Ejecutoria num. 167/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 15-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 167/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE MAYO DE 2021. PONENTE: J.L.P.. SECRETARIA: É.Y.Z.V..

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 167/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 2, fracciones VII, IX, XII y XIV, 36, 37, 39, párrafo primero, fracciones I y II, 40, párrafo segundo, 41, párrafos segundo y tercero, 42 y 43 de la Ley de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua.

I. ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "CNDH") promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó los artículos 2, fracciones VII, IX, XII y XIV, 36, 37, 39, párrafo primero, fracciones I y II, 40, párrafo segundo, 41, párrafos segundo y tercero, y 42 y 43 de la Ley de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, reformada y adicionada mediante Decreto LXVI/RFLEY/60669/2020 III P.E., publicado el veintidós de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad federativa.(1) Los preceptos referidos establecen lo siguiente:

"Artículo 2. G..

"Para los efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"VII. Disposición anticipada: Asignación de los bienes durante el proceso de extinción de dominio previo a la emisión de la resolución definitiva para su uso, usufructo, asignación o aprovechamiento de los mismos, para programas sociales o políticas públicas prioritarias, en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

"...

"IX. Fondo de reserva: Cuenta en la que la autoridad administradora transferirá el producto de la venta de los bienes que causaron extinción de dominio por sentencia firme, el cual no podrá ser menor al diez por ciento del producto de la venta o bien, el monto de los recursos por venta anticipada que no podrá ser menor al treinta por ciento del producto de la venta, en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

"...

"XII. Monetización: El producto de la conversión de los bienes objeto de la extinción de dominio en su valor en dinero.

"...

"XIV. Venta anticipada: La enajenación de bienes previo a la emisión de la sentencia definitiva en materia de extinción de dominio."

"Artículo 36. Los bienes a que se refiere este capítulo serán transferidos a la autoridad administradora de conformidad con lo establecido en esta ley, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio y en las demás disposiciones legales aplicables.

"Tratándose de bienes tales como armas de fuego, municiones y explosivos, así como los narcóticos, flora y fauna protegidos (sic), materiales peligrosos y demás bienes cuya propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada, se procederá en los términos de la legislación federal aplicable."

"Artículo 37. La venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio procederá en los siguientes casos, cuando:

"I. La enajenación sea necesaria, dada la naturaleza de dichos bienes.

"II. Representen un peligro para el medio ambiente o para la salud.

"III. Por el transcurso del tiempo puedan sufrir pérdida, merma o deterioro o que, en su caso, se pueda afectar gravemente su funcionamiento.

"IV. Su administración o custodia resulten incosteables o causen perjuicios al erario del Estado.

"V. Se trate de bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, semovientes u otros animales.

"VI. Se trate de bienes que, sin sufrir deterioro material, se deprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo.

"El producto de la venta, menos los gastos de administración correspondientes, será depositado en la cuenta especial, previa reserva que establece el segundo párrafo del artículo 43 del presente ordenamiento."

"Artículo 39. Los bienes objeto de la acción de extinción de dominio podrán disponerse o venderse de manera anticipada, a través de:

"I. Compraventa, permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, por medio de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa.

"II. Donación."

"Artículo 40. ...

"En el caso de tierras ejidales o comunales se resolverá, como consecuencia de la extinción de dominio, que el Estado cuando recupere la propiedad, la ponga a disposición de la Asamblea Ejidal o Comunal para que la reasignen en beneficio del núcleo agrario o de persona distinta conforme a la Ley Agraria."

"Artículo 41. ...

"Cuando de las constancias que obren en la carpeta de investigación o averiguación previa o en el proceso penal de que se trate, se advierta la extinción de la responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o por prescripción, el Ministerio Público o la autoridad judicial, respectivamente, de oficio, podrán reconocer la calidad de víctima u ofendido, siempre que existan elementos suficientes, para el efecto exclusivo de que este tenga derecho a la reparación del daño causado.

"El destino del valor de realización de los bienes, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, a que se refiere este artículo, se sujetará a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y de fiscalización."

"Artículo 42. Para efecto de lo señalado en esta ley, la autoridad administradora estará a lo que el J. determine, siempre que exista cantidad líquida suficiente derivada del procedimiento de extinción de dominio correspondiente. En todo caso, el J. deberá especificar en su sentencia o resolución correspondiente, los montos a liquidar, la identidad de los acreedores y el orden de preferencia entre los mismos.

