Ejecutoria num. 90/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

JuezAlberto Pérez Dayán,Javier Laynez Potisek,José Fernando Franco González Salas,Luis María Aguilar Morales,Yasmín Esquivel Mossa
EmisorSegunda Sala
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, 1536
Fecha de publicación03 Diciembre 2021

CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., L.M.A.M., J.F.F.G.S., J.L.P.Y.Y.E.M.. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: N. MONTSERRAT TORRES CONTRERAS.


CONSIDERANDO:


6. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo (en su redacción vigente al momento en que se efectuó la denuncia), y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los transitorios primero, fracción II y quinto,(3) de la actual Ley Orgánica, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, cuyo conocimiento es competencia de la Sala debido a que el tema del asunto corresponde a la materia laboral, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.


7. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo (en su redacción vigente al momento en que se efectuó la denuncia), ya que se formuló por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.


8. TERCERO.—Criterios contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.


9. I.A. directo 107/2021 (expediente auxiliar), del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.(4)


10. Un gobernado demandó en la vía laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social, por diversas prestaciones, como el pago correcto y pago de diferencias de la pensión por cesantía en edad avanzada, pago de incrementos legales y aguinaldos, pago correcto de las mensualidades sucesivas y el incremento a la cuantía básica del 1.11 por ciento.


11. El asunto fue resuelto por la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, en el sentido de absolver a la parte demandada.


12. No estando de acuerdo, el actor promovió juicio de amparo directo en el que, por sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se negó la protección constitucional solicitada, al considerar en esencia lo que sigue:


"... SEXTO.—Estudio. El concepto de violación planteado por el quejoso es infundado, sin que este Tribunal Colegiado advierta queja deficiente que suplir en su favor.


"... este Tribunal Colegiado concluye que fue legal que la Junta aplicara el contenido del artículo 33 de la Ley del Seguro Social abrogada, para calcular el monto de la pensión previamente otorgada al asegurado.


"... En efecto ... es correcto que la Junta atendiera a lo establecido en el mencionado artículo 33 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, en cuanto al límite superior del salario del actor, en virtud de que a éste se le otorgó la pensión conforme al esquema de pensiones previsto en la derogada Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, al así haberse solicitado, tal como se desprende de la documental consistente en resolución de otorgamiento de pensión de treinta de abril de dos mil doce.


"... Como marco referencial, conviene citar el contenido del artículo 33(5) de la Ley del Seguro Social abrogada ...


"Por tanto, es inconcuso, que si para la obtención de la pensión de cesantía en edad avanzada el actor se acogió a los beneficios de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, para cuantificar dicha subvención resulta aplicable el artículo 33 de la citada legislación, que como se vio establece el límite superior que tiene el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, a saber, de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en la época del otorgamiento de la pensión.


"De ahí que, aun cuando no fue materia de controversia el salario promedio que señaló el actor (quejoso) ... e, incluso el mismo fue reconocido por el instituto demandado en la contestación de la demanda, no obstante, para el cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada, debe observarse el límite salarial previsto en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social ... que es el que debe considerarse para el cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada. ... es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 85/2010,(6) de la Segunda Sala ...


"Bajo ese contexto, aun y cuando el impetrante hubiera cotizado bajo el actual régimen de seguridad social, no resultaba aplicable el salario que se tuvo por reconocido por el instituto en el juicio ... pues ... el actor se acogió a los beneficios contemplados en la anterior legislación de seguridad social, es decir, al régimen de mil novecientos setenta y tres, por lo que deben aplicarse las prerrogativas establecidas en dicha legislación, cuando fue el propio accionante quien decidió acogerse a los beneficios señalados en la aludida ley de seguridad social.


"Además, lo así decidido, no implicó el análisis de un presupuesto que se encontraba fuera de la litis, pues independientemente de las excepciones opuestas y si éstas son acreditadas o no, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tienen la obligación, conforme lo ordenan los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de examinar la procedencia de la acción deducida, y si encuentran, que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver.


"... Por ello, la responsable estaba en aptitud de analizar, aun de oficio, la procedencia de la modificación de la cuantía de la pensión, con vista en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, al ser una disposición de orden público, para los casos aplicables.


"... Es así, porque al existir disposición de orden público y de observancia obligatoria respecto al límite superior que debe tomarse en cuenta para el pago de las mismas, las Juntas no pueden evadir esa cuestión ni siquiera en los casos en que el instituto ... omita oponer excepción expresa en ese sentido.


"Así lo estableció la Segunda Sala ... concluyó que la autoridad laboral debe atender al límite superior previsto en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, incluso cuando el demandado no se excepcione en ese sentido ... jurisprudencia 2a./J. 8/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: ‘PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO.’ ...


"... Por lo demás debe decirse que la circunstancia de que el instituto demandado al resolver otorgar la pensión, lo hiciera sin advertir que el salario con que la calculó rebasaba los términos establecidos por la norma que regula su cuantía, de ninguna manera se traduce en la adquisición de un derecho por el asegurado.


"Esto es así, porque un derecho adquirido es el que se crea al amparo de una legislación y, por consecuencia, no puede afectarse o transgredirse por las posteriores; lo que en el caso no sucede, porque la pensión cuyo ajuste se reclama fue otorgada durante la vigencia de la ley que establece el límite de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y fue precisamente la disposición normativa aplicada por la Junta en el caso concreto; por tanto, aun cuando originalmente la demandada no observó el límite respectivo al cuantificar la pensión, ello no es óbice para soslayar la aplicación de los máximos legales establecidos en dicho precepto al emitirse el laudo reclamado.


"... Ahora, no debe confundirse entre: a) el derecho que se adquiere y b) los términos en los cuales se concede el mismo, puesto que este último constituye un aspecto que sí podría variar y/o modificarse dependiendo de los términos en que se concedió.


"En el caso concreto, el derecho que adquirió el aquí quejoso lo constituye la pensión de cesantía que se le concedió por haber cumplido con los requisitos legales necesarios para su otorgamiento, la cual ya no es susceptible de desincorporarse de su esfera de derechos.


"Empero, el monto con el cual se le concedió dicha pensión sí es susceptible de variarse o modificarse, ya sea por el propio actor, o bien, por el ente asegurador de estimarlo necesario, tal y como lo prevén los artículos 272 y 273 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres –aplicable al caso–.


"Por ello, la acción que intentó en el juicio laboral el aquí quejoso, implica la modificación en la cuantía de su pensión, considerando cierto salario y número de semanas para volver a calcular el monto de la pensión que le fue otorgada; luego, es dable considerar que el monto de la cuantía, salario y número de semanas consideradas para su cálculo no constituyen por sí mismos derechos adquiridos, al ser susceptibles de variarse y/o modificarse incluso, mediante una determinación judicial en caso de considerar que no se otorgó conforme a derecho.


"Consecuentemente, si el ente de seguridad social incurrió en un error al cuantificar la pensión otorgada al actor, ahora quejoso, ello de forma alguna puede traducirse en la adquisición del derecho a recibirla conforme a dicho monto, ni es dable prevalerse de tal yerro para conservar ese monto, puesto que, como se dijo, tal aspecto sí es susceptible de ser modificado, verbigracia, por haberse calculado en cantidad menor a la que legalmente correspondía o, como en la especie sucede, por no estar ajustado a los parámetros legales previstos en la ley para su otorgamiento.


"En ese tenor, la circunstancia de que el instituto demandado haya otorgado la pensión a J.G.G., sin advertir que el salario con que la calculó rebasaba los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, no impide que tal aspecto sea analizado para determinar la procedencia de su acción, pues el único derecho que adquirió el trabajador fue a gozar de una pensión, siendo factible su revisión para determinar si su otorgamiento se hizo conforme a la ley aplicable, la cual, en el caso, establece un tope salarial que forzosamente debe observarse; máxime que no es factible dar mayores alcances al citado precepto.


"También carece de sustento, el señalamiento relativo a que la Junta aplicó de manera retroactiva lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, en cuanto al límite de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.


"Lo anterior es así porque, la disposición legal de cuya aplicación se duele el quejoso, no forma parte de una nueva ley que entrara en vigor con posterioridad al otorgamiento de la pensión al actor, sino de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres conforme a la cual, como se dijo, le fue otorgada su pensión, inclusive es en la que apoya su reclamación de ajuste de pensión.


"Por lo que la circunstancia, de no tomarse en cuenta el dispositivo que regula el salario que rige para su pensión al momento de su otorgamiento, no excluye que no pueda ser considerado para efectuar el ajuste de la misma.


"De manera que, por las consideraciones expuestas, fue legal la decisión de la Junta de considerar el límite de diez veces el salario establecido en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social abrogada ..."


13. II. Amparo directo 522/2017, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.


14. Un gobernado demandó en la vía laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social, por diversas prestaciones, como el pago correcto de la pensión por cesantía en edad avanzada que le fue otorgada por el referido instituto, así como el pago de diferencias, entre otras.


15. El asunto fue resuelto por la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la que mediante un primer laudo determinó absolver a la parte demandada. Posteriormente, se promovió un primer juicio de amparo directo, en el que se resolvió conceder la protección constitucional para el efecto de que la Junta proveyera conforme a derecho lo relativo al medio de perfeccionamiento de una prueba documental, consistente en copia simple de la resolución de otorgamiento de pensión y hecho lo anterior resolviera lo procedente.


16. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable dictó un segundo laudo en el que determinó absolver al instituto demandado, al estimar que el monto de la pensión era apropiado. Al no estar conforme, el actor promovió un segundo juicio de amparo directo, en el que se determinó conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se determinara el correcto pago de la pensión y demás prestaciones reclamadas, realizando las operaciones aritméticas correspondientes.


17. Atento a lo anterior, la Junta dictó un tercer laudo en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de diferencias de pensión y de aguinaldo, hasta que se efectuara el pago correcto del monto de la pensión, además de absolverlo de las demás prestaciones reclamadas.


18. No estando de acuerdo con el laudo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió el juicio de amparo directo 522/2017, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que en sesión de trece de diciembre de dos mil diecisiete concedió el amparo, con base en lo siguiente:


"... Los anteriores argumentos resultan infundados.


"J.S.R.V. demandó el pago de diferencias de la pensión de cesantía que se le venía otorgando.


"El demandado negó acción y derecho.


"Para apoyar su acción, el actor, ofreció como prueba la copia simple de la resolución 08/169730, de otorgamiento de la pensión de veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciocho (2018) con efectos a partir del cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008), documental que se tuvo por perfeccionada ...


"El artículo 33(7) de la Ley del Seguro Social de 1973, establece:


"De lo anterior se advierte, que el precepto prescribe un límite máximo con el que deben otorgarse las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, es decir, el salario promedio que debe servir de base para cuantificar la pensión, cuyo límite superior el equivalente a diez (10) veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.


"Como se advierte de la resolución transcrita, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó a J.S.R.V. su pensión de cesantía por edad avanzada, conforme al Régimen 73, en la que le reconoció al bimestre ‘2008/06/05’, 1068 (mil sesenta y ocho) semanas de cotización y como salario promedio ... el cual tomó como base para obtener el monto de la cuantía de la pensión mensual, sin que de la resolución para el otorgamiento de la pensión de cesantía se observe que aplicara el límite salarial establecido por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social.


"Por tanto, no asiste razón al inconforme en lo que ahora pretende hacer valer, en el sentido de que la Junta debía atender la limitante a la pensión establecida en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social para calcular las diferencias reclamadas, esto es, que el salario promedio que debía servir de base para cuantificar las diferencias de la pensión no podía ser superior al equivalente a diez (10) veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), pues si el demandado concedió la subvención fijando el salario promedio de cotización ... sin emplear la limitante, con ese mismo salario es con el que se debe analizar si es que existe diferencia en el pago de la pensión sin utilizar la limitante mencionada, pues de hacerlo, equivaldría a la aplicación de forma retroactiva de la ley en menoscabo de los derechos adquiridos del pensionado.


"Entonces, el artículo 33 de la Ley del Seguro Social prescribe un límite máximo con el que deben otorgarse las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, es decir, el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización que debe servir de base para cuantificar la pensión, cuyo límite superior será el equivalente a diez veces del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); sin embargo, dicha limitante no debe atenderse cuando se reclama el pago correcto de la pensión, si en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó la subvención sin aplicar el límite establecido en el artículo 33 de la legislación en cita, pues de hacerlo se traduciría en menoscabo de los derechos adquiridos del pensionado ..."


19. De las anteriores consideraciones derivó la tesis aislada I.13o.T.188 L (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA RECTIFICACIÓN DE SU MONTO CORRECTO NO DEBE ATENDERSE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA."(8)


20. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, es importante precisar que acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.


21. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 72/2010 y la tesis aislada P. XLVII/2009, cuyos rubros son los siguientes: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(10)


22. Deriva de los referidos criterios que, la existencia de la contradicción de tesis, no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.


23. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.


24. Hechas las precisiones anteriores, conviene acotar que de acuerdo con lo establecido en las ejecutorias reproducidas, se advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, consideró que cuando se reclama la cuantificación correcta de la pensión por cesantía en edad avanzada y se aplica el tope máximo de 10(11) veces el salario mínimo(12) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(13) no implica la transgresión a derechos adquiridos, ni al principio de retroactividad de la ley, pese a que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.


25. En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito estimó que cuando se reclama la cuantificación correcta de la pensión por cesantía en edad avanzada y se aplica el tope máximo de 10(14) veces el salario mínimo(15) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(16) sí se vulneran derechos adquiridos y se transgrede el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó la pensión sin tomar en cuenta dicha limitante.


26. Como se advierte, los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron posturas disímiles frente a una misma situación jurídica, consistente en establecer si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(17) veces el salario mínimo(18) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(19) se vulneran derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó la pensión sin atender dicha limitante; ya que mientras uno considera que sí se vulneran derechos adquiridos, el otro estima que no se infringen.


27. En esa tesitura, el punto de contradicción que se debe dilucidar estriba en determinar si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(20) veces el salario mínimo(21) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(22) se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.


28. QUINTO.—Consideraciones y fundamentos. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avoca a su resolución, determinando que debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio que aquí se establece.


29. Con el propósito de evidenciar lo anterior, en primer lugar, resulta importante destacar algunos aspectos relacionados con la pensión por cesantía en edad avanzada en relación con los derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley.(23) En segundo término, se analizará si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(24) veces el salario mínimo(25) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(26) se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.


