Ejecutoria num. 188/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 04-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

JuezAlberto Pérez Dayán,Javier Laynez Potisek,José Fernando Franco González Salas,Luis María Aguilar Morales,Yasmín Esquivel Mossa
EmisorSegunda Sala
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, 1795
Fecha de publicación04 Marzo 2022

CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., L.M.A.M.Y.Y.E.M.. DISIDENTES: J.F.F.G.S., QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO MINORITARIO Y J.L.P., QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO MINORITARIO. PONENTE: L.M.A.M.. SECRETARIO: R.N.R..


CONSIDERANDO:


6. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013(1) del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en una materia de competencia de esta Segunda Sala, en donde es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal.(2)


7. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción II,(3) de la Ley de Amparo, pues M.C.R.C.B. fungió como parte quejosa en el amparo directo 236/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de donde derivó uno de los criterios contendientes en el presente asunto.


8. TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, resulta conveniente reseñar los criterios adoptados por los órganos contendientes en las sentencias que emitieron.


• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 236/2018.


9. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 37, E.Á.C.Á., por su propio derecho, demandó el cumplimiento forzoso del convenio celebrado con M.C.R.C.B..


10. Seguidos los trámites de ley, en la continuación de la audiencia de ley de once de agosto de dos mil diez, se hizo constar la incomparecencia de la parte demandada, no obstante, de estar debidamente emplazada a juicio, asistiendo únicamente su asesor legal.


11. En la citada audiencia se hizo constar la ratificación de la demanda y pruebas, se tuvo contestando al apoderado legal y asesor jurídico del codemandado, y se hizo efectivo el apercibimiento decretado en perjuicio de la codemandada M.C.R.C.B. declarando precluido su derecho para contestar la demanda, ante su inasistencia y la falta de acreditación de caso fortuito o fuerza mayor que le impidieran asistir, de conformidad con el artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria.


12. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil diez, M.C.R.C.B. solicitó se le tuvieran por exhibidos los certificados médicos donde justificaba que el once de agosto de ese año, fecha en que tuvo lugar la audiencia de ley, se encontraba enferma e imposibilitada para acudir y solicitar la insubsistencia de las actuaciones posteriores.


13. El tribunal del conocimiento mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil diez, señaló que del sumario se desprendía que a la demandada se le tuvo por perdido su derecho para contestar la demanda por no haber asistido a la audiencia y que tampoco justificó su inasistencia, esto es, no acreditó el caso fortuito o causa mayor que le impidiera presentarse a la audiencia, de conformidad con el artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria. Por tanto, acordó que la presentación de su escrito y anexos con certificados médicos resultaba extemporánea, pues se habían presentado dos meses después de la fecha del acto que pretendía se anulara, razón por la cual declaró precluido su derecho para contestar la demanda y ofrecer pruebas.


14. Seguido el trámite correspondiente, el quince de junio de dos mil diecisiete, el tribunal dictó sentencia condenando a la parte demandada M.C.R.C.B..


15. Inconforme, la parte quejosa demandó en la vía de amparo la sentencia pronunciada y señaló que, al no comparecer a la audiencia de ley se le tuvo por perdido su derecho para contestar la demanda y ofrecer pruebas, con lo que se rompió el equilibrio procesal, otorgándosele una relativa ventaja a su contraparte, máxime, que no pudo asistir a la audiencia por causa de fuerza mayor debido a su enfermedad, tal como se lo hizo saber al tribunal responsable; por lo que a su consideración procedía reponer el procedimiento para que se le respetara su derecho de audiencia. Al respecto, el Tribunal Colegiado emitió los siguientes pronunciamientos, en lo que aquí interesa:


16. Señaló que, de conformidad con el artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria que dispone: "Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones: ... V. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal."


17. Por tanto, si una vez abierta la audiencia el demandado no compareciera, podrá tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora, excepto cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o por fuerza mayor, es decir, la incomparecencia de la parte demandada debe demostrarse en la audiencia de ley para que el tribunal no tenga por ciertas las afirmaciones de la actora, o bien, se haga efectivo algún apercibimiento legal.


18. Por lo que, con independencia de que las recetas médicas cumplieran con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud como acontecía en el caso, la justificación de que la demandada no compareció a la audiencia por motivos de enfermedad debió hacerse en la propia audiencia y no dos meses después, tal como lo sostuvo el tribunal, pues con ello sí se rompería el equilibrio procesal en el juicio agrario.


• Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 365/1995.


19. En este asunto, integrantes del comisariado ejidal del Poblado Valle Tranquilo del Municipio de Ensenada, Baja California, demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Dos a P.M.G., a quien reclamaron la desocupación y entrega de la parcela número 20 de dicho ejido.


20. En audiencia de ley de once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el tribunal hizo constar la comparecencia de la actora, quien ratificó su demanda y solicitó se le declarara en rebeldía al demandado, ante su inasistencia a la referida audiencia. Así, seguido el procedimiento correspondiente, se dictó sentencia el ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en la que consideró que, ante la incomparecencia del demandado a la audiencia, y al no haber aportado prueba que lo justificara, se consideraron procedentes las pretensiones del actor y se condenó a la parte demandada.


21. Inconforme, el quejoso solicitó la protección constitucional en la vía de amparo, aduciendo que no se atendió su solicitud de que se ratificara el certificado médico debidamente expedido, coartándose su derecho a demostrar que no pudo comparecer a la audiencia por un caso fortuito o de fuerza mayor, lo que derivó en la indebida declaración de confeso.


22. Al respecto, el Tribunal Colegiado argumentó que la fracción V del artículo 185 de la Ley Agraria, no establece término para justificar la causa por la que no asistió a la audiencia de ley por caso fortuito o fuerza mayor. Por otro lado, que el artículo 128, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que: "En cualquier estado del juicio, en que se pruebe la justa causa, quedará insubsistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que puedan articularse nuevamente posiciones."


23. Por tanto, en virtud de que la ley no establece un término para justificar la causa por la que el demandado no asistió a la referida audiencia, el tribunal concedió la protección constitucional al quejoso, a efecto de que se repusiera el procedimiento, ordenando la ratificación del certificado médico, y se resolviera conforme a derecho procediera.


24. De la resolución de este asunto derivó la tesis XV.1o.2 A, de rubro y texto:


"AUDIENCIA EN EL JUICIO AGRARIO, EL QUE SE ENCUENTRE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN NO CONSTITUYE IMPEDIMENTO PARA TRAMITAR LA PETICIÓN DEL DEMANDADO QUE PRETENDE JUSTIFICAR SU INASISTENCIA A LA. La circunstancia de que el procedimiento agrario se encuentre en estado de resolución, legalmente no constituye un impedimento para que el tribunal agrario le dé trámite a la petición del demandado que pretende acreditar la existencia de una causa justificada por la cual no estuvo en condiciones de asistir a la audiencia de ley, toda vez que por una parte, la fracción V del artículo 185 de la Ley Agraria, en que se contiene el derecho del demandado de demostrar que no asistió a la audiencia por caso fortuito o fuerza mayor, no establece un término preciso para justificar el hecho por el que no asistió a la audiencia, y en cambio, el artículo 128, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley Agraria, resulta ser supletorio de esta última, en forma clara dispone que: ‘En cualquier estado del juicio, en que se pruebe la justa causa, quedará insubsistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que puedan articularse nuevamente posiciones.’ Luego entonces, es evidente que de acuerdo al contenido de los preceptos mencionados, la ley no establece término para justificar la causa por la que no se asistió a la referida audiencia."(4)


25. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.


26. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(5) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)


27. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.


28. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.


29. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.


30. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:


a) Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.


b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.


c) Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.


31. Con este test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos, más allá de las particularidades de cada caso concreto. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.


32. En este orden de ideas, esta Segunda Sala considera que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios adoptados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 236/2018, y el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 365/1995.


33. Para demostrar lo anterior, es necesario determinar si los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en torno a un mismo problema jurídico, por lo que enseguida se destacan los razonamientos más relevantes que expusieron para apoyar el criterio que sustentó su decisión.


34. En lo que interesa al presente asunto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 236/2018 sostuvo:


• Que de conformidad con el artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria, si una vez abierta la audiencia de ley el demandado no comparece, se podrán tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora, excepto cuando se demuestre que su falta de comparecencia fue por caso fortuito o por fuerza mayor, y que esta circunstancia debe demostrarse en la audiencia de ley.


• Por tanto, señaló que independientemente de que se exhiban recetas médicas que cumplan con los requisitos legales, la justificación de la parte demandada que no compareció a la audiencia por caso fortuito o fuerza mayor debió hacerse en la propia audiencia, y no dos meses después, pues con ello sí se rompería el equilibrio procesal en el juicio.


35. Por su parte, de lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al conocer del amparo directo 365/1995, se advierte lo siguiente:


• Al analizar el mismo precepto, señaló que dicho numeral no establece un término preciso en el cual se deba justificar la falta de comparecencia del demandado a la audiencia de ley, por caso fortuito o fuerza mayor.


• Estimó que de conformidad con el artículo 128, segunda parte, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria, en cualquier estado del juicio en que se pruebe causa justa, quedará insubsistente la declaración de confeso, con lo que se confirma que la ley no establece un término para justificar la causa por la que el demandado no asistió a la audiencia.


36. Como se puede advertir, ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron en torno a una misma cuestión litigiosa, refiriéndose a idéntico supuesto jurídico previsto en el artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria, en relación con el momento en que la parte demandada que no acude a la audiencia de ley por caso fortuito o fuerza mayor, debe acreditar esa circunstancia para que no se le tenga por precluido su derecho a comparecer en la audiencia.


37. Al respecto, ambos Tribunales Colegiados emitieron criterios jurídicos discrepantes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito manifestó que la justificación de la parte demandada que no compareció a la audiencia por caso fortuito o fuerza mayor debió hacerse en la propia audiencia; el diverso Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito manifestó que la ley no establece un término preciso en el cual se deba justificar la falta de comparecencia del demandado a la audiencia por estos motivos.


38. Por tanto, se estima que existe contradicción de criterios respecto de lo resuelto por los órganos colegiados referidos, lo que consecuentemente lleva a tener como pregunta detonante: en términos del artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria, ¿en qué momento es dable justificar la falta de comparecencia de la parte demandada a la audiencia de ley por caso fortuito o fuerza mayor, exclusivamente durante el desarrollo de la audiencia, o bien, es factible hacerlo fuera de ésta?


39. A fin de dar respuesta a esa interrogante se procede a efectuar el estudio de fondo correspondiente.


40. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan, las cuales se desarrollarán conforme al siguiente orden: I) estructura y principios que rigen el juicio agrario; II) consecuencias jurídicas ante la incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia de ley; III) caso fortuito o fuerza mayor que justifique la ausencia del demandado a la audiencia y IV) criterio que debe adoptarse.


I.E. y principios que rigen el juicio agrario.


