Ejecutoria num. XXXI.8 P, Tribunales Colegiados de Circuito

EmisorTribunales Colegiados de Circuito
Número de ResoluciónXXXI.8 P
Fecha de Publicación 1 de Octubre de 2010

AMPARO EN REVISIÓN 479/2009. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO

Son infundados los agravios expuestos por el defensor del hoy recurrente, como se verá más adelante.

Previo a su examen, es oportuno relatar, en forma breve, los antecedentes del presente asunto.

Mediante resolución de siete de julio de dos mil cuatro, la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado libró orden de aprehensión en contra de **********, por la probable comisión del delito de homicidio calificado.

En acuerdo de dos de julio de dos mil nueve, la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo del proceso instaurado en contra de **********, y declinó competencia al Juez instructor de primera instancia para adolescentes, de conformidad con el artículo 397, con relación al numeral 393, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor.

Ante el Juez de Primera Instancia de Instrucción para Adolescentes en el Estado de Campeche, en audiencia pública de tres de julio de dos mil nueve, se sujetó a proceso al entonces adolescente, hoy adulto **********, por su probable participación en la comisión de la conducta tipificada como delito de homicidio calificado, por haber sido cometido con violencia y alevosía, previsto y sancionado de conformidad con lo que establece el artículo 267, en relación con el 285, 280, párrafo primero, 281, fracción II, 282, 283 y 11, fracción II, todos del Código Penal del Estado, relacionados con el numeral 159, fracción VI, de la Ley de Justicia para Adolescentes.

Inconforme con ese fallo interpusieron amparo indirecto número **********, el cual fue resuelto en audiencia constitucional de fecha siete de septiembre de dos mil nueve y terminada de engrosar el diez de ese mismo mes y año, en el sentido de negar el amparo y la protección de la Justicia Federal; determinación que constituye, precisamente, el acto reclamado en este juicio de revisión.

Antes de proceder a estudiar la resolución reclamada, es menester señalar que este Tribunal Colegiado no pasa inadvertido el principio de protección del interés superior del adolescente, pues este principio implica que la actuación de las instituciones, los tribunales y las autoridades encargados de la aplicación del sistema penal para adolescentes, debe orientarse hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.

No obstante, si bien es cierto que las autoridades que forman parte de este sistema integral de justicia deben maximizar la esfera de derechos de los adolescentes, también lo es que deben tomar en cuenta los límites de estos derechos, como por ejemplo, los derechos de las demás personas y de la sociedad misma; razón por la cual, en los ordenamientos penales se establece, mediante los diversos tipos, una serie de bienes jurídicos tutelados que no pueden ser transgredidos, so pena de aplicar las sanciones correspondientes.

Así, conviene dejar en claro que los instrumentos internacionales en los que se plasma lo anterior son: (a) las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores, (b) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (RIAD), (c) las Reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad y (d) la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, ha de tomarse en consideración, por formar parte del marco jurídico vigente en materia de derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien los primeros tres mencionados no tienen el rango de ley internacional recepcionada por nuestro sistema, lo cierto es que se trata de instrumentos internacionales cuya esencia fue recogida en la propia convención (Reglas de Beijing, por ser previas en tiempo) o instrumentos en los cuales se proponen, con mayor amplitud y detalle, mayores directrices en la materia, de manera que son referente orientador en la interpretación de la reciente reforma constitucional. Por otro lado, en lo que atañe a las convenciones internacionales aludidas, es claro que -ratificadas como han sido- son fuente de derecho en nuestro país, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna y que, incluso, deben atenderse preferentemente sobre las leyes generales, federales y locales, esto, al tenor de la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. IX/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 6, que dice:

"TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el Texto Constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario ‘pacta sunt servanda’, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional."

Una vez establecido lo anterior, se procederá a dar contestación a los agravios formulados por el recurrente, en donde alega que prescribió la acción penal, por ser de estudio preferente.

En efecto, el recurrente argumenta que la prescripción de la acción de remisión ya había operado cuando su defendido fue detenido, y que el término medio aritmético a que se refiere el artículo 54 de la Ley de Adolescentes no remite a las previstas en el Código Penal del Estado para su cálculo, porque las penas establecidas en el Código Penal del Estado no son el parámetro que debe tomarse en consideración para estudiar y resolver si ha procedido o no la prescripción de la acción de remisión en los procesos de adolescentes del Estado de Campeche.

Del mismo modo alega, que las penas que se deben de tomar en cuenta son las que, en concreto, se pueden imponer a su defendido, o sea, las sanciones que señala la Ley de Justicia para Adolescentes, y la sanción más grave tratándose de homicidio, es la de siete años; por lo que el término medio aritmético de esa sanción de internamiento definitivo de siete años es el tiempo de tres años y seis meses; tiempo que ya había transcurrido desde que se libró la orden de captura al momento en que fue detenido su defendido.

Por otra parte, refiere que respecto de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche, ésta ha sido interpretada y aplicada en forma incorrecta por el Juez de instrucción, así como por el Juez de Distrito, porque respecto de los tipos penales, la Ley de Justicia para Adolescentes de C. no nos remite, ni tratándose de la prescripción, a sanciones establecidas para cada uno de esos tipos penales a que se refiere el Código Penal del Estado.

Los anteriores agravios hechos valer por el recurrente se estudiaran de manera conjunta por estar íntimamente relacionados y por así permitirlo la técnica jurídica.

Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no le asiste la razón al agraviado, atento a las siguientes consideraciones:

Es preciso asentar que, conceptualmente la "prescripción", constituye la extinción de un derecho o acción por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley; sin embargo, en materia penal, representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo del Estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, relativa a la investigación de la comisión de hechos tildados de delictivos y perseguir a los autores de los mismos.

Figura jurídica que se clasifica en prescripción de la "acción penal" y de las "sanciones penales"; la primera, relativa a la facultad del Estado para ejercer la pretensión punitiva y, la segunda, concerniente a la potestad del Estado para ejecutar penas y medidas de seguridad; cuyo fundamento radica en el principio de seguridad jurídica, pues es inadmisible que una persona permanezca indefinidamente en la incertidumbre de poder ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y la persecución de los delitos; de ahí que si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado para tal efecto, ello se convierte en un derecho de los gobernados frente a la ineficacia de la acción persecutoria; lo cual se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido y de la correspondiente pena, porque la potestad investigadora y persecutora de la autoridad estatal no puede extralimitar del tiempo prefijado que condiciona su validez, por tratarse de una limitante del poder represivo del Estado.

A efecto de establecer las premisas hipotéticas, se hace necesario observar lo dispuesto en las normas relativas a la prescripción de la pretensión punitiva contenidas en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche y en el Código Penal del Estado...

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