30. Al respecto, cabe precisar que en virtud de que el punto jurídico en disenso está encaminado a dilucidar si existe o no transgresión a los derechos adquiridos y al principio de retroactividad de la ley, es pertinente realizar las siguientes acotaciones.


31. La prohibición de aplicación retroactiva de la ley está reconocida como derecho en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal,(27) y en el análisis de su protección debe verificarse si el acto de autoridad se lleva a cabo dentro del ámbito temporal de validez de la ley sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por la quejosa con anterioridad a su entrada en vigor. Así lo ha establecido esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 87/2004, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA."(28)


32. Con el propósito de analizar el efecto retroactivo de la ley o de su aplicación retroactiva, en la jurisprudencia se han adoptado dos teorías: la de los derechos adquiridos y la de los componentes de la norma.


33. De acuerdo con la primera, para determinar si un precepto impugnado es o no violatorio del derecho mencionado, es necesario precisar, en primer lugar, si el particular tenía ya dentro de su haber jurídico, los derechos y prestaciones a los que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho. Así se estableció en el criterio 2a. LXXXVIII/2001, de rubro: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS."(29)


34. De conformidad con las teorías que existen sobre los derechos adquiridos (que redundan en la irretroactividad de las leyes) debe distinguirse entre estos últimos y las expectativas de derechos, a saber:


35. I. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio de una persona y ese hecho ya no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.


36. II. En cambio, la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una determinada situación jurídica, pero que no entra al patrimonio de la persona; es decir, la expectativa de derecho corresponde al futuro al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley, esto es, que potencialmente se iban a obtener al surtirse los supuestos establecidos en la propia ley.


37. Por tanto, la ley es retroactiva o se aplica retroactivamente cuando se modifican o destruyen los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica, pero no sucede lo mismo cuando se trata de expectativas de derechos.


38. De acuerdo con la teoría de los componentes de la norma, debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia. Si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, puesto que puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas, es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:


39. a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia, sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, dado que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley.


40. b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.


41. c) Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, ya que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.


42. d) Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).


43. e) Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esa circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.


44. Esta teoría se desarrolla en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."(30)


45. Para efecto de aplicar las teorías reseñadas, debe tomarse en consideración que en relación con el derecho a la pensión esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la pensión no constituye un derecho que los trabajadores adquieran por el simple hecho de existir la relación laboral equiparada o por el simple efecto del pago de las cotizaciones, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos para ello, así como a tener reconocido determinado número de cotizaciones semanales, por lo que mientras esos requisitos no se cumplan, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho. Ello, ha sido reiterado en los siguientes criterios, que se invocan por analogía:


46. • Jurisprudencia 2a./J. 33/2017 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA."(31)


47. • Jurisprudencia P./J. 155/2008, de rubro: "ISSSTE. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA PARA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."(32)


48. • Jurisprudencia P./J. 43/98, de rubro: "PENSIÓN POR VEJEZ DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD."(33)


49. Ahora, en relación con la pensión por cesantía en edad avanzada cabe precisar que ésta se basa en la actualización de una complejidad de supuestos y requisitos, los cuales deben reunirse en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143, 145 y 146 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(34) que disponen:


"Articulo 143. Para los efectos de esta ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los sesenta años de edad."


"Artículo 145. Para gozar de las prestaciones del seguro de cesantía en edad avanzada se requiere que el asegurado:


"I. Tenga reconocido en el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales;


"II. Haya cumplido sesenta años de edad; y,


"III. Quede privado de trabajo remunerado."


"Artículo 146. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y haya sido dado de baja del régimen del seguro obligatorio."


50. Conforme a ello, los requisitos para el goce de la pensión por cesantía en edad avanzada deben reunirse para su disfrute.


51. De lo anterior se advierte que la pensión por cesantía en edad avanzada no constituye per se, un derecho adquirido conforme al principio de retroactividad de la ley (aplicación de la Ley del Seguro Social vigente en 1973),(35) porque conforme a la teoría de los derechos adquiridos, debe considerarse que dicha pensión no conforma un derecho que el trabajador obtenga por el simple hecho de estar incorporado al régimen obligatorio de seguridad social, por contar con determinada edad o por haber alcanzado el periodo mínimo de cotización en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha pensión al patrimonio jurídico de aquél se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos relativos a que el asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los sesenta años de edad y que tenga reconocido en el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales. Por consiguiente, mientras esos requisitos no se cumplan, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de modo que no se vulnera el principio de irretroactividad ya que no se afecta ningún derecho adquirido.


52. En otras palabras, en tratándose del derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada, no podemos hablar de derechos adquiridos, sino sólo de expectativas de derecho, puesto que para que éste forme parte del patrimonio jurídico del asegurado se deben cumplir los requisitos siguientes:


1. Tenga reconocido en el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales;


2. Haya cumplido sesenta años de edad; y,


3. Quede privado de trabajo remunerado.(36)


53. De lo que se colige que para que exista el derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada, el asegurado debe cubrir los anteriores requerimientos legales, por lo que, mientras no se reúnan no podemos señalar que estamos frente a un derecho adquirido, sino simplemente a una expectativa de derecho, por lo que no se vulnera el principio de irretroactividad al no generarse alguna afectación a algún derecho que forme parte del haber jurídico del asegurado.