41. El proceso agrario está regulado por el título décimo de la Ley Agraria, del cual se desprenden los principios procesales que lo rigen, a saber: legalidad, instancia de parte, igualdad entre las partes, oralidad, inmediación, concentración, publicidad, celeridad y conciliación.


42. El principio de legalidad previsto en el artículo 164(7) de la Ley Agraria, establece que los tribunales agrarios deberán sujetarse en todo momento al procedimiento previsto en esta ley al resolver las controversias puestas a su conocimiento, de lo que quedará constancia de ello por escrito. Así, están obligados a dar cumplimiento con las formalidades esenciales del procedimiento previsto en los artículo 170 a 173, 178 a 180 y 183 a 190 de la legislación referida.


43. El juicio agrario se inicia a instancia de parte, por lo que es indispensable que lo promueva alguien que tenga interés en que la autoridad agraria declare un derecho o imponga una condena; en este sentido, acorde con los párrafos primero y segundo del artículo 170(8) de la Ley Agraria, el actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia, y una vez recibida ésta se debe emplazar al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia.


44. Al examinar la demanda, en caso de irregularidades u omisiones en los requisitos legales, el tribunal deberá prevenir al promovente para que la subsane dentro del término de ocho días.(9)


45. Asimismo, se establece que el emplazamiento debe hacerse de manera personal, en el domicilio del demandado, su finca, oficina, parcela, o en el lugar donde se encuentre y, en caso de que no se conociere el domicilio o se ignore su paradero, el tribunal acordará hacerlo por edictos, incluso, podrá usar otros medios de comunicación masiva para darlo a conocer a los interesados (artículos 172 y 173 de la Ley Agraria).(10) Se deberá entregar copia de la demanda al momento del emplazamiento, y el demandado deberá contestarla a más tardar en la audiencia de ley, dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días, lo cual podrá hacer por escrito o mediante comparecencia, en este caso el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve a su formulación por escrito. (Artículo 178).(11)


46. En atención al principio de igualdad entre las partes, la Ley Agraria prevé que, si bien será optativo para estas acudir asesoradas, en caso de que una de ella lo haga y la otra no, el tribunal proveerá la suspensión del procedimiento para solicitar los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria.(12) Ello, en tanto que la finalidad del precepto es conservar el equilibrio procesal entre las partes, otorgando las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, principio que se afectaría si una de ellas se encuentre asesorada y la otra no.(13)


47. De igual forma, se desprende que la figura del asesor jurídico o defensor prevista por el artículo 179 de la Ley Agraria, es la de un verdadero representante legal facultado para promover todo lo relacionado con la defensa de los derechos agrarios de quien asesora en el juicio.


48. En caso de reconvención, ésta deberá hacerse al momento de contestar la demanda y se deberá dar traslado al actor para que conteste lo que a derecho convenga, lo que podrá dar como consecuencia que se difiera la fecha de la audiencia, a menos que el reconvenido esté de acuerdo en continuar con el desahogo de la audiencia. (Artículo 182).(14)


49. El artículo 185 prevé lo relativo al desarrollo de la audiencia, la cual es un acto procesal que representa la oportunidad para que el Magistrado escuche directamente a las partes y en donde se deberán observar las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales "... se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes, y, por otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia":(15)


50. Es precisamente durante la audiencia del juicio agrario donde se actualizan los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad. En la audiencia es donde, bajo el principio de oralidad, se precisan las acciones y excepciones que las partes quisieran hacer valer ante el tribunal, se pueden hacer mutuamente preguntas, interrogar testigos, presentar pruebas,(16) y en donde se fija la litis a la cual deberá apegarse el tribunal al dictar la resolución correspondiente.


51. También debe respetarse el principio de inmediación, según el cual la audiencia debe estar presidida por el Magistrado, quien tiene contacto directo con las partes, hace preguntas, recibe pruebas, escucha alegatos; incluso, en el último párrafo del artículo 185 se prevé que: "En caso de que la audiencia no estuviera presidida por el Magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno".


52. Asimismo, el principio de concentración se proyecta a lo largo del procedimiento y consiste en que las cuestiones litigiosas se reúnan para su examen, prueba y resolución en una sola audiencia, si no es posible, en las que sean necesarias, pero que tengan lugar en fecha próxima y en el menor tiempo posible. En la Ley Agraria se pueden observar diversas situaciones por las que la audiencia no se desahoga en un solo evento, lo que sucede cuando por ejemplo se suspende el procedimiento ante la falta de emplazamiento de la parte demandada, ante la falta de citación de los peritos o testigos, la falta de asesoría a una de las partes, o la no asistencia del actor a la audiencia de ley, pero sí la del demandado, entre otros.


53. Este principio va de la mano con el de celeridad, pues la Ley Agraria establece que no se sustanciarán artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que las cuestiones incidentales que pudieran suscitarse se resolverán de manera conjunta con lo principal, esto es, en la propia audiencia de juicio, de conformidad con los artículos 185, fracción III y 192(17) de la Ley Agraria.


54. Asimismo, la ley establece que las audiencias serán públicas, a menos que a criterio del tribunal pudiera perturbarse el orden o propiciar violencia, de conformidad con el artículo 194(18) de la ley en estudio, por lo que, en la generalidad de los casos será posible que quien lo desee pueda acudir a presenciarla.


55. En el juicio agrario se privilegia el principio de conciliación(19) como medio para terminar el juicio, facultando al tribunal para que en cualquier momento de la audiencia y antes de dictar sentencia procure una composición amigable entre las partes en conflicto.


56. El juicio agrario concluye con una sentencia del Tribunal Agrario, dictada a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según lo estimare debido en conciencia, fundado y motivando sus resoluciones, de conformidad con el artículo 189 de la referida ley de la materia.


