Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

EmisorPrimera Sala
JuezAlfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Ana Margarita Ríos Farjat,Jorge Mario Pardo Rebolledo,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Norma Lucía Piña Hernández
Fecha de publicación01 Mar 2021

CONTRADICCIÓN DE TESIS 354/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.


II. Competencia


7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y distinta especialidad, que hicieron un pronunciamiento en materia civil (mercantil), en la cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.


III. Legitimación


8. Tal como fue acordado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la hacen valer los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.


IV. Cuestiones necesarias para resolver el asunto


9. Antes de determinar la existencia de la contradicción denunciada, se hace necesario hacer una breve comparación de los hechos que motivaron los criterios cuya contradicción se denunció.


IV.1. Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 845/2016


10. Antecedentes:


a). Por escrito de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, ********** promovió juicio oral mercantil contra **********, de quien demandó, principalmente, la declaración judicial de nulidad absoluta de cuatro cargos efectuados el 3 de enero de 2015 a su tarjeta de débito vinculada a la cuenta que tenía abierta en dicha institución, el reembolso de los cargos no autorizados y el pago de los intereses legales que generaría la citada cantidad desde que fue indebidamente dispuesta de los fondos de su cuenta, disminuyendo la bonificación realizada por la demandada; así como el pago de gastos y costas.


b). Seguido el juicio, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz dictó sentencia el 9 de septiembre de 2016 en el sentido de declarar procedente la vía oral mercantil en el juicio 62/2016 y probada la acción de la actora contra la institución bancaria; por lo que condenó a esta última a la cancelación de los cargos y el reintegro de la cantidad solicitada, pero se le absolvió del pago de los intereses legales y de la condena en costas.


c). En contra de esta determinación, la actora promovió juicio de amparo directo.


11. Criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo a la quejosa, bajo los razonamientos que se abrevian a continuación:


a). Son inoperantes los conceptos de violación dirigidos a controvertir la negativa de procedencia del pago de intereses legales porque no controvierten frontalmente la determinación del Juez, en el sentido de que el pago de un interés no tiene fundamento jurídico en la normatividad que dispone el artículo 362 del Código de Comercio como lo solicitó la quejosa, ya que el pago de la obligación impuesta a la demandada no derivó del incumplimiento tardío de una obligación, sino como consecuencia de la nulidad decretada. Por tanto, si la quejosa buscaba el pago de dicho interés, debió exigir el pago de daños y perjuicios al no haber podido disponer libremente de su dinero.


b). Por otra parte, son infundados los argumentos de la quejosa en los que adujo que el Código de Comercio contempla que ante el incumplimiento de una obligación, debe pagarse un interés y, si ello no hubiere sido pactado, se tendría derecho al pago del 6% anual, ya que si bien el legislador reguló el interés en el préstamo mercantil, ello no implica que no pueda ser aplicado en otro tipo de incumplimiento; porque –contrario a lo alegado– no se está ante la presencia del incumplimiento de una obligación para poder deducir que tiene derecho al pago de un interés ante el incumplimiento de lo pactado, ya que el reembolso de la cantidad a que se condenó a la institución bancaria en la sentencia no se impuso por la mora, sino como consecuencia de una nulidad; por lo que no resulta aplicable el artículo 362 del Código de Comercio.


c). En el caso no existió un pacto mediante el cual el actor hubiese prestado al demandado una cierta cantidad de dinero y éste hubiere incumplido con la obligación contraída; por lo que si la quejosa pretendía un resarcimiento con motivo de la falta de libre disposición de dinero, debió ejercitar la acción de daños y perjuicios, más no el pago de un interés legal. Esto es así, porque de la lectura a los artículos 361 y 362 del Código de Comercio, el interés para el deudor debe entenderse como el precio que debe pagar por préstamos de dinero, de títulos o valores y préstamos en especie, por su disposición en el tiempo que lo use fuera del plazo convenido y, para el acreedor, la ganancia que se obtiene de lo prestado; mientras que los daños y perjuicios, respectivamente, atienden a la pérdida del poder adquisitivo del dinero no dispuesto y en la no obtención de ganancias lícitas que se obtendrían con el uso del mismo.


d). Conforme a lo expuesto, el pago de intereses y de daños y perjuicios no pueden demandarse simultáneamente, al tener la misma naturaleza jurídica como lo indica la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.) "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA."; por lo que, para efecto de la cuantificación por daños y perjuicios, deben tomarse en cuenta factores diversos al interés legal, como son: el porcentaje inflacionario y la tasa de interés interbancaria de equilibrio calculada por el Banco de México.


e). Finalmente, se concluye que la nulidad de los cargos a la cuenta vinculada con la tarjeta de débito de la quejosa, no acarrea por sí sola, la existencia del incumplimiento de una obligación del demandado de pagar un interés por la demora en el pago de una deuda, pues como ya se precisó, la deuda nunca existió, y, en todo caso, lo que debía demandarse y demostrarse en juicio, tal como lo sostuvo el a quo, era que el actor resintió daños y perjuicios por los cargos realizados indebidamente en su tarjeta de débito; y de ahí, lo infundado de sus conceptos de violación aducidos.


12. De esta ejecutoria, derivó la tesis aislada VII.2o.C.121 C:


"TARJETA DE DÉBITO. CONTRA CARGOS INDEBIDOS REALIZADOS POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, NO PROCEDE EL PAGO DE INTERESES LEGALES, SINO EJERCITAR LA ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS EN EL PATRIMONIO (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Cuando por motivo de un cargo indebido realizado por una institución bancaria a una tarjeta de débito, se le condena en juicio a la nulidad y al reembolso al afectado de los cargos efectuados, dicha nulidad no acarrea, por sí sola, la existencia del incumplimiento de una obligación, de modo que no se está ante la presencia de un deudor que deba pagar al demandado un interés legal por la demora en el pago de una obligación. De ahí que no puede tener aplicación el artículo 362 del Código de Comercio, toda vez que el rembolso de la cantidad a que se condenó a la institución bancaria en la sentencia, no se impuso con base en el incumplimiento tardío de una obligación, sino como consecuencia de la nulidad decretada. Por ello, al no tener la institución bancaria el carácter de deudor, si lo que se pretende es obtener un resarcimiento con motivo de la falta de la libre disposición de dinero, debe entonces ejercitarse la acción de daños y perjuicios sufridos en el patrimonio, y no intentarse el pago de un interés legal; pues los intereses son para el deudor, el precio que debe pagar por el préstamo de dinero, préstamos de títulos o valores y, préstamos en especie, por su disposición en el tiempo que lo use fuera del plazo convenido y, para el acreedor, la ganancia que se obtiene de lo prestado; y, los daños y perjuicios, respectivamente, atienden a la pérdida del poder adquisitivo del dinero no dispuesto y en la no obtención de ganancias lícitas que se obtendrían con su uso, por lo que deben cuantificarse tomando en consideración factores diversos al interés legal."


IV.2. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 255/2018


13. Antecedentes:


a). Por escrito presentado el 18 de mayo de 2017, **********, promovió juicio oral mercantil, en contra de **********, de quien reclamó, en esencia, el pago de la suerte principal para cubrir el quebranto patrimonial causado en la cuenta de la que es titular, abierta en esa institución; así como el pago de los intereses al tipo legal por el tiempo que dure la tramitación de la controversia y de gastos y costas en el juicio


b). Mediante proveído dictado el 22 de mayo de 2017, el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, radicó la demanda bajo el expediente 223/2017 y la admitió a trámite; se emplazó a la demandada, quien formuló la contestación respectiva.


c). El 12 de julio de este año se celebró la audiencia preliminar, en la cual se celebró la etapa de conciliación sin que las partes llegaran a algún arreglo; y el 11 de agosto de 2015 se celebró la audiencia de juicio, donde se determinó que la parte actora probó la acción, condenando a la parte reo al pago de la cantidad reclamada, de los intereses al tipo legal y de costas.


d). Inconforme con esa determinación, la parte demandada promovió el juicio de amparo directo 470/2017, resuelto por el Tribunal Colegiado el 8 de marzo de 2018 en el sentido de conceder el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir otra en la que se reiterara procedente la acción de pago de los cargos indebidos a la tarjeta de débito del actor, partiendo de la presunción legal en favor del banco demandado sobre que el retiro del cajero electrónico fue realizado por el actor y, resolviera lo que conforme a derecho procediera.


e). En cumplimiento, la juzgadora responsable dictó una nueva resolución el 6 de abril de 2018, en la cual se determinó probada la acción respecto de los cargos de la tarjeta realizados el 15 de enero de 2017, condenándose a su devolución; se absolvió a la parte demandada del pago de la cantidad correspondiente al retiro realizado con la tarjeta de débito; se condenó a la demandada al pago de los intereses al tipo legal y se absolvió del pago de las costas procesales.


f). Sobre el pago de intereses, el Juez de primera instancia estimó que, cuando un banco hace un cargo indebido a uno de sus cuentahabientes, procede la condena al pago de los intereses al tipo legal, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, toda vez que ante la ausencia de estipulación sobre los mismos en el pacto que dio origen a la relación contractual entre las partes, es correcto que se aplique el contenido del párrafo primero del artículo 362 del Código de Comercio, en el sentido de que los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% anual. Todo ello, con base en la tesis: "INTERESES. SOBRE CARGOS INDEBIDOS HECHOS POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, ANTE LA AUSENCIA DE ESTIPULACIÓN PARA EL PAGO DE, DEBE ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.", del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.


