Ejecutoria num. 18/2023 Y SU ACUMULADA 25/2023 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-02-2024 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

Sentencia

Citas (84)

Citado por

Mapa de Precedentes

Juez	Alberto Pérez Dayán,Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Ana Margarita Ríos Farjat,Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,Javier Laynez Potisek,Jorge Mario Pardo Rebolledo,José Fernando Franco González Salas,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Luis María Aguilar Morales,Norma Lucía Piña Hernández,Yasmín Esquivel Mossa
Emisor	Pleno
Localizador	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Febrero de 2024, Tomo I,129
Fecha de publicación	02 Febrero 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2023 Y SU ACUMULADA 25/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: L.O.A.. SECRETARIO: J.I.R.A..

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnan diversos artículos de leyes de ingresos de M. del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023 que establecen derechos por el suministro de agua potable y alcantarillado, por servicios prestados en horas hábiles o inhábiles, por reproducción de información pública, por la búsqueda de documentos, así como de preceptos que prevén la imposición de multas por practicar juegos y deportes fuera de los lugares permitidos para ello.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 18/2023 y su acumulada 25/2023, la primera promovida por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, en contra de leyes de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de los M. del Estado de Jalisco: Zapopan, Atotonilco El Alto, Guadalajara, S.J. de los Lagos, San Martín de Bolaños, Tonalá, Yahualica de G.G., J., Tamazula de G., T. de A., Ejutla, S.P.T. y Tepatitlán de Morelos; respecto de las cuales plantea la inconstitucionalidad de los preceptos que establecen el cobro de derechos por búsqueda de documentos, así como la imposición de multas por provocar molestias a las personas o a sus bienes, por la práctica de juegos o deportes individuales o de conjunto fuera de los sitios destinados para ello; mientras que su acumulada fue promovida por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de las leyes de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de los M. del Estado de Jalisco: Acatic, A. de J., Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, A. de B., Atengo, Atenguillo, Atotonilco El Alto, Atoyac, Tequila, V.H., V.P., Yahualica de G.G., Zacoalco de Torres, Zapopan, Z., Zapotitlán de V., Z.d.R., Zapotlán El Grande y Zapotlanejo, de las que plantea la invalidez de los preceptos que establecen el cobro de derechos por el suministro de agua, por la reproducción de información pública y por conceptos no especificados.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:

1. Artículos 93, fracción IV, inciso a), y 128, apartado E, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

2. Artículo 84, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

3. Artículo 62, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

4. Artículo 92, fracción VI, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de S.J. de los Lagos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

5. Artículo 50, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Bolaños, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

6. Artículo 75, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

7. Artículos 63, fracción V, y 72, fracción I, inciso x), de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de G.G., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

8. Artículo 114, fracciones III y IV, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de J., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

9. Artículos 120, fracción IV, y 149, letra E, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tamazula de G., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

10. Artículos (sic) 99, fracción V, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de T. de A., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

11. Artículo 66, fracciones XIX, incisos a) y b), y XX, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ejutla, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

12. Artículo 71, fracción XII (sic), de la Ley de Ingresos del Municipio de S.P.T., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

13. Artículo 97 (sic), inciso x), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

2. Demanda acumulada y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:

a) Cobros por servicio de agua potable:

1. Artículo 56, fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

2. Artículo 56, fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

3. Artículo 53, cuarto párrafo, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de A. de B., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

4. Artículo 56, fracción III, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atengo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

5. Artículo 58, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atenguillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

6. Artículo 62, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de V.P., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

7. Artículo 57, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de G. (sic) G., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

8. Artículo 56, fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán De (sic) V., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

9. Artículo 79 (sic), fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

b) Cobros por derechos no especificados:

1. Artículo 64, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

2. Artículo 108 (sic), fracciones XVI y XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de A. de J., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

3. Artículo 74, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

4. Artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacueca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

5. Artículo 84, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Amatitán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

6. Artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ameca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

7. Artículo 78, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

8. Artículo 58, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de A. de B., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

9. Artículo 65, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atengo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

10. Artículo 64, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atenguillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

11. Artículo 85, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

12. Artículo 61, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atoyac, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

13. Artículo 115, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tequila, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

14. Artículos (sic) 79, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de V.H., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

15. Artículos (sic) 71, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de V.P., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

16. Artículos (sic) 65, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de G. (sic) G., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

17. Artículos (sic) 80, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

18. Artículo 102, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

19. Artículos (sic) 83, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Z., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

20. Artículos (sic) 64, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán De V., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

21. Artículo 79, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Z.D.R., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

22. Artículo 104, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

23. Artículo 87, letras f y g, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

c) Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información:

1. Artículo 80, fracción VII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

2. Artículo 108 (sic) fracción XV, incisos b), c) y d), así como numeral 6, en la porción normativa "costo de $2.00 por hoja impresa hasta 20 hojas", del tercer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de A. de J., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

3. Artículo 83, fracción VII (sic), incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

4. Artículo 84, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacueca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

5. Artículo 99, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Amatitán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

6. Artículo 75, fracción VI (sic), y 84, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ameca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

7. Artículo 94, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

8. Artículo 74, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de A. de B., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

9. Artículo 62, fracción V, y 80, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atengo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

10. Artículo 80, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atenguillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

11. Artículo 101, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

12. Artículo 56, fracción V, y 81, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atoyac, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

13. Artículo 127, fracción IX, incisos b) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tequila, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

14. Artículos (sic) 93, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de V.H., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

15. Artículos (sic) 87, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de V.P., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

16. Artículos (sic) 74, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de G. (sic) G., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

17. Artículos (sic) 96, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

18. Artículo 121, incisos b), c) y d) ,de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

19. Artículos (sic) 99, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Z., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

20. Artículos (sic) 80, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán de V., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

21. Artículo 95, fracción XI, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Z.D.R., Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

22. Artículos (sic) 109, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

23. Artículo 96, fracción VII (sic), incisos b), c), d) y e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.

3. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. El presidente de la República consideró que se violaban los artículos 1o., quinto párrafo; 4o., párrafos noveno y décimo tercero; 6o., apartado A, fracción III; 14; 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

5. Conceptos de invalidez del presidente de la República. En su escrito inicial de demanda, el Ejecutivo Federal planteó dos conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:

Primero. La porción normativa contenida en las leyes de ingresos de diversos M. del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a "búsqueda de documentos", vulnera los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

a) Vulneración al principio de gratuidad en materia de acceso a la información

El Congreso del Estado de Jalisco, mediante los preceptos impugnados, establece un pago de derechos por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos de diversos M. del Estado de Jalisco, que resulta inconstitucional al vulnerar el principio de gratuidad establecido en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Resulta injustificado aplicar cobros en los procedimientos administrativos que las autoridades establecen para la obtención de la información, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, por lo que éstas únicamente pueden imponer una carga al solicitante de la información con motivo de los soportes en los que la información deba ser entregada, tales como medios magnéticos, copias o mensajería.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, así como el diverso expediente 15/2019, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el principio de gratuidad se introdujo al texto constitucional con motivo de la reforma de dos mil siete, cuyo proceso de creación, en específico, del dictamen de la cámara de diputados, se advierte que el poder reformador de la Constitución Federal precisó que dicho principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, sin que se incluyan los eventuales costos que derivan de la modalidad en los que se entregue la información.

De igual manera, señaló que en la diversa acción de inconstitucionalidad 5/2017 este Alto Tribunal también analizó el derecho de acceso a la información, sus dimensiones y vertientes, señalándose, en lo que interesa, que al emitir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el legislador enfatizó que el principio de gratuidad constituye una máxima fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información y que, entre sus objetivos, está evitar la discriminación, pues pretende que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a ella.

Por ello, el requisito adicional impuesto en las leyes locales impugnadas, relativo al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública, representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.

b) Vulneración al principio de proporcionalidad tributaria

Los preceptos señalados como inconstitucionales violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que establecen una tarifa excesiva por el servicio que proporcionan los M. del Estado con motivo de la búsqueda de información que posean sus registros civiles y catastros, que de ninguna manera corresponde al costo de los materiales empleados para su reproducción y desincentiva injustificadamente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

La exclusión de un cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite el cobro per se por la solicitud de información, sino que los M. únicamente pueden cobrar los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el envío y la certificación de documentos, para lo cual las cuotas deben fijarse de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, pues de lo contrario, la tarifa resulta violatoria del principio de proporcionalidad en materia tributaria.

Los costos o tarifas establecidas no pueden constituir barreras desproporcionadas al derecho de acceso a la información, pues si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, ésta debe ser entregada sin costo alguno.

Este Alto Tribunal ha emitido diversos precedentes sobre la proporcionalidad de los "derechos", en el sentido de que, en relación con el costo que tiene el servicio proporcionado, no existe la posibilidad para el Estado de lucrar con la tarifa que pretenda establecer.

De la revisión integral a las leyes impugnadas se advierte que en ellas se fija una cuota por búsqueda de documentos o información, pero no se justifican los elementos que sirvieron de base para determinarla, es decir, la manera en que se cuantificó la tarifa por el pago de tales derechos, por lo que no es posible determinar si la misma corresponde o no al costo de los materiales que las entidades federativas tienen permitido cobrar por el servicio prestado.

El legislador tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información. Segundo. La porción normativa contenida en las Leyes de Ingresos de diversos M. del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a multas "por provocar molestias a las personas o a sus bienes, por la práctica de juegos o deportes individuales o de conjunto fuera de los sitios destinados para ello", vulnera los principios de interdependencia e indivisibilidad, el derecho al acceso al deporte, libre desarrollo de la personalidad, y de legalidad en su vertiente de taxatividad, previstos en el artículo 1o., párrafo quinto, 4o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

a) Vulneración al principio de interdependencia e indivisibilidad

El artículo 1o. de la Constitución Federal prevé los principios de interdependencia e indivisibilidad, los cuales implican la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias y mediante una coordinación institucional, de implementar los mecanismos necesarios para asegurar a todo individuo el ejercicio libre y efectivo de sus derechos humanos.

El legislador del Estado de Jalisco incumplió con su obligación de respetar, reconocer, proteger y garantizar no intervenir en la libertad del desarrollo a la cultura física de la persona (muchos menores de edad), al haber establecido una multa por provocar molestias a las personas o a sus bienes, por la práctica de juegos o deportes fuera de los sitios destinados para ello, lo que genera una desventaja injustificada a la persona para satisfacer sus derechos, sobre todo si el Estado no garantiza el lugar destinado para ello.

Por tanto, las disposiciones reclamadas obstaculizan el derecho reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Federal que establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, razón por la cual la privación del derecho al libre esparcimiento y desarrollo del deporte afecta negativamente a los derechos que se ligan con su ejercicio.

b) Vulneración al principio de libre desarrollo de la personalidad

Las porciones normativas impugnadas vulneran dicho principio, toda vez que el congreso estatal no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar molestias a las personas o a sus bienes por la práctica de juegos o deportes.

La previsión de dicha multa infringe la posibilidad de las personas (menores de edad en su mayoría) a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los particulares, es decir, forma parte de la autonomía personal protegida por la Constitución Federal, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no a disminuir ni restringir ese derecho.

c) Vulneración al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad

En precedentes, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los principios básicos del derecho penal, como lo es el principio de taxatividad, son aplicables a la materia administrativa sancionadora, pues la potestad administrativa forma parte de un genérico ius puniendi del Estado, por lo que ambas materias comparten principios similares. Por otra parte, también estableció que la vulneración a la exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, no sólo vulnera la seguridad jurídica de las personas al no ser previsible la conducta, sino que afecta el derecho de defensa, al desconocer qué conducta es la que se atribuye.

En ese sentido, los artículos impugnados contravienen el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, que exige que las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; ya que además de vulnerar el derecho a la libertad de decisión, imponen una sanción injustificada, sin sustento alguno, o motivación de que necesariamente la sociedad lo requiere.

Resulta ambigua, abierta y poco clara la manera en que el legislador local estableció las sanciones, dado que no previó el parámetro para determinar qué tipo de juego o deporte amerita una multa, ni estableció qué tipo de acción puede llegar a provocar molestias.

Los órganos legislativos se encuentran constreñidos a definir de manera suficiente y precisa las conductas que se sancionarán dentro del ámbito del derecho administrativo, de manera que las autoridades que se encuentren encargadas de operar el sistema normativo no incurran en arbitrariedad o discrecionalidad en su aplicación.

Las normas que se impugnan, al indicar que aplicará una multa contra la causa de molestia, "por la práctica de juegos o deportes individuales", implican necesariamente una evaluación subjetiva de la autoridad municipal, cuya brecha de apreciación de la norma es desproporcionada, pues cualquier juego o reunión sería susceptible de atentar notoriamente contra la tranquilidad de las personas.

Lo que puede resultar una afectación evidente de molestia de una persona no implica que lo sea para todos, ya que ello depende del margen de tolerancia de cada individuo y, en el caso concreto, las normas que se impugnan tienen un espectro de aplicación muy amplio que puede redundar incluso en la afectación de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, libertad de tránsito en vía pública, libre concurrencia y la libre manifestación de ideas, motivo por el cual, la descripción normativa, bajo los esquemas ya descritos, puede ser utilizada para reprimir un acto social, dejando al criterio de las autoridades administrativas, definir los alcances de los supuestos actos de molestia.

6. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su escrito inicial de demanda, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó tres conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:

Primero. Los artículos impugnados, relativos al cobro por la prestación del servicio de agua potable, establecen diversas tarifas fijas a pagar que dependen de la extensión de los predios, por lo que para determinar la cuota respectiva el Congreso Local tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, lo que se traduce en una vulneración a los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, señaló que la autoridad legislativa se encuentra habilitada para establecer diversos tipos de contribuciones, pero siempre observando la obligación de respetar sus notas esenciales en lo referente a su naturaleza.