57. Por tanto, antes de emitir una resolución definitiva, deben satisfacerse los requisitos y formalidades que permean el procedimiento y que permiten a las partes ser oídas en defensa de sus derechos, en igualdad de condiciones, garantizando los derechos de audiencia, legalidad y debido proceso, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


58. Como se advierte de los preceptos que regulan el juicio agrario, este procedimiento es inminentemente oral y, por tanto, las partes en juicio deben comparecer a la audiencia a hacer valer oralmente sus pretensiones, excepciones y defensas, a que el tribunal pueda exhortarlas a conciliar sus intereses, incluso a que ahí mismo se dicte sentencia; por ende, aun cuando los escritos de demanda y contestación obren en autos, es exigible la presencia de las partes (o sus representantes) en la audiencia para que en ellas se reproduzcan o ratifiquen los documentos y surtan sus efectos legales.(20)


II. Consecuencias jurídicas ante la incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia de ley.


59. En estas circunstancias es que cobran relevancia las consecuencias jurídicas que acarrea la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia, y al respecto la Ley Agraria prevé las siguientes hipótesis:


60. El artículo 183(21) establece que, si al iniciarse la audiencia no estuviera presente el actor, pero si el demandado, no podrá celebrarse la audiencia y se le impondrá una multa de hasta diez días de salario mínimo y, si ésta no es pagada, no se emplazará nuevamente a juicio.


61. Por tanto, aquí la consecuencia de la incomparecencia del actor es que, la audiencia válidamente no se lleve a cabo, y únicamente el impulso procesal del actor puede reanudar el procedimiento, esto es, hasta en tanto el infractor pague la multa que se le imponga, con el riesgo de que opere la caducidad procesal prevista en el artículo 190 de la ley en análisis.


62. Por otra parte, si el demandado se encuentra debidamente emplazado y no acudiera al inicio de la audiencia para contestar la demanda, pero se presenta durante el transcurso de ésta, se le dará intervención según el estado en que se encuentre, pero no se le admitirá prueba sobre excepción alguna si no demuestra el impedimento de caso fortuito y fuerza mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda [artículo 180(22) de la ley en la materia].


63. Ahora bien, la hipótesis que en el caso interesa se presenta cuando el demandado no acude a la audiencia y, de conformidad con el artículo 185, fracción V, tiene como consecuencia que el tribunal tenga por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor, a juicio del propio tribunal.


64. Como puede observarse, la ausencia de las partes tiene consecuencias distintas, y en caso de que el demandado debidamente emplazado no comparezca a la audiencia, en tanto no derive de caso fortuito o fuerza mayor, ocasiona que la demanda se considere no contestada y el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones del actor.


65. Al respecto, esta Segunda Sala ha interpretado que la misma consecuencia se ocasiona, incluso, cuando el escrito de contestación haya sido presentado antes de la audiencia, pues éste no surte efecto legal alguno si no es ratificado oralmente por su autor, a través de su comparecencia a la audiencia, en tanto que la presencia de las partes en la audiencia tiene el propósito de que en ella se reproduzcan o ratifiquen aquellos documentos, a fin de que puedan surtir sus efectos legales, o en su caso, si el demandado no ha formulado su contestación a la demanda, pueda hacerlo mediante comparecencia en la etapa correspondiente de la audiencia.(23)


66. Así, el efecto de que el demandado, ante su incomparecencia a la audiencia legal sin que acredite que dicha circunstancia derivó de un caso fortuito o fuerza mayor, es que se estimen ciertas las afirmaciones contenidas en los hechos de la demanda, lo que equivale a que se tenga por no contestada la demanda y por reconocidas las afirmaciones del actor; por lo que incluso el escrito de contestación presentado al tribunal del conocimiento, pero no ratificado oralmente mediante la comparecencia del demandado a la audiencia, no podrá surtir los efectos legales correspondientes.


III. Caso fortuito o fuerza mayor que justifique la ausencia del demandado.


67. En este orden de ideas, es necesario preguntarnos cuándo se está ante un caso fortuito o fuerza mayor que justifique la ausencia del demandado en la audiencia de ley, para luego analizar cuándo deberá hacerse saber dicha circunstancia al tribunal de manera oportuna para acreditarlo.


68. En efecto, existen acontecimientos que están fuera del dominio de la voluntad de una persona, que no ha podido prever o que, aun previéndolo, no lo ha podido evitar, a un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor.


69. Éstos pueden ser sucesos de la naturaleza o hechos del hombre(24) que afectan la esfera jurídica de una persona y que le impiden cumplir con una conducta que debió observar conforme a la ley, en este caso, le generan una imposibilidad física para comparecer a la audiencia de ley, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente, lo que trae como lógica que su incomparecencia no deba generarle la consecuencia jurídica de tener por ciertas las afirmaciones del actor.


70. La característica principal de estas situaciones es precisamente la imprevisibilidad, en tanto que si el hecho puede ser previsto debe tomar las prevenciones correspondientes para evitarlo y, si no lo hace así, no hay caso fortuito o fuerza mayor.


71. Por tanto, si el demandado manifiesta que su inasistencia a la audiencia de ley se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, esto deberá quedar debidamente acreditado ante el Tribunal Agrario del conocimiento, a quien deberá proporcionar toda la información disponible relacionada con dicho evento, y quien valorará con todo cuidado el caso para asegurar que se está, efectivamente, ante una situación con tal calificativa, pues no cualquier comprobante médico podrá tener dicha eficacia, aun reuniendo las formalidades de ley ya que, se insiste, la circunstancia deberá ser de tal magnitud que le impida físicamente al demandado apersonarse a la audiencia.


IV. Criterio que debe adoptarse.


72. Bajo estas consideraciones, toca ahora responder la pregunta previamente planteada: en términos del artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria, ¿En qué momento es dable justificar la falta de comparecencia de la parte demandada a la audiencia de ley por caso fortuito o fuerza mayor, exclusivamente durante el desarrollo de la audiencia, o bien, es factible hacerlo fuera de ésta?


73. Esta Segunda Sala estima que, cuando el demandado haya sido debidamente emplazado a la audiencia de ley y no comparezca, por regla general, debe comprobar de manera fehaciente que no pudo comparecer a la audiencia de ley por caso fortuito o fuerza mayor, previamente o durante el desarrollo de la audiencia y, excepcionalmente, de manera posterior a ésta, si el caso fortuito o fuerza mayor se suscitó el mismo día de la audiencia, siempre que el demandado lo informe de forma inmediata (esto es, dentro de las 72 horas siguientes), de manera personal o por interpósita persona.


74. Se considera que en aras de proteger el equilibrio procesal que rige el juicio agrario se debe considerar esta última posibilidad; máxime, cuando el fin de la justicia agraria es el de tutelar y proteger los derechos de los núcleos de población ejidal y comunal, pues cuando por un caso fortuito o de fuerza mayor no imputable al demandado, éste no pueda comparecer en la audiencia de ley y ello lo compruebe inmediatamente después de que sucedió el hecho, no debe recaer la consecuencia prevista en el artículo 185, fracción V, de tener por ciertas las manifestaciones del actor.


75. El derecho humano al debido proceso permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales a hacer valer sus pretensiones y defender de manera efectiva sus intereses en condiciones de igualdad procesal, esto es, donde ambos tienen la oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas de ello; por lo que, si ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, que como se dijo no es imputable al demandado se impide esta posibilidad, se afectaría no sólo el principio de equilibrio procesal sino el de debida defensa.


76. En lo hasta aquí relatado, se estima que, una vez que el demandado haya sido debidamente emplazado de la fecha de celebración de la audiencia y no comparezca, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, debe demostrar de manera fehaciente esta circunstancia, por regla general: a) antes de que inicie la audiencia y b) durante el desarrollo de ésta.


77. En el primer caso, a) el aviso puede darse antes de la celebración de la audiencia, esto es, en el plazo que media entre la práctica del emplazamiento y el día hábil previo a su celebración, pues no hay impedimento legal alguno para que –en caso de que se presentase el evento de caso fortuito o fuerza mayor en dicha temporalidad– el órgano jurisdiccional pueda recibir de manera previa dicho aviso y dé cuenta con este evento a las demás partes.


78. Por otro lado, b) la inasistencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor puede demostrarse, desde que inicia y hasta que concluye la audiencia, de conformidad, con los artículos 180 y 185, fracción V, de la Ley Agraria, pues es el momento procesal idóneo en el que el demandado puede justificar su inasistencia ante una eventualidad de dicha naturaleza, pues como quedó anotado con anterioridad, en la audiencia es donde las partes manifiestan ante el tribunal sus acciones y excepciones y, por tanto, donde se podría dar un aviso, de manera personal o por interpósita persona, de la incomparecencia por un caso fortuito o de fuerza mayor.


79. Además, como quedó apuntado, de manera excepcional c) después de concluida la audiencia de ley, el demandado podrá justificar su incomparecencia por caso fortuito o fuerza mayor, cuando la imposibilidad de comparecer se haya suscitado el día en que tuvo verificativo la audiencia, siempre que dé aviso de manera inmediata al tribunal.


80. Así, sólo en casos excepcionales en los que la imposibilidad de comparecer se haya originado el día en que tuvo verificativo la audiencia se podrá dar aviso de manera posterior al desarrollo de ésta, pues si bien esto se podría presentar en casos marginales, se estima que ante dicha posibilidad, sí podría justificarse, siempre y cuando dicho aviso se dé de manera inmediata, por lo que el demandado deberá tener todos los medios disponibles para comunicar oportunamente y de forma fehaciente su imposibilidad de comparecer.


81. Al respecto, resulta necesario puntualizar que ello no debe estimarse que vulnera el principio de celeridad procesal, en tanto que debe evitarse la afectación a otros principios que se estiman de mayor entidad, tal como lo es el de equilibrio procesal.


82. El principio de equilibrio procesal implica la igualdad de oportunidades de acudir a juicio y defenderse, por lo que, cuando por causa de caso fortuito o fuerza mayor no imputable al demandado se cierra la posibilidad para demostrar ese hecho y defenderse, se trastoca este principio, pues genera la consecuencia inmediata de tener a la parte demandada contestando en sentido afirmativo los dichos de su contraria.


83. Ello, en tanto que es precisamente ante la presencia de las partes que se fija la litis en la audiencia de ley, pues sólo así el juzgador, al resolver la controversia planteada, podrá atender los hechos narrados por las partes y determinar conforme a derecho a quién le asiste la razón.


84. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la problemática que se cierne sobre estos supuestos en los cuales se avizora un riesgo en la pronta resolución de los asuntos; sin embargo, al tenor de lo descrito, no pueden dejar de considerarse dos aspectos fundamentales: I) la trascendencia para el curso del proceso de las consecuencias jurídicas que se producen en la audiencia de ley; y, II) la innegable posibilidad de que ocurran eventos fortuitos o provocados por una causa de fuerza mayor que impidan la asistencia de la parte demandada al referido evento procesal.


85. De esta forma, una interpretación en sentido opuesto sobre los alcances del artículo 185, fracción V, de la ley de la materia, implicaría negar la realidad de que efectivamente existen sucesos que pueden traducirse en la imposibilidad para la parte demandada de asistir a la audiencia en comento, lo cual no es admisible bajo ningún contexto interpretativo.


86. Por otra parte, una decisión que partiera de negar esa posibilidad real tendría como punto de partida el argumento sobre el abuso o uso nocivo de la previsión normativa, lo cual si bien constituye una posibilidad, no puede ser empleada como la pauta esencial que se utilice para definir la interpretación constitucional que debe prevalecer, pues este delicado ejercicio debe tener como eje rector la salvaguarda de todos los derechos procesales involucrados (y que fueron descritos a detalle en la parte preliminar de este considerando) y debe impedirse el sacrificio absoluto de cualquier derecho.


87. La problemática asociada a la interpretación de la disposición referida, coloca frente a frente el derecho de defensa de la parte demandada con la posibilidad de atentar contra la celeridad del proceso y el derecho a que la impartición de justicia se despliegue de forma pronta y expedita. Frente a tal conflicto, esta Segunda Sala determina que debe elegirse aquel escenario que implica la menor de las lesiones posibles y que coloca en menor riesgo de anular por completo alguna de las prerrogativas involucradas.


88. Y, la solución que se advierte como aquella menos lesiva, es la que atraviesa por brindar un breve periodo –una vez celebrada la audiencia– para que la parte demandada esté en posibilidades de demostrar la causa por la cual no asistió a la audiencia de ley. Esta decisión es correlativa con la relevancia superlativa que ese acto procesal tiene para el juicio agrario, que es el supuesto jurídico que orienta la razón por la cual no puede cerrarse por completo la posibilidad de demostrar la causa de la ausencia en un momento posterior a la celebración de la audiencia.


89. Frente a ese escenario, esta Suprema Corte no puede elegir un entendimiento de la norma que suponga la anulación total de los derechos procesales asociados a la presencia de la parte demandada. Máxime, si se tiene presente la importancia capital de su presencia en la audiencia de ley, pues en ella se define en buena medida el rumbo que habrá de tomar el proceso agrario.


90. La audiencia de ley es un acto procesal que goza de la mayor relevancia en la medida de que en ella las partes exponen oralmente sus pretensiones, ofrecen las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentan a los testigos y peritos que pretendan ser oídos, pudiendo en el acto realizar todas las preguntas y presentar las pruebas que se puedan rendir en el momento (fracciones I y II del artículo 185 del ordenamiento antes invocado).


91. Asimismo, tal y como ya fue descrito, en el acto mismo de la audiencia es donde deberán hacerse valer todas las acciones y excepciones o defensas, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo expuesto resulta demostrada una excepción dilatoria, el tribunal debe declararlo así y dar por terminada la audiencia (fracción III de la disposición ya referida).


92. Estas implicaciones corroboran su relevancia capital en el sentido de que en ella se define la litis (la materia del proceso agrario) y tiene lugar la fase probatoria vinculada a las pretensiones y defensas; máxime que en ella se manifiestan plenamente los principios a los cuales se hizo referencia en el primer apartado de este considerando y que le dan contenido a un proceso de esa naturaleza.


93. Ante tales implicaciones, esta Suprema Corte no puede orientar su decisión bajo un criterio que anule por completo la posibilidad de que la parte demandada justifique adecuadamente su inasistencia a la audiencia de ley cuya trascendencia es transversal al juicio agrario. De esta forma, debe garantizarse la posibilidad de que esa parte procesal cuente con un plazo útil y efectivo para comunicar al órgano procesal las razones de su inasistencia.


94. La definición de este breve plazo es el mecanismo a través del cual este Tribunal Constitucional establece un límite racional que tutela y brinda un espacio de garantía al derecho a una justicia pronta y expedita, no dejando abierta la posibilidad a que el juicio agrario se someta al abuso de este criterio interpretativo. Esto es resultado de lo indispensable que resulta definir una interpretación que en su construcción contemple todos los escenarios posibles, que en este caso son –por una parte– la posibilidad real de que sucedan eventos de tal especie que, efectivamente, impidan al demandado asistir, pero también sirviendo de contingencia para aquellos escenarios en que se pretenda hacer uso nocivo de esta previsión jurídica.


95. Para efectos de establecer qué habrá de entenderse por comunicar de forma inmediata la ocurrencia de un evento fortuito o provocado por causa mayor es preciso hacer una lectura sistemática de la Ley Agraria, de cuyo texto se pueden extraer pautas para determinar un plazo breve pero efectivo para el cumplimiento y observancia de los fines descritos en las consideraciones vertidas en los párrafos anteriores.


96. De la lectura integral del citado ordenamiento se desprende un parámetro de lo que puede entenderse por inmediatamente o un plazo breve para el caso en que el demandado deba informar al tribunal sobre el caso fortuito o fuerza mayor suscitado el día de la audiencia, el cual está previsto en el párrafo segundo del artículo 194 de esta ley, al señalar que el tribunal podrá suspender la audiencia por un plazo no mayor de tres días, en los siguientes términos:


"Artículo 194. ...


"Cuando fuere necesario esperar a alguna persona a quien se hubiere llamado a la audiencia o conceder tiempo a los peritos para que examinen las cosas acerca de las que hayan de emitir dictamen u ocurre algún otro caso que lo exija a juicio del tribunal, se suspenderá la audiencia por un plazo no mayor a tres días."