54. Caso distinto es cuando los asegurados ya cumplieron los requisitos legales para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, dado que en tal supuesto válidamente se puede asumir que en la esfera jurídica de los asegurados ya ingresó el derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada, al haber cubierto las exigencias legales para su otorgamiento.


55. Por otra parte, es factible puntualizar que es criterio de este Alto Tribunal del país que para cuantificar el monto de la pensión, tratándose de asegurados que se acogieron al esquema de pensiones de la derogada Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997,(37) resulta aplicable el tope máximo de diez veces el salario mínimo previsto en el artículo 33,(38) segundo párrafo, del citado cuerpo normativo, puesto que al acogerse a los beneficios para la concesión de la pensión previstos en la ley derogada, deben regirse por las disposiciones de esa normativa.


56. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, lo dispuesto en los siguientes criterios de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:


• Jurisprudencia 2a./J. 164/2019 (10a.), de título y subtítulo: "RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA DE 1973 Y VIGENTE. EL LÍMITE SUPERIOR QUE SE DEBE APLICAR AL SALARIO PROMEDIO DE LAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN QUE SIRVE DE BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES DE LOS ASEGURADOS DEL RÉGIMEN TRANSITORIO, QUE OPTARON POR EL ESQUEMA PENSIONARIO DE LA DEROGADA LEY DE 1973."(39)


• Tesis 2a. LXXIV/2019 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN DE VEJEZ. EL TOPE MÁXIMO DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA DEROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1973, NO RIGE PARA LOS ASEGURADOS DEL NUEVO RÉGIMEN TUTELADO EN LA LEY VIGENTE DE 1997."(40)


57. De ahí que, sea válido afirmar que, cuando los asegurados optan por el esquema pensionario tutelado en la ley abrogada (Ley del Seguro Social de 1973),(41) es indudable que el precepto que se debe aplicar es el artículo 33 de ese cuerpo legal, el cual establece que para cuantificar el monto de la pensión se tiene que tomar en cuenta el tope máximo de 10(42) veces el salario mínimo.(43)


58. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 85/2010, de esta Segunda Sala de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997."(44)


59. Así, una vez realizadas las anteriores precisiones en torno a la pensión por cesantía en edad avanzada en relación con los derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, así como a la observancia de la Ley del Seguro Social derogada(45) para los asegurados que se acogieron a ese esquema pensionario; a continuación esta Segunda Sala emprenderá el análisis del punto de contradicción relativo a determinar si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(46) veces el salario mínimo(47) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(48) se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.


60. Al respecto, cabe precisar que tal y como quedó establecido, sólo el derecho de pensión por cesantía en edad avanzada (una vez que ingresó al patrimonio jurídico del asegurado, esto es, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes), puede considerarse como un derecho adquirido, el cual no puede verse afectado con posterioridad, lo que no ocurre en el caso del monto o cantidad que se fija como pensión, dado que éste no puede estimarse como derecho adquirido.


61. Lo anterior es así, porque dicho monto de la cuota pensionaria está sujeto al cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.


62. De modo que cuando se controvierte la cuantificación correcta del monto de la pensión por cesantía en edad avanzada, el análisis debe realizarse a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica, siendo que la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(49) en particular, en el artículo 171, establece los términos legales y procedimientos que se deben seguir para fijar el monto de la pensión, a saber:


"Artículo 171. Al asegurado que reúna las condiciones para al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, le corresponde una pensión cuya cuantía se le calculará de acuerdo con la siguiente tabla:


Ver tabla

"Se aumentará un año a los cumplidos cuando la edad los exceda en seis meses.”


63. Como se advierte, para fijar el monto de la pensión por cesantía en edad avanzada se deben realizar diversas operaciones aritméticas complejas que al ser trasladadas a un caso concreto se puede incurrir en error en su aplicación ya sea por parte del personal del propio instituto o de los operadores jurídicos al resolver, motivo por el cual los asegurados pueden controvertir dicho monto a través de los medios de defensa correspondientes, con el propósito de que se realice su correcta cuantificación.


64. De lo anterior se colige, que el monto que se fija como cuota pensionaria, no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, ya que no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto; sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad.


65. En otras palabras, precisamente la Ley del Seguro Social fija la forma en que se debe efectuar el cálculo y éste se encuentra sujeto a escrutinio legal a través del medio de defensa correspondiente, por lo que, el monto que de inicio se fijó como cuota diaria pensionaria en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión, que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede variarse con posterioridad, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, en el caso de que se haya incurrido en algún error de cálculo, como ocurre cuando en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, el instituto, erróneamente cuantifica el monto de la pensión sin atender al tope máximo de 10(50) veces el salario mínimo(51) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(52) supuesto en el cual válidamente puede realizar el ajuste correspondiente, sin que ello implique la transgresión a derechos adquiridos.


66. Lo anterior es así, ya que conforme al principio de legalidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social está constreñido a guiar su actuación sobre las bases legales aplicables al supuesto jurídico analizado, de modo que si respecto al tope máximo de la pensión, existe disposición expresa (artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973)(53) que señala la obligación de aplicarlo, el referido instituto está constreñido a observarlo, sin que se infrinja algún derecho adquirido, puesto que con ello no se trastoca el derecho adquirido al otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, el cual se encuentra incólume, siendo que lo que se dilucida es la cuantía de la cuota pensionaria.


67. Además, conforme al criterio de este Alto Tribunal, la Junta al resolver sobre la correcta cuantificación del monto de la pensión, está obligada a observar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular, la establecida sobre el tema del límite superior equivalente a diez veces el salario mínimo vigente en el entonces Distrito Federal, al existir criterio específico al respecto (jurisprudencia 2a./J. 85/2010)(54) sin que represente obstáculo alguno que el demandado no se hubiere excepcionado en ese sentido, puesto que estimar lo contrario, se llegaría al absurdo, en la hipótesis de que no la formulara, de dejar a la libre voluntad de la parte actora o de la autoridad laboral, la asignación de un parámetro que inclusive podría llegar a representar un nuevo tope superior al límite que ya prevé el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(55) lo que traería como consecuencia un detrimento económico a la seguridad social en su conjunto.


68. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 8/2016 (10a.), de esta Segunda Sala del Alto Tribunal del país, de título y subtítulo: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO."(56)


69. Por tanto, si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(57) veces el salario mínimo(58) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(59) no se vulneran derechos adquiridos, ni el principio de retroactividad de la ley, pese a que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.


70. Esto es así, porque no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, puesto que el monto de la pensión no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad; de ahí que dicha cantidad sí pueda variarse con posterioridad, sin que ello implique la vulneración a derechos adquiridos, siendo que de existir controversia sobre el monto, se analizará a la luz del principio de legalidad.


71. SEXTO.—Decisión. En atención a las consideraciones que anteceden, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el que se cita a continuación:




Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre si al resolver respecto de la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.


Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que al resolverse sobre la correcta cuantificación de una pensión por cesantía en edad avanzada debe atenderse al tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973, aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo hubiere hecho por error, sin que ello implique una violación a los derechos adquiridos y al principio de irretroactividad de la ley.


Justificación: Lo anterior es así, porque el monto que se fija como cuota pensionaria, no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, puesto que no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto; sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad. De modo que cuando en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, el instituto, por un error, cuantificó el monto de la pensión sin atender al tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, supuesto en el cual válidamente puede realizar el ajuste correspondiente, sin que ello implique la transgresión a derechos adquiridos ni al principio de irretroactividad de la ley.


Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:


PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis denunciada.


SEGUNDO. —Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio establecido por esta Segunda Sala.


TERCERO.—P. la tesis de jurisprudencia que se emite en esta resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.


N.; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.


Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D. (ponente), L.M.A.M., J.F.F.G.S., J.L.P. y presidenta Y.E.M..


En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como en el Acuerdo General Número 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.








________________

1. Resuelto en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito (expediente de origen: juicio de amparo directo 940/2020).


2. De los que derivó la tesis I.13o.T.188 L (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA RECTIFICACIÓN DE SU MONTO CORRECTO NO DEBE ATENDERSE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA."


3. "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente:

"... II. Las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal ..."

"Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio."


4. El que dictó sentencia en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el amparo directo 940/2020 (expediente de origen).


5. "Artículo 33. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del artículo 35.

"Tratándose del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."


6. "SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997."


7. "Artículo 33. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del artículo 35.

"Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."


8. Texto: "El párrafo segundo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, prescribe un límite máximo con el que deben otorgarse las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; es decir, el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización que debe servir de base para cuantificar la pensión, cuyo límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); sin embargo, dicha limitante no debe atenderse cuando se reclama el pago correcto de la pensión, si en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó la subvención sin aplicar el límite establecido en el numeral aludido, pues de hacerlo, se traduciría en menoscabo de los derechos adquiridos del pensionado.". (Visible en la página tres mil cuatrocientos treinta y tres, Tomo IV, de marzo de dos mil dieciocho, Libro 52, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2016344, se publicó el viernes dos de marzo de dos mil dieciocho a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.)


9. Visible en la página siete, Tomo XXXII, de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 164120.


10. Visible en la página sesenta y siete, Tomo XXX, de julio de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 166996.


11. Diez.


12. General que rija en el entonces Distrito Federal.


13. (Mil novecientos setenta y tres).


14. Diez.


15. General que rija en el entonces Distrito Federal.


16. (Mil novecientos setenta y tres).


17. Diez.


18. General que rija en el entonces Distrito Federal.


19. (Mil novecientos setenta y tres).


20. Diez.


21. General que rija en el entonces Distrito Federal.


22. (Mil novecientos setenta y tres).


23. (Aplicación de la Ley del Seguro Social vigente en mil novecientos setenta y tres).


24. Diez.


25. General que rija en el entonces Distrito Federal.


26. (Mil novecientos setenta y tres).


27. "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ..."


28. Texto: "El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor.". (Visible en la página cuatrocientos quince, Tomo XX, de julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 181024).


29. Texto: "Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.". (Emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos seis, T.X., de junio de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 189448).


30. Texto: "Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.". (Visible en la página dieciséis, Tomo XIV, de octubre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 188508).


31. Texto: "El artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, señala que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y, posteriormente, mediante reforma vigente a partir del 1 de enero de 2002, establece que se adopta para tales fines el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en proporción al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, según sea el referente que resulte de mayor beneficio. Ahora bien, en virtud de la fecha en que entró en vigor esa modificación legislativa, quienes se pensionaron con anterioridad a ella solamente adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al aumento del salario mínimo aludido, por lo que no les es aplicable retroactivamente el citado precepto, habida cuenta que la jubilación no es un derecho surgido por el solo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, sino que constituye una mera expectativa de derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de las personas se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos. Por tanto, mientras no exista un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente les corresponde a sus incrementos es el previsto en función del salario mínimo, el cual no puede sustituirse, vía interpretativa, por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentran laboralmente en activo, porque sería tanto como desconocer el principio constantemente reiterado en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse, y asignar a la ley un efecto retroactivo que no tuvo en mente el autor de la reforma respectiva.". (Emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos cuarenta y nueve, Libro 41, Tomo I, de abril de dos mil diecisiete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2014063, se publicó el viernes siete de abril de dos mil diecisiete a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación).


32. Texto: "El hecho de que el citado ordenamiento legal disponga que las pensiones se incrementarán conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, no conlleva una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, ya que del análisis del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983, se advierte que el aumento a los salarios de los trabajadores sólo se tomaba como referente para el incremento de las pensiones cuando el incremento que en el año anterior hubiese tenido el aludido índice inflacionario fuese menor al aumento del sueldo básico de los trabajadores en activo. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la pensión es una expectativa de derecho, en tanto está condicionada a la satisfacción de determinados requisitos, de lo que se sigue que aun cuando el nuevo sistema implementado para la actualización de las pensiones pueda generar que los trabajadores que se pensionen con posterioridad a la fecha en que entró en vigor la ley reclamada, reciban un trato menos benéfico al que hubieran obtenido conforme a la ley derogada, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida cuenta que dicho sistema no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad, puesto que no se desconocen ni los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas.". (Emitida por el Pleno de este Alto Tribunal del País, visible en la página diecisiete, Tomo XXX, de septiembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 166395).


33. Texto: "El párrafo cuarto del artículo sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dispone que: "Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización de la ley abrogada tendrán derecho a una pensión por vejez al cumplir sesenta años de edad y quince años de servicio, consistente en el equivalente al 50% de su último salario de cotización neto percibido. Cuando se rebasen los quince años y se dé el supuesto de edad que aquí se contempla, se aplicará la tabla prevista en el artículo 93 de esta ley para los efectos del monto de la pensión.". Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal provoque que a quienes obtengan una pensión por vejez a partir de su vigencia les corresponda en una cuantía relativamente menor que a los que la hubieren obtenido con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del nominal, y de la diversa proporción de dicho salario a la que ella equivaldrá, según el número de años de cotización, no implica una violación a la garantía de irretroactividad de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que la pensión por vejez no constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de edad y de servicio requeridos para ello, por lo que mientras esos requisitos no se cumplan, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a una pensión por vejez es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León, que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento, reciban un trato menos benéfico a los que la hubieren obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por vejez, y el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales, que una vez actualizados generan el derecho a una pensión por vejez, además, la constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que a través de ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron.". (Emitida por el Pleno de este Máximo Tribunal del País, visible en la página sesenta y cuatro, T.V., de agosto de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 195677).


34. (Mil novecientos setenta y tres).


35. (Mil novecientos setenta y tres).