Como este Alto Tribunal ha considerado, el hecho imponible de las contribuciones no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además sirve como elemento para su identificación. En ese sentido, los derechos y los impuestos se definen por hechos imponibles diferentes y, por tanto, los principios de justicia tributaria –que se desdoblan en proporcionalidad y equidad– les rigen de manera distinta.

En materia fiscal se entienden por "derechos" aquellas contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado como precio por los servicios de carácter administrativo que prestan sus poderes y dependencias a las personas que los soliciten. Por tanto, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares.

Refirió que tratándose de los "derechos" ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que para analizar la proporcionalidad y equidad de las disposiciones normativas que los establecen debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, pues ello permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en que la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.

Por tanto, estima que el Congreso Local transgredió el principio de equidad tributaria al haber al haber considerado la extensión de los predios baldíos propiedad de los sujetos pasivos como componente determinante para fijar la tarifa de la contribución a pagar por las personas propietarias o poseedoras de predios baldíos que cuenten con tomas instaladas para que el Ayuntamiento correspondiente les proporcione los servicios de agua y alcantarillado, ya sea que reciban ambos o alguno de estos servicios o porque por el frente de los inmuebles pase alguna de estas redes.

Indicó que las normas impugnadas otorgan un trato diferenciado, pues cuanto mayor es la extensión de los predios el incremento de las tarifas previstas disminuye, siendo que, para que dichos preceptos fuesen respetuosos del principio de equidad tributaria, el cobro fijado tendría que haber sido igual, no menor por cada metro que exceda de mil metros cuadrados, como se dispuso. Aunado a que no advierte razón objetiva para determinar una cuota menor de incremento a mayor extensión del predio baldío de que se trate.

Agregó que el Congreso Jalisciense también transgredió el principio de proporcionalidad al haber tomado elementos ajenos a la naturaleza de la contribución a la que denominó "derecho", ya que la base gravable de la cuota a pagar por el referido servicio se determinará a partir de un elemento que no atiende al consumo o aprovechamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado que el Ayuntamiento respectivo preste.

Consecuentemente, estima que las normas reclamadas son inconstitucionales, dado que establecen una tarifa fija por la prestación de servicios de agua y alcantarillado a partir de circunstancias que no atienden al consumo o beneficio de aludidos servicios, sino por la extensión del predio baldío del que se trate, por lo que se erigen como medidas legislativas contrarias a los principios de justicia tributaria que por mandato constitucional deben observarse.

Segundo. Las disposiciones reclamadas que facultan a las autoridades municipales para fijar cuáles servicios serán acreedores de la tarifa determinada por concepto de "derechos no especificados", ateniendo a si su prestación se efectúa dentro o fuera de un horario hábil, transgreden el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, de reserva de ley y legalidad tributaria.

Lo anterior, porque el Congreso Local delegó en la autoridad administrativa la facultad de determinar prácticamente todos los elementos esenciales del "derecho" correspondiente, lo que propicia la arbitrariedad y la incertidumbre respecto de las cuotas que las personas deben pagar.

Señaló que la Constitución Federal reconoce, en sus artículos 14 y 16, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, los cuales constituyen un límite al actuar de todas las autoridades del Estado Mexicano y son extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer normas claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria y, además, a que los gobernados de la norma tengan plena certeza de a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.

De igual manera, el principio de legalidad tributaria contenido en el numeral 31, fracción IV, de la Norma Fundamental, exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para que el sujeto obligado conozca con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras.

Destacó que la reserva de ley en materia tributaria permite que en la ley se encomiende a la autoridad fiscal, o a alguna otra de carácter administrativo, la fijación de uno o más componentes de una contribución, pero con la limitante de que en la propia ley se establezcan los lineamientos y principios que delimiten el margen de actuación de la autoridad exactora, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica al gobernado, respecto de la determinación y cumplimiento de la obligación tributaria de que se trate.

De esta manera, si bien existe un cierto grado de tolerancia a favor del legislador, permitiendo que sus leyes contengan conceptos jurídicos indeterminados derivados de los límites al lenguaje y autorizando a que las autoridades administrativas excepcionalmente complementen la definición de alguno de los componentes del tributo, dicha posibilidad no debe dar lugar a que el legislador prevea fórmulas legislativas que representen la indefinición casi absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, toda vez que ello deja abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas, y no el legislador, las que generen la configuración de los tributos, lo cual puede propiciar contribuciones imprevisibles en perjuicio de las personas contribuyentes.

Sin embargo, los artículos impugnados delegan funciones que corresponden al legislador, en autoridades municipales exactoras a las que les permite fijar el hecho imponible y determinar de forma discrecional cuál servicio será considerado como un "derecho no especificado", en relación con su prestación en horas hábiles e inhábiles, siendo que tal desconocimiento del hecho imponible genera inseguridad jurídica en los contribuyentes.