97. Esta referencia al plazo de tres días, ubicado en el capítulo V, denominado "Disposiciones generales", es el más corto que contiene esta ley, por tanto, esta Segunda Sala estima que el aviso que inmediatamente deba dar el demandado al tribunal para justificar de manera fehaciente que el día de la audiencia transitó por un caso fortuito o de fuerza mayor no puede ser mayor a tres días (72 horas) contados a partir del momento en que concluyó la audiencia, donde deberá proporcionar al órgano jurisdiccional toda la información disponible relacionada con dicho evento para que valore si este supuesto se acredita.


98. Sin que esta Segunda Sala desatienda la aplicación supletoria a la Ley Agraria del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece en el segundo párrafo del artículo 128 que, en cualquier estado del juicio, en que se pruebe la justa causa, quedará insubsistente la declaración de confeso.


99. Ello, en tanto que el artículo 167 de la Ley Agraria establece que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria siempre que no exista disposición expresa en la ley y que no se opongan directa o indirectamente. Por tanto, se estima que dicha disposición, en cuanto a que se puede probar la causa justa que dio lugar a la declaración de confeso en cualquier estado del juicio, no resulta aplicable para justificar que en cualquier momento se pueda justificar la inasistencia a la audiencia del juicio agrario, por una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor.


100. En atención a estas consideraciones debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el siguiente criterio:




Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron el mismo supuesto jurídico previsto en la fracción V del artículo 185 de la Ley Agraria, en relación con el momento en que la parte demandada que no comparece a la audiencia de ley por caso fortuito o fuerza mayor puede justificar dicha circunstancia, esto es, si debe demostrarse durante el desarrollo de la audiencia de ley o fuera de ésta, y mientras uno manifestó que la justificación de la parte demandada que no compareció a la audiencia por caso fortuito o fuerza mayor debió hacerse en la audiencia de ley, el otro consideró que la Ley Agraria no establece un término preciso en el cual se deba justificar la falta de comparecencia del demandado a la audiencia por estos motivos, por lo que, de conformidad con el artículo 128, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, puede ser en cualquier estado del juicio.


Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando el demandado haya sido debidamente emplazado a la audiencia de ley, por regla general, debe comprobar previamente de manera fehaciente que no podrá comparecer a dicha audiencia por caso fortuito o fuerza mayor, o bien deberá hacerlo durante el desarrollo de la audiencia y, excepcionalmente, de manera posterior a ésta, si la circunstancia extraordinaria se suscitó el mismo día de la audiencia, siempre que el demandado lo informe de manera inmediata (esto es, dentro de las 72 horas siguientes) personalmente o por interpósita persona.


Justificación: En el primer supuesto, es decir, tratándose de casos fortuitos o de fuerza mayor que acontezcan previo a la celebración de la audiencia pero que habrán de impedir que el demandado comparezca, el aviso y la demostración correspondientes podrán ocurrir durante el plazo que media entre la práctica del emplazamiento y el día hábil previo a su celebración, pues no hay impedimento legal alguno para que, en caso de que se presentase un evento de tal naturaleza, el órgano jurisdiccional pueda recibir de manera previa dicho aviso y dé cuenta con este evento a la parte actora. En el segundo supuesto, la inasistencia del demandado puede demostrarse desde que inicia y hasta que concluya la audiencia, pues es el momento procesal idóneo en el que puede justificar su inasistencia ante una eventualidad, pues es en ese acto en donde las partes manifiestan ante el tribunal sus acciones y excepciones y, por tanto, donde se podría dar un aviso de la incomparecencia. Finalmente, el tercer escenario, de orden excepcional, es aquel en el cual el demandado podrá justificar su incomparecencia después de concluida la audiencia de ley, cuando la imposibilidad de comparecer se haya suscitado el día en que tuvo verificativo ese acto procesal, siempre que dé aviso de manera inmediata al tribunal (dentro de las siguientes 72 horas). Tal conclusión no supone una lesión al principio de celeridad procesal, en tanto que debe evitarse la afectación a otros principios que se estiman de mayor entidad, como el de equilibrio procesal, pues deben considerarse las notables consecuencias que se acarrean por la referida ausencia y que, en general, habrán de decidir por completo el curso del proceso agrario; asimismo, a través de este supuesto se reconoce la innegable posibilidad de que ocurran tales eventos fortuitos o provocados por una fuerza mayor. Así, ante la problemática asociada a la interpretación del artículo 185, fracción V, de la Ley Agraria, que coloca frente a frente el derecho de defensa de la parte demandada con la posibilidad de atentar contra la celeridad del proceso y el derecho a que la impartición de justicia se despliegue de forma pronta y expedita, esta Segunda Sala determina que el escenario descrito es aquel que implica la menor de las lesiones posibles y que coloca en menor riesgo de anular por completo alguna de las prerrogativas involucradas.


Por lo expuesto y fundado, se


RESUELVE


PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.


SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en esta resolución.


TERCERO.—Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.


N.; remítanse de inmediato la tesis jurisprudencial que se establece en este fallo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y la parte considerativa correspondiente, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, así como al Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 219 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente.


Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de los Ministros A.P.D., L.M.A.M. (ponente) y presidenta Y.E.M.. Los Ministros J.F.F.G.S. y J.L.P. emitieron su voto en contra y el último de los nombrados formulará voto particular.


En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.








________________

1. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.


2. De conformidad con la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).". Registro digital: 2000331, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, L.V., marzo de 2012, Tomo 1, página 9.


3. "Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas:

"I. ...

"II. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las Ministras o los Ministros, los Plenos Regionales, o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado criterios discrepantes, la o el fiscal general de la República, las Magistradas o los Magistrados del Tribunal Colegiado de apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron."


