Ejecutoria num. 155/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

JuezAlberto Pérez Dayán,Javier Laynez Potisek,Luis María Aguilar Morales,Yasmín Esquivel Mossa
Fecha de publicación14 Octubre 2022
EmisorSegunda Sala
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III,2191

AMPARO EN REVISIÓN 155/2022. JULIO H.A.H. Y OTROS. 24 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P.Y.Y.E.M.; UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN RELACIÓN CON EL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. AUSENTE: L.O.A.. DISIDENTE: L.M.A.M.. PONENTE: J.L.P.. SECRETARIO: C.A.A.A..


ÍNDICE TEMÁTICO


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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:


SENTENCIA


Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 155/2022, interpuesto por J.H.A.H., en contra de la resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente número 123/2020.


El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si fue correcto lo resuelto por el Juez de Distrito al negar el amparo respecto de la pretendida inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación por atentar contra de los principios de igualdad y no discriminación, previstos por el artículo 1o. constitucional y otorgar la protección constitucional solicitada en contra de los actos reclamados del presidente de la República, de la secretaria de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores y de la directora de Servicios Consulares de esa dependencia, así como del secretario de Educación Pública y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dejen sin efectos los oficios reclamados y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitan una respuesta completa y congruente a la solicitud del quejoso y le brinden la asesoría para obtener la e.firma conforme a su situación migratoria.


I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE


1. Derecho de petición. Julio H.A.H. presentó diversos escritos ante distintas autoridades para solicitar que le indicaran los trámites o procedimientos que, como ciudadano mexicano residente en el extranjero, debe realizar para obtener a distancia la firma electrónica avanzada; ello, ante su imposibilidad de viajar a territorio nacional. En los escritos petitorios señaló que buscaba obtener la firma electrónica por ser requisito indispensable para realizar trámites y actos jurídicos, entre ellos, la obtención de la cédula profesional.


2. Demanda de amparo. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a quienes se presentó la solicitud precisada, la referida persona presentó demanda de amparo(1) en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:


"III. Autoridades responsables: ...


"1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos


"2. Secretaria de Gobernación


"3. Secretario de Relaciones Exteriores


"4. Secretario de Educación Pública


"5. Jefe del Servicio de Administración Tributaria


"6. Director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública


"7. Directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores."


"IV. Actos reclamados:


"1. Se reclama a los C.C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretaria de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, jefe del Servicio de Administración Tributaria y director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública: la omisión de dar respuesta a la petición que el suscrito les dirigió mediante el escrito de fecha 7 de enero de 2020, recibido por cada una de las responsables el día 9 de enero de 2020.


"2. Se reclama a la C. Directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores el oficio número DSC00370, SRE/12.C06/2020-152.02, de fecha 14 de enero de 2020."


3. Admisión de la demanda. El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda,(2) la registró con el número de expediente 123/2020 y requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación.


4. Ampliación de la demanda. Una vez que fueron rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, con motivo del rendido por parte de la jefa del Servicio de Administración Tributaria,(3) el Juez de Distrito dio vista a la parte quejosa(4) para que ampliara la demanda y, ante ello, el quejoso formuló ampliación(5) en la cual señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes:


"III. Autoridades responsables. Además de las señaladas en el escrito inicial de demanda, adiciono, en el doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, a: H. Congreso de la Unión; C.P. de la República; C. Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente 2 dependiente de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT); C. Subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; C.A. general jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT)."


"IV. Actos reclamados:


"1. Se reclama al H. Congreso de la Unión, el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación en vigor, adicionado y reformado por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, 12 de diciembre de 2011 y 9 de diciembre de 2013.


"2. Se reclama al C.P. de la República, la promulgación y orden de publicación de los decretos citados en el punto que antecede, relativos al artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación en vigor.


"3. Se reclama a la C. Administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ficha 105/CFF ‘solicitud del certificado de e.firma’ contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2019.


"4. Se reclama al C. Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente 2 dependiente de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de fecha 17 de febrero de 2020, notificado el día 19 de febrero de 2020.


"5. Se reclama a la C. Subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación el oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de fecha 23 de enero de 2020."


5. Sentencia de amparo. Admitida la ampliación(6) y seguido el procedimiento correspondiente, el Juez de Distrito dictó sentencia(7) en la que resolvió:


• Fijación de los actos reclamados. En el segundo considerando de la sentencia, el Juez determinó que, a partir de la lectura de la demanda y su ampliación, los actos reclamados eran los siguientes:


- La aprobación, expedición y promulgación del artículo 17- D del Código Fiscal de la Federación.


- La omisión de dar respuesta al escrito de siete de enero de dos mil veinte.


- El oficio DSC00370,SRE/12C.06/2020-152.02, de catorce de enero de dos mil veinte.


- El oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte.


- La ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma", contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte.


- El oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte.


