Un análisis
comparado con los otros conflictos centroamericanos en Lehoucq (2011).
3 Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, 49.
4 El sistema judicial ineficiente y la elevada corrupción en el conjunto de los aparatos
estatales (policía, prisiones., etcétera) tienen una clara responsabilidad en el deterioro de la
seguridad ciudadana. Por otro lado, el continuo cambio de responsables en el Ministerio de
Gobernación durante el mandato de Álvaro Colom, tampoco ayudó mucho. De hecho, aun-
que quizás la calificación de “estado fallido” sea excesiva, Guatemala vive una excepcional
situación en materia de “soberanía”, ya que desde hace años funciona en el país la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) un organismo de la ONU facultado
por el Congreso guatemalteco para investigar delitos graves que amenazan con quedar
impunes y para actuar como querellante adhesivo junto al Ministerio Público. Ha ejercido
además derecho de veto en el nombramiento de los altos cargos del sistema de justicia y
hace propuestas como que el Congreso debería usar el registro electrónico del voto de sus
miembros.
5 Como ocurre a menudo, la percepción sobre la inseguridad es mucho mayor que
la vivencia directa, ya que el porcentaje de personas que señalan haber sido víctimas de la
delincuencia es bastante bajo, de un 23.3 por ciento. La distribución geográfica es muy

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