Las disposiciones cuestionadas determinan, esencialmente que:

• Los otros servicios que provengan de la autoridad municipal, que no contravengan las disposiciones del Convenio de Coordinación Fiscal en materia de derechos, y que no estén previstos en ese título, se cobrarán según la importancia del servicio que se preste.

• Establecen cuotas por los servicios que se presten en horas hábiles.

• De igual modo, determinan tarifas por aquellos servicios prestados en horas inhábiles.

Advierte que no es admisible interpretar los preceptos reclamados en el sentido de que se trata de tarifas relativas a la prestación de servicios dentro o fuera del horario hábil determinado por las propias normas, porque si la intención del Congreso Local era imponer una tarifa en razón de que el servicio sea prestado en el horario hábil o inhábil bien pudo haber determinado expresamente a qué servicio se refería, como sí se previó en el artículo 65 la Ley de Ingresos del Municipio de Atengo,(1) que explícitamente refirió a la elaboración de actos jurídicos, contratos de arrendamiento, de compra-venta y donación de bienes muebles e inmuebles en horas hábiles.

Por tanto, considera que las disposiciones combatidas resultan inconstitucionales, porque instauraron un "derecho" por la prestación de servicios cuyo hecho imponible se desconoce, al contener sólo algunos de los elementos esenciales de los derechos que cobrarán los M. jaliscienses involucrados, ya que delegaron de manera indebida la facultad de establecer el hecho imponible a las autoridades administrativas respectivas, quienes determinarán el supuesto imponible y, si dicha prestación se realiza dentro o fuera de las horas hábiles, determinarán la tarifa que deberá satisfacer la persona contribuyente.

De esta forma, las disposiciones combatidas transgreden el principio de reserva de ley y de legalidad tributaria, toda vez que dejan al arbitrio de un órgano administrativo el establecimiento del hecho imponible de la contribución por concepto de "derechos no especificados", cuando se trate de "otros servicios" prestados, sin que el Congreso Local haya indicado expresamente el parámetro o el mecanismo control objetivo que impida que la determinación del supuesto imponible quede a discreción de la autoridad encargada de la exacción.

De igual manera, las referidas normas transgreden el derecho de seguridad jurídica en materia tributaria en perjuicio de las personas contribuyentes, ya que no permiten que el propio ordenamiento legal sea un instrumento o mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad de las autoridades administrativas, debido a que no tendrán la certeza de cuándo los servicios que reciban se colocarán en las hipótesis de los preceptos reclamados.

Tercero. Los preceptos que relativos al cobro por acceso a la información reclamados vulneran los derechos reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues establecen cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública en diversas modalidades.

Refirió que el artículo 6o. de la Constitución Federal y los numerales 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho a la información como parte del derecho a la libertad de expresión, en tanto ésta comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, con la obligación positiva para el Estado de suministrarla, de forma tal que las personas puedan tener acceso a la información.

Precisó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se han pronunciado respecto a la protección del derecho de acceso a la información en su doble vertiente, por un lado, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal y, por otro, como derecho colectivo o garantía social que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control institucional.

En ese sentido, el Congreso Local debió atender a que el derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas, sin necesidad de acreditar un interés directo, puedan solicitar información de los archivos, registros, datos y documentos públicos, sin obstáculos ni impedimentos en su búsqueda y, para tal efecto, el Estado se encuentra obligado a establecer los medios e instrumentos idóneos.

De igual manera, debió observar que el principio de gratuidad en el acceso a la información pública consagra la obligación para el Estado de proporcionar la información pública sin imponer mayores requisitos que los que el poder reformador de la Constitución y el Congreso de la Unión han establecido previamente, tanto en la Norma Fundamental como en la Ley General de Acceso a la Información Pública, ni entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando –en su caso– sea procedente, justificado y proporcional, pues lo contrario significa propiciar un obstáculo para el particular que presente una solicitud de información.

En relación con lo anterior, destacó que, en las discusiones que dieron origen a la reforma y adiciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el veinte de julio de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación, el Constituyente Permanente determinó consagrar la gratuidad en el derecho de acceso a la información en la fracción III del referido numeral como una garantía indispensable para el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no generará costo alguno para éstos.

Por tanto, a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, impera el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación; por lo que cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información. Además, conforme a la Ley General de Transparencia, en la determinación de las cuotas se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y que se establezcan en la Ley Federal de Derechos, salvo que la ley no le sea aplicable a los sujetos obligados, en cuyo caso éstas no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

Específicamente, respecto a los preceptos reclamados, la Comisión actora, de forma preliminar, precisó que aun cuando se encuentran insertos en el apartado relativo a productos, es decir, en términos de las propias leyes controvertidas, el Congreso jalisciense pretende denominar "producto" a la relación que se genera entre el solicitante de acceso a la información pública y las autoridades municipales, lo cierto es que materialmente ostentan la naturaleza de un "derecho", por lo que debió observar los principios que rigen a esta especie de contribuciones.