14. Criterio. La institución bancaria quejosa promovió juicio de amparo, el cual le fue negado por el órgano colegiado. En lo relevante, con base en los siguientes argumentos:


a). Los intereses constituyen el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del dinero; es decir, se trata del beneficio económico que se logra a través de cualquier clase de inversión monetaria. Por ende, los intereses legales son una prestación que procede cuando una de las partes se encuentra obligada pecuniariamente con otra y no cumplió dentro del plazo en el que legalmente debió hacerlo, con independencia de que la misma derive de una operación que surge de un negocio o se genere por una disposición legal.


b). Los intereses moratorios son los que se pagan como sanción a título de reparación o indemnización por los daños y perjuicios causados por el retraso en el cumplimiento de alguna obligación; en consecuencia, en el caso y contrario a lo manifestado por el banco quejoso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio, ya que la condena se realizó como una sanción a título de reparación, con independencia de si ello estuvo o no consignado en el contrato que celebró la parte actora.


c). De la sentencia reclamada se evidencia que la parte actora demostró que la institución bancaria quejosa en forma indebida realizó cuatro cargos a su tarjeta de débito, derivados de compras que se hicieron en diversos centros comerciales, impidiéndose con esto al titular de la cuenta tener acceso a tales recursos monetarios.


d). Luego, esa aplicación indebida a la tarjeta de débito del cuentahabiente, cuya nulidad quedó acreditada, porque desconoció cuatro cargos hechos a la misma el día anterior al en que dio el aviso de extravío de la citada tarjeta, obligaba al banco a abonar el monto total de esos cargos a más tardar el cuarto día hábil bancario siguiente, a la recepción de la reclamación, atendiendo a lo que refiere la circular 34/2010, emitida por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010, dirigida a las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, relativas a las reglas de tarjetas de crédito, específicamente los puntos 3.3. y 3.4.


e). Sin embargo, si la institución bancaria no actuó conforme a lo señalado, ello generó el incumplimiento de la institución bancaria a las obligaciones que tiene, aun cuando en el contrato celebrado por las partes para el uso de las tarjetas de débito no se contemple que el banco pueda legalmente aplicar en forma indebida retenciones a las tarjetas de débito; razón por la cual se justifica plenamente que el banco adeuda la suma reclamada por el titular de la tarjeta de débito, por la aplicación indebida de compras que cargó a la misma y, por ello, ante la condena al reembolso de esas cantidades al afectado, también deriva como consecuencia el pago del interés legal por el retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual fue necesaria la intervención de la autoridad responsable.


f). Motivo por el cual, la reparación correspondiente sí está consignada por el legislador en el artículo 362 del Código de Comercio, en cuyo primer párrafo se establece, en forma genérica que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% anual. Por ende, el precepto legal en cita prevé que los obligados que no liquiden sus compromisos económicos en el término respectivo, deben pagar el interés que hayan convenido o, en su defecto, el 6% anual, sin que únicamente se consignara en ese apartado que los intereses legales sólo serían viables tratándose de obligaciones contractuales, pues la regulación va dirigida a quienes tengan el carácter de deudores y esto lo tienen tanto los contratantes como quienes resultan obligados por una disposición jurídica.


g). De esta forma, si el cargo reclamado es indebido, la institución bancaria se sitúa como un deudor que demoró en el pago, debido a que cargó una cantidad de dinero sin que el cuentahabiente pudiera disponer de la misma y, por tanto, es a través de los intereses que la institución bancaria debe resarcir al actor por no disponer del dinero que fue cargado, al centrarse precisamente la litis en determinar si el cargo fue o no indebido, siendo una consecuencia de su actuar.


h). Cuestión que ya no podría ser analizada nuevamente a través de una acción de daños y perjuicios, por ser parte de una litis diversa que ya es materia de cosa juzgada.


V. Existencia de la contradicción de tesis


15. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios.


16. Para justificar lo anterior, como cuestión previa, es importante señalar que de existir la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que deberá prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales, pues esta Primera Sala estima que por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.


17. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(6)


18. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.


19. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.


20. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.


21. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y, dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:


a). Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.


b). Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.


c). Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.


22. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)


23. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron los dos primeros requisitos para la existencia de la contradicción.


24. Primero, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para determinar si con motivo de la declaración de nulidad de cargos efectuados a tarjetas de débito procede el pago de intereses legales, con base en el artículo 362 del Código de Comercio.


25. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió procedente el pago de intereses moratorios, con base en el artículo 362 del Código de Comercio, pues consideró que la institución bancaria se sitúa como un deudor que incurrió en mora, ya que conforme a la circular 34/2010 del Banco de México, estaba obligado a abonar la totalidad de los cargos indebidos a más tardar el cuarto día hábil bancario siguiente al que se presentó la aclaración y, a partir de ello, consideró que el artículo 362 no sólo es aplicable en tratándose de obligaciones contractuales, sino que la regulación va dirigida a los deudores.


26. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró improcedente el pago de intereses legales conforme al artículo 362 del Código de Comercio, toda vez que la condena a la institución bancaria no derivó del incumplimiento tardío de una obligación, sino como consecuencia de la nulidad de los cargos indebidos; de modo que si la parte quejosa pretende el resarcimiento por la falta de libre disposición del dinero, debió ejercer la acción de daños y perjuicios, pero no intentar el pago de interés legal.


27. De conformidad con las premisas señaladas, se advierten diferendos interpretativos y, por ende, esta Primera Sala concluye que ambos órganos jurisdiccionales se contradicen en cuanto a la procedencia del pago de intereses con motivo de un cargo indebido a tarjetas de débito al cuentahabiente de una institución bancaria, con base en la interpretación del artículo 362 del Código de Comercio.


28. Finalmente y con base en lo anterior, se colma el tercer requisito para el estudio de contradicción de criterios, toda vez que es evidente que existen posiciones divergentes sobre el mismo tema y, consecuentemente, ello da lugar a establecer un cuestionamiento; a saber, determinar ¿procede el pago de intereses por cargos indebidos a tarjetas de débito en términos del artículo 362 del Código de Comercio?


VI. Estudio de fondo


29. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, con base en los razonamientos que a continuación se exponen.


A. Marco normativo asociado al uso de tarjeta de débito


30. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, integrante del amplio sistema normativo que existe en materia de comercio, específicamente en la regulación de aspectos relacionados con servicios bancarios, define la "tarjeta de débito" como un medio de disposición asociado a depósitos de dinero a la vista.(8)


31. En este sentido, la tarjeta de débito no es más que un vehículo creado para beneficio de los clientes de servicios bancarios, con la finalidad de aportar un acceso más rápido y eficiente al dinero que depositan en las instituciones constituidas con dicho objeto.


32. Por tanto, la relación contractual entre la institución que otorga la tarjeta de débito y el cuentahabiente nace de una convención mercantil;(9) razón por la que todo lo relativo a su interpretación y eventual solución de conflictos deberá hacerse con arreglo a las leyes mercantiles especiales y, ante la falta de regulación expresa, en las reglas generales que dispone el Código de Comercio y, por último, en la legislación común federal(10) o local.(11)


33. Como se aprecia de los antecedentes que dieron origen a los juicios que derivaron en esta contradicción de tesis, los cuentahabientes personas físicas de una institución bancaria solicitaron la nulidad de cargos indebidos efectuados a sus tarjetas de débito y, como consecuencia de ello, su reembolso y el pago de intereses legales, a través de juicios mercantiles.


34. Por principio de cuentas, debe señalarse que el contrato vinculado al uso de tarjeta de débito encuentra regulación en el Código de Comercio, en cuanto a sus reglas generales y, al tratarse de una convención mercantil que deriva de la operación de crédito denominada "de depósito bancario de dinero" que se celebra con una institución de crédito, su regulación especial tiene sustento en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las cuales, en lo relevante, disponen:


Código de Comercio


"...


"Título cuarto

"Del depósito mercantil


"Capítulo I

"Del depósito mercantil en general


"Artículo 332. Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil."


"Artículo 333. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato, y en su defecto, a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito."


"Artículo 334. El depósito queda constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto."


"Artículo 335. El depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, según la reciba, y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida.


"En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia."


"...


"Artículo 338. Siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario, surgiendo los del contrato que se celebrare."


Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito


"Artículo 1o. ...


"Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio.


"...


"Título II

"De las operaciones de crédito


"...


"Capítulo I

"Del depósito


"Sección 1a.

"Del depósito bancario de dinero


"Artíulo 267. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario, y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente."


"...


"Artículo 271. Los depósitos bancarios podrán ser retirables a la vista, a plazo o previo aviso. Cuando al constituirse el depósito previo aviso no se señale plazo, se entenderá que el depósito es retirable al día hábil siguiente a aquél en que se dé el aviso. Si el depósito se constituye sin mención especial de plazo, se entenderá retirable a la vista."


"Artículo 272. Salvo estipulación en contrario, los depósitos serán pagaderos en la misma oficina en que hayan sido constituidos. ..."


35. El depósito mercantil previsto en el Código de Comercio es un contrato en el que las cosas que se depositan son objeto de comercio o se hace como consecuencia de una operación mercantil y, salvo pacto en contrario, el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito en los términos convenidos y, en su defecto, conforme a los usos en que se constituyó el depósito.


36. La convención se constituye mediante la entrega de la cosa que el depositario está obligado a conservar y devolver cuando el depositario lo pida; quedando aquél como responsable de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas sufrieren por su malicia o negligencia.


37. Además, si media acuerdo entre las partes para que el depositario disponga de las cosas en depósito, para sí o para sus negocios, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario y surgirán las del contrato que se celebre.


38. Por ende, las notas principales del depósito mercantil, en general, son:


a). Es un contrato, pues requiere acuerdo de voluntades entre quienes se pacta;


b). Las partes son depositante y depositario;


c). Se constituye con la entrega de la cosa de comercio;


d). Por regla general, el depositante entrega un bien y tiene obligación de retribuir al depositario: 1. en los términos del contrato, o 2. conforme a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito (salvo que se convenga gratuitamente), y;


e). El depositario tiene dos obligaciones: 1. conservar la cosa según la reciba o deberá responder por el menoscabo, daño y perjuicio que deriven de su malicia o negligencia, y 2. devolverlo al depositante cuando lo solicite.


39. Cabe señalar que el depósito mercantil en general ha sido clasificado por la doctrina como una figura que reúne rasgos de depósito y de préstamo y se tipifica como un contrato "regular", toda vez que el depositante no transfiere la propiedad de la cosa al depositario y éste, en consecuencia, queda obligado a restituir el mismo bien, salvo que acuerden algo distinto (artículo 338).(12)


40. En cambio, si la cosa objeto del depósito es dinero y se efectúa en una institución bancaria –como ocurre en el caso– tiene la naturaleza de una operación de crédito,(13) porque se trata de un negocio jurídico por el cual el acreedor transfiere un valor económico al deudor y éste se compromete a reintegrarlo en el plazo convenido.(14)


41. Luego, la convención nace cuando una persona (depositante) entrega una suma determinada y transfiere a otra (depositario) la propiedad de ese dinero, el cual se obliga a restituir, por lo menos, la suma depositada en la misma cantidad y especie; lo que implica que siempre existirá un deber a cargo del depositario de tener disponibles las cantidades entregadas, para ser devueltas al depositante en el tiempo y modo que se hubiere convenido o, en cualquier momento, si el retiro se convino a la vista.


42. En otras palabras, cuando el depósito mercantil deriva de la operación de crédito que se realiza con la cosa de comercio "dinero", el contrato mediante el cual se lleva a cabo será irregular, debido a la transferencia de la propiedad y la obligación de restituir en especie y calidad lo depositado y no el mismo objeto de comercio,(15) en las modalidades que convengan las partes.


43. Con base en esta descripción, las características del depósito bancario de dinero y sus diferencias con el depósito mercantil en general son:


a). La acción de depositar el dinero constituye una operación mercantil;


b). El contrato es mercantil porque las cosas que se depositan son objeto de comercio (dinero) y requiere el consentimiento de las partes respecto del acto jurídico; por tanto, se trata de un contrato principal, nominado y autónomo por las características que lo dotan de individualidad;


c). El contrato se perfecciona con la entrega del dinero y es bilateral, porque las partes se obligan recíprocamente: una, a entregar el dinero y transferir la propiedad, retribuyendo a la que dispondrá del dinero para sus actividades y, la otra, a conservar y restituir el monto, por lo menos, en la misma cantidad y especie, salvo que se pacten réditos por la apertura de la cuenta;


d). Dada la naturaleza de la operación de crédito, las partes son acreedoras y deudoras recíprocamente;


e). El depósito puede ser retirable a la vista, a plazo o previo aviso.


44. Si se tiene en consideración la normatividad mencionada, debe concluirse que el uso del medio de disposición "tarjeta de débito" involucra un contrato de depósito bancario de dinero retirable a la vista; porque, a través de este instrumento, el depositante tiene pleno acceso al dinero que conserva el depositario y que está obligado a devolver en el momento que aquél se lo requiera.


45. Además, es pertinente señalar que los depósitos bancarios de dinero en instituciones de crédito se establecen, por regla general, a través de contratos de adhesión,(16)(17) ya que el tipo de funciones que llevan a cabo estas entidades se dirigen al público en general(18) y, por lo tanto, las condiciones generales de contratación se estandarizan a través de este tipo de convenciones masivas, normalmente onerosas; pues tal como lo indican los artículos 333 del Código de Comercio y 273(19) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la regla general es que el depositario tiene derecho a exigir una retribución por el depósito, en los términos del contrato, y a utilizar el dinero cuya propiedad el depositante le transfiere para llevar a cabo las operaciones propias de su giro, siempre y cuando la restituya, por lo menos, en la misma cantidad y especie más el interés que se hubiere pactado.


B. Normatividad aplicable a los cargos no reconocidos a través de tarjeta de débito


46. Conforme a lo reseñado en el apartado que antecede, a pesar de que el depósito bancario de dinero tiene una regulación especial, ello no obsta a que, en lo no previsto, sea posible acudir a las reglas generales del Código de Comercio y demás ordenamientos mercantiles, como lo autoriza el numeral 2o.(20) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.


47. Además, debe recordarse que la operación de crédito de depósito bancario tiene como base la relación contractual que surge entre el depositante y la institución bancaria depositaria; por ende, de la lectura sistemática a los artículos 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 333 y 334 del Código de Comercio, aplicables de conformidad con el numeral 2o., fracción II, del primer ordenamiento citado, se desprende que el depositario, aun cuando detenta la propiedad del dinero, está obligado a conservar lo depositado y a devolverlo conforme a lo convenido y, en caso de que la cosa (dinero) sufra menoscabo, daño o perjuicio, tendrá que responder al depositario.


48. Así, cuando se denuncian cargos no reconocidos por el depositante, titular de la cuenta bancaria de depósito de dinero, presuntamente realizados con su tarjeta de débito, cabe señalar que esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 128/2018,(21) determinó en lo relevante que la institución bancaria es quien está obligada a ofrecer las pruebas que acrediten que fue el usuario quien realizó las transacciones, en virtud de que son las que se encuentran en una posición dominante en la relación de consumo y, por ende, deben garantizar la seguridad en todas las operaciones que se lleven a cabo con motivo de los contratos celebrados con sus clientes.


49. Esto, ya que las instituciones financieras son las que cuentan con dispositivos y mecanismos que facilitan la aportación de pruebas, al ser las encargadas de la implementación de las medidas de seguridad a efecto de poder verificar no sólo los montos de las disposiciones o los cargos, sino la efectiva utilización de instrumentos mercantiles, tales como la tarjeta de débito.


50. Igualmente, los artículos 46, 48 y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito(22) establecen que las instituciones bancarias sólo podrán realizar, entre otras operaciones, la de recibir depósitos bancarios de dinero, ya sean a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro o a plazo con previo aviso, para lo cual deberán observar las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que atiendan las necesidades de regulación monetaria y crediticia; así como ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general.


51. Por tanto, a efecto de establecer el marco normativo completo, el veintiséis de julio de dos mil diez fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Circular 22/2010 "Disposiciones de carácter general que establecen prohibiciones y límites al cobro de comisiones" en la que se dispuso, en lo que interesa:


1. Definiciones


Para fines de brevedad se entenderá, en singular o en plural, por:


"...


"Cuenta básica de nómina: El depósito bancario a la vista o de ahorro relativo a nómina a que se refiere el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se transfiera de manera electrónica.


"Cuenta básica para el público en general: El depósito bancario a la vista a que se refiere el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.


"...


"Medios de disposición: Las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas bancarias, cheques y órdenes de transferencia de fondos, incluyendo el servicio conocido como domiciliación.


"...


"Cuentas básicas exentas de comisiones


"2.1 Cuenta básica de nómina


"2.11. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios a la vista de personas físicas, están obligadas a ofrecer una cuenta básica de nómina exenta del cobro de comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.


"La cuenta básica de nómina deberá incluir los servicios mínimos que a continuación se enuncian:


"a) Apertura y mantenimiento de la cuenta;


"b) Otorgamiento de una tarjeta de débito al cliente y su reposición en caso de desgaste o renovación;


"c) Abono de recursos a la cuenta por cualquier medio;


"d) Retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales y en los cajeros automáticos operados por la institución de crédito que lleve la cuenta;


"e) Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito;


"...


"2.2 Cuenta básica para el público en general


"2.21. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios a la vista de personas físicas, están obligadas a ofrecer una cuenta básica para el público en general exenta del cobro de comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.


"La cuenta básica para el público en general deberá incluir los servicios mínimos que a continuación se enuncian:


"a) Apertura y mantenimiento de la cuenta;


"b) Otorgamiento de una tarjeta de débito al cliente y su reposición en caso de desgaste o renovación;


"c) Abono de recursos a la cuenta por cualquier medio;


"d) Retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales y en los cajeros automáticos operados por la institución de crédito que lleve la cuenta;


"e) Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito; ..."


52. Las disposiciones transcritas pormenorizan la norma general que dispuso el legislador en el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito sobre el depósito bancario de dinero, en el sentido de señalar que la institución bancaria deberá, entre otras obligaciones, abrir y mantener la cuenta del depositante y otorgarle el medio de disposición "tarjeta de débito" para la libre utilización del dinero cuya propiedad transfirió, pero que debe restituir.


53. Posteriormente, el dos de marzo de dos mil doce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Circular 3/2012 del Banco de México, dirigida a las instituciones de crédito y a la financiera rural, relativa a las disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito y de la financiera rural estableció lineamientos relacionados a depósitos a la vista como operaciones pasivas en moneda nacional, específicamente sobre las características de las tarjetas de débito y su utilización:


1. Apartado B depósitos a la vista


Niveles de operación


"Artículo 14. Las cuentas de depo´sito a la vista se clasificara´n en cuatro niveles de operacio´n dependiendo de los requisitos para la apertura de la cuenta de que se trate, de conformidad con lo previsto en las ‘Disposiciones de cara´cter general a que se refiere el arti´culo 115 de la Ley de Instituciones de Cre´dito’ de la Secretari´a de Hacienda y Cre´dito Pu´blico.


"Dichas cuentas debera´n ajustarse a lo siguiente:


"I. En las cuentas clasificadas como nivel 1, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podra´ exceder el equivalente en moneda nacional a setecientas cincuenta UDIS. En ningu´n momento el saldo de las propias cuentas podra´ exceder al equivalente en moneda nacional a mil UDIS.


"II. En las cuentas clasificadas como nivel 2, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podra´ exceder el equivalente en moneda nacional a tres mil UDIS.


"III. En las cuentas clasificadas como nivel 3, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podra´ exceder el equivalente en moneda nacional a diez mil UDIS.


"IV. En las cuentas clasificadas como nivel 4, el abono de recursos no tendra´ li´mite, salvo que, en su caso, las instituciones pacten alguno con sus clientes. ..."


"Retiro de recursos


"Arti´culo 15. Las instituciones debera´n permitir a sus clientes retirar recursos de sus cuentas de conformidad con lo siguiente:


"I. Respecto de las cuentas del nivel 1, exclusivamente a trave´s de tarjetas de de´bito.


"Las instituciones no debera´n permitir que los recursos de las cuentas nivel 1 se dispongan mediante tele´fonos mo´viles o cualquier otro dispositivo electro´nico distinto a cajeros automa´ticos y terminales punto de venta.


"II. En relacio´n con las cuentas de los niveles 2, 3 y 4, a trave´s de los medios que las instituciones determinen, tales como transferencias electro´nicas de fondos, incluyendo la domiciliacio´n y tarjetas de de´bito.


"III. Unicamente en las cuentas del nivel 4 podra´n autorizarse retiros mediante el libramiento de cheques."


"Medios de disposicio´n y de pago


"Arti´culo 16. Los medios de disposicio´n y de pago sera´n los siguientes:


"I. Transferencias electro´nicas de fondos;


"II. Tarjetas de de´bito, y


"III. Cheques. ..."


"Caracteri´sticas de las tarjetas de de´bito


"Arti´culo 18. Las tarjetas de de´bito podra´n presentarse en las formas que determinen las instituciones, siempre y cuando en ellas se muestre claramente la denominacio´n de las instituciones emisoras o cualquier otra expresio´n, simbologi´a, emblema o logotipo que las identifique.


"Adema´s de lo anterior, las tarjetas de de´bito asociadas a cuentas de los niveles 2, 3 y 4 podra´n establecerse bajo la forma de microcircuitos contenidos en tele´fonos mo´viles, siempre que, al utilizarse la aplicacio´n respectiva, se muestre claramente la denominacio´n de la institucio´n emisora o cualquier otra expresio´n, simbologi´a, emblema o logotipo que las identifique.


"Las instituciones debera´n incorporar en el anverso de las tarjetas su fecha de vencimiento de manera visible. Trata´ndose de otras formas de tarjetas de de´bito que tengan vigencia definida, las instituciones debera´n darla a conocer a sus clientes en algu´n medio que deje constancia de ello.


"Utilizacio´n de las tarjetas de de´bito.


"Arti´culo 19. Las tarjetas de de´bito podra´n utilizarse para disponer de efectivo en las sucursales de la institucio´n emisora, en cajeros automa´ticos, a trave´s de comisionistas bancarios, en negocios afiliados; para pagar bienes, servicios, cre´ditos e impuestos, asi´ como para realizar otros pagos que las instituciones permitan a sus clientes.


"En los contratos que las instituciones suscriban con terceros para el procesamiento de pagos con tarjeta debera´n permitirles la opcio´n de aceptar como medio de pago de los bienes y servicios que ofrezcan:


"I. Sólo tarjetas de de´bito;


"II. Sólo tarjetas de cre´dito, o


"III. Tarjetas de de´bito y tarjetas de cre´dito."


"Caracteri´sticas adicionales de las cuentas del nivel 1 y de las tarjetas de de´bito asociadas a ellas


"Arti´culo 20. Respecto de las tarjetas de de´bito asociadas a las cuentas del nivel 1, adema´s de lo sen~alado en los arti´culos 18 y 19, las instituciones debera´n observar lo siguiente:


"...


"II. Informacio´n al pu´blico


"Los te´rminos y condiciones aplicables a estas tarjetas de de´bito debera´n ponerse a disposicio´n del pu´blico en la pa´gina de Internet de la institucio´n emisora, asi´ como entregarse por escrito a las personas que las adquieran y contener, al menos, lo siguiente:


"...


"f) Los procedimientos para reportar cualquier mal funcionamiento de la tarjeta de de´bito y, en su caso, el robo o extravi´o, asi´ como para solicitar aclaraciones y para obtener la devolucio´n de los recursos con motivo de la cancelacio´n o terminacio´n de su vigencia;


"...


"IV. Devolucio´n de recursos


"Las instituciones emisoras de tarjetas de de´bito estara´n obligadas a devolver a sus clientes el saldo de los recursos depositados en las cuentas del nivel 1 cuando las cancelen, por mal funcionamiento de la tarjeta de de´bito o una vez terminada su vigencia.


"Lo anterior resultara´ procedente siempre que el cliente de que se trate acredite la propiedad de los recursos respectivos a trave´s de la presentacio´n o entrega de la tarjeta de de´bito de que se trate o, en su defecto, de la informacio´n o documentacio´n sen~alada en alguno de los incisos siguientes:


"a) El comprobante de la apertura de la cuenta o de la adquisicio´n de la tarjeta de de´bito;


"b) El nu´mero de la tarjeta de de´bito y el nu´mero de identificacio´n personal asociado a ella, en caso de que existan ambos, o


"c) De cualquier otra forma que se establezca en los te´rminos y condiciones emitidos por las instituciones para la operacio´n de dichas tarjetas de de´bito."


54. Como se aprecia, la normatividad transcrita señala que la tarjeta de débito es un mecanismo a través del cual la institución bancaria depositaria permite al depositante retirar a la vista el dinero que se encuentra en sus cuentas, ya sea para obtener efectivo en las sucursales de la institución emisora, en cajeros automáticos, a través de comisionistas bancarios, en negocios afiliados para pagar bienes, servicios, créditos e impuestos, así como para realizar otros pagos que las instituciones permitan a sus clientes.


55. Asimismo, imponen la obligación a la institución bancaria de informar a sus cuentahabientes, entre otros tópicos, sobre los procedimientos para reportar el mal funcionamiento, robo o extravío de la tarjeta de débito, debiendo devolver a los clientes el saldo de los recursos depositados.


56. Sin embargo, el documento de referencia no previó la responsabilidad por cargos no reconocidos realizados con las tarjetas de débito, distintos al mal funcionamiento o al robo o extravío, ni la conducta que, ante ello, deben adoptar las instituciones bancarias.


57. Sobre este punto, es pertinente mencionar que la circular 3/2012 fue específicamente modificada para este efecto mediante la diversa 14/2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil dieciocho, la cual adicionó obligaciones a cargo de las instituciones financieras de reembolsar los cargos no reconocidos por los titulares de las tarjetas de débito de la siguiente manera:


Utilizacio´n de las Tarjetas de de´bito


"Arti´culo 19. La institucio´n que administre una cuenta de depo´sito a la vista debera´ permitir al tarjetahabiente respectivo utilizar la tarjeta de de´bito correspondiente para:


"I. Retirar cantidades en efectivo en: a) las sucursales de la institucio´n, b) cajeros automa´ticos habilitados para ello y para procesar la tarjeta de que se trate, c) comisionistas bancarios disponibles conforme a los convenios celebrados al efecto con la propia institucio´n o, en su caso, con otras instituciones o d) establecimientos de receptores de pagos con tarjetas que proporcionen dicho servicio, afiliados a las redes respectivas por medio de las instituciones o dema´s entidades participantes en dichas redes que les presten el servicio de recepcio´n y tramitacio´n de pagos con tarjetas, y


"II. Realizar pagos de cualquier tipo, como pueden ser para adquisiciones de bienes o servicios, amortizaciones de cre´ditos o pagos de impuestos, entre otros.


"Las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores debera´n realizarse a trave´s de: i) una ca´mara de compensacio´n para operaciones con tarjetas con quien la institucio´n haya celebrado un contrato al efecto, o ii) la propia infraestructura de la institucio´n, trata´ndose de aquellas operaciones en que la institucio´n emisora de la tarjeta de de´bito pertenezca al mismo grupo financiero o consorcio de la institucio´n o entidad que preste servicios de aceptacio´n de tarjetas al receptor de pagos realizados con dicha tarjeta.


"Para efectos de lo sen~alado en el pa´rrafo anterior, se entendera´ por consorcio lo indicado en el arti´culo 22 Bis, fraccio´n I, de la Ley de Instituciones de Cre´dito.


"...


"Aviso de robo o extravi´o de tarjetas de de´bito y reclamacio´n de cargos


"Arti´culo 19 Bis 1. La institucio´n que administre una cuenta de depo´sito a la vista debera´ permitir al tarjetahabiente presentar avisos de: (i) robo o extravi´o de la tarjeta de de´bito correspondiente, o (ii) reclamaciones por cargos a dicha cuenta que no reconozca como propios.


"Para efectos de lo dispuesto en el pa´rrafo anterior, la institucio´n debera´ permitir al tarjetahabiente presentarle el aviso que corresponda en alguna de las siguientes formas, a eleccio´n de este u´ltimo:


"I. Personalmente, en cualquiera de las sucursales de la institucio´n o por comunicacio´n dada por medio de los canales de atencio´n a sus cuentahabientes que la propia institucio´n haya habilitado para atender asuntos relacionados con las cuentas de depo´sitos correspondientes a las tarjetas de de´bito, o


"II. A trave´s de los canales electro´nicos o cualquier otro medio de comunicacio´n que, al efecto, la institucio´n haya convenido con el cuentahabiente.


"La institucio´n en ningu´n caso podra´ requerir al tarjetahabiente que realice tra´mite adicional a la presentacio´n de los avisos a que se refiere el presente arti´culo.


"La institucio´n que reciba alguno de los avisos anteriormente referidos debera´ proporcionar al tarjetahabiente, a eleccio´n de este u´ltimo, por escrito o por medios electro´nicos o de telecomunicacio´n, al menos, un nu´mero de referencia del aviso, asi´ como la fecha y hora en que este se recibio´. La institucio´n debera´ entregar al tarjetahabiente la informacio´n referida en el momento en el que este haya presentado el aviso correspondiente de la manera a que se refiere la fraccio´n I anterior, o bien, dentro de las veinticuatro horas posteriores a que este haya presentado el aviso de alguna de las maneras previstas en la fraccio´n II. Las instituciones debera´n conservar evidencia de la informacio´n que haya proporcionado el tarjetahabiente en te´rminos del presente arti´culo.


"Las instituciones debera´n informar a los cuentahabientes, en los contratos de depo´sito a la vista correspondientes a las cuentas a las que se encuentren asociadas las respectivas tarjetas de de´bito, los medios por los cuales se podra´n presentar los avisos referidos.


"Responsabilidad por cargos no reconocidos realizados con las tarjetas de de´bito


"Arti´culo 19 Bis 3. La institucio´n que reciba del tarjetahabiente alguno de los avisos a que se refiere el primer pa´rrafo del arti´culo 19 Bis 1 estara´ obligada a abonar en la respectiva cuenta de depo´sito, a ma´s tardar el segundo di´a ha´bil bancario siguiente a la recepcio´n de dicho aviso, el monto equivalente a aquellos cargos realizados en esa cuenta que sean objeto del aviso de que se trate, siempre y cuando:


"I. Los referidos cargos correspondan a operaciones realizadas durante las cuarenta y ocho horas previas a la presentacio´n del aviso a que se refiere el arti´culo 19 Bis 1, primer pa´rrafo, inciso (i), y, a su vez, dichos cargos no sean reconocidos por el cuentahabiente, ni hayan sido realizados en los te´rminos de la fraccio´n I del arti´culo 19 Bis, o


"II. Si el aviso corresponde al indicado en el arti´culo 19 Bis 1, primer pa´rrafo, inciso (ii), relativo a la reclamacio´n por cargos que el cuentahabiente no reconozca como propios, este se haya presentado a la institucio´n dentro de un plazo de noventa di´as posteriores a la fecha en que se realizo´ el cargo no reconocido.


"La institucio´n del tarjetahabiente no estara´ obligada a realizar el abono a que se refiere el pa´rrafo anterior en caso de que esta, dentro del plazo indicado en dicho pa´rrafo, entregue al cuentahabiente un dictamen en el que compruebe que los cargos objeto del aviso respectivo corresponden a operaciones con la tarjeta de de´bito asociada a la cuenta de depo´sito que hayan sido realizadas en te´rminos de la fraccio´n I del arti´culo 19 Bis, a menos de que exista evidencia de que el cargo fue producto de una falla operativa imputable a la institucio´n emisora o a la institucio´n o entidad que haya procesado la instruccio´n del cargo referido a favor del receptor de los recursos correspondientes, conforme al acuerdo interinstitucional celebrado al efecto, como seri´a el caso de un cargo duplicado indebidamente.


"La institucio´n emisora debera´ entregar al cuentahabiente el dictamen a que se refiere el pa´rrafo anterior en te´rminos del arti´culo 19 Bis 4.


"El plazo de noventa di´as a que se refiere la fraccio´n II de este arti´culo comenzara´ a contar a partir de la fecha en que se realizo´ el cargo no reconocido a la cuenta de depo´sito a la vista que corresponda a la tarjeta de de´bito respectiva.


"Para realizar los abonos a que se refiere este arti´culo, la institucio´n debera´ abstenerse de requerir al cuentahabiente que realice cualquier tra´mite adicional al de la presentacio´n de los avisos sen~alados.


"Para el caso en que el cuentahabiente no reconozca, mediante el aviso previsto en el arti´culo 19 Bis 1, primer pa´rrafo, inciso ii), cargos realizados por la utilizacio´n de una tarjeta de de´bito vinculada a una cuenta de depo´sito nivel 1, las instituciones emisoras debera´n validar que este corresponde al propietario de los recursos de dicha cuenta, de conformidad con lo establecido en el arti´culo 20 de las presentes disposiciones.


"En caso de que los cargos objeto de alguno de los avisos referidos en el primer pa´rrafo del arti´culo 19 Bis 1 hayan sido realizados como resultado de las instrucciones generadas por una institucio´n o entidad que, conforme al acuerdo interinstitucional celebrado al efecto, haya procesado dichas instrucciones a favor de los receptores de los recursos correspondientes, la institucio´n emisora de la tarjeta de de´bito respectiva debera´ requerir a esa otra institucio´n o entidad, la devolucio´n de los recursos correspondientes a dichos cargos, a ma´s tardar el segundo di´a ha´bil bancario siguiente a aquel en que asi´ lo requiera la institucio´n emisora. En este supuesto, la institucio´n emisora sólo podra´ obtener la devolucio´n referida siempre y cuando haya requerido, para la generacio´n de las instrucciones de cargo referidas, la utilizacio´n de, al menos, dos factores de autenticacio´n conforme a lo establecido en el arti´culo 19 Bis, fraccio´n I, de las presentes disposiciones, y la institucio´n o entidad que haya generado dichas instrucciones no haya proporcionado a la institucio´n emisora los elementos suficientes para validar dichos factores en te´rminos del acuerdo celebrado al efecto.


"Reversio´n de abonos realizados a cuentas de depo´sitos a la vista por operaciones con tarjetas de de´bito


"Arti´culo 19 Bis 4. La institucio´n del tarjetahabiente u´nicamente podra´ obtener la devolucio´n del monto correspondiente al abono que haya realizado en te´rminos del arti´culo 19 Bis 3, cuando acredite al cuentahabiente que el cargo respecto del cual haya realizado dicho abono derivo´ de una operacio´n ejecutada de conformidad con lo dispuesto en la fraccio´n I del arti´culo 19 Bis anterior.


"En caso de que proceda la devolucio´n del monto indicado en el pa´rrafo anterior y este, a su vez, corresponda a un cargo derivado de una instruccio´n emitida por otra institucio´n o entidad que provee el servicio de aceptacio´n de tarjetas al receptor de pagos que, conforme al acuerdo interinstitucional celebrado al efecto, haya procesado dicha instruccio´n a favor del receptor de los recursos correspondientes, la institucio´n que obtenga dicha devolucio´n del tarjetahabiente debera´ transferir a favor de aquella otra institucio´n o entidad los recursos equivalentes a dicho monto a ma´s tardar el segundo di´a ha´bil bancario siguiente a aquel en que esa otra institucio´n o entidad haya requerido dicha transferencia, lo anterior u´nicamente en los casos en que la institucio´n del tarjetahabiente haya recibido previamente dichos recursos de la otra institucio´n o entidad.


"La institucio´n que tenga derecho a la devolucio´n del monto abonado en te´rminos del supuesto previsto en el primer pa´rrafo de este arti´culo u´nicamente podra´ cobrar intereses por dicho monto, equivalentes a una tasa que en ningu´n caso podra´ ser superior a aquella tasa de intere´s, aplicable a la li´nea de cre´dito correspondiente a la tarjeta de la categori´a referida como ‘cla´sica’, que sea la ma´s baja de todas aquellas tarjetas emitidas por las instituciones respectivas, segu´n se indique en la ma´s reciente publicacio´n del Banco de Me´xico de los indicadores de dichas tasas, por un periodo ma´ximo de dos di´as ha´biles bancarios posteriores a que haya hecho el abono al que se refiere el arti´culo 19 Bis 3.


"Para efectos del primer pa´rrafo del presente arti´culo, la institucio´n emisora debera´ poner a disposicio´n del cuentahabiente, en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, a trave´s de los medios que al efecto haya convenido con el cuentahabiente, a eleccio´n de este u´ltimo, dentro de un plazo de cuarenta y cinco di´as contado a partir de la fecha en la que haya recibido el aviso a que se refiere el arti´culo 19 Bis 1, un dictamen, en lenguaje simple y claro, suscrito por personal de la institucio´n facultado para ello, que contenga, por lo menos, la informacio´n siguiente:


"I. Evidencia de los factores de autenticacio´n utilizados de acuerdo con lo establecido en la fraccio´n I del arti´culo 19 Bis, asi´ como la explicacio´n, en lenguaje simple y claro, de dichos factores y la forma en que su verificacio´n se realizo´ de acuerdo con los procedimientos aplicables a dichos factores de autenticacio´n.


"II. Hora y minuto en que se realizo´ la operacio´n.


"III. Nombre de la institucio´n o entidad que proceso´ la operacio´n relacionada con el cargo a la cuenta que haya sido objeto del aviso, asi´ como nombre del receptor de pagos en donde se origino´ la operacio´n.


"IV. En caso de contar con ella, la direccio´n fi´sica en la que se encuentra el dispositivo en el que se realizo´ la operacio´n o, en su caso, direccio´n del protocolo de internet (IP, por sus siglas en ingle´s) a trave´s de la cual dicho dispositivo haya estado conectado a internet.


"Trata´ndose de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo sen~alado en el pa´rrafo anterior sera´ de ciento ochenta di´as.


"Las instituciones debera´n, a solicitud del cuentahabiente, poner a su disposicio´n y entregar, sin costo alguno, durante el plazo de cuarenta y cinco di´as siguientes a la entrega del dictamen referido en este arti´culo, en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada que la institucio´n de que se trate haya establecido para la atencio´n a usuarios, productos y servicios financieros conforme a la Ley de Proteccio´n y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, una copia del expediente generado con motivo del aviso a que se refiere el arti´culo 19 Bis 1, en el que se incorpore la documentacio´n e informacio´n que se relacione directamente con la misma.


"Si transcurridos los plazos referidos en el tercer y cuarto pa´rrafos de este arti´culo, las instituciones no entregan el mencionado dictamen en los te´rminos sen~alados, el abono realizado previamente en te´rminos del arti´culo anterior quedara´ firme y no podra´ revertirse."


58. Este instrumento legal dispone, a grandes rasgos, que las instituciones bancarias deberán abonar el importe del menoscabo patrimonial reclamado por el cuentahabiente, por robo o extravío o cargos no reconocidos, dentro del segundo día hábil bancario siguiente a la recepción del aviso, a menos que demuestre mediante dictamen entregado al depositante, dentro de ese mismo plazo, que las operaciones realizadas a través de la tarjeta de débito hubieran sido realizadas por éste.


59. Transcurrido ese tiempo, la institución bancaria podrá evidenciar mediante dictamen que pondrá a disposición del tarjetahabiente, en un plazo no mayor a 45 días posteriores al aviso, que fue el titular de la cuenta quien llevó a cabo las supuestas operaciones no reconocidas y, en esas circunstancias, podrá revertir el abono realizado y cobrar los intereses por el monto, equivalentes a una tasa que no podrá exceder a la tasa de interés aplicable a la línea de crédito correspondiente a la tarjeta más baja a todas las que emite la institución. Transcurrido el plazo de 45 días sin la presentación del dictamen, el abono quedará firme.


60. Pues bien, de la lectura al instrumento jurídico en mención se desprende que las instituciones bancarias tendrán derecho a cobrar intereses derivados de la devolución de los montos abonados con motivo del robo o extravío de la tarjeta de débito o vinculados con reclamaciones por cargos no reconocidos como propios, pero no establece la misma posibilidad para los tarjetahabientes si la institución bancaria no abona el monto reclamado dentro del plazo que se fijó (dos días hábiles bancarios).


61. No obstante, para efectos de la resolución de la contradicción de tesis, la normatividad antes señalada tiene una finalidad meramente informativa sobre las acciones que el Estado ha adoptado para proteger los intereses del público general usuario de servicios financieros; pero no es adecuada para dar respuesta al problema que fue planteado.


62. Lo anterior, porque la emisión de los criterios en contienda fue anterior a la publicación de la circular 14/2018 el tres de octubre de dos mil dieciocho(23) y, por tanto, en esos momentos, no constituía regla de carácter general y obligatorio para los Tribunales Colegiados de Circuito; menos aún, para los juzgadores de primera instancia ni las instituciones bancarias o de crédito. Máxime si se tiene en cuenta que su entrada en vigor ocurrió hasta el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.(24)


63. Pues bien, esta Primera Sala considera que los lineamientos que expidió el Banco de México tienen una finalidad operativa respecto de los procedimientos para la protección de los cuentahabientes, dirigida a facilitar, tanto a instituciones de crédito y banca como a los usuarios de sus servicios, la forma, plazos y procedimientos que se seguirán para el reclamo de cargos no reconocidos y, en ese aspecto, son de gran utilidad práctica. No obstante, aun si no existieran o, de existir, fueran vigentes al momento en que se resolvieron los criterios en contienda, la exigibilidad de las obligaciones no se deduce de estas reglas de carácter general, sino de la propia ley.


64. Consecuentemente, para la resolución del problema que se plantea, es innecesario acudir, siquiera, de forma análoga,(25) a disposición legal diversa a las leyes de comercio; en el caso de cargos no reconocidos efectuados con tarjeta de débito antes del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, ya que, posterior a esa fecha, la observancia de los lineamientos emitidos por el Banco de México es obligatoria.


C. Solución


65. Esta Primera Sala ha reiterado constantemente en esta ejecutoria que el contrato que se relaciona con la operación de crédito "depósito bancario de dinero" impone obligaciones tanto al depositante como al depositario, surgiendo de esa bilateralidad que ambos tengan el carácter de acreedor y deudor recíprocamente; con base en lo cual, para efectos del asunto, el depositario debe, aun cuando le han transferido la propiedad del dinero, restituir la suma en depósito en los términos contratados. De ahí que, si el cuentahabiente advierte un menoscabo en su patrimonio por un cargo no reconocido realizado a través de la tarjeta de débito, ello trae como consecuencia que el depositario responda por ese dinero.


66. Hecho este énfasis, es indudable la existencia de una obligación a cargo del depositario como deudor de las cantidades que el depositante abona a su cuenta, inclusive, por cargos no autorizados, para dar respuesta al primer planteamiento, debe recordarse que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, salvo que sea necesario que se ajusten a formas necesarias para su eficacia.


67. La relevancia de esta regla general impacta en el contrato que deriva de la operación de crédito "depósito bancario de dinero", ya que, casi siempre, se celebra a través de contratos de adhesión sujetos a regulación especializada, debido a que es el banco quien, unilateralmente, establece los términos y condiciones aplicables a las operaciones que llevan a cabo con sus clientes y, en esa tesitura, deben ajustarse a los lineamientos mínimos que disponen las leyes comerciales aplicables.


68. Sin embargo, ciertamente en algunos ordenamientos financieros, como la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros(26) o la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,(27) se prevé el deber de recibir reclamaciones y aclaraciones realizadas por los clientes de las entidades cuando no estén de acuerdo con algún movimiento relacionado con la operación o servicio financiero; lo cierto es que en ordenamiento alguno se fijan obligaciones de retribución de cargos no reconocidos. Por el contrario, sólo se establece que la institución financiera no podrá hacer el cobro de montos a su favor hasta en tanto se resuelva la aclaración, incluso de los intereses ordinarios correspondientes, pero nada señala sobre el deber de restitución a su cargo por el uso indebido de recursos monetarios.


69. En estas condiciones, a falta de disposición expresa, queda como alternativa acudir a las reglas de interpretación de los contratos mercantiles y a los usos bancarios; ya que a partir de las directrices que rigen el contrato de depósito bancario de dinero –se insiste–, el depositante tiene derecho a retirar a la vista, mediante tarjeta de débito, el dinero que transfirió al depositario, quien deberá restituir la cantidad que aquél solicite.


70. Por tanto, en esta convención existe un elemento personal relativo a que sólo quien sea el titular de la cuenta (o, de ser la situación, alguno de sus autorizados) podrá retirar el depósito bancario y, desde luego, utilizar el medio de disposición "tarjeta de débito" para tales efectos.


71. De no ser ese el caso, cualquier disposición de efectivo o utilización directa de la tarjeta de débito por persona diversa al titular o sus autorizados generará un cargo indebido o "no reconocido" y, desde luego, el derecho a reclamar al depositario la devolución de las cantidades.


72. Conforme a lo expuesto, para dar respuesta al primer cuestionamiento, esta Primera Sala considera que la obligación de restituir el dinero al titular de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de depósito, se contrae al momento en que éste reclame el cargo no reconocido y solicite su reembolso al depositario, quien, aunque detenta la propiedad del dinero, tiene la obligación de cuidado y conservación del patrimonio depositado para devolverlo cuando le sea requerido, como lo establece, supletoriamente a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el numeral 335 del Código de Comercio.


73. Con base en lo expuesto, es posible concluir que:


a) El reembolso de cargos no reconocidos por el titular de una tarjeta de débito, vinculada a una cuenta de depósito de dinero abierta en una institución bancaria sí constituye una obligación a cargo de ésta como depositaria; pues aunque detenta la propiedad del dinero, tiene el deber de conservación de los fondos entregados para ser retirados a la vista por el depositante;


b) La obligación de reembolso en el caso de cargos no reconocidos se contrae cuando el titular de la tarjeta de débito denuncia el hecho a la institución y solicita su restitución.


74. Estas premisas son relevantes para dar respuesta al punto de contradicción, porque si el que estuviere obligado no da cumplimiento o se demora en hacerlo, su conducta tiene consecuencias a cargo de quien inobservó la obligación, las cuales se traducen, generalmente en derecho bancario, en el pago de intereses.


75. El concepto "interés", en sentido estricto, se identifica con el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del dinero y, en un sentido más amplio, envuelve la compensación en dinero o en cualquier valor que recibe el acreedor en forma accesoria al cumplimiento de una obligación, los cuales pueden ser ordinarios o moratorios.(28)


76. Sobre este punto, se hace énfasis en que, mercantilmente, los intereses ordinarios son distintos a los moratorios, porque la naturaleza de los primeros es contractual, mientras que los segundos se imponen como una sanción al incumplimiento de la obligación dentro del plazo correspondiente; por lo que no deberán confundirse.


77. En el contrato de depósito bancario, los intereses ordinarios derivan del acuerdo de voluntades e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de transferir la propiedad del dinero al banco, quien lo utiliza para llevar a cabo las funciones propias de su naturaleza como institución financiera; mientras que los intereses moratorios provienen de un incumplimiento, en este caso, del deber de restitución del dinero del depositante dentro del plazo respectivo cuando reclamó un cargo no autorizado que menoscabó su patrimonio, por lo que constituyen una sanción que se impone por la falta de entrega total, la entrega parcial o la entrega tardía del dinero.


78. De dicha suerte, como se expuso en párrafos precedentes, la regulación del derecho bancario al que deben someterse las instituciones financieras es especializada, por lo que en esta materia resaltan la Ley de Instituciones de Crédito, a que se ha hecho referencia, y la Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales se otorgan facultades al Banco Central para emitir disposiciones que incidan sobre las tasas de interés u otros conceptos análogos y demás características de las operaciones pasivas y activas que realicen las entidades.


79. Entre los preceptos aplicables, destacan los artículos 46, fracción I, y 48, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Crédito(29) y 3o., fracción I, 24 y 26 de la Ley del Banco de México(30) que, grosso modo, establecen que el Banco de México puede expedir disposiciones generales que incidan sobre las operaciones pasivas de las instituciones de crédito, dentro de las que se encuentran sus características y las tasas de interés aplicables en cada caso.


80. Luego, como quedó asentado, el contrato de depósito bancario de dinero se encuentra plenamente regulado en cuanto a sus aspectos sustantivos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (artículos del 267 al 275) y, en caso de que las partes acuerden el cobro de intereses, éstos se entenderán ordinarios en términos de este ordenamiento y, en lo no previsto, de los artículos 338, en relación con el 78, ambos del Código de Comercio, por constituir una expresión de la voluntad de las partes.


81. En cambio, los intereses moratorios provienen del retardo injustificado en el cumplimiento y presuponen siempre la existencia de una prestación vencida, total o parcial y, en materia de contratos mercantiles, los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles son diversos, pues dependen de la modalidad en la que hubieren sido contraídas para definir el momento en el que comienzan.


82. Ahora, si se tiene en cuenta que el vencimiento constituye el momento en el que fenece el plazo o se actualiza el término o la condición para el cumplimiento de una obligación y que genera un deber para quienes se hubieran comprometido a dar; entonces, si la parte obligada en la relación no liquida la obligación contraída una vez llegado el vencimiento, incurrirá en retraso o demora en el cumplimiento.


83. Esto, porque el reclamo que accione el acreedor judicial o extrajudicialmente, tiene como finalidad exigir el cumplimiento de la obligación y constituye, además, el punto de partida para que, en caso de que el deudor no liquide su obligación en cuanto se le exija, comiencen los efectos de la morosidad en su perjuicio.


84. Así, puede concluirse que la obligación mercantil de restituir un cargo no reconocido realizado sin autorización del titular de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de depósito bancario, se contrae a partir de que se da noticia a la institución financiera del cargo indebido y, por tanto, será exigible su retribución. De no hacerlo, la institución bancaria incurrirá en mora.(31)


85. Por todo lo expuesto, a juicio de esta Primera Sala, además del pago de los intereses ordinarios que el titular de la cuenta de depósito dejó de percibir por el menoscabo que sufrió en su dinero, en la proporción que corresponda al cargo no reconocido, la institución bancaria deberá pagar interés moratorio si, ante el reclamo del depositante, no lo retribuye(32) para cuyo cálculo serán aplicables las previsiones del artículo 362, párrafo primero, del Código de Comercio que señala:


"Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual."


86. En efecto, no obstante que este precepto se encuentra en el libro segundo, título quinto, capítulo primero, del Código de Comercio que solamente se ocupa del préstamo mercantil, lo cierto es que las disposiciones que ahí se fijaron no son aplicables únicamente cuando se trata de este tipo de contratos mercantiles; pues debe tenerse en consideración que este ordenamiento no tiene, como otros códigos, un capítulo o varios en que se contengan disposiciones generales que regulen todas las obligaciones mercantiles, por lo que el artículo invocado debe reputarse como general y, por ende, aplicable a todos los contratos de carácter comercial, por los que deba pagarse un interés moratorio.


87. Así se desprende de la tesis de la extinta Tercera Sala de rubro: "RÉDITOS LEGALES.",(33) actualmente vigente.


88. Aunado a lo anterior, en esta ejecutoria se determinó que, dada la índole del contrato mercantil que deriva de la operación de depósito bancario de dinero, el depositario tiene el deber de conservación del patrimonio y de restitución cuando, entre otros supuestos, el depositante pretenda retirarlo a la vista a través de los medios que autorizan las normas relativas (tarjeta de débito). Por esta razón, si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido de la cosa depositada y, por ende, la obligación del depositario de responder al depositante; lo que lo coloca en una posición de deudor frente al cuentahabiente-tarjetahabiente acreedor.


89. Luego, como aconteció en las ejecutorias contradictorias, cuando no se advierte un interés pactado para el caso de mora por incumplimiento en la restitución del monto del cargo no reconocido, es inconcuso que deberá ser aplicado el que dispuso el legislador en el artículo 362 del Código de Comercio: 6% anual.


90. Por todo lo expuesto, esta Primera Sala concluye que si la institución bancaria depositaria del dinero no restituye el monto de un cargo no reconocido al titular de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de depósito que contrató, deberá pagar, además de los intereses ordinarios que se hubieren pactado en el contrato de adhesión o cualquier otro instrumento convencional en la proporción que corresponda a la cantidad indebidamente sustraída, los intereses moratorios en razón del 6% anual contados a partir del día siguiente al del vencimiento de la obligación; es decir, a partir de que el depositante exige el pago judicialmente, transcurridos diez días desde que se contrajo la obligación de restitución o reembolso.


91. Aunado a lo anterior, se hace la precisión que la eventual nulidad de los cargos que decrete la autoridad jurisdiccional no constituye el punto de partida para el pago de intereses, ya que esta circunstancia únicamente confirmará que asiste razón al tarjetahabiente sobre la denuncia de los cargos no reconocidos; pero –se insiste– la obligación surgió desde que se hizo el reclamo relativo y los efectos de la morosidad desde que se exigió el pago del adeudo.


92. De tal suerte, cuando se declare la nulidad de cargos realizados a tarjeta de débito, los intereses moratorios se deben resarcir sobre la suerte principal, en términos de lo previsto en el artículo 362 del Código de Comercio a razón del 6% y a partir de que se dispuso indebidamente del dinero del cuentahabiente y hasta el día en que se realice la restitución de la totalidad del importe de las operaciones declaradas nulas.


93. Esto es así, en primer lugar, porque la circunstancia de que la devolución del dinero dispuesto de la cuenta de depósito del actor sea consecuencia del acogimiento de la pretensión de nulidad de las disposiciones, no tiene el alcance de considerar que no hay una obligación exigible antes de que se emita sentencia firme, y que, por tanto, no hay mora, sino hasta que se incumple la referida sentencia.


94. Dicho de otro modo, la nulidad acogida se sustenta en la falta de consentimiento del actor para que se le cargaran disposiciones o retiros que negó haber realizado y, en términos de los artículos 2226 y 2229 del Código Civil Federal(34) la nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando el Juez se pronuncie sobre la nulidad del acto, la cual obliga a las partes a restituirse, mutuamente, lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado.


95. Así pues, el efecto del acogimiento de la nulidad es la restitución de prestaciones, y cuando dentro de éstas están recursos económicos es evidente que se generan intereses, como una cuestión inherente al dinero.


96. Por otra parte, el contrato de depósito bancario de dinero a la vista, conforme al artículo 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consiste en el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario, y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie; por lo que la institución de crédito tiene, en virtud del referido contrato, la obligación de restituir al depositario la suma de dinero que éste le haya entregado. Cuando el banco incumple la referida obligación (por estar demostrado que las disposiciones del dinero se hicieron sin el consentimiento del cuentahabiente) el incumplimiento se actualiza desde el momento en que del dinero depositado por el actor en su cuenta bancaria fue dispuesto.


97. Finalmente, los intereses moratorios no sólo se generan en préstamos, hay múltiples operaciones que se traducen en la privación del uso del dinero por parte de quien tiene derecho a éste, como lo es en el contrato de depósito bancario.


98. Por todas estas razones, si en términos de lo previsto en el artículo 362 del Código de Comercio, la condena al pago de los intereses moratorios al tipo legal constituye una sanción por el impago de todo o parte de lo adeudado (generado por el incumplimiento de la obligación del banco de guardar y custodiar el dinero que recibe en depósito, del cual no puede disponer sino con el consentimiento del depositante o persona autorizada por éste) al producirse el incumplimiento, la institución bancaria debe cubrir los intereses moratorios sobre la suerte principal, a partir de que se dispuso indebidamente del dinero del actor (cuentahabiente) y hasta el día que se realice la restitución de la totalidad del importe de las operaciones declaradas nulas.


99. Esta conclusión se alcanza sin que pase desapercibido el hecho de que el banco puede y debe demostrar que el cargo fue realizado por el titular de la tarjeta de débito; en cuyo caso, realizará las actuaciones que le marcan las leyes relativas y los lineamientos del Banco de México para evidenciar este hecho al cuentahabiente.


100. Incluso, de haber restituido el presunto cargo no reconocido, tendrá derecho a recuperar la cantidad correspondiente; así como a cobrar los intereses que, eventualmente, se hubieren devengado.


101. Finalmente, se añade que esta solución se emite con la finalidad de proteger el principio de seguridad jurídica y, por ende, busca fijar el verdadero sentido y alcance a los problemas jurídicos que se presentan;(35) sin que ello implique, de forma alguna, que esta Primera Sala deba ceñirse a alguna posición particular en contradicción ni que sea posible afectar las situaciones jurídicas concretas de los juicios de los que derivan las posiciones discrepantes, en términos del artículo 226, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amparo.(36)


VII. Decisión


102. Por lo expuesto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos de los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 225 de la Ley de Amparo, la sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:




Hechos: Dos Tribunales Colegiados de la misma especialidad, pero de distinto Circuito, llegaron a conclusiones distintas sobre la procedencia del pago de intereses moratorios, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, a cargo de la institución bancaria, cuando se han hecho cargos no reconocidos por el titular de la cuenta de depósito a que se vincula la tarjeta de débito y aquélla no retribuye de inmediato las cantidades sustraídas en perjuicio del cuentahabiente.


Criterio jurídico: La Primera Sala resolvió que cuando el titular de una cuenta de depósito de dinero denuncie retiros no autorizados mediante el uso de tarjeta de débito, la institución bancaria debe retribuir las cantidades retiradas y, en caso de no hacerlo, pagar intereses ordinarios y moratorios por el retraso en que incurra a razón del 6%; pues en el contrato de depósito de dinero el depositario tiene un deber de cuidado sobre el dinero que le entrega el depositante.


Justificación: Del análisis sistemático a los artículos 267, 271, 272 y 273 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 332, 333, 334, 335 y 338 del Código de Comercio, 46, 48, fracción I, y 48 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás aplicables en materia bancaria, tratándose de cargos no reconocidos efectuados con tarjeta de débito, la institución financiera depositaria tiene obligación de conservación y restitución del dinero cuya propiedad le transfirió el cuentahabiente y, por ende, cuando ocurre esta situación, tendrá el deber de responder por los montos sustraídos. En este sentido, del Código de Comercio se desprende lo siguiente: 1. El reembolso de cargos no reconocidos por el titular de una tarjeta de débito, vinculada a una cuenta de depósito de dinero abierta en una institución bancaria sí constituye una obligación a cargo de ésta como depositaria; pues aunque detenta la propiedad del dinero incurre en negligencia en la conservación de los fondos entregados para ser retirados a la vista por el depositante, y; 2. La obligación de reembolso en el caso de cargos no reconocidos se contrae cuando el titular de la tarjeta de débito denuncia el hecho a la institución y solicita su restitución. Conforme a estas premisas, el depositario tiene el deber de conservación del patrimonio y de restitución cuando, entre otros supuestos, el depositante pretenda retirarlo a la vista a través de los medios que autorizan las normas relativas (tarjeta de débito); por lo que si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido de la cosa depositada y, por ende, la obligación del depositario de responder al depositante, lo que lo coloca en una posición de deudor frente al cuentahabiente-tarjetahabiente acreedor. Luego, si la institución bancaria depositaria del dinero no restituye el monto del cargo no reconocido al titular de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de depósito que contrató, deberá pagar, además de los intereses ordinarios que se hubieren pactado en el contrato de adhesión o cualquier otro instrumento convencional en la proporción que corresponda a la cantidad indebidamente sustraída, los intereses moratorios en razón del 6% anual, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, no obstante la ubicación de este precepto en el Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo Primero, del Código de Comercio que se ocupa del préstamo mercantil, porque debe reputarse su aplicación general y, por ende, aplicable a todos los contratos de carácter comercial en los que el deudor deba pagar un interés moratorio.


103. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:


PRIMERO.—Existe la contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.


SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la tesis redactada en el último apartado del presente fallo.


TERCERO.—Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.


Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.


Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las Ministras: Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat; y los Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente) y presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá quien se reservó su derecho a formular voto concurrente.


En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General 11/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.


Nota: El título y subtítulo a los que se alude al inicio de esta ejecutoria, corresponden a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 61/2020 (10a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Tomo I, diciembre de 2020, página 298, con número de registro digital: 2022554.


Las tesis de jurisprudencia y asilada 1a./J. 16/2019 (10a.), P./J. 71/2014 (10a.) y VII.2o.C.121 C (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas, del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas y del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 66, mayo de 2019, Tomo II, página 1228, con número de registro digital: 2019919, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, página 5, con número de registro digital: 2008219 y Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 2151, con número de registro digital: 2014282, respectivamente.


La tesis aislada de rubro: “INTERESES. SOBRE CARGOS INDEBIDOS HECHOS POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, ANTE LA AUSENCIA DE ESTIPULACIÓN PARA EL PAGO DE, DEBE ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.” citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, abril de 1993, página 266, con número de registro digital: 216666.


La tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2016 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas, con número de registro digital: 2012808.








___________________

6. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 83, noviembre de 1994, página 35, «con número de registro digital: 205420».


7. Texto: "De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, «con número de registro digital: 164120».


8. "Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

"...

"XII. Medio de disposición: a las tarjetas de débito asociadas a depósitos de dinero a la vista; a las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito; a los cheques; a las órdenes de transferencia de fondos, incluyendo el servicio conocido como domiciliación; cualquier dispositivo, tarjeta, o interfaz que permita la realización de pagos, transferencias de recursos o disposición de efectivo cuyas operaciones se procesen por medio de las redes de medios de disposición, así como aquellos otros que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, reconozcan como tales mediante disposiciones de carácter general.

"Para efectos de lo dispuesto en este artículo, toda persona que emita o coloque Medios de Disposición estará sujeta a lo dispuesto por los artículos 2 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás legislación que resulte aplicable; ..."


9. Código de comercio

"...

"Libro primero

"Título preliminar

"Artículo 1o. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables."

"Artículo 2o. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal."

Título primero

De los comerciantes

"Artículo 3o. Se reputan en derecho comerciantes:

"...

"II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; ..."

"Artículo 5o. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. ..."

Libro segundo

Del comercio en general

Título primero

De los actos de comercio y de los contratos mercantiles en general

Capítulo I

De los actos de comercio.

"Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:

"...

"XIV. Las operaciones de bancos;

"...

"XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

"XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.

"En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. ..."

Capítulo II

De los contratos mercantiles en general

"Artículo 77. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio."

"Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados."

"Artículo 79. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede:

"I. Los contratos que con arreglo a este código u otras leyes, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia;

"II. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana.

"En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio. ..."


10. Código de Comercio

"...

"Artículo 2o. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal."


11. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

"...

"Articulo 2o. Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se rigen:

"...

"IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal."


12. Cfr. Vázquez Pando, Fernando Alejandro, "Depósito mercantil", Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, t. III, página 111.


13. Del latin creditum: creer o confiar.


14. Cfr. Labareiga, Pedro, "Operaciones de Crédito", Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, t. VI, página 311.


15. Ídem.


16. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

"...

"Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:

"...

"XI. Concertar y celebrar convenios con las instituciones financieras, así como con las autoridades federales y locales con objeto de dar cumplimiento a esta ley. Los convenios con las autoridades federales podrán incluir, entre otros aspectos, el intercambio de información sobre los contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de cuenta, unidades especializadas de atención a usuarios, productos y servicios financieros;

"...

"XVIII. Revisar y ordenar modificaciones a los contratos de adhesión utilizados por instituciones financieras para la celebración de sus operaciones o la prestación de sus servicios, en caso de que incumplan con las disposiciones de carácter general que establezca la Comisión Nacional; ..."

"Artículo 56. ...

"Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta ley, aquél elaborado unilateralmente por una institución financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los usuarios."


17. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

"...

"Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

"...

"V. Contrato de adhesión: al documento elaborado unilateralmente por las entidades para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la celebración de las operaciones que lleven a cabo con sus clientes. Tratándose de entidades financieras, se considerarán las operaciones pasivas, activas o de servicio, y tratándose de entidades comerciales, se considerarán las operaciones de crédito, préstamos o financiamientos; ..."


18. Ley de Instituciones de Crédito

"...

"Artículo 2o. El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

"I. Instituciones de banca múltiple, y

"II. Instituciones de banca de desarrollo.

"Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

"No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques.

"Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza.

"Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual o profesional."

"Artículo 103. Ninguna persona física o moral, podrá captar directa o indirectamente recursos del público en territorio nacional, mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente, quedando obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a:

"I. Las instituciones de crédito reguladas en la presente ley, así como a los demás intermediarios financieros debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables;

"II. Los emisores de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores colocados mediante oferta pública, respecto de los recursos provenientes de dicha colocación, y

"...

"V. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas.

"VI. Las asociaciones y sociedades, así como los grupos de personas físicas que capten recursos exclusivamente de sus asociados, socios o integrantes, respectivamente, para su colocación entre éstos, que cumplan con los requisitos siguientes:

"a) La colocación y entrega de los recursos captados por las asociaciones y sociedades, así como por los grupos de personas físicas citados, sólo podrá llevarse a cabo a través de alguna persona integrante de la propia asociación, sociedad o grupo de personas físicas;

"b) Sus activos no podrán ser superiores a 350,000 UDIS, y

"c) Se abstendrán de promover la captación de recursos a persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación.

"VII. Las instituciones de tecnología financiera, así como los usuarios de las instituciones de financiamiento colectivo en las operaciones que realicen en dichas instituciones a que se refiere la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

"Los emisores a que se refiere la fracción II, que utilicen los recursos provenientes de la colocación para otorgar crédito, deberán ajustarse a las disposiciones de carácter general que, en su caso, expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de información financiera, administrativa, económica, contable y legal, que deberán dar a conocer al público en los términos de la Ley del Mercado de Valores."


19. "Artículo 273. Salvo convenio en contrario, en los depósitos con interés, éste se causará desde el primer día hábil posterior a la fecha de la remesa y hasta el último día hábil anterior a aquél en que se haga el pago.


20. "Artículo 2o. Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se rigen:

"I. Por lo dispuesto en esta ley, y en las demás leyes especiales relativas; en su defecto,

"II. Por la legislación mercantil general; en su defecto,

"III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos,

"IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal."


21. Resuelta en sesión de 9 de enero de 2019, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 16/2019: "NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS ‘TERMINAL PUNTO DE VENTA."


22. "Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

"I. Recibir depósitos bancarios de dinero:

"a) A la vista;

"b) Retirables en días preestablecidos;

"c) De ahorro, y

"d) A plazo o con previo aviso;

"Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas en las fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. y 46 Bis de la presente ley."

"Artículo 48. Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia."

"Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además, estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas características para el público en general.

"El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito obligadas, le presenten sobre el diseño y oferta al público del producto señalado en el párrafo que antecede."


23. El amparo directo 845/2016 fue resuelto el 16 de marzo de 2017 y el amparo directo 255/2018 el 6 de septiembre de 2018.


24. "TRANSITORIOS

"PRIMERO.—La presente circular entrará en vigor el 26 de marzo de 2019, sin perjuicio de lo señalado en los transitorios siguientes.

"SEGUNDO.—Lo dispuesto en el artículo 19 Bis 3, respecto a la obligación de las instituciones que reciban alguno de los avisos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 Bis 1, de abonar en la respectiva cuenta de depósito, a más tardar el segundo día hábil bancario siguiente a la recepción de dicho aviso, el monto equivalente a aquellos cargos realizados en esa cuenta que sean objeto del aviso de que se trate, entrará en vigor el 26 de septiembre de 2019. Hasta en tanto, las instituciones estarán obligadas a realizar el respectivo abono a más tardar al cuarto día hábil bancario siguiente a la recepción del mencionado aviso."


25. Se hace esta precisión, porque no pasa desapercibido para esta Primera Sala la existencia de la Circular 34/2010 sobre tarjetas de crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010, del Banco de México, modificada mediante la Circular 13/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2018, con vigencia a partir del 26 de marzo de 2019; la cual fue utilizada por uno de los Tribunales Colegiados contendientes.


26. "Artículo 23. En todas las operaciones y servicios que las entidades financieras celebren por medio de contratos de adhesión masivamente celebradas y hasta por los montos máximos que establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, aquéllas deberán proporcionarle a sus clientes la asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las aclaraciones relacionadas con dichas operaciones y servicios.

"Al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autoridades financieras facultadas para ello en relación con operaciones materia de su ámbito de competencia, en todo caso se estará a lo siguiente:

"I. Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

"La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.

"...

"II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al cliente el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el cliente. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.

"El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el cliente deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta disposición;

"III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición del cliente en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas;

"IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del cliente o no le entregare el dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta ley por un monto equivalente al reclamado por el cliente en términos de este artículo; y,

"V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en este artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.

"Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los clientes de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros."


27. "Artículo 50 Bis. Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios. Dicha unidad se sujetará a lo siguiente:

"...

"IV. Deberá recibir la consulta, reclamación o aclaración del usuario por cualquier medio que facilite su recepción, incluida la recepción en las sucursales u oficinas de atención al público y responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de su recepción."


28. Cfr. Vázquez Pando, Fernando Alejandro, "Depósito mercantil", Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, t. III, página 111.


29. Nota al pie 22.


30. "Artículo 3o. El Banco desempeñará las funciones siguientes:

"I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos."

"Artículo 24. El Banco de México podrá expedir disposiciones en términos de la presente ley, solamente cuando tengan por propósito la regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la protección de los intereses del público; esto sin perjuicio de las demás disposiciones que los preceptos de otras leyes faculten al Banco a expedir en las materias ahí señaladas. Al expedir sus disposiciones, el Banco deberá expresar las razones que las motivan.

"Las citadas disposiciones deberán ser de aplicación general, pudiendo referirse a uno o varios tipos de intermediarios, a determinadas operaciones o a ciertas zonas o plazas.

"Las sanciones que el Banco de México imponga conforme a lo previsto en el artículo 36 Bis de la presente ley, para proveer a la observancia de la regulación que lleve a cabo, deberán tener como objetivo preservar la efectividad de las normas de orden público establecidas en la presente ley, y en las demás que faculten al banco a regular las materias que señalen al efecto y, de esta manera proveer, en lo conducente, a los propósitos mencionados en el primer párrafo de este precepto.

"Para la imposición de las sanciones a que se refiere la presente ley, el Banco de México establecerá, en las reglas que al efecto expida, el procedimiento, así como la forma y términos a los que sus unidades administrativas deberán sujetarse."

"Artículo 26. Las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles, se ajustarán a las disposiciones que expida el Banco Central. Asimismo, las entidades financieras deberán cumplir con aquellas otras disposiciones de carácter general que emita el Banco de México en ejercicio de las facultades que las leyes que regulen a las citadas entidades le confieran para regular las materias que señalen al efecto.

"El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

"Lo dispuesto en este artículo será aplicable también a los fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios bursátiles y de las instituciones de seguros y de fianzas."


31. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 1a./J. 17/2016: "OBLIGACIONES MERCANTILES. MOMENTO EN QUE COMIENZAN LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE CONTRAEN SIN TÉRMINO PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO. De los artículos 83 y 85, fracción II, del Código de Comercio, se advierte que las obligaciones mercantiles sin término prefijado por las partes o por el ordenamiento mercantil citado y que sólo producen acción ordinaria, son exigibles diez días después de contraídas, por lo que el acreedor podrá solicitar al deudor su cumplimiento a través de los medios legales correspondientes. En este sentido, los efectos de la morosidad en el cumplimiento de dichas obligaciones comenzarán a partir del día en que el acreedor lo exija o reclame al deudor, judicial o extrajudicialmente, ante escribano o testigos, lo que podrá hacerse una vez transcurrido el plazo citado, al ser el punto de partida para efectuar el reclamo.", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 491.


32. Es aplicable en este punto la jurisprudencia 1a./J. 29/2000 "INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 236 «con número de registro digital: 190896».


33. Texto: "Las prevenciones del artículo 362 del Código de Comercio, no obstante que este precepto se encuentra en el capítulo primero, título quinto, del libro segundo de dicho código, que solamente se ocupa del préstamo mercantil, no es aplicable únicamente cuando se trata de él; pues debe tenerse en consideración que el Código de Comercio no tiene, como otros códigos, un capítulo o varios en que se contengan disposiciones generales que regulen las obligaciones, por lo que el precepto invocado debe reputarse como general, y es aplicable por lo mismo, no solamente al préstamo, sino a todos los contratos de carácter mercantil, por los que haya de pagarse interés por causa de mora.", Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 158 «con número de registro digital: 363269».


34. "Artículo 2,226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruídos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción."

"Artículo 2,229. La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados."


35. Se invoca el criterio P./J. 3/2010: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios.", Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 6.


36. "Artículo 226. ...

"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran.

"La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias."

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