Ejecutoria num. P./J. 97/2001 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

EmisorPleno
Número de ResoluciónP./J. 97/2001
LocalizacionJUAN N. SILVA MEZA.
MateriaSuprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación 1 de Julio de 2001

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 5/2000.

MINISTRO PONENTE: J.N.S.M..

SECRETARIO: J.F. CRUZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO

El examen comparativo de los agravios y consideraciones expuestos con anterioridad, permite advertir que las razones que motivaron la imposición de la sanción de destitución a la recurrente se centran, específicamente, en que al existir una amistad estrecha con uno de los litigantes que llevan causas penales en el juzgado en donde la recurrente fungía como Juez de Distrito, no debió conocer de los mismos, habiendo omitido hacer valer dicho impedimento; por mostrar notoria ineptitud, que se traduce en el error inexcusable de no tener la capacidad suficiente para resolver los problemas que se suscitaron entre el Juzgado de Distrito y la Delegación de la Procuraduría General de la República; por no poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial y no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores, como lo son las de prevenir e impedir las acciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación; que no haya tomado las medidas cuando se presentaban detenidos visiblemente golpeados, dado que no se realizó ninguna certificación para deslindar responsabilidades y, sobre todo, que el Poder Judicial de la Federación no se viera involucrado en una situación de derechos humanos; que se haya exhibido en convites con abogados que litigaban asuntos en su juzgado, al grado de que su conducta fue objeto de publicaciones, lo que afecta la imagen de respeto, honorabilidad y prestigio del Poder Judicial de la Federación, lo que de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal denota que la recurrente no es apta para desempeñar el cargo de Juez de Distrito.

Como una cuestión previa, cabe precisar que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir el presente recurso de revisión administrativa, tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: III, marzo de 1996

"Tesis: P. XXI/96

"Página: 468

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO. El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma.

"Recurso de revisión administrativa 2/95. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ponente: J.D.R.. Secretario: A.G.B.."

SÉPTIMO

En los agravios que se hacen valer respecto a las consideraciones de la sentencia recurrida, relativas a la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se exponen diversos argumentos relativos a que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal violó las formalidades esenciales del procedimiento; dichos agravios en esencia dicen:

  1. Afirma la recurrente que la resolución recurrida carece de debida fundamentación y motivación que le sirva de sustento para apoyar sus conclusiones y, tampoco se encuentra fundada en preceptos aplicables al caso, toda vez que no existe una valoración de pruebas y los argumentos esgrimidos carecen de consistencia lógica y jurídica, porque son vertidos de una manera dogmática, genérica y ambigua.

  2. Aduce que la primera prueba a que se refiere la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es un escrito que está signado por R.M.R.G. de V.W., administradora única de Operadora de Recreación de Vehículos Plaza Dorada, S.A. de C.V., al cual afirma que se le anexaron tres fotografías en las que aparece en compañía de la licenciada ... y el licenciado V.M.R.L.. Al respecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es en franca violación a su garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, ya que según afirma, nunca se le informó de la existencia de tal escrito y fotografías, de las cuales sólo se enteró hasta leer la resolución que recurre, además de que con ello existe violación al artículo 287, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, porque en ese aspecto no estuvo informada y no se le dio oportunidad de conocer las imputaciones de que fue objeto, por lo que ante la evidente falta de audiencia no pueden considerarse como parte de la litis; sin que sea dable suponer siquiera que por el solo hecho de que no exista un procedimiento ya preestablecido, el Consejo de la Judicatura Federal pueda omitir el respeto a esta garantía, de ahí que el consejo no puede ahora, válidamente, apoyar su resolución en el escrito y fotografías a que se refiere, porque nunca las incluyó formal ni materialmente en la litis.

  3. Que le agravia el valor que el Pleno del consejo otorga a lo que denomina declaración rendida por la recurrente, ante la entonces consejera C.M.A., de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, al no tomar en consideración lo previsto en la fracción II del artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece como requisito de una confesión, que quien la haga esté debidamente informado del procedimiento y del proceso. Alude a que si bien fue notificada de su suspensión el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, también lo es que no se le informó cuáles eran las causas de esa suspensión, pues sólo le leyeron una serie de artículos contenidos en el documento denominado "PLE/0032, proyecto de dictamen que presenta ...", mismos que se transcribieron en el acta denominada "dictamen"; agrega en este sentido, motivo por el cual ante la total falta de motivación de ambos documentos, la recurrente no pudo conocer el porqué de su suspensión.

  4. En relación a lo anterior, manifiesta que cuando se entrevistó con la exconsejera C.M.A., no sabía cuáles eran las causas específicas de su suspensión, por ende, no podía rendir declaración alguna relacionada con la misma, ni lo que conversó con ella puede ser catalogado, y menos aún valorado como una comparecencia para declarar en relación con los hechos relacionados con la suspensión, porque es evidente que la recurrente no estaba en condiciones de combatir la resolución de dos de septiembre ya citada, porque la desconocía.

  5. Que aproximadamente dos meses después se enteró del motivo de su suspensión, lo que contraviene el artículo 287, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, situación que evidentemente la mantuvo en un total estado de indefensión, puesto que no tenía la menor sospecha de cuál era el giro que al parecer le estaban dando a la investigación que la propia recurrente había iniciado con su solicitud de apoyo. Al respecto, dice que es por eso que con las documentales que exhibe acredita que cuando se entrevistó con la entonces consejera, no tenía idea de qué imputaciones hacían en su contra y mucho menos sabía que estaba declarando, por lo que esa acta no puede tener el valor probatorio que le otorga el Pleno del consejo.

  6. Que es temeraria y falsa la afirmación de que continuó asistiendo a fiestas con el litigante, de ahí que tal afirmación le causa agravio al constituir una consideración ilegal, gratuita y sin pruebas. Al respecto, la recurrente, entre otras cosas, manifiesta que la versión que dio la consejera obra en la resolución de suspensión de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que le fue notificada el diecinueve de octubre siguiente; sin embargo, aduce, sólo se le solicitó rendir informe por resolución de dieciocho de noviembre, en el cual el Pleno del consejo dejó fuera de la litis este aspecto y sólo se le solicitó rendir informe sobre los puntos contenidos en esta última resolución; por lo que si el propio consejo había dejado fuera cualquier cosa que se refiriera con ese cassette (en el cual se basan para señalar que la recurrente asistía a fiestas con el litigante) y, por ende, no lo mencionaba en la resolución de dieciocho de noviembre, única sobre la cual se le solicitó rendir informe, entonces ya no hubo oportunidad para que informara de manera oficial sobre ese aspecto; además, no tuvo conocimiento de la existencia del informe que al respecto rindió la consejera, pues nunca se le dio a conocer. Agrega, que no obstante que en la resolución que ahora recurre se glosa el informe que al efecto rindió la consejera, que reitera no obra como constancia en la resolución de dieciocho de noviembre, no se le dio a conocer, ni se le solicitó informe al respecto, por lo tanto no se le puede atribuir tal confesión.

  7. Que le causa agravio el que si bien fue sometida a una investigación que inició por resolución de primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, de la que tuvo cabal conocimiento hasta el diecinueve de octubre siguiente, investigación que en teoría finalizó con resolución de dieciocho de noviembre del mismo año, donde se le fincaron posibles causas de responsabilidad; sin embargo, de autos se advierte que en realidad nunca existió investigación alguna por parte del Consejo de la Judicatura, pues se limitaron a levantar un acta de tres de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que se parte de premisas falsas, y a oficializar una conversación que tuvo con la señora consejera el veintisiete de septiembre siguiente, desconociendo aun las causas de su suspensión, agregaron los listados que ella entregó y las constancias que su personal y ella anexaron a la primera acta señalada y allí terminó toda la investigación.

  8. Que a lo que a foja 189 se denomina su confesión ante la consejera C.M.A. en comparecencia de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, donde se afirma que narró la asistencia al espectáculo nocturno, donde acepta haber bailado una pieza con el citado litigante, manifiesta la recurrente que el día dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho se encontraba trabajando en la ciudad de La Paz, que entonces está ante una flagrante mentira porque, reitera, en esa fecha se encontraba trabajando en la ciudad de La Paz; considera, que quizás la consejera en ese informe pretendió referirse a su conversación con la recurrente durante la segunda quincena de julio de ese año, cuando ambas se encontraban de vacaciones, pero dice que no es válido que a un mes de distancia de esa plática informal, la oficialice mediante un informe unilateral en el que sólo obra su dicho y su versión respecto a una plática sostenida un mes antes.

    Agrega que, más aún, ni en la resolución de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho ni en la de dieciocho de noviembre de ese mismo año, se refieren a ese informe de dieciocho de agosto, por lo que sólo tuvo conocimiento de él hasta ser notificada de la resolución que ahora recurre, lo que constituye una violación más en su detrimento, porque se le imposibilitó controvertirlo, dejándola en total estado de indefensión, máxime que no debe olvidarse que para que se integre cualquier litis se necesita una pretensión y una excepción o contestación, por lo que si ella nunca fue informada de ese informe, no puede considerarse que forma parte de la litis, al no existir una clara fijación de los hechos.

    Reitera que eso no fue lo que dijo ante la consejera, ni puede dársele el valor de una confesión porque no se satisficieron los requisitos de una declaración, nunca tuvo conocimiento de ese informe, el Pleno del consejo lo dejó fuera de la litis en su resolución de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y porque nunca se le pidió informe respecto a esa llamada y a la asistencia a esa boda, lo que le impidió controvertirla.

  9. Señala que el Consejo de la Judicatura, sin prueba alguna y con base en apreciaciones subjetivas, arriba a la conclusión de que con las pruebas que reseña se acredita su amistad estrecha con el litigante citado, consideraciones y conclusiones que carecen de sustento jurídico alguno, porque se basan en su propias y personales creencias y se fundan en medias verdades, en documentos y actuaciones que sólo ellos conocían y manejaron.

  10. Que no obra prueba alguna de que la recurrente haya dicho que fue a una boda con dicho litigante, eso es sólo el informe de la exconsejera, que es unilateral y que no se le dio a conocer. Señala que resulta frustrante el estado de indefensión en el que se le coloca, porque por el simple hecho de que un consejero informe de determinados hechos, éstos necesariamente y sin discusión se tengan como la verdad absoluta, al grado que ni siquiera se le dan a conocer, y no se le otorga la oportunidad para controvertirlos, tal parece que por su sola jerarquía su dicho es verdad absoluta e incontrovertible.

  11. Que en todo caso, si es que en verdad hubo una investigación, entonces debió obrar en autos y debió de reflejarse en las consideraciones de la resolución. Si no existe más que ese escrito que ella desconocía de esa señora R.M.R.G. de V.W., en su carácter de administradora única de una empresa a la que se le negó el amparo y que promovió queja administrativa que le fue declarada improcedente, expediente varios 651/98, y que evidentemente al ver frustradas sus pretensiones decidió mandar el ocurso a que se refiere el consejo, sin que se le pidiera informe en momento alguno, lo que significa que tenía motivos viscerales para hacerlo a manera de desquite, y si ese escrito sólo se pudo adminicular con lo asentado por el editor de una revista sin registro oficial, entonces es por demás cuestionable la ética profesional y moral de esa persona. Más adelante señala la recurrente, que si el consejo no cuenta con evidencia de otras revistas, con otras fotografías publicadas en esas supuestas otras revistas, ni existen otras fotografías en las que aparezcan la licenciada ... y ella con otros abogados litigantes, constituye una grave violación al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución, es muy grave que en una resolución de la magnitud como la que ahora impugna, se hagan tales afirmaciones a manera de conclusiones, porque además, le hacen más patente todavía esa sensación de estar en absoluto estado de indefensión ante la forma como se desarrolló la investigación y el procedimiento.

OCTAVO

Lo que argumenta la recurrente en los agravios que se sintetizaron en el considerando que antecede, relativo a violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, conduce a este Tribunal Pleno a considerar que debe declararse la nulidad de la resolución recurrida, en atención a las siguientes consideraciones:

Previo al estudio de los agravios que se hacen valer, conviene precisar que este Tribunal Pleno ha establecido que en las revisiones administrativas, como la que ahora ocupa nuestra atención, no procede la suplencia de la queja deficiente, criterio que se encuentra plasmado en la tesis que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IX, febrero de 1999

"Tesis: P. XII/99

"Página: 43

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO. El objetivo de este tipo de medio de defensa es que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal a que se refieren los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pueden ser sometidas a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se considere que la designación, adscripción o remoción de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito no se realizaron con estricto apego a las disposiciones que los rigen. Ahora bien, si el Consejo de la Judicatura tiene que decidir sobre la designación, adscripción o remoción de los citados servidores públicos, es evidente que en su resolución tiene, esencialmente, que ponderar y calificar la actuación y capacidad de éstos, entre otras cuestiones. Consecuentemente, en la revisión administrativa habrán de analizarse las consideraciones y fundamentos dados por la autoridad sobre tales aspectos. Por lo tanto, tratándose de estos funcionarios cuyo encargo los obliga a conocer de la función jurisdiccional, de las instituciones procesales y de los medios de defensa instituidos en las leyes, debe concluirse que no debe regir en estos casos la suplencia de los agravios, por no existir disposición expresa que así lo permita y porque sería contrario a la propia y especial naturaleza de este medio de defensa, y a los fines que persigue, en cuanto que en éste debe valorarse, precisamente, la actuación y capacidad del servidor público y, de aceptarse, implicaría un reconocimiento tácito de ineptitud e ineficiencia.

Revisión administrativa (Consejo) 8/97. 7 de diciembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A. y J.V.C. y C.. Ponente: M.A.G.. Secretario: O.A.C.Q..

También debe destacarse que este cuerpo colegiado ha emitido criterio, en el sentido de que al formularse los agravios basta con que en el escrito respectivo se exprese la causa de pedir, criterio que si bien surgió dentro del ámbito del juicio de amparo, es aplicable por mayoría de razón sustancial jurídica al presente recurso de revisión administrativa.

El criterio aludido se encuentra contenido en la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: P./J. 69/2000

"Página: 5

"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓNIMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.V., septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ?CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.?, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última.

"Amparo directo en revisión 912/98. G.K.M.. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A. y J. de J.G.P.. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: A.V.G..

"Amparo directo en revisión 913/98. R.M.R.. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A. y J. de J.G.P.. Ponente: J. de J.G.P.; en su ausencia hizo suyo el proyecto G.D.G.P.. Secretario: M.Á.R.G..

"Amparo directo en revisión 914/98. M.P.C. de K.. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A. y J. de J.G.P.. Ponente: J.N.S.M.. Secretaria: G.C.M..

"Amparo directo en revisión 3178/98. J.S.F.A.. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: H.R.P. y J.N.S.M.. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: R.C.C..

Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: H.R.P. y J.N.S.M.. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: A.F.M..

En esta tesitura, sin que implique suplir la queja deficiente de los agravios que hace valer la recurrente, sino tomando como base la causa de pedir, se considera que los mismos resultan ser fundados.

En efecto, de los agravios que hace valer la recurrente destacan, entre otras cosas, el que alude a que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, dado que no se le dio a conocer el escrito signado por R.M.R.G. de V.W., al cual se le anexaron tres fotografías en la que aquélla aparece en compañía de la que entonces era su secretaria de Acuerdos y de un abogado postulante, y que en franca violación a su garantía de audiencia no tuvo la oportunidad de conocer las imputaciones de que fue objeto; agrega, que por el solo hecho de que no exista un procedimiento ya preestablecido, el Consejo de la Judicatura Federal pueda omitir el respeto a esta garantía, por lo que la resolución no se puede apoyar en dicho escrito y fotografías, ya que no se incluyeron formal ni materialmente en la litis; que en cuanto a lo que se denomina su declaración de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, con ello se viola lo dispuesto por el artículo 287, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que no estuvo debidamente informada del procedimiento y del proceso; que estuvo en estado de indefensión, puesto que no tenía la menor sospecha de cuál era el giro que al parecer le estaban dando a la investigación que ella había iniciado con su solicitud de apoyo; que es temeraria y falsa la afirmación de que continuó asistiendo a fiestas con el litigante (se relaciona con un cassette), ya que, entre otras cosas, dice que sólo se le solicitó rendir informe por resolución de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el cual el Pleno del consejo dejó fuera de la litis este aspecto y sólo se le solicitó rendir informe sobre los puntos contenidos en esta última resolución; que si bien fue sometida a una investigación que inició por resolución de primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, de autos se advierte que nunca existió investigación alguna, pues se limitaron a levantar un acta el tres de julio de ese año, en la que se parte de premisas falsas, y a oficializar una conversación que sostuvo con la señora consejera el veintisiete de septiembre siguiente; que a lo que se denomina su confesión de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, que ese día estuvo laborando en la ciudad de La Paz, agrega que ni en la resolución de dos de septiembre ni en la de dieciocho de noviembre del año precitado, se refieren a dicho informe, lo que constituye una violación más en su detrimento, porque se le imposibilitó controvertirlo, por lo que si no se hizo de su conocimiento ese informe, no puede considerarse que forma parte de la litis al no existir una clara fijación de los hechos; que el Consejo de la Judicatura arriba a la conclusión de que se demostró la amistad estrecha, consideraciones y conclusiones que carecen de sustento jurídico porque se basan en sus propias y personales creencias y se fundan en medias verdades, en documentos y actuaciones que sólo ellos conocían y manejaron; que no obra prueba alguna de que la recurrente haya dicho que fue a una boda con dicho litigante, resultando frustrante el estado de indefensión en el que se le coloca, porque por el simple hecho de que un consejero informe de determinados hechos, éstos se tengan como la verdad absoluta, al grado que ni siquiera se le dan a conocer, y no se le otorga la oportunidad de controvertirlos; concluye la recurrente, que las afirmaciones a manera de conclusiones del consejo, le hacen más patente todavía esa sensación de estar en absoluto estado de indefensión, ante la forma como se desarrolló la investigación y el procedimiento.

De los argumentos hechos valer por la recurrente, puede advertirse, que por lo que respecta a la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se violaron las formalidades esenciales del procedimiento en detrimento de su garantía de audiencia.

Para establecer lo fundado de los argumentos que en este sentido viene planteando la recurrente, resulta conveniente realizar el estudio de la investigación y procedimiento administrativo que al respecto se llevó a cabo, los que culminaron con la resolución en la que se impuso como sanción, a la recurrente, la destitución en el cargo que desempeñaba en el Estado de Baja California Sur como Juez de Distrito.

En este punto es pertinente precisar que si bien en la resolución recurrida también se sanciona a la licenciada ... destituyéndola de su puesto de secretaria de Acuerdos del juzgado a que se ha hecho referencia, en este recurso sólo se revisará tal determinación respecto de la licenciada ...

El artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala:

"Artículo 134. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este título deberá seguirse el siguiente procedimiento:

"I. Se enviará una copia del escrito de denuncia y sus anexos al servidor público para que, en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en el escrito de denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, sin admitirse prueba en contrario. La confesión de los hechos no entraña la aceptación del derecho del denunciante;

"II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes, y se notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas cuando se trate de los casos de responsabilidad señalados en las fracciones II y IV del artículo anterior;

"III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones I y III del artículo anterior, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en su caso, el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal, remitirán el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o al del Consejo de la Judicatura Federal, para que cite al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga por sí o por medio de un defensor.

"Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;

"IV. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias en su caso; y

"V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe o celebración de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda podrán determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, siempre que a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará cuando así lo resuelvan independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo la suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la suspensión.

"Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la falta que se le imputa, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo en que se hallare suspendido.

Cuando la falta motivo de la queja fuese leve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal impondrá la sanción que corresponda y dictará las medidas para su corrección o remedio inmediato; si la falta fuere grave, remitirá el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o al del Consejo de la Judicatura Federal según corresponda, a fin de que procedan de acuerdo a sus facultades.

Del texto anterior, especialmente de la fracción IV, relacionada con las demás fracciones del propio artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se llega a la conclusión de que el legislador, en aras de que se respetara la garantía de audiencia de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, estableció que dicho procedimiento de responsabilidad administrativa debía realizarse de la siguiente forma:

  1. Envío de una copia del escrito de denuncia y sus anexos al servidor público para que, en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes (servidores públicos con excepción de Jueces y Magistrados) o bien, remitir el asunto al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para que cite al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de su defensor, debiendo mediar entre la fecha de citación y la audiencia un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles (Jueces y Magistrados).

  2. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor la sanción administrativa correspondiente y se notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas cuando se trate de casos de responsabilidad no grave (servidores públicos con excepción de Jueces y Magistrados).

  3. Si del informe (servidores públicos con excepción de Jueces y Magistrados) o de los resultados de la audiencia (Jueces y Magistrados) no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias en su caso.

Ahora bien, en el presente caso el referido procedimiento, en lo conducente, se realizó de la siguiente manera:

  1. Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, se integró una comisión investigadora para que indagara en torno a diversos hechos que hizo de su conocimiento la licenciada ... que en aquella época se desempeñaba como Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur.

  2. Una vez que se llevaron a cabo diligencias por parte del secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial e integrante de la comisión investigadora, así como diversas comunicaciones que realizó la recurrente a dicha comisión en relación con los hechos, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, se presentó dictamen para suspender temporalmente a la recurrente en el cargo que desempeñaba como Juez de Distrito, dicho acuerdo en la parte que interesa dice:

    CUARTO. De los hechos antes relatados, se estima que con la conducta desempeñada, la licenciada ... pudo haber incurrido, de manera probable, en alguna causa de responsabilidad administrativa, toda vez que su conducta atenta contra la independencia de la función judicial, ya que por una parte, permite presiones de autoridades en su desempeño en el cargo; porque no hizo del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, conforme al artículo 100 constitucional, de aquellos actos que vulneran la función jurisdiccional, que trae por consiguiente la falta de respeto en el juzgado y al personal, que entorpecen las labores propias del órgano jurisdiccional, además de que con su conducta ha provocado que se tenga la imagen de parcialidad y falta de profesionalismo de ella y del personal a su cargo en el desempeño de sus labores, conforme a las notas que se han publicado en diferentes medios de comunicación; conductas previstas en las fracciones I, III, VI, VII, VIII y XI, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que, como quedó expuesto, no dictó medida alguna tendiente a limitar o impedir la conducta hostil del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, por otra parte, tampoco se ocupó de mantener la disciplina que debe guardar el personal, tal como llamar la atención de la secretaria de Acuerdos, licenciada ... para que se abstuviera de mantener relaciones con litigantes que pusieran en entredicho la imagen en esa localidad de ella, en su investidura y la del propio órgano jurisdiccional, máxime que se trata de un Juzgado de Distrito único en el Estado de Baja California Sur, que ocasiona una mayor atención de la comunidad, lo que puede motivar que se altere el orden y la disciplina en el juzgado, al dejar de atender y tomar las medidas conducentes en relación con esa servidora pública sujeta a su dirección; que incumplió con la buena conducta que debe tener en el desempeño de sus labores, toda vez que, además afirmó, ha dicho que le ha presentado proyectos en sentido equivocado que favorecen los intereses que representa dicho profesional, pero que ella la convence y hace que no pierda la imparcialidad e, incluso, ese comportamiento no lo hizo del conocimiento del órgano colegiado encargado de analizar esa conducta, en términos de lo que dispone la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el artículo 47, fracción XX, vinculado a la fracción V, del citado precepto, relacionado con la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, ha permitido que litigantes le hagan comentarios en los que señalan afirmaciones inadecuadas contra servidores públicos que prestan servicio a la Procuraduría General de la República, que tienden a ocasionar confusiones y distanciamientos entre esa institución y el juzgado. Cabe agregar que la conducta desarrollada por la licenciada ... al permitir que tanto ella como su personal esté sujeto a presiones por parte de servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California Sur, así como que el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y personal de la mencionada delegación, lleven a cabo acciones tendientes a incomodar, intimidar e incluso bejar al personal a su cargo, refleja la falta de disposición y carácter de la titular para preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de los servidores públicos del órgano jurisdiccional del cual es titular, además, al ocultar a los consejeros con quienes se entrevistó y al secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, el comportamiento inadecuado de una servidora pública bajo su dirección, aduciendo una pretendida protección, y ocultar hechos en una investigación oficial por ella, denota una ausencia de credibilidad en su actuación y de voluntad para hacer valer el respeto a su investidura y cuidar la imagen de la institución, aspectos que omitió, como quedó anotado, en lo argumentado por ella en las actas de fechas tres, cuatro y cinco de julio del año en curso, en virtud de que en ésta se limitó a relatar algunos hechos que días después aclaró, y precisó otros en privado ante una integrante del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; de ahí que se llegue al convencimiento de que para el mejoramiento de la función jurisdiccional y por así convenir a la conducción o continuación de las investigaciones derivadas de dichas faltas, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 134, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y sus fracciones XX, XXI y XXIV.

  3. En sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del día dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, respecto al dictamen a que se hizo alusión se acordó lo siguiente:

    La señora consejera M.C.E.M. de Zúñiga, integrante de la comisión investigadora sobre los hechos que expuso ante el Consejo de la Judicatura Federal la licenciada ... Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la ciudadde La Paz, presentó a la consideración del Pleno del consejo, según se acordó en sesión del propio órgano colegiado de veintiséis de agosto pasado, el dictamen correspondiente a la investigación realizada. Por unanimidad de siete votos el Pleno del consejo aprobó en sus términos el dictamen presentado por la comisión investigadora mencionada, y se acordó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 131, fracciones I, III, VI, VII, VIII y XI, y 134, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del artículo 47, párrafo primero, fracciones XX, XXI y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, decretar la suspensión temporal en sus funciones como Juez de Distrito adscrita al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la ciudad de La Paz, a la licenciada ... suspensión temporal que será con efectos a partir del día ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y durará hasta en tanto las investigaciones concluyan o cuando así lo resuelva el Pleno del consejo, en el entendido de que esta suspensión temporal se decreta sin prejuzgar sobre la responsabilidad en que pudo haber incurrido la referida servidora pública. Por otra parte, respecto de las percepciones económicas de la citada servidora pública derivadas de su función, tomando en cuenta que la antigüedad en el cargo data desde el seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, y que la suspensión es temporal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 81, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se le concede el cincuenta por ciento de sus percepciones económicas, en tanto se determine en definitiva, en su caso, su responsabilidad. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134, fracción V, en concordancia con el artículo 81, fracciones XXXVI y XXXVIII, y el artículo 131, fracciones I, III, VIII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto en el artículo 47, párrafo primero y sus fracciones V y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se acordó por unanimidad de siete votos, decretar la suspensión temporal en sus funciones como secretaria adscrita al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la ciudad de La Paz, a la licenciada ... suspensión temporal que será a partir del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y durará hasta en tanto las investigaciones concluyan o cuando así lo resuelva el Pleno del consejo; en el entendido de que esta suspensión temporal se decreta sin prejuzgar sobre la responsabilidad en que pudo haber incurrido la citada servidora pública. Por otra parte, se acordó que para la diligencia de notificación de las medidas anteriormente decretadas en contra de las servidoras públicas ... y ... Juez y secretaria del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la ciudad de La Paz, se comisione al señor consejero doctor M.M.A., para lo cual deberá trasladarse a la ciudad indicada ...

  4. El ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho se notificó a la recurrente la suspensión temporal en el cargo que desempeñaba como Juez de Distrito en Baja California Sur, por las razones expuestas en el dictamen y acuerdo, ambos de fecha dos del mes y año precitados.

  5. Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la parte que interesa, señaló:

    ... Los medios de convicción reseñados ponen de manifiesto que se encuentra acreditada, de manera probable, la responsabilidad administrativa de la licenciada ... en actuación de Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de La Paz, respecto de las hipótesis legales previstas en las fracciones I, III, VI, VII, VIII y XI, del artículo 131, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y fracciones XX y XXIV, del numeral 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, respecto de la licenciada ... en su actuación de secretaria de Acuerdos del Juzgado de Distrito arriba indicado, se acreditan de manera presuntiva las faltas administrativas previstas en las fracciones I, III, VIII y XI, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y fracciones V y XXIV, del numeral 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

  6. Por oficio 8949 de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó a la recurrente lo que a continuación se transcribe:

    ... Comunico a usted que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el día de la fecha, determinó que en su actuación de Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la ciudad de La Paz, de manera probable incurrió en las faltas administrativas previstas en el artículo 131, fracciones I, III, VI, VII, VIII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 47, fracciones XX y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en consecuencia, deberá comparecer a la audiencia prevista en el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que tendrá verificativo a las once horas del día primero de diciembre del año en curso, ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, sita en avenida Insurgentes Sur número 2417, 13o. piso, C.S.Á., Delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal, en la cual tendrá derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga por sí o por medio de un defensor. Adjunto al presente se le remite copia certificada del referido acuerdo plenario.

  7. El primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho se verificó la audiencia antes referida, a cargo de la recurrente, ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, mediante oficio número 8966 de primero de diciembre del año en cita, dirigido a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, la recurrente rindió informe sobre el acuerdo de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, emitido por el Pleno del consejo referido.

  8. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictó resolución en la que impuso como sanción a la recurrente su destitución del cargo de Juez de Distrito, señalando, esencialmente, lo siguiente:

    TERCERO. De las actuaciones que quedaron reseñadas en los resultandos de esta resolución, este órgano colegiado considera que por lo que se refiere a la Juez ... solamente se acreditan las faltas administrativas previstas en las fracciones III, V, VII y VIII, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, con la finalidad de dar claridad a esta resolución, primeramente se entrará al estudio de la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la mencionada ley, que a la letra dice: ...

    En el considerando tercero de referencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal concluye:

    "Las pruebas antes relacionadas en su conjunto, adquieren valor probatorio pleno y permiten concluir que la servidora judicial ... en su carácter de Juez de Distrito, ciertamente tenía una amistad estrecha con el abogado postulante R.L., aunque ella niegue la misma. Lo cierto es que la entonces Juez de Distrito se expuso a su vista con uno de los litigantes que llevan causas ante el que fue su juzgado en un espectáculo nocturno, en donde éste la abrazó y besó en la boca. Asimismo lo es, que acudió con el susodicho a desayunos, comidas y cenas, e incluso a una boda, todo ello comprueba plenamente que sí existió un impedimento por parte de la Juez ... para conocer de los asuntos en los que intervenía el mencionado abogado y que se tramitaban en el Juzgado único de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la ciudad de La Paz. Por lo tanto, al haber existido tal impedimento de amistad estrecha, no debió conocer de los mismos y al omitir la mencionada Juez de Distrito el hacer valer dicho impedimento, se configura el supuesto de la causa de responsabilidad administrativa prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, circunstancias que han quedado plenamente comprobadas en los autos de este procedimiento administrativo."

    De lo anteriormente relatado, se pone de manifiesto que en el dictamen y acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del día dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en que se determinó suspender a la recurrente en el cargo que desempeñaba como Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, así como en el acuerdo de dicho Pleno de dieciocho de noviembre de ese año, en el que se citó a audiencia a la recurrente para que ofreciera pruebas, rindiera informe y alegara lo que a su interés conviniera, se le atribuyeron hechos relacionados con las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, III, VI, VII, VIII y XI, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; que la audiencia e informe solicitados a la recurrente, tuvieron como finalidad que ésta se defendiera respecto de los hechos y las causas de responsabilidad en las que probablemente había incurrido; sin embargo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal al resolver el expediente de investigación 7/98, consideró que por lo que hace a la recurrente solamente se acreditaban los hechos y las faltas administrativas previstas en las fracciones III, V, VII y VIII, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al dictar su resolución de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, incluye los hechos relacionados con la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para destituir en el cargo de Juez de Distrito a la recurrente, incurre en violación a las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que la dejó en estado de indefensión.

    En efecto, conforme al procedimiento de responsabilidad precisado anteriormente y que se encuentra previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que específicamente en su fracción IV dispone que en caso de que del informe (servidores públicos con excepción de Jueces y Magistrados) o de los resultados de la audiencia (Jueces y Magistrados) en que los servidores públicos alegaran en su defensa frente a los hechos que se les imputan, se advierta que existe nueva responsabilidad administrativa, el órgano competente está obligado, en estricto respeto de la garantía de audiencia y de las formalidades esenciales del procedimiento, a dar a conocer al probable responsable las nuevas imputaciones para que el servidor público esté en posibilidad de alegar y probar para fincar su defensa.

    No es óbice a lo anterior, que el precepto en cita expresamente señale que en caso de que los órganos sancionadores en el procedimiento administrativo adviertan nueva responsabilidad a cargo del probable responsable "se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias en su caso", pues la garantía de audiencia es un derecho que otorga directamente la Norma Fundamental, por lo que aun cuando no se plasmara en una ley ordinaria toda autoridad está obligada a acatarla y, en segundo lugar, como lo ha precisado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el verbo "poder" no implica necesariamente discrecionalidad sino que en ocasiones, como es el caso, se utiliza como "obligatoriedad", es decir, como un deber, tal y como se desprende del imperativo de respetar la garantía de audiencia en toda su amplitud, en beneficio de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que puedan ser sujetos a este tipo de procedimientos.

    Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se transcribe:

    "Novena Época

    "Instancia: Segunda Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    "Tomo: VI, agosto de 1997

    "Tesis: 2a. LXXXVI/97

    "Página: 217

    "PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL. En el ámbito legislativo el verbo ?poder? no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones se utiliza en el sentido de ?obligatoriedad?, pues en tal hipótesis se entiende como un deber. Sin embargo, no siempre es claro el sentido en el que el legislador utiliza el verbo ?poder?, por lo que para descubrir la verdadera intención del creador de la ley, los principios filosóficos de derecho y de la hermenéutica jurídica aconsejan que es necesario armonizar o concordar todos los artículos relativos a la cuestión que se trate de resolver, máxime en aquellos casos en que el verbo, por sí solo, no es determinante para llegar a la conclusión de que la disposición normativa en que se halla inserto, otorga una facultad potestativa o discrecional a la autoridad administrativa.

    Contradicción de tesis 26/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de mayo de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.A.G.. Ponente: G.I.O.M.. Secretaria: A.H.H..

    En consecuencia, dado que en el dictamen y en el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual fue suspendida la recurrente en el cargo de Juez de Distrito que desempeñaba, así como en el acuerdo del Pleno de dicho consejo de fecha dieciocho de noviembre de ese mismo año, por el cual se le citó a la recurrente para que compareciera a la audiencia que para tal efecto establece la ley, se invocaron hechos relacionados con diversas causas de responsabilidad que fueron sobre las que basó su defensa la recurrente al comparecer a dicha audiencia y sobre las que rindió el informe que le fue requerido, y que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en su resolución de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, incluyó hechos y una nueva causa de responsabilidad, la cual se encuentra prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento en detrimento de la recurrente, en virtud de que ésta no tuvo oportunidad de defenderse sobre la atribuibilidad que se le hacía respecto a esos hechos y causa de responsabilidad que fue tomada en cuenta para sancionarla, cuando de conformidad con el artículo 134 del ordenamiento legal invocado, debe respetarse en todo momento la garantía de audiencia para no dejar en estado de indefensión a la recurrente.

    Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, el criterio que a continuación se transcribe:

    "Novena Época

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    "Tomo: IX, mayo de 1999

    "Tesis: P. XXIV/99

    "Página: 24

    "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SE LES DEBE HACER SABER LA QUE SE LES IMPUTE, AUNQUE NO SEA DE LAS CALIFICADAS COMO GRAVES EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a lo dispuesto en los artículos 133 y 134, fracción I, del citado ordenamiento, en el procedimiento sancionatorio que debe seguirse en contra de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito se les debe enviar una copia del escrito de denuncia y sus anexos para que en el término de cinco días hábiles formulen un informe sobre los hechos y rindan las pruebas correspondientes, debiendo comprenderse entre dichos anexos, el señalamiento de la responsabilidad o responsabilidades que se les imputen, ello por interpretación sistemática y aplicación analógica de lo dispuesto en la fracción III del último numeral mencionado, pues si bien la obligación de hacer del conocimiento del sujeto imputado tales causas se prevé en forma expresa, únicamente, en la fracción III del aludido numeral, para el caso en que ellas consistan en las calificadas como graves en el artículo 136 de la citada ley orgánica, en respeto a la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, tal señalamiento debe realizarse forzosamente, pues para desvirtuar los hechos correspondientes y expresar sus defensas necesita conocer, indefectiblemente, cuáles son las causas de responsabilidad que se le atribuyen, conclusión que se corrobora por lo dispuesto en la parte final de la fracción I del citado artículo 134, pues al señalarse en ella que ?la confesión de los hechos no entraña la aceptación del derecho del denunciante?, se colige como intención del legislador que el órgano sancionador haga del conocimiento del sujeto imputado las respectivas causas de responsabilidad, cuya fundamentación no se tendrá como aceptada por el presunto infractor cuando confirme, en el informe que rinda, la existencia de los hechos, pues a pesar de esto último podrá controvertir la legalidad de la ubicación que de su conducta pretenda realizar el órgano verificador, actuar procedimental que sólo podrá llevar a cabo si al serle enviada la denuncia y sus anexos se hacen de su conocimiento las causas de responsabilidad en que se estima él ha incurrido.

    Revisión administrativa 10/97. 23 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos. Impedimento legal: J.V.A.A.. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: R.C.C..

    Aunado a lo anterior, la violación a las formalidades esenciales del procedimiento y a la garantía de audiencia en detrimento de la recurrente, en los términos expuestos, se hace más evidente si atendemos al contenido del acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se procedió a citar a la recurrente a la audiencia que para tal efecto establece el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que los hechos que originaron la destitución de la recurrente, cuya hipótesis normativa (131, fracción V) fue incluida hasta el dictado de la resolución recurrida, eran atribuidos a la licenciada ... secretaria de Acuerdos del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, como a continuación se puede observar:

    ... No pasa desapercibido que el abogado postulante V.M.R.L., relacionado con la secretaria de Acuerdos ... entre el año de mil novecientos noventa y seis a la fecha, ha intervenido como defensor particular en aproximadamente 92 procesos penales en unión de su hermano J.R.L., mientras este último fue designado defensor único en 48 procesos, y V.M.R.L. fue nombrado de manera particular en 10 asuntos. En el mismo orden de ideas, los hechos que se atribuyen a la licenciada ... se apartan de las obligaciones que todo servidor público debe tener para salvaguardar, entre otras cosas, la honradez y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su cargo, pues se advierte que, de manera probable, no observó una buena conducta en el mismo, pues a sabiendas de que no debía relacionarse personalmente con los abogados postulantes que acuden al juzgado, mantenía relaciones amorosas con un abogado defensor de narcotraficantes de nombreVíctor M.R.L. y las hace del conocimiento de la titular ...

    Por lo tanto, la recurrente no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa al momento de comparecer a la audiencia respectiva y al rendir el informe que le fue requerido, sobre los hechos y causa de responsabilidad que le atribuyó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal al momento de dictar su resolución.

    Es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente:

    "Novena Época

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

    "Tomo: X, noviembre de 1999

    "Tesis: P. LXXVI/99

    "Página: 43

    "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE DESTITUYE A UN SECRETARIO POR SU ACTUACIÓN EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO, VIOLA EN SU PERJUICIO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SI NO SE APEGA AL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Conforme al procedimiento de responsabilidad previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente en su fracción IV, cuando del informe de los servidores públicos, con excepción de Jueces y Magistrados, o de los resultados de la audiencia en el caso de estos últimos, se advierta que existe responsabilidad administrativa, el órgano competente está obligado, en estricto respeto de la garantía de audiencia y de las formalidades esenciales del procedimiento, a dar a conocer al presunto responsable las imputaciones para que el servidor público esté en posibilidad de alegar y probar en su defensa, sin que sea óbice a lo anterior, que el precepto en cita expresamente señale que en caso de que los órganos sancionadores en el procedimiento administrativo adviertan nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable ?se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias en su caso?, pues la garantía de audiencia es un derecho que otorga directamente la Norma Fundamental, por lo que aun cuando no se plasmara en una ley ordinaria, toda autoridad está obligada a acatarla y, además, como lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el verbo ?poder? no implica necesariamente discrecionalidad sino que, en ocasiones, como en la hipótesis de que se trata, se utiliza como ?obligatoriedad?, es decir, como un deber, tal y como se desprende del imperativo de respetar la garantía de audiencia en toda su amplitud; de lo que se concluye que si el Consejo de la Judicatura Federal al emitir una resolución de destitución se apoya en consideraciones diversas a las imputadas originalmente al presunto responsable, omitiendo precisar con claridad cuáles fueron y cuál fue su trascendencia, sin haberle otorgado la posibilidad de controvertirlas, es claro que se viola en su perjuicio la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento.

    Revisión administrativa (Consejo) 7/97. 29 de abril de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: G.D.G.P., J.V.A.A. y J. de J.G.P.. Ponente: H.R.P.. Secretario: O.A.C.Q..

    Es por lo anterior que el procedimiento seguido en el expediente de investigación 7/98, en cuanto a los hechos relacionados con la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una de las que fue tomada en cuenta para sancionar a la recurrente, resulta violatorio de las formalidades esenciales que prevé el artículo 134 del ordenamiento legal invocado, por lo que esa causa de responsabilidad no puede, jurídicamente, servir de sustento a la resolución que la destituyó en el cargo de Juez de Distrito que venía desempeñando; de ahí que sea fundado el presente recurso de revisión administrativa.

    Debe destacarse que por tal motivo, es de desestimarse el calificativo de confesión que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal le dio a las declaraciones e informes que fueron rendidos en relación con la recurrente, en virtud de que la forma en que se llevó a cabo el procedimiento de mérito, no permite que se pueda utilizar ese calificativo y menos que dicha afirmación se sustente en los artículos 207 y 287 del Código Federal de Procedimientos Penales para objeto de su valoración; por ende, como este Tribunal Pleno no puede soslayar dicha circunstancia, la pone de relieve por la trascendencia que ello implica.

    A lo anterior debe agregarse que la forma en que ahora se resuelve tiene su esencia y la razón de su existencia, en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha erigido como el cuerpo colegiado encargado de vigilar que se respete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto a través de diversos medios de control constitucional, a saber: el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad; para llevar a cabo tan delicada tarea, pero dignificante, este Alto Tribunal está dotado de facultades de interpretación, por lo que simultáneamente se convierte en el máximo interprete de nuestra Carta Magna.

    La función de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación va dirigida, específicamente, al respeto y debida observancia de todos aquellos principios que han sido elevados a normas de rango constitucional.

    Esto es lo que constituye, precisamente, lo que este Alto Tribunal exige a todo ente jurídico, el respeto y observancia del Pacto Federal en cada acto que llevan a cabo, ya que de lo contrario se harán acreedores a una consecuencia jurídica, en virtud de que el acto respectivo no será acorde con los postulados constitucionales.

    En el caso, estamos en presencia de un recurso de revisión administrativa promovido en contra de la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual destituyó en el cargo de Juez de Distrito a la licenciada ... para ello se llevó a cabo todo el procedimiento que para tal efecto establece el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    No obstante lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal, dentro de dicho procedimiento, cometió violaciones a las formalidades esenciales que rigen el mismo, y con ello, a la garantía de audiencia de la recurrente, que por las razones que se expusieron con anterioridad, no pueden permanecer incólumes para seguir rigiendo el sentido de la resolución de mérito, pasando inadvertidas o siendo soslayadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    La garantía de audiencia es un derecho que otorga la Constitución Federal, si bien una ley puede no preverla, toda autoridad o ente jurídico está obligada a acatarla, así lo ha exigido este Alto Tribunal desde sus orígenes; por ende, no existe razón jurídica para que el Consejo de la Judicatura Federal quede al margen de dicha obligación aunado a la circunstancia de que en sus manos está el futuro, como en el caso concreto, de la permanencia de la recurrente en el cargo de Juez de Distrito, lo que sin lugar a dudas, exige que se realice una investigación y se dicte una resolución apegadas a los postulados constitucionales y a los procedimientos establecidos para tal efecto.

    Esto es lo que ha propugnado no sólo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino todo el Poder Judicial de la Federación cuando se advierten violaciones de esa índole; el ejemplo hacia todos los servidores públicos de respeto a los postulados constitucionales y de los procedimientos establecidos en las leyes que de ella emanan, proviene del Poder Judicial de la Federación.

    En atención a que en el presente asunto se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, es por lo que resulta innecesario el estudio de los restantes agravios que hace valer la recurrente, respecto a la causa de responsabilidad a que alude el presente considerando y de los que dirige para combatir las diversas causas de responsabilidad previstas en las fracciones III, VII y VIII, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que también sirvieron de sustento para la emisión de la resolución recurrida.

NOVENO

Una vez analizados los agravios que condujeron a este Tribunal Pleno a declarar fundado el presente recurso de revisión administrativa, lo procedente ahora es determinar los alcances que tendrá la declaratoria de nulidad.

El artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al respecto dice:

Artículo 128. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que declaren fundado el recurso de revisión administrativa planteado, se limitarán a declarar la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales ...

En cuanto a los efectos de la nulidad en el presente recurso de revisión administrativa, este Tribunal Pleno atiende a lo que, en ese sentido, se expone en el criterio que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, febrero de 1997

"Tesis: P. XXXV/97

"Página: 131

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA SENTENCIA QUE DICTE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DEBE SEÑALAR CON PRECISIÓN EL ALCANCE DE LA NULIDAD DECRETADA, DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS.-El artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que declaren fundado el recurso de revisión administrativa, se limitarán a declarar la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución, en un plazo no mayor a treinta días naturales. Ahora bien, no sólo lo previsto en el precepto, sino la experiencia jurisdiccional, recomiendan que ese pronunciamiento no sea genérico, sino que especifique, con toda precisión, el alcance que tiene, lo que variará de caso a caso, según los conceptos de nulidad que hayan prosperado, lo que, lógicamente, no sólo facilitará el dictado de la misma resolución, sino que evitará la interposición sucesiva de nuevas revisiones derivadas de interpretaciones diversas a las que arribarán el propio consejo y los interesados, vulnerándose los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Revisión administrativa (Consejo) 2/96. 6 de febrero de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A. y J. de J.G.P.. Ponente: M.A.G.. Secretario: O.A.C.Q..

En atención a lo anterior, la nulidad de la resolución que destituyó en el cargo de Juez de Distrito a la licenciada ... debe producir efectos y tener el alcance de que se le respeten sus garantías individuales.

Por ello, con fundamento en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determina que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, surtiendo sus efectos la suspensión de la promovente en el cargo de Juez de Distrito que desempeñaba, deberá dictar, dentro del término de treinta días, una resolución en la que ordene reponer el procedimiento, para el efecto de que le dé vista a la recurrente con todas las pruebas y los hechos relacionados con la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de dicho ordenamiento legal y de esta forma le sea respetada a la recurrente su garantía de audiencia, para que pueda hacer valer lo que a su derecho convenga respecto a esa causa de responsabilidad que se le atribuye; una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción deberá dictar una nueva resolución; esto en caso de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal encuentre que existen los elementos necesarios en cuanto a los hechos relacionados con la citada causa de responsabilidad, por lo que podrá proceder en los términos de la fracción IV del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En caso de no prosperar lo relacionado con la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal deberá, con libertad de jurisdicción, dentro del término de treinta días, dictar una nueva resolución sin tomar en consideración los hechos relacionados con dicha causa de responsabilidad.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Es procedente y fundado el recurso de revisión administrativa que hizo valer la licenciada ... .

SEGUNDO

Se declara la nulidad de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el expediente de investigación número 7/98, a través de la cual se destituyó en el cargo de Juez de Distrito a la licenciada ... en los términos y para los efectos precisados en el último de los considerados de esta ejecutoria, y únicamente por lo que hace a la recurrente.

N.; haciéndolo personalmente a la interesada, devuélvanse la totalidad de los autos remitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de ocho votos se calificó de legal el impedimento formulado por el Ministro Aguinaco Alemán.

El señor M.A.G. propuso que el asunto se analizara no nada más desde el punto de vista formal, como se hace en el proyecto, sino que el Tribunal Pleno, con plenitud de jurisdicción, estudiara el fondo del asunto.

Por mayoría de siete votos de los señores Ministros A.A., D.R., G.P., O.M., R.P., ponente S.M. y presidente en funciones C. y C., se resolvió estudiar el asunto en los términos del proyecto; el señor M.A.G. votó en contra y por su propuesta, y manifestó que formulará voto particular.

Por unanimidad de ocho votos se aprobaron los resolutivos del proyecto y se resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, que el Consejo de la Judicatura Federal dicte nueva resolución y que siga surtiendo efectos la suspensión de la promovente; y, por mayoría de cinco votos de los señores M.A.A., A.G., D.R., O.M. y presidente en funciones C. y C., se determinó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, surtiendo sus efectos la suspensión de la promovente en el cargo de Juez de Distrito que desempeñaba, deberá dictar, dentro del término de treinta días, una resolución en la que ordene reponer el procedimiento, para el efecto de que le dé vista a la recurrente con todas las pruebas y los hechos relacionados con la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de esta forma le sea respetada a la recurrente su garantía de audiencia, para que pueda hacer valer lo que a su derecho convenga respecto a esa causa de responsabilidad que se le atribuye; una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción deberá dictar una nueva resolución; esto en caso de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal encuentre que existen los elementos necesarios en cuanto a los hechos relacionados con la citada causa de responsabilidad, por lo que podrá proceder en los términos de la fracción IV del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En caso de no prosperar lo relacionado con la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal deberá, con libertad de jurisdicción, dentro del término de treinta días, dictar una nueva resolución sin tomar en consideración los hechos relacionados con dicha causa de responsabilidad.

Los señores M.G.P., R.P. y S.M., votaron en contra de la reposición del procedimiento y en el sentido de que, dentro del plazo de treinta días, el propio consejo dicte una nueva resolución sin tomar en consideración la causa prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y manifestaron que formularán voto de minoría.

No asistieron la señora M.O.S.C. de G.V., previo aviso y el señor Ministro presidente G.D.G.P., por licencia concedida para una comisión oficial.

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