Ejecutoria num. 17/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

EmisorPleno
JuezJosé de Jesús Gudiño Pelayo,Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Ana Margarita Ríos Farjat,Jorge Mario Pardo Rebolledo,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Norma Lucía Piña Hernández
Fecha de publicación01 Mar 2021

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 27 DE ENERO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.


Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al veintisiete de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:


S E N T E N C I A


Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 17/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de leyes de ingresos municipales de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020.


I. ANTECEDENTES


1. El veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, las leyes de ingresos de los Municipios de Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Zihuatanejo de Azueta y Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal 2020.


2. Por escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas que más adelante se señalan, expedidas y promulgadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero:


Ver normas

3. Los conceptos de invalidez que plantea la accionante son, en síntesis, los siguientes:


• Violación del derecho de seguridad jurídica y del principio de proporcionalidad tributaria en los artículos que prevén "impuestos adicionales"(1) (primer concepto de invalidez). Los artículos que prevén un impuesto adicional sobre los pagos de contribuciones municipales son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria porque no existe congruencia entre el mecanismo impositivo y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. La inconstitucionalidad reside en que la contribución no fue diseñada para gravar en un segundo nivel la manifestación de riqueza de los contribuyentes, sino como un nuevo impuesto generado con motivo del pago de los impuestos y derechos municipales. Como apoyo a lo anterior, cita la tesis 2ª./J. 126/2013 (en los mismos términos que el Poder Ejecutivo Federal) y retoma las consideraciones de la contradicción de tesis 114/2013 de la Segunda Sala de este alto tribunal.


• Violación de los derechos de seguridad jurídica y libertad de expresión, así como del principio de legalidad Inconstitucionalidad en los artículos que prevén multas por insultar a las autoridades de tránsito(2) (segundo concepto de invalidez). Las normas impugnadas son inconstitucionales porque no permiten que las personas tengan conocimiento de las conductas que podrían ser objeto de sanción, en lo particular, los supuestos en los cuales la manifestación de ideas o expresiones dirigidas a las autoridades de tránsito pudieran constituir una ofensa, insulto, frase obscena o falta de respeto.


• Los artículos impugnados permiten que las autoridades inhiban el libre ejercicio del derecho de libertad de expresión y sancionen discrecionalmente y con base en parámetros totalmente subjetivos. Lo anterior, es violatorio del derecho de seguridad jurídica que señala que frente a la posibilidad de que los ciudadanos sean multados a través de un procedimiento administrativo sancionador, es necesario que sean garantizados los derechos que rigen ese procedimiento, en lo particular, la taxatividad de las conductas sancionadas.


• Si bien es cierto que ello no implica que, para salvaguardar dicho mandato, el legislador deba definir cada vocablo, los enunciados deben ser lo suficientemente claros para que sus destinatarios, esto es, tanto las autoridades como los particulares, tengan certeza sobre cuáles son las conductas prohibidas. Sobre todo, porque por la relación de subordinación que existe entre los particulares y las autoridades, la valoración sobre si se actualiza o no la falta depende exclusivamente de la apreciación subjetiva de estas últimas. Por último, señala que el Tribunal Pleno analizó normas de contenido similar al resolver la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada.


4. En la demanda señaló como preceptos constitucionales violados los artículos , , 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 8, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


5. Mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 17/2020, y por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.


6. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus informes; a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, si considera que la materia de la acción trasciende a sus funciones, manifestara lo que a su representación corresponda.


7. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, el presidente de la Mesa Directiva y la Comisión Permanente de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, al rendir su informe, manifestó esencialmente que:


• La acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse porque considera que se actualizan dos causas de improcedencia: la primera relacionada con los artículos que prevén "impuestos adicionales" porque desde su punto de vista, las acciones son extemporáneas debido a que lo efectivamente impugnado es la regulación que al respecto se prevé en los artículos 51 a 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, publicados en el periódico oficial local el primero de diciembre de dos mil dieciséis y; en segundo lugar porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se encuentra legitimada para impugnar normas por violaciones no relacionadas con derechos humanos, en específico, por violación al principio de proporcionalidad tributaria.


• El primer concepto de invalidez es infundado porque los artículos impugnados que regulan los impuestos adicionales no son violatorios del principio de seguridad jurídica ya que los elementos del tributo que establecen se encuentran previstos en los artículos 51 a 56 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero.


• Los artículos impugnados tampoco son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria porque todos los impuestos necesariamente parten de la capacidad contributiva de los contribuyentes en cada caso concreto. Cita, como ejemplo, que el 15% adicional cobrado por el impuesto derivado del servicio de agua potable se pagará sobre la tarifa que corresponda, esto es, si un contribuyente cuenta con una tarifa de uso doméstico, no pagará el impuesto relacionado con una tarifa de uso residencial. Además, su existencia se justifica en la necesidad de salvaguardar la justicia social y el bien común de los ciudadanos, ya que con ellos se pretende recaudar recursos económicos indispensables para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Por tanto, resulta válido que se anteponga el beneficio de la generalidad de la población frente al interés particular que pudiera tener quien se considere afectado con su pago.


• Los impuestos impugnados tienen una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, la cual no puede ser considerada excesiva porque, como ya se ha señalado, no buscan la satisfacción de necesidades privadas o individuales, sino la implementación de programas y acciones sociales, como la prevención y combate de incendios forestales, el fomento educativo, la asistencia social y la construcción de caminos; además de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica municipal, para que tengan la libre disposición y aplicación de sus recursos y puedan satisfacer con mayor facilidad las necesidades de la población.


• La imposición de impuestos adicionales se encuadra en la facultad discrecional para buscar la optimización municipal, derivada del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal.


• Los artículos impugnados en el segundo concepto de invalidez, relativo a la multa por insultar a las autoridades de tránsito, no son violatorios de los derechos establecidos en los artículos , 14 y 16, constitucionales, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede ser restringido mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos o reputación de terceros.


• Las normas impugnadas configuran una restricción al derecho de libertad de expresión, la cual es constitucional pues cumple con los requisitos que exige el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, es una restricción establecida en ley, persigue un fin legítimo y es necesaria. El primero de los requisitos se cumple porque la restricción se encuentra establecida en diversas leyes de ingresos municipales, las cuales son leyes en sentido formal y material; tiene un fin legítimo, ya que tiene como propósito que los ciudadanos respeten a las autoridades y; dicha restricción es necesaria debido a que, en el Estado de Guerrero, los insultos y faltas de respeto a las autoridades de tránsito son cada vez más comunes, lo que dificulta el cumplimiento de sus funciones.


8. Por escrito recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de junio de dos mil veinte, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Estado de Guerrero, al rendir su informe, manifestó que la intervención del Gobernador del Estado únicamente se limitó a la promulgación y publicación de los Decretos por los que se expidieron las leyes impugnadas, cuestión que de ninguna manera puede considerarse violatoria de la Constitución Federal ni de tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. No obstante, respecto de los conceptos de invalidez, manifestó que:


• El primer concepto de invalidez es inoperante y, por tanto, infundado, debido a que lo que realmente se reclama es la violación a intereses particulares y no la contradicción de las normas con normas constitucionales. En efecto, la supuesta inconstitucionalidad se hace depender de la afectación que, en su caso, se genere por el pago que se realice por concepto de impuestos y derechos municipales.


• El segundo concepto de invalidez es igualmente infundado porque los artículos que establecen multas por insultar a las autoridades de tránsito no son indeterminadas, inciertas o vagas, ya que el concepto de "insultos" es lo suficientemente claro para los ciudadanos. De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española insultar es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones.


• Las normas son válidas porque no puede justificarse, so pretexto del derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos ataquen e insulten a las autoridades; en otras palabras, no es válido considerar que la Constitución federal reconozca en favor de los ciudadanos el derecho al insulto.


9. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió su opinión en el presente asunto.


10. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte se cerró instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.


11. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por instrucciones de la Ministra ponente, la Secretaría General de Acuerdos circuló el proyecto de resolución del presente asunto en el que se analizaba la constitucionalidad de los artículos impugnados. No obstante, en virtud de las cargas de trabajo del Tribunal Pleno, dicho proyecto de sentencia no pudo ser discutido antes del quince de diciembre de dos mil veinte, fecha en el que se clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones. En consecuencia, mediante oficio de cuatro de enero de dos mil veintiuno, el proyecto se retiró de la lista del Tribunal Pleno y por acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno se avocó para que fuera resuelto por la Primera Sala.


II. COMPETENCIA


12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad en la que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido de la resolución.


III. SOBRESEIMIENTO


13. Esta Primera Sala considera que en el caso debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad porque ha sobrevenido su improcedencia por cesación de efectos de las normas impugnadas, por lo que es innecesario el análisis de la oportunidad y la legitimación.


14. El artículo 19, fracción V, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos de los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) textualmente dispone:


ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).


15. Del artículo antes transcrito se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.


16. A diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación, las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.


17. Este principio se desprende del artículo 74 de la Constitución federal, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.


18. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el "Paquete Económico" que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.


19. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución federal.(5)


20. En el caso, las leyes de ingresos de los Municipios de Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Zihuatanejo de Azueta y Acapulco de Juárez, impugnadas, prevén los ingresos que percibirán los Ayuntamientos en el ejercicio fiscal 2020 para financiar el gasto público, la administración municipal, atribuciones, funciones, servicios públicos y la inversión en programas, proyectos y acciones de gobierno para dar respuesta a la demanda social. Así se desprende del acápite del artículo 4 de la ley de ingresos del Municipio de Chilpancingo de los Bravo y los artículos 1 de las leyes de ingresos de los Municipios de Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Zihuatanejo de Azueta y Acapulco de Juárez.


21. De esta forma, resulta evidente para esta Primera Sala que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal 2020, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.


22. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(6) sin que en el caso, pudieran darse efectos retroactivos a la determinación que en el fondo pudiera adoptarse, al no tratarse de normas de naturaleza penal, en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia.(7)


23. Resulta aplicable por analogía la tesis P./ J. 9/2004,(8) de rubro y texto siguientes:


ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.


De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria.


24. Por lo expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,


R E S U E L V E :


ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.


Notifíquese por oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.


Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente).


Firman la Ministra Presidenta de la Sala y Ponente, con la Subsecretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.






PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE







MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT






SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA







LIC. ELSA GUTIÉRREZ OLGUÍN








________________

1. Los artículos: a) 18 y 19 de la Ley Número 283 de Ingresos para el Municipio de Alcozauca de Guerrero, b) 11 y 12 de la Ley Número 284 de Ingresos para el Municipio de Alpoyeca, c) 13 y 14 de la Ley Número 285 de Ingresos para el Municipio de Apaxtla de Castrejón, d) 9, 13 y 14 de la Ley Número 286 para el Municipio de Atenango del Río, e) 10 y 11 de la Ley Número 287 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte, f) 13 y 14 de la Ley Número 289 de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, g) 13 y 14 de la Ley Número 290 de Ingresos para el Municipio de Buenavista de Cuéllar, h) 13 y 14 de la Ley Número 291 de Ingresos para el Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, i) 9 y 10 de la Ley Número 292 de Ingresos para el Municipio de Copalillo, j) 11 y 12 de la Ley Número 293 de Ingresos para el Municipio de Copanatoyac, k) 11 y 12 de la Ley Número 295 de Ingresos para el Municipio de Cualac, l) 13 y 14 de la Ley Número 296 de Ingresos para el Municipio de Cuetzala del Progreso, m) 13 y 14 de la Ley Número 297 de Ingresos para el Municipio de Cutzamala de Pinzón, n) 10 y 11 de la Ley Número 298 de Ingresos para el Municipio de Florencio Villareal, o) 13 y 14 de la Ley Número 299 de Ingresos para el Municipio de General Canuto A. Neri, p) 12 y 13 de la Ley Número 300 de Ingresos para el Municipio de Huamuxtitlán, q) 11 y 12 de la Ley Número 301 de Ingresos para el Municipio de Igualapa, r) 11 y 12 de la Ley Número 302 de Ingresos para el Municipio de Iliatenco, s) 12 y 13 de la Ley Número 303 de Ingresos para el Municipio de Ixcateopan, t) 11 y 12 de la Ley Número 304 de Ingresos para el Municipio de José Joaquín de Herrera, v) 16 y 17 de la Ley Número 305 de Ingresos para el Municipio de Juan R. Escudero, w) 17 y 18 de la Ley Número 306 de Ingresos para el Municipio de Juchitán y x) 12 y 13 de la Ley Número 307 de Ingresos para el Municipio de Leonardo Bravo; todos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020.


2. Los artículos: a) 89, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 283 de Ingresos para el Municipio de Alcozauca de Guerrero, b) 51, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 284 de Ingresos para el Municipio de Alpoyeca, c) 84, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 285 de Ingresos para el Municipio de Apaxtla de Castrejón, d) 86, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 286 para el Municipio de Atenango del Río, e) 70, fracción I, numeral 15, de la Ley Número 287 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte, f) 91, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 289 de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, g) 91, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 290 de Ingresos para el Municipio de Buenavista de Cuéllar, h) 85, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 291 de Ingresos para el Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, i) 76, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 292 de Ingresos para el Municipio de Copalillo, j) 51, fracción I, numeral 61, de la Ley Número 293 de Ingresos para el Municipio de Copanatoyac, k) 80, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 295 de Ingresos para el Municipio de Cualac, l) 84, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 296 de Ingresos para el Municipio de Cuetzala del Progreso, m) 87, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 297 de Ingresos para el Municipio de Cutzamala de Pinzón, n) 75, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 298 de Ingresos para el Municipio de Florencio Villareal, o) 86, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 299 de Ingresos para el Municipio de General Canuto A. Neri, p) 68, numeral 61, de la Ley Número 300 de Ingresos para el Municipio de Huamuxtitlán, q) 83, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 301 de Ingresos para el Municipio de Igualapa, r) 51, fracción I, numeral 61, de la Ley Número 302 de Ingresos para el Municipio de Iliatenco, s) 88, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 303 de Ingresos para el Municipio de Ixcateopan, t) 51, fracción I, numeral 61, de la Ley Número 304 de Ingresos para el Municipio de José Joaquín de Herrera, v) 87, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 305 de Ingresos para el Municipio de Juan R. Escudero, w) 90, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 306 de Ingresos para el Municipio de Juchitán y x) 75, inciso a), numeral 61, de la Ley Número 307 de Ingresos para el Municipio de Leonardo Bravo; todos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020.


3. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [...]

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...]


4. Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.


5. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases siguientes: [...]

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.


6. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...]

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

[...]


7. Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.


8. Acción de inconstitucionalidad 6/2003 y su acumulada 8/2003. Diputados Federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión y Procurador General de la República. 6 de enero de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

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