• Certeza de los actos reclamados. En el tercer considerando del fallo sujeto a revisión, el Juez tuvo por ciertos los siguientes actos:


- La aprobación, expedición y promulgación del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, atribuida al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, pues así lo manifestaron dichas autoridades en sus respectivos informes justificados.


- La ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre dos mil diecinueve, atribuida al jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria; ello con independencia de lo manifestado por dichas autoridades.


- La omisión de dar respuesta al escrito de siete de enero de dos mil veinte, por parte del presidente de la República, de la secretaria de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores, de la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del secretario de Educación Pública y del jefe del Servicio de Administración Tributaria; ello con independencia de lo manifestado por dichas autoridades en sus respectivos informes con justificación, pues del contenido de los oficios 5.AP/ARP/626/2020, de doce de febrero de dos mil veinte, DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte, y 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se desprende que hubo una petición elevada a dichas autoridades la cual no fue atendida antes de la presentación de la demanda.


- La emisión del oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, y del oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte, por parte del administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente 2 dependiente de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente de la Administración Tributaria y de la subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concentración Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, pues así lo reconocieron dichas autoridades al rendir sus informes justificados.


• Causas de improcedencia. En el cuarto considerando (el cual denominó como "causa de improcedencia infundada") de la respectiva sentencia, el a quo estimó actualizada en forma oficiosa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo (esto es, la cesación de efectos) respecto del acto consistente en la omisión de respuesta al escrito petitorio de siete de enero de dos mil veinte, reclamada del presidente de la República, secretaria de gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, de la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del jefe del Servicio de Administración Tributaria; ello porque estimó que de los documentos remitidos en copia certificada se desprende que dichas autoridades dieron contestación a las peticiones que les fueron formuladas, por lo que cesó la omisión inicialmente atribuida.


• En el quinto considerando del fallo de amparo, el Juez analizó la causa de improcedencia propuesta por el director de concentración de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, consistente en la supuesta falta de interés (jurídico y legítimo) de la parte quejosa para reclamar la inconstitucionalidad del oficio número DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte. En ese apartado el a quo consideró infundado el motivo de inviabilidad precisado por estimar que ese acto derivó de la petición formulada por la parte quejosa a la propia responsable y, ante ello, la accionante podía cuestionar la respuesta dada a su petición cuando ésta afecte sus derechos.


En ese mismo considerando el Juez analizó y desestimó la causa de improcedencia propuesta por la referida autoridad consistente en la improcedencia del juicio por no agotar previamente el principio de definitividad al no haberse impugnado el oficio precisado en la vía contencioso administrativa. Dicho motivo de improcedencia se desestimó al considerar la actualización de una excepción al principio señalado pues, en el caso, se planteó la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, por lo que no era obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa procedentes previo al amparo.


• Estudio de fondo. En el sexto considerando de la sentencia de amparo abordó el estudio de los argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, así como de la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma", contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte. Al respecto, el a quo negó el amparo en contra de dichos actos por considerar que el hecho de que tales normas no prevean la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero tramiten la firma electrónica a través de representante legal, no es discriminatorio. Para arribar a tal conclusión, luego de transcribir los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 18 y 23 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, el Juez fijó las siguientes premisas:


- La firma electrónica avanzada es una herramienta tecnológica que sustituye a la firma autógrafa con los mismos efectos legales que ésta y, para su emisión, se necesitan dos datos: la clave privada y el certificado digital vigente, el cual deberá contener los requisitos previstos en el numeral 17 de la ley referida.


- El artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de utilizar firma electrónica avanzada cuando se presenten documentos digitales, para lo cual el contribuyente debe contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedida por el Servicio de Administración Tributaria.


- Para la creación de firmas electrónicas avanzadas, los contribuyentes podrán hacer el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México y el Servicio de Administración Tributaria, quien validará la información, la identidad, domicilio y, en su caso, sobre la situación fiscal del solicitante.


- De no hacerlo, la autoridad podrá negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada.


- Es posible que el Servicio de Administración Tributaria emita reglas de carácter general en las cuales podrá establecer los documentos y procedimientos para validar la información proporcionada por los interesados.


- Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante un prestador de servicios de certificación diverso al Servicio de Administración Tributaria, se requerirá que el interesado previamente comparezca personalmente ante el Servicio de Administración Tributaria para acreditar su identidad.


- La comparecencia de las personas físicas no podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a través de reglas de carácter general, como lo es la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, en donde se prevén como excepciones a dicha regla los casos siguientes: • Menores de edad. • Personas físicas con incapacidad legal judicialmente declarada. • Contribuyentes en apertura de sucesión. • Contribuyentes declarados ausentes. • Contribuyentes privados de su libertad. • Contribuyentes clínicamente dictaminados en etapa terminal.


Precisado ello, el J. indicó que, en el caso de los menores de edad, las personas físicas con incapacidad legal judicialmente declarada y los contribuyentes clínicamente dictaminados en etapa terminal, la excepción prevista resultaba comprensible a partir de las características físicas y mentales de esos sujetos, pues presentan una restricción a la personalidad jurídica que no debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia.


Luego indicó que, en el caso de los contribuyentes en apertura de sucesión, si bien no tienen restricción de la personalidad, lo cierto es que quien es nombrado heredero o legatario se convierte en el encargado de finiquitar las obligaciones del difunto, por lo cual es posible realizar el trámite de la firma electrónica a través de un representante legal.


Asimismo, en lo referente a los contribuyentes declarados ausentes, estimó que el procedimiento de declaración especial de ausencia parte de la desaparición de una persona, por lo cual resulta lógico que sea un tercero quien en tal supuesto pueda realizar el trámite de la firma electrónica avanzada.


Respecto de los contribuyentes privados de su libertad, el J. señaló que tal condición impide realizar el trámite en forma directa y, por tanto, el Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares e iniciativas especiales para garantizar a esas personas las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de los derechos, entre las cuales está la controvertida por la parte quejosa.


Agregó que las normas impugnadas utilizan palabras neutras pues no invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación (discriminación directa) y concluyó que existe una justificación objetiva y razonable en cuanto al trato dado a ciertos sujetos, pues en ellos se reconocen determinados impedimentos físicos, mentales y jurídicos para acudir de manera presencial ante el Servicio de Administración Tributaria.


Así, señaló que el hecho de radicar en el extranjero no es una condición que restrinja los atributos de la personalidad, como sí lo son los casos de excepción previstos en la normativa reclamada, en donde se reconocen diversos impedimentos físicos, mentales y jurídicos para acudir de manera presencial ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo que tales normas no generan discriminación.


Adicionalmente, el J. refirió que el accionante no acreditó el supuesto impedimento que por radicar en el extranjero tiene para entrar al territorio nacional, tampoco manifestó tener algún impedimento mental, físico, jurídico o una restricción de los atributos de la personalidad para no poder realizar el trámite de manera presencial.


• Estudio de los oficios reclamados. En el séptimo considerando, el a quo analizó los conceptos de violación encaminados a demostrar la ilegalidad de los oficios números DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte y 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte. Al respecto, el J. estimó fundado lo expresado por el quejoso, para lo cual luego de transcribir el escrito petitorio elevado a las autoridades responsables, así como los dos oficios precisados, el juzgador concluyó que el quejoso solicitó al presidente de la República, secretaria de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, y de la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y del secretario de Educación Pública y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, le informaran los trámites para obtener la firma electrónica, debido a que reside en el extranjero y desea cumplir con sus obligaciones fiscales por lo cual solicita una asesoría debido a que manifestó su imposibilidad para venir al territorio nacional.


Posteriormente, el J. afirmó que a través de los oficios indicados, las responsables en comento se limitaron a informarle sobre el vínculo electrónico de la página oficial del Servicio de Administración Tributaria en donde se encuentran los requisitos para obtener la e.firma y le indicaron lo que establece el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, pero sin responderle en forma puntual sobre la solicitud planteada pues no le informaron si en algún consulado u oficina de representación de México en los Estados Unidos de Norte América es posible realizar el trámite materia de las peticiones. Agregó que tampoco se advierte que las autoridades responsables hayan indagado sobre las razones por las cuales el quejoso se encuentra impedido para realizar el trámite en forma directa en el territorio nacional, lo cual resulta incongruente, poco exhaustivo, e indebidamente fundado y motivado y, ante ello, estimó procedente otorgar el amparo en contra de tales actos, para el efecto de que el presidente de la República, la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario de Educación Pública y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, dejen insubsistentes los oficios reclamados y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitan nuevos actos en los cuales den contestación de manera completa y congruente a la solicitud del quejoso y le brinden la asesoría para obtener la e.firma conforme a su situación migratoria.


6. Recursos de revisión principales. En contra de tal determinación tanto la parte quejosa como la jefa y administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2" del Servicio de Administración Tributaria, la secretaria de Gobernación, el presidente de la República, así como el secretario y la directora de Servicios Consulares, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, interpusieron sendos recursos de revisión en los cuales exponen, en síntesis, lo siguiente:


A) Recurso de la parte quejosa(8)


• Primer agravio. La sentencia recurrida es incongruente y no abordó lo efectivamente planteado puesto que en el escrito de ampliación a la demanda de amparo, la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, así como de la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, por estimarlos contrarios a la garantía de igualdad con base en dos argumentos, a saber: 1) que esas normas privan a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero de la obtención de la firma electrónica al requerir la comparecencia personal para acreditar su identidad; y, 2) que no se contempla la existencia de mexicanos residentes en el extranjero, quienes no pueden obtener la firma electrónica porque los consultados no ofrecