Elecciones y cambio de sistema de partidos en Ecuador 2009
| Autor | Flavia Freidenberg |
| Páginas | 101-137 |
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INTRODUCCIÓN
Desde el 16 de julio de 1978, cuando se llevaron a cabo las primeras elec-
ciones competitivas en Ecuador, la historia política-electoral de este país ha
sido intensa y variada. Se han convocado siete consultas populares, dos
elecciones para Asambleas Constituyentes, nueve elecciones presidenciales,
siete a diputados nacionales y doce para elegir diputados provinciales, doce
para consejeros provinciales, siete para alcaldes y doce para concejales mu-
nicipales. En los comicios seccionales de 2000, además, se reglamentó e
impulsó la figura de las Juntas Parroquiales Rurales, prevista en el texto
constitucional de 1998, transformándose desde ese momento en la menor
instancia de poder local del sistema político (véase Anexo I).
El periodo 1978-2010 ha sido el de mayor competencia electoral en la
historia republicana del país, aun cuando ha habido tres golpes de Estado
y tres presidentes no terminaron sus mandatos entre 1997 y 2005, quienes
fueron sustituidos por vías extrainstitucionales y en escenarios de movi-
lización popular y acuerdos entre elites.1 Estos problemas en la goberna-
bilidad del sistema han dado cuenta de la tendencia de diversos grupos
sociales y políticos de alterar o adaptar las reglas de juego en función de
* Subdirectora del Instituto de Iberoamérica y profesora del Área de Ciencia Política y de
la Administración de la Universidad de Salamanca.
1 El roldosista Abdalá Bucaram en febrero de 1997, el demócrata popular Jamil Mahuad en
enero de 2000 y el ex coronel golpista Lucio Gutiérrez en abril de 2005 fueron obligados a aban-
donar la Presidencia de la República en diversas circunstancias y por distintos actores que, frente
a la crisis, negociaron respuestas al margen del sistema y de la ley, diferentes en cada caso, con
la pretensión de salvar —aunque fuera momentáneamente— el orden constitucional vigente.
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sus intereses de corto plazo. Esa incapacidad para generar un sistema
estable llevó a pensar que era el diseño institucional y sus efectos sobre
los incentivos que tenían los actores con capacidad de veto en el proceso
de toma de decisiones, los que dificultaban la gobernabilidad democrática
(Coppedge, 1994; Pachano, 2007).2
Es por ello que los actores políticos y sociales han generado cambios
en el diseño institucional como respuesta a los problemas de gobernabili-
dad del sistema. No por nada la del año 2008 ha sido la tercera Constitu-
ción que se ha promulgado en el país desde 1978, una cada diez años
(1978, 1998, 2008). Las elecciones generales del 26 de abril de 2009 se
llevaron a cabo tras ese cambio constitucional. Si bien estas elecciones
se celebraron bajo el marco de unas reglas generadas ad hoc, válidas solo
de manera transitoria para celebrar dichos comicios, las mismas se enmar-
can en un proceso de mayor envergadura de transformación del Estado y del
sistema político liderado por el proyecto de cambio político que fue deno-
minado Revolución Ciudadana, propuesto por el Movimiento Patria Altiva
y Soberana (PAIS)3 y que ha sido ampliamente legitimado por la ciudadanía
en cinco oportunidades desde 2006.4
El proyecto supo interpretar las exigencias de cambio y el hartazgo de
los ciudadanos respecto al modo en que los partidos habían hecho política
2 La “gobernabilidad democrática” es aquella en la que los actores estratégicos interac-
túan en un marco institucional basado en reglas de juego plurales, en un entorno de respeto
de las libertades políticas y garantías hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales,
y en donde esos actores se relacionan entre sí y con las instituciones en el marco de un con-
junto de reglas estables que son percibidas como las que mejor favorece la consecución de
sus intereses (o, al menos, no son consideradas como una amenaza).
3 En 2006, Alianza PAIS estaba integrada por Movimiento PAIS, Jubileo 2002, Iniciativa Ciu-
dadana, Movimiento Bolivariano Alfarista y Acción Democrática Nacional (ADN), en alianza con
el Partido Socialista-Frente Amplio y con el apoyo de múltiples movimientos provinciales, inte-
lectuales de izquierda y militantes de Derechos Humanos. Con el paso de los años la denomi-
nación de Alianza PAIS y la de Movimiento PAIS se hicieron sinónimos en el lenguaje cotidiano.
4 Las citas electorales han sido: a) el 26 de noviembre de 2006 con el triunfo en la segunda
vuelta electoral del binomio presidencial integrado por Rafael Correa y Lenin Moreno (56.57
por ciento); b) el 15 de abril de 2007, cuando frente a la consulta sobre la convocatoria a una
Asamblea Constituyente, recibió el apoyo de más del 80 por ciento de los ciudadanos; c) el 30
de septiembre de 2007, cuando Acuerdo PAIS y otros movimientos políticos cercanos a Correa
consiguieron cerca de 80 de los 130 escaños de la Asamblea Constituyente; d) el 28 de sep-
tiembre de 2008, cuando el 63.93 por ciento de los ecuatorianos dijo “sí” a la nueva Constitu-
ción y, finalmente, el 26 de abril de 2009, donde Rafael Correa fue elegido nuevamente Presi-
dente de la República, con un amplio apoyo legislativo (59 de los 124 asambleístas) y el
triunfo a nivel local de varias alcaldías y prefecturas.
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en el periodo 1978/1979-2002 y a los magros resultados que estos habían
conseguido hasta ese momento. Si bien esa necesidad de transformación
era evidente desde hacía varios años, la clase política y la mayor parte de
los partidos no supieron (o no pudieron) dar respuestas satisfactorias a las
exigencias ciudadanas desde dentro del sistema. Rafael Correa y una coa-
lición de partidos y movimientos supieron aprovechar ese deseo en clave
de “poder democrático y ciudadano”, como años antes lo habían intentado
otras agrupaciones partidistas, como la liderada por el ex coronel Lucio
Gutiérrez desde el Partido Sociedad Patriótica (PSP), e incluso el multimillo-
nario bananero Álvaro Noboa Pontón, desde el Partido Reformista Institu-
cional Acción Nacional (PRIAN).5
En las elecciones de 2009 los ciudadanos continuaron apoyando ese
proceso de cambio, generando modificaciones importantes en las condi-
ciones de la competencia del sistema de partidos nacional y respaldando
nuevamente de manera mayoritaria a las tres opciones antisistema de
partidos tradicional (Sartori, 1980 y 1992: 166).6 El partido del coronel Lu-
cio Gutiérrez, Sociedad Patriótica, había sido creado originalmente como
un “taxi electoral”, para canalizar su liderazgo; aunque luego se fue estruc-
turando como un partido de tablas. El caso de Correa es el más paradig-
mático porque articuló la base de su liderazgo en el enfrentamiento directo
con la clase política, aprovechando la estructura de oportunidades genera-
da por la emergencia del movimiento forajido de abril de 2005 y diversos
sectores sociales como “Ruptura 25”. La propuesta de Correa incluyó du-
rante la campaña la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana
que desconociera a los legisladores recién elegidos.
5 Noboa inició su tarea electoral en 2002 con campañas de salud, educación, empleo y la
distribución de recursos a través de la Fundación “Cruzada Nueva Humanidad”, que con fondos
propios y de sus empresas, usurpa el lugar que le corresponde al Estado en la satisfacción de
las demandas básicas de los ciudadanos más desprotegidos. Según la página web (www.alvaro-
noboa.com) durante 2005, la Fundación había realizado 270 visitas a la mayoría de las provin-
cias ecuatorianas, atendiendo a 135 mil pacientes. Su partido, el PRIAN fue creado en 2001 como
una plataforma para estructurar una base de apoyo nacional que le ayudara a ganar a Presiden-
cia de la República por la que compitió en cuatro oportunidades (1998, 2002, 2006 y 2009).
6 La clasificación de los partidos y de sus estrategias como “antisistema” no supone jui-
cios de corte normativo. Por el contrario, se retoma la definición de Sartori que sugiere que
“un partido es antisistema siempre que socava la legitimidad del régimen al que se opone”, y
su oposición no es una “oposición por cuestiones concretas sino una oposición por princi-
pio”. Así, “una oposición antisistema actúa conforme a un sistema de creencias que no com-
parte los valores del orden político dentro del cual actúa”.
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