4. Registro digital: 203371, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 262.


5. Tesis aislada P. L/94, registro digital: 205420, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de 1994, página 35.


6. Jurisprudencia P./J. 72/2010, registro digital: 164120, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., agosto de 2010, página 7.


7. "Artículo 164. En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente: ..."


8. "Artículo 170. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas.

"Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de quince días."


9. "Artículo 181. Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que los subsane dentro del término de ocho días."


10. "Artículo 172. El secretario o actuario que haga el emplazamiento se cerciorará de que el demandado se encuentra en el lugar señalado y lo efectuará personalmente. Si no lo encontraren y el lugar fuere de los enumerados en la fracción I del artículo anterior, cerciorándose de este hecho, dejará la cédula con la persona de mayor confianza. Si no se encontrare al demandado y el lugar no fuere de los enumerados en la fracción I mencionada no se le dejará la cédula, debiéndose emplazarse de nuevo cuando lo promueva el actor."

"Artículo 173. Cuando no se conociere el lugar en que el demandado viva o tenga el principal asiento de sus negocios, o cuando viviendo o trabajando en un lugar se negaren la o las personas requeridas a recibir el emplazamiento, se podrá hacer la notificación en el lugar donde se encuentre.

"Previa certificación de que no pudo hacerse la notificación personal y habiéndose comprobado fehacientemente que alguna persona no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentre y hubiere que emplazarla a juicio o practicar por primera vez en autos una notificación personal, el tribunal acordará que el emplazamiento o la notificación se hagan por edictos que contendrán la resolución que se notifique, en su caso una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario y en el Periódico Oficial del Estado en que se encuentre localizado dicho inmueble, así como en la oficina de la presidencia municipal que corresponda y en los estrados del tribunal.

"Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última publicación por lo que, cuando se trate de emplazamiento, se deberá tomar en cuenta este plazo al señalar el día para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 185.

"Si el interesado no se presenta dentro del plazo antes mencionado, o no comparece a la audiencia de ley, las subsecuentes notificaciones se le harán en los estrados del tribunal.

"Sin perjuicio de realizar las notificaciones en la forma antes señalada, el tribunal podrá, además, hacer uso de otros medios de comunicación masiva, para hacerlas del conocimiento de los interesados.

"Quienes comparezcan ante los tribunales agrarios, en la primera diligencia judicial en que intervengan, o en el primer escrito, deben señalar domicilio ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal respectivo, o las oficinas de la autoridad municipal del lugar en que vivan, para que en ese lugar se practiquen las notificaciones que deban ser personales, las que, en caso de que no esté presente el interesado o su representante, se harán por instructivo. En este caso, las notificaciones personales así practicadas surtirán efectos legales plenos.

"Cuando no se señale domicilio para recibir notificaciones personales, éstas se harán en los estrados del tribunal."


11. "Artículo 178. La copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En este último caso, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas."


12. "Artículo 179. Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de cinco días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento."


13. Resulta aplicable la tesis de esta Segunda Sala 2a./J. 41/2006, de rubro: "PROCEDIMIENTO AGRARIO. DEBE SUSPENDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA, CUANDO AL CELEBRARSE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRA ASESORADA Y LA OTRA NO.". Registro digital: 175265, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., abril de 2006, página 240.


14. "Artículo 182. Si el demandado opusiere reconvención, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después. En el mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

"En este caso, se dará traslado al actor para que esté en condiciones de contestar lo que a su derecho convenga y el tribunal diferirá la audiencia por un término no mayor de diez días, excepto cuando el reconvenido esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia."


15. Tesis aislada P.C., del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR.". Registro digital: 197673, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.V., septiembre de 1997, página 167.


16. "Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

"I.E. oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos;



"II. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego;

"III. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego y dará por terminada la audiencia;

"IV. El Magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a éstos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos."


17. "Artículo 192. Las cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios, se resolverán conjuntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, o que se refieran a la ejecución de la sentencia, pero en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento sino que se decidirán de plano."


18. "Artículo 194. Las audiencias serán públicas, excepto cuando a criterio del tribunal pudiera perturbarse el orden o propiciar violencia. ..."


19. Artículo 185, fracción VI. "En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla."


20. 2a./J. 48/2006, registro digital: 175302, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., abril de 2006, página 205, de rubro: "JUICIO AGRARIO. EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADO ANTES DE LA AUDIENCIA DE LEY, SÓLO SURTE EFECTOS SI SU AUTOR LO RATIFICA ORALMENTE EN DICHA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA)."


21. "Artículo 183. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate. Si no se ha pagado la multa no se emplazará de nuevo para el juicio."


22. "Artículo 180. Si al ser llamado a contestar la demanda, no estuviere presente el demandado y constare que fue debidamente emplazado, lo cual comprobará el tribunal con especial cuidado, se continuará la audiencia. Cuando se presente durante ella el demandado, continuará ésta con su intervención según el estado en que se halle y no se le admitirá prueba sobre ninguna excepción si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda. ..."


23. 2a./J. 48/2006, registro digital: 175302, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., abril de 2006, página 205, de rubro: "JUICIO AGRARIO. EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADO ANTES DE LA AUDIENCIA DE LEY, SÓLO SURTE EFECTOS SI SU AUTOR LO RATIFICA ORALMENTE EN DICHA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA)."


24. "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS. Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo.". Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 245709, Séptima Época, Volúmenes 121-126, Séptima Parte, página 81.

Esta sentencia se publicó el viernes 04 de marzo de 2022 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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