De manera que al tratarse de tributos que regulan una actuación derivada del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, el Congreso debió observar y garantizar el principio de gratuidad que los rige, con independencia de la denominación utilizada.

Advirtió que en las disposiciones reclamadas las personas que soliciten información deberán cubrir las cantidades que atienden a la modalidad de que se trate, conforme a lo siguiente:

Ver cantidades a cubrir

Precisado lo anterior, destacó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la cual explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos. Esto es, tiene la carga de justificar, con una base objetiva y razonable, los costos de los materiales utilizados en su reproducción.

Sin embargo, el Congreso Local estableció cuotas que no se encuentran justificadas en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información solicitada, ya que no hizo referencia a los elementos que le sirvieron de base para determinar dichas cuotas, esto es, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones, entre otros, ni la metodología utilizada.

Además, de la revisión del dictamen correspondiente tampoco se advierte razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinar la cuota a pagar por la entrega de información solicitada por quienes habitan los M. involucrados.

Estima que el cobro por certificaciones previsto en las normas impugnadas es injustificado pues, si bien el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, lo cierto es que, como lo ha sostenido este Alto Tribunal, en la relación de derecho público entre las partes no puede existir un lucro o ganancia, sino que la cuota aplicable debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

Tampoco considera justificable ni razonable la tarifa prevista por la expedición de copias certificadas en expedientes, pues estima que la cuota debe ser idéntica para todas las personas que soliciten expedientes, con independencia de la cantidad de fojas que obren en cada caso en concreto.

Refiere que mucho menos es válido el precepto previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Ameca, relativo a un cobro particular cuando se solicite un expediente de archivo histórico con una antigüedad mayor a los diez años, fijando un costo especial de $219.00 M.N. (doscientos diecinueve pesos).

Por otra parte, destaca que la Ley de Ingresos del Municipio de A. de J., no garantiza certeza jurídica para los solicitantes de la información, porque primeramente dispone que las primeras veinte fojas no generan costo alguno, sin embargo, posteriormente, la misma norma prevé que tendrán un valor de $2.00 M.N. (dos pesos) cada hoja a cargo del solicitante, lo cual no sólo genera incertidumbre jurídica, sino también que se separa del principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información.

En ese tenor, recaía en la Legislatura Local la carga de demostrar que el cobro que estableció en las leyes de ingresos municipales impugnadas por la entrega de información atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en atención al principio de gratuidad en el acceso a la información, la falta de justificación del cobro con una base objetiva, sólo puede significar que las cuotas establecidas se determinaron de forma arbitraria, en transgresión del artículo 6o. de la Constitución Federal, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad.

Adicionalmente, destacó que los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población, esto es, el gremio periodístico, quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino también el de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.

Finalmente, solicitó que de ser consideradas inconstitucionales las disposiciones impugnadas se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como que se vincule al Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco para que en lo futuro se abstenga de expedir normas que contengan los mismos vicios de constitucionalidad denunciados.

7. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 18/2023 y la turnó a la M.L.O.A. como instructora del procedimiento.

8. En diverso proveído de la misma fecha, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 25/2023 y, atento a que existe identidad respecto de las normas impugnadas en este asunto y las controvertidas en la acción de inconstitucionalidad 18/2023, se decretó la acumulación del expediente y lo turnó a la M.L.O.A. por haber sido designada instructora en la referida acción de inconstitucionalidad previamente referida.

9. Admisión. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial Estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Mediante oficio recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta y los segundos secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del órgano legislativo, rindieron informe en el que expresaron, en síntesis, lo siguiente:

Sobre los conceptos de invalidez primero de la acción de inconstitucionalidad 18/2023 y tercero de la acción de inconstitucionalidad 25/2023

a) Refirió que la expedición de los decretos impugnados es resultado de la competencia para legislar que le corresponde al Congreso del Estado conforme al artículo 35, fracción I, de la Constitución Federal, ya que en materia tributaria local cuenta con la facultad exclusiva para determinar los costos y tarifas de servicios en atención a las iniciativas presentadas para tal efecto por los respectivos M..

En ese sentido, estima que los requisitos de fundamentación y motivación se encuentran satisfechos, además que la legalidad de sus actos se encuentra implícita en su aprobación, dado que son producto de un procedimiento legislativo que guarda su sustento tanto en la Constitución Federal como en la local.

b) Dado que los preceptos legales reclamados se refieren a derechos, tienen una naturaleza distinta a los impuestos, ya que los derechos tratan de un servicio público que presta el Gobierno Municipal, por lo que el gasto remunerado debe sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Ingresos Municipal respectiva, salvo que las leyes fiscales estatales señalen lo contrario.

c) No existe ninguna fórmula matemática o tabulador de costos de materiales que obligue a la autoridad a fijar el importe de los derechos sólo con base en el costo total del servicio, pues implicaría una afectación que se traduce en un probable impedimento de continuar proporcionando su prestación con la misma regularidad.

Por tanto, el Estado puede fijar el importe de los derechos tomando aspectos adicionales al costo total del servicio que no puede absorber en su totalidad, como el despliegue técnico que éste implica, ya que al sólo pagar los costos de materiales desatiende lo relativo al pago de oficinas y personal.

d) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, los derechos tienen su base en la prestación de un servicio que realizan las diversas dependencias de cada Ayuntamiento en beneficio exclusivo de sujetos específicos y, aun cuando cabe la posibilidad de que la ley haga salvedades con respecto a su causación, no anula el principio de solidaridad tributaria, el cual se basa en la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.

e) Por ende, considera que expidió los actos dentro del margen constitucional dispuesto en su artículo 31, fracción IV, pues si bien el costo de los derechos debe atender de manera preferencial al costo del servicio efectuado por el Estado, dicho precepto constitucional no prohíbe fijar elementos que atiendan a los elementos del despliegue técnico, así como el uso de personal e instalaciones necesarios para realizar dichos servicios, porque tales elementos también generan un costo y forman parte de la cuantía del servicio.

Sobre el segundo concepto de invalidez de la acción de inconstitucionalidad 18/2023

f) Negó que exista una supuesta restricción al derecho de libre desarrollo o al de cultura física y deporte, sino que la disposición reformada tiene la finalidad de fomentar que las actividades deportivas se realicen dentro de los espacios destinados para ello, los cuales son dignos, de mejor calidad y satisfacen en su totalidad las exigencias que cada actividad deportiva requiere, sin restricción alguna; ello, a efecto de que quienes practican actividades de recreación o deportivas consideren estos espacios como mejor opción y no las vías públicas de la municipalidad.

g) El Estado se encuentra obligado a generar las condiciones suficientes para garantizar el derecho humano a la cultura física y práctica del deporte, por lo que dicha premisa se satisface con la normatividad local al promover que los espacios para estas actividades sean lugares con mayor concurrencia, en tanto que la vía pública no sólo no es un espacio especializado, sino que implica un riesgo a la seguridad de quienes la utilizan para ese fin.

h) Negó que exista incertidumbre jurídica de los destinatarios de la norma, ni contravención alguna a los principios de legalidad tributaria y taxatividad, ya que la precisión normativa no quedó al margen de la interpretación, sino que es clara y precisa en cuanto a los sujetos de la norma, sus destinatarios y la conducta a sancionar.

i) De igual manera, en las leyes que se impugnan resulta claro que no existe el margen de arbitrariedad de la imposición contributiva, ya que son precisas al establecer los elementos esenciales para que los gobernados tengan plena certeza de los destinatarios de la norma y la sanción que se aplica para la conducta ahí establecida.

Sobre el primer concepto de invalidez de la acción de inconstitucionalidad 25/2023

j) Las normas impugnadas sobre la prestación del servicio de agua potable, en primer término, cumplen el requisito de legalidad, porque su expedición obedece a que el artículo 115 constitucional delega a los M. la facultad libre e independiente para la administración de sus Haciendas.

Por tanto, las disposiciones normativas se apegan a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues los propios M., de acuerdo a sus necesidades presupuestales, expiden las regulaciones correspondientes para que los ciudadanos contribuyan de manera proporcional y equitativa con el gasto público; por lo que, al conocer su carga presupuestal, el Municipio está en entera libertad de determinar las categorías, tasas de sus impuestos y los beneficios que se otorgarán a los sujetos obligados.

k) Sobre el mecanismo de tasas graduales atendiendo a la extensión de terreno para el cobro de servicios, señaló que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 222/2009, sostuvo la posibilidad de gravar diferencialmente tasas progresivas atendiendo a la capacidad económica de los contribuyentes, a fin de que en cada caso el impacto sea distinto.

l) Por lo que hace a la violación al principio de equidad tributaria, estima constitucional que el legislador imponga una base gravable considerando una distinción de hechos y circunstancias de los sujetos obligados, ya que a partir del valor brindado al predio en cuestión, el cual depende de sus dimensiones, revela una capacidad económica mayor, de ahí que la distinción de circunstancias se actualice, ya que no es proporcional ni equitativo fijar una misma base gravable a los sujetos que son titulares de un predio con distinto valor.

m) Los preceptos reclamados al contener, con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, no violan los principios estatuidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues la base del impuesto combatido es el valor real o de mercado del inmueble y la aplicación de la tasa o tarifa que señala la ley de ingresos que se combate en nada incide en una desproporcionalidad o desigualdad de los sujetos del impuesto.

Sobre el segundo concepto de invalidez de la acción de inconstitucionalidad 25/2023

n) Las leyes municipales que permiten que la autoridad municipal establezca cuotas, servicios y tarifas de manera discrecional por concepto de derechos no especificados no violan el principio de legalidad, ya que éste posibilita que las disposiciones materia de regulación no se encuentren sujetas al contenido textual de una ley, dado que su finalidad puede depender de caracteres técnicos secundarios que por su naturaleza escapen de la disposición contenida en una norma legal, esto siempre y cuando exista una disposición primaria que establezca la remisión secundaria.

o) Al emitir la tesis P. CXLVIII/97, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que si bien está reservado a la ley establecer los diferentes métodos a emplear para determinar la base gravable del impuesto de que se trate, la letra de la norma primaria puede depositar la determinación de ciertos aspectos que inciden en la cuantificación del hecho imponible a la autoridad administrativa, lo cual no implica violación al principio de legalidad, dado que por la complejidad, especialización y técnicas que se requieren para su idoneidad y objetividad, pueden encontrarse regulados en disposiciones reglamentarias e, incluso, de ínfimo orden jerárquico.

p) La falta de regulación sobre el mecanismo que permita a la autoridad respectiva la obtención del componente o componentes de la base gravable no origina por sí mismo la vulneración al principio de legalidad tributaria, ya que puede ocurrir que la actividad encomendada al órgano municipal se reduzca a la constatación de datos o indicadores económicos establecidos en la propia legislación o normatividad de menor jerarquía estrictamente técnica.

q) En materia tributarias el alcance del principio de reserva de ley puede ser relativo, pues sólo basta establecer los elementos esenciales del tributo, ya que en principio únicamente éstos deben estar establecidos por la ley y el resto de la materia tributaria se deja a disposición de las normas o actos administrativos.

r) No cualquier remisión de la ley a la autoridad administrativa para que determine un sistema o mecanismo necesario para la cuantificación del tributo debe entenderse contrario a los principios de legalidad y reserva de ley, pues es aceptable desde el punto de vista constitucional que se le permita intervenir en el señalamiento de directrices o principios para fijar la base del impuesto, cuando se trata de materias técnicas o de indicadores económicos o financieros cuya expresión aritmética no pueda incorporarse al texto legal porque dependa de diversas variables y circunstancias propias del momento y lugar en que se realiza el hecho imponible o generador de la obligación fiscal.

s) Por tanto, es jurídicamente válido que en las Leyes de Ingresos Municipales la cuantificación del tributo se sujetará a la consideración de la autoridad municipal, puesto que tratándose de horarios hábiles o inhábiles es imposible establecerla para cada caso en particular, pues la intención radica en la dificultad de establecer una cantidad fija atendiendo a múltiples horarios que se puedan suscitar dependiendo a los diferentes momentos en los que se solicite el servicio.

t) Estima que resulta lógica la pretensión del legislador al establecer como elemento externo por reserva de ley, la consideración de la autoridad municipal para el cobro respectivo de los referidos derechos, con la justificación razonable de las circunstancias de la solicitud, esto es, dependiendo el horario en que se realice, ya que los elementos esenciales del tributo se encuentran debidamente establecidos, para no desatender la proporcionalidad y equidad tributaria, ya que dichos horarios, criterios técnicos, datos y factores económicos inciden en el hecho imponible de la contribución, a más de que la ley no es un diccionario donde el legislador deba definir todos y cada uno de los elementos que la componen, sino que establece situaciones impersonales y abstractas.

u) En consecuencia, estima que no existe desatención alguna a los principios legales en materia de contribuciones, sino que la remisión secundaria administrativa tiene la finalidad de preservar lo estatuido en el artículo 31 constitucional.

11. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por oficio recibido el treinta de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió el informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:

a) De conformidad con los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador del Estado de Jalisco, en lo que respecta a la validez de su participación en la emisión de los decretos que contienen los preceptos impugnados, argumentó que se respetaron las disposiciones constitucionales aplicables. 12. Pedimento del fiscal general de la República. El citado funcionario no formuló pedimento alguno.

13. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g),(2) de la Constitución General y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueven el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.

II. PRECISIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS

15. Con fundamento en el artículo 71(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal procede a precisar el contenido de las normas impugnadas por los titulares del Ejecutivo Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; para lo cual, en algunos casos, se corrigen los errores advertidos en la cita de los preceptos impugnados.

16. El Ejecutivo Federal señaló como preceptos impugnados los siguientes: