El ejido como célula de planeación
| Autor | Juan Carlos Pérez Castañeda |
| Páginas | 97-121 |
Desde su concepción original hasta la actualidad, el ejido ha revestido
distintos significados que han hecho de él una de las figuras jurídicas
agrarias nacionales de mayor movilidad conceptual y al cual se le han
asignado históricamente objetivos y funciones diferentes, llegándole a
ver en un tiempo como “la única salida para México”1 e, incluso, como el
“pasado, presente y futuro de los campesinos del país”.2
Lo que en el presente capítulo nos interesa analizar no es la función
cumplida por el ejido a lo largo de la historia del país, sino las posibilidades
reales que éste tiene de participar en la reactivación de la economía
campesina y en el proceso de planeación del desarrollo rural, a la luz de
las disposiciones, estrategias e instancias creadas para tal efecto por la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable y en el marco de la construcción de una
nueva institucionalidad marcada por su orientación territorial, a cuya luz se
pretenden sentar las bases para impulsar un desenvolvimiento consistente,
equitativo y equilibrado del campo mexicano.
La actual conformación interna de los ejidos y de las comunidades
se fue delineando al paso de los años, a medida que las autoridades del
ramo se percataban de la necesidad de organizar a los núcleos campesinos
beneficiados con tierras, a fin de posibilitar la realización conjunta de
El ejido como célula de planeación
1 Eyler N. Simpson, “El ejido: única salida para México”, Problemas Agrícolas e In-
dustriales de México, número 4, volumen IV, México, 1952.
2 Gordillo, op. cit., p. 65.
98 LEGISLACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
diversas tareas de corte legal-agrario y la gestión productiva agropecuaria.
De ahí surgió, paulatinamente, la estructura de asambleas, comisariados y
consejos de dichos núcleos de población que hoy conocemos con el nombre
genérico de “órganos internos”.
Aun cuando el ejido fue visto durante la administración cardenista como
el motor del desarrollo nacional habiendo recibido una notoria consideración
gubernamental, no se le concibió como una unidad productiva capaz de
competir con la empresa privada, sino como una instancia de integración de
los productores agropecuarios únicamente para efectos de la administración
de la tierra, esto es, como la simple aglomeración de propietarios individuales,
los cuales podían asociarse para la adquisición de créditos y otros insumos
(algo semejante a lo que ocurre con la propiedad condominial).
De hecho, el ejido careció durante varias décadas de capacidad y
posibilidades reales para desenvolverse de manera organizada en el terreno
de la producción, la comercialización y la industrialización, debido a que
las políticas institucionales escasamente lo visualizaron como una persona
moral o sujeto colectivo susceptible de integrarse funcionalmente para el
desarrollo de actividades económicas (sobre todo si carecía de personalidad
jurídica propia), situación que propició que durante muchos años se
desaprovechase lastimosamente su potencial empresarial y productivo, sin
que hasta la fecha haya podido superar dicha situación.
En ello mucho tuvieron que ver las regulaciones jurídicas vinculadas
a dos cuestiones sustanciales para la producción agropecuaria, cuyas dis-
posiciones antes que impulsar procesos de desarrollo rural bloquearon las
capacidades humanas y sociales de los núcleos agrarios, a saber: el crédito
y la organización gremial. A lo largo del siglo XX el Estado mexicano se
empeñó en demostrar su incapacidad para manejar adecuadamente estos
dos instrumentos de política económica, de suerte que sus efectos han sido
contrarios a los deseados y su estela en la organización rural sigue ahí como
testimonio de su evidente incompetencia.
Política de organización productiva
Entre 1917 y 1971 no existió una política específica de organización
económica dirigida a los productores rurales. Durante ese lapso, ésta se
promovió en función del otorgamiento del crédito, al extremo de que las
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