36. Así como que se solicite el otorgamiento de la pensión y que el asegurado haya sido dado de baja del seguro del régimen obligatorio, requisitos que son necesarios para la procedencia del otorgamiento y pago de la pensión, mas no para efectos de considerar la fecha a partir de la cual deberá empezar a cubrirse. Ello, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 28/2000, emitida por esta Sala, de rubro: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. FECHA QUE DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE SU PAGO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, el derecho al goce de la pensión por cesantía en edad avanzada, comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos previstos en el artículo 145 de la citada ley, a saber: a) Que haya un reconocimiento mínimo de quinientas cotizaciones semanales del asegurado; b) Que tenga sesenta años de edad cumplidos y, c) Que se encuentre privado de un trabajo remunerado, así como que se solicite el otorgamiento de la pensión y que el asegurado haya sido dado de baja del seguro del régimen obligatorio, requisitos que son necesarios para la procedencia del otorgamiento y pago de la pensión, mas no para efectos de considerar la fecha a partir de la cual deberá empezar a cubrirse, pues atendiendo a la finalidad perseguida por el legislador, consistente en la protección del trabajador y su familia contra el riesgo por desocupación en edad avanzada, debe concluirse que el momento a partir del cual habrá de efectuarse el pago de la pensión, surge desde que el asegurado cumple con los requisitos antes señalados, y sólo en el evento de que no pueda precisarse la fecha en que el asegurado los satisfizo, deberá entonces atenderse a la fecha de la solicitud correspondiente, o bien a la de presentación de la demanda laboral.". (Visible en la página doscientos noventa y tres, Tomo XI, de marzo del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 192184).


37. Treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.


38. "Artículo 33. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del artículo 35.

"Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."


39. Texto: "Para cuantificar el monto de la pensión de vejez tratándose de asegurados que se ubican en el régimen transitorio y que se acogieron al esquema de pensiones de la derogada Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, resultan aplicables el tope máximo de diez veces el salario mínimo previsto en el artículo 33, segundo párrafo, del citado cuerpo normativo, así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 85/2010, de rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.’, pues al acogerse a los beneficios para la concesión de la pensión de vejez previstos en la ley derogada, deben regirse por las disposiciones de esa normativa.". (Visible en la página mil veintidós, Libro 74, de enero de dos mil veinte, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2021504, se publicó el viernes veinticuatro de enero de dos mil veinte a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación).


40. Texto: "El tope máximo de diez veces el salario mínimo previsto en el segundo párrafo del artículo 33 citado no es aplicable para los asegurados del nuevo régimen o los que se hayan decidido por el actual esquema pensionario (esto es, los asegurados con base en la ley derogada de 1973 que hayan cotizado conforme a las reglas del esquema de la Ley del Seguro Social de 1997 y se pensionen conforme a esta última), pues se deben regular por la normatividad vigente, al ser la que rige el nuevo sistema pensionario, por lo que no se verán afectados por la jurisprudencia 2a./J. 85/2010, de rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.’, ya que al haberse acogido al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social vigente, se les deben aplicar los parámetros de su artículo 28.". (Visible en la página quinientos sesenta y seis, Libro 73, de diciembre de dos mil diecinueve, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2021242, se publicó el viernes seis de diciembre de dos mil diecinueve a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación).


41. (Mil novecientos setenta y tres).


42. Diez.


43. General que rija en el entonces Distrito Federal.


44. Texto: "De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.". (Visible en la página trescientos once, Tomo XXXII, de julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 164218).


45. Vigente en mil novecientos setenta y tres.


46. Diez.


47. General que rija en el entonces Distrito Federal.


48. (Mil novecientos setenta y tres).


49. (Mil novecientos setenta y tres).


50. Diez.


51. General que rija en el entonces Distrito Federal.


52. (Mil novecientos setenta y tres).


53. (Mil novecientos setenta y tres).


54. "SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.". (Visible en la página trescientos once, Tomo XXXII, de julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 164218).


55. (Mil novecientos setenta y tres).


56. Texto: "El precepto referido establece que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, y en su párrafo segundo, en relación con el seguro de cesantía en edad avanzada, entre otros, el legislador facilitó un esquema tasado en salarios mínimos y fijó el límite superior equivalente a 10 veces el general vigente en el Distrito Federal. Ahora bien, la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se excepcionara en esos términos, no releva a la autoridad laboral de respetar dicho límite superior, pues basta con que al oponer sus excepciones y defensas, aquél se ajuste a lo dispuesto en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de manera que si al contestar la demanda controvierte precisamente las fechas o cantidades materia del ajuste pretendido por el actor, respalda sus argumentos con ciertas operaciones aritméticas y acompaña las pruebas que a su juicio son aptas para desvirtuar el reclamo, tal proceder es aceptable y justifica la postura defensiva que le asiste en la relación jurídico procesal y, por ende, con esos elementos, en armonía con el restante caudal probatorio, la autoridad laboral está en condiciones de resolver el contradictorio, con apego al artículo 842 de la citada ley. Además, el tema de fondo está vinculado a un derecho de seguridad social, por lo que no puede variarse la manera en que han de cubrirse las prestaciones descritas en la Ley del Seguro Social, pues su artículo 33 es expreso en cuanto al límite superior, lo que indica que se trata de una disposición de orden público y de observancia obligatoria.". (Visible en la página novecientos trece, Libro 27, de febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2010989, se publicó el viernes diecinueve de febrero de dos mil dieciséis a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación).


57. Diez.


58. General que rija en el entonces Distrito Federal.


59. (Mil novecientos setenta y tres).

Esta sentencia se publicó el viernes 03 de diciembre de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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