"El Ministerio Público deberá, en su caso, representar los intereses de quien se conduzca como víctima u ofendido por los actos y hechos ilícitos a los que se refiere la Ley Nacional de Extinción de Dominio y por los que se ejercitó la acción de extinción de dominio."

"Artículo 43. Los gastos de administración y enajenación, y los que se generen por la publicación de edictos ordenados durante el procedimiento en materia de extinción de dominio, se pagarán con cargo a los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes que se pusieron a disposición para su administración y, en su caso, con cargo a la cuenta especial a que se refiere esta ley y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

"Asimismo, de los recursos obtenidos de la venta de bienes extintos, la autoridad administradora deberá prever un fondo de reserva para restituir aquellos que ordene la autoridad judicial mediante sentencia firme, los cuales no podrán ser menores al diez por ciento del producto de la venta. En el caso de los recursos obtenidos de la venta de bienes en proceso de extinción de dominio, la reserva de los recursos no será menor al treinta por ciento del producto de la venta."

2. Concepto de invalidez. La accionante argumenta, en síntesis, lo siguiente:

Único. Las disposiciones impugnadas vulneran el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

• La Ley Nacional de Extinción de Dominio establece las normas que regulan los supuestos de procedencia, los presupuestos procesales y los procedimientos relativos a la acción de extinción de dominio. Por tanto, las disposiciones impugnadas duplican la regulación en la materia, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Las personas no tendrán certeza respecto de qué legislación resulta aplicable a los procedimientos de extinción de dominio en los que sean parte, aunado a que las normas fueron emitidas por una autoridad que no se encuentra constitucionalmente habilitada para ello.

• El artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión es el órgano habilitado para expedir la legislación única en materia de extinción de dominio que regirá en el orden federal y en el fuero común, excluyendo la concurrencia de las entidades federativas para regular dicha materia. La reforma constitucional al artículo 73, de catorce de marzo de dos mil diecinueve, tuvo por objetivo unificar las normas aplicables al procedimiento de extinción de dominio. A partir de la entrada en vigor de dicha reforma constitucional, la atribución de las entidades federativas para legislar en materia de extinción de dominio quedó sin efectos.

• En acatamiento de lo anterior, el legislador federal expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio que fue publicada el nueve de agosto de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. El artículo transitorio segundo del decreto promulgatorio estableció que, a partir de la entrada en vigor del decreto, se abrogaban la Ley Federal de Extinción de Dominio y las leyes de extinción de dominio de las entidades federativas. No obstante, el artículo tercero transitorio estableció un plazo para que las entidades federativas armonizaran su legislación respectiva con la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

• Resulta necesario acudir a las disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para verificar el margen de actuación que tienen las entidades federativas para armonizar internamente sus leyes. En esa línea, las Legislaturas Locales únicamente están habilitadas para ejecutar las disposiciones de la legislación única emitida por el Congreso de Unión, así como para regular cuestiones orgánicas y las que expresamente señale la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

• Los preceptos impugnados no pueden ser considerados como disposiciones que resulten necesarias para la armonización normativa que señala el artículo tercero transitorio del decreto. De la lectura de los artículos 2, fracciones VI, X, XVII, XI, 223, 228, 230, 233, 234, 236 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se advierte que las disposiciones impugnadas regulan aspectos que se encuentran establecidos en la legislación única. Esta duplicidad de la regulación en materia de extinción de dominio genera inseguridad jurídica.

• Finalmente, es necesario precisar que, si bien el legislador local reformó y adicionó la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, y no una ley de extinción de dominio, ello no implica que los artículos controvertidos sean de naturaleza orgánica o para la armonización legislativa. Por el contrario, de la lectura de las disposiciones se advierte que el legislador reguló materialmente cuestiones que corresponden a la legislación nacional exclusiva del Congreso de la Unión.

3. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida, y designó al Ministro J.L.P. para que actuara como instructor en el procedimiento.(2) El instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado Chihuahua para que rindieran sus respectivos informes, y a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación convenga.(3)

4. Informes. El Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua rindieron informes defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada.(4) El Ministro instructor tuvo por presentados los informes y concedió a las partes el plazo legal respectivo a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(5)

5. Opinión del fiscal general de la República. La directora general de Asuntos Jurídicos y el director general de Constitucionalidad, ambos de la Fiscalía General de la República, formularon opinión en el presente medio de control constitucional y calificaron como infundados los argumentos de la CNDH.(6)

6. Cierre de instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos de la CNDH, y al haber trascurrido el plazo legal concedido a las partes, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(7)

II. COMPETENCIA

7. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Ley de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. OPORTUNIDAD

8. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) (en adelante, Ley Reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente; y, c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.

9. En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de febrero de dos mil veinte, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el veintitrés de febrero y concluyó el lunes veintitrés de marzo del mismo año. Sin embargo, el último día del plazo fue inhábil en términos del Acuerdo General 3/2020(11) y, debido a que se extendió la suspensión de actividades de ese documento en los diversos Acuerdos Generales 6/2020,(12) 7/2020,(13) 10/2020,(14) 12/2020(15) y 13/2020,(16) la acción de inconstitucionalidad podía presentarse hasta el día hábil siguiente, esto es, el tres de agosto de dos mil veinte, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria.

10. En ese contexto, si el escrito de demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de agosto de dos mil veinte, se concluye que su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

12. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por M.d.R.P.I., quien actúa en representación de la CNDH, y acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Senado de la República.(18) El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, dispone que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.(19)

13. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por quien representa a la Comisión(20) y además, cuestiona la violación a diversos derechos humanos, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

15. Al no existir otras causales de improcedencia alegadas por las partes, ni advertirse de oficio por este Alto Tribunal, lo procedente es estudiar las disposiciones impugnadas.

VI. ESTUDIO

16. La CNDH planteó, en esencia, que los artículos impugnados de la Ley de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, dado que el Congreso Local carece de competencia para legislar en dicha materia, lo que, además, genera incertidumbre respecto de la norma aplicable a los procedimientos de extinción de dominio.

17. Este Tribunal Pleno considera que los argumentos de la accionante son fundados. Para llegar a tal conclusión es necesario considerar que el catorce de marzo de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos 22 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma tuvo por objeto fortalecer la operatividad de la extinción de dominio, así como garantizar los principios de claridad y certeza en favor de quienes se encuentren sujetos a ese tipo de procedimientos.(21) Los artículos referidos establecen lo siguiente:

"Artículo 22. ... No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

"La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

"Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

"A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento."

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...

"XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución."

19. En relación con la referida reforma, este Tribunal Pleno concluyó en la acción de inconstitucionalidad 103/2019(24) que el Congreso de la Unión es el único que cuenta con competencia para legislar en materia de extinción de dominio. En este precedente también se destacó que, en términos del artículo 124 constitucional,(25) las facultades que no se encuentran expresamente concedidas por la Constitución Federal a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México.

20. En ese mismo precedente se precisó que, a partir de la entrada en vigor de la reforma a los artículos 22 y 73, fracción XXX, constitucionales, esto es, el quince de marzo de dos mil diecinueve, las Legislaturas Locales dejaron de tener competencia para legislar en materia de extinción de dominio. Asimismo, se precisó que las Legislaturas Locales deberán sujetarse a lo que disponga la ley única correspondiente para regular aspectos orgánicos complementarios a esa materia.(26)

22. Aunado a lo anterior, es necesario considerar que el Congreso de la Unión ya hizo uso de las atribuciones referidas, pues el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio se publicó el nueve de agosto de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con el artículo 1o. de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el objeto de la ley es regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado; el procedimiento correspondiente; los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio; los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos a dicho proceso; y los criterios para el destino de los bienes, cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

23. En relación con dicha ley nacional, las autoridades emisoras precisaron en sus informes que las reformas que hoy son materia de revisión tuvieron por objeto armonizar la legislación local con la federal.(27) En efecto, como se advierte del siguiente cuadro comparativo, el Congreso del Estado de Chihuahua reprodujo diversas disposiciones de la ley nacional:

Ver cuadro comparativo

25. En conclusión, en diversas ocasiones este tribunal ha concluido que todos los aspectos que se encuentran regulados por la Ley Nacional de Extinción de Dominio no pueden ser parte de las normas estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto que dicha ley es de observancia general para los procesos de extinción de dominio de bienes a favor del Estado, por conducto del Gobierno Federal y de las entidades federativas, según corresponda.(29)

26. T. del ámbito de aplicación de la ley nacional referida, en el proceso legislativo se destacó lo siguiente:

La presente iniciativa propone la expedición de una ley con un ámbito de aplicación nacional, por lo que sus disposiciones serán de observancia general y de orden público en toda la República Mexicana y para todos los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, la cual quedará definida según se trate de la jurisdicción que deba conocer de las investigaciones de las conductas delictivas detalladas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(30)

VII. EFECTOS

28. Antes de precisar los efectos que corresponden con motivo de lo resuelto en la presente acción de inconstitucionalidad, se advierte que la accionante solicitó la extensión de la invalidez a todas aquellas normas que estén relacionadas con las que se consideren inconstitucionales, de conformidad con los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

29. Este Tribunal Pleno considera que dicha solicitud resulta infundada. Esto es así porque no se advierte que alguna disposición comparta el mismo vicio de invalidez o que guarde una relación de dependencia con las normas que fueron invalidadas en esta resolución, en términos de la jurisprudencia P./J. 32/2006 del Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA."(31)

30. Finalmente, en términos de los artículos 41, fracción IV,(32) y 45, párrafo primero,(33) en relación con el 73(34) de la Ley Reglamentaria, es necesario fijar, entre otros aspectos, los alcances de esta sentencia, así como el momento a partir del cual surtirá efectos, lo que se hace en los siguientes términos:

i. Declaración de invalidez

31. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, se declara la invalidez de los artículos 2, fracciones VII, IX, XII y XIV, 36, 37, 39, párrafo primero, fracciones I y II, 40, párrafo segundo, 41, párrafos segundo y tercero, 42 y 43 de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua.

ii. Momento en el que surtirá efectos la declaración de invalidez

34. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.—Se declara la invalidez de los artículos 2, fracciones VII, IX, XII y XIV, 36, 37, 39, párrafo primero, fracciones I y II, 40, párrafo segundo, 41, párrafos segundo y tercero, y 42 y 43 de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto No. LXVI/RFLEY/0669/2020 III P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de febrero de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo establecido en los apartados VI y VII de esta decisión.

TERCERO.—P. esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de las Ministras y de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los apartados I, II, III y V relativos, respectivamente, a los antecedentes, a la competencia, a la oportunidad y a las causales de improcedencia.

Se aprobó por unanimidad de once votos de las Ministras y de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M. con reserva de criterio, F.G.S. con reserva de criterio, A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del apartado IV, relativo a la legitimación.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por unanimidad de once votos de las Ministras y de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M. con observaciones, P.R. separándose de algunas consideraciones, P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L. en contra de la metodología, respecto del apartado VI, relativo al estudio, consistente en declarar la invalidez de los artículos 2, fracciones VII, IX, XII y XIV, 36, 37, 39, párrafo primero, fracciones I y II, 40, párrafo segundo, 41, párrafos segundo y tercero, 42 y 43 de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto No. LXVI/RFLEY/0669/2020 III P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de febrero de dos mil veinte. El Ministro G.A.C. anunció voto aclaratorio. La Ministras y los Ministros F.G.S., P.H., R.F. y presidente Z.L. de L. anunciaron sendos votos concurrentes.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las Ministras y de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., R.F., L.P. y P.D., respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar que no procede extender la invalidez decretada a otras disposiciones del ordenamiento legal impugnado. La M.P.H. y el Ministro presidente Z.L. de L. votaron en contra. El Ministro presidente Z.L. de L. anunció voto particular. La M.E.M. reservó su derecho de formular voto concurrente.

Se aprobó por unanimidad de once votos de las Ministras y de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en: 2) determinar que la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Chihuahua; y, 3) establecer que no se imprimirán efectos retroactivos a la declaratoria de invalidez porque, si bien la materia de extinción de dominio comparte su origen con la materia penal, se trata de un procedimiento diverso e independiente. La M.E.M. reservó su derecho de formular voto concurrente.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de las Ministras y de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L..

El Ministro presidente Z.L. de L. declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 38/2010 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, con número de registro digital: 164865.

La presente sentencia también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de agosto de 2021.

________________

1. Escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación. Fojas 1 a 13 vuelta del expediente en que se actúa.

2. Acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte. I., fojas 22 a 23 vuelta.

3. Acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte. I., fojas 25 a 29.

4. I., fojas 80 a 99, y 560 a 564.

5. Acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte. Fojas 654 a 656 del expediente en que se actúa.

6. Escrito presentado el seis de enero de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación. I., fojas 670 a 678.

7. Acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. I., fojas 689 a 691.

8. "Artículo 105. ... II. ... g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

9. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

10. "Artículo 60. El plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

11. Debido al Coronavirus COVID-19 (SARS-Cov-2), se suspendió toda actividad jurisdiccional de este Alto Tribunal y se declararon como inhábiles los días comprendidos del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte. "Acuerdo General Número 3/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se suspenden actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días que comprenden del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, y se habilitan los días que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales urgentes."

12. En virtud del cual se prorrogó la suspensión de actividades de este Alto Tribunal y se declararon inhábiles los días comprendidos entre el veinte de abril al cinco de mayo de dos mil veinte.

13. En virtud del cual se prorrogó la suspensión de actividades de este Alto Tribunal y se declaró inhábil el periodo comprendido del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte.

14. En virtud del cual se prorrogó la suspensión de actividades de este Alto Tribunal y se declaró inhábil el periodo comprendido del primero al treinta de junio de dos mil veinte.

15. En virtud del cual se prorrogó la suspensión de actividades de este Alto Tribunal y se declaró inhábil el periodo comprendido del primero al quince de julio de dos mil veinte.

16. En virtud del cual se prorrogó la suspensión de actividades de este Alto Tribunal y se declaró inhábil el periodo comprendido del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte.

17. "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."

18. Foja 14 del expediente en que se actúa.

19. "Artículo 105. ... II. ... g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

20. "Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

"I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; ...

"XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte."

21. Tal como destacó este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 159/2017 y su acumulada 160/2017, fallada en sesión de diez de septiembre de dos mil veinte.

22. Transitorio "Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia de este decreto expedirá la legislación nacional única en materia de extinción de dominio."

23. Transitorio "Tercero. La Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio que ordena el presente decreto."

24. Resuelta por unanimidad de votos en sesión de veinte de julio de dos mil veinte.

25. "Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias."

26. Acción de inconstitucionalidad 14/2018, resuelta por la Primera Sala de esta Suprema Corte en sesión de seis de febrero de dos mil veinte; acción de inconstitucionalidad 49/2018, resuelta por la Primera Sala en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.

27. Fojas 80 a 99, y 560 a 564 del expediente en que se actúa.

28. "La intención señalada en la iniciativa no es justificación para ir más allá de las facultades que se establecen en la Constitución Federal, esto es, que a partir del quince de marzo de dos mil diecinueve fecha en que entró en vigor la reforma constitucional en relación con la materia de extinción de dominio, únicamente el Congreso de la Unión es el órgano facultado para legislar al respecto.". Resuelta por unanimidad de votos en sesión de veinte de julio de dos mil veinte.

29. Ley Nacional de Extinción de Dominio. "Artículo 1. La presente ley nacional es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso, en su vertiente civil que es la materia de esta ley, estado para el Estado Mexicano. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular: I. La extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las entidades federativas, según corresponda, en los términos de la presente ley."

30. Exposición de motivos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, miércoles veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Iniciativa de Senadores (Grupo parlamentario de M., gaceta No. LXIV/1SPO 110/92083.

31. Disponible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., febrero de 2006, página 1169, con número de registro digital: 176056.

32. Artículo 41 de la ley reglamentaria. "Las sentencias deberán contener: ...

"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

33. Artículo 45 de la Ley Reglamentaria. "Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

34. Artículo 73 de la Ley Reglamentaria. "Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

35. Artículo 45 de la Ley Reglamentaria. "Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

36. Artículo 73 de la Ley Reglamentaria. "Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

37. Fallada por el Tribunal Pleno en sesión de doce de mayo de dos mil quince.

38. Fallada por el Tribunal Pleno en sesión de doce de mayo de dos mil quince.

39. Fallada por el Tribunal Pleno en sesión de cuatro de agosto de dos mil quince.

Esta sentencia se publicó el viernes 15 de octubre de 2021 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federacióny, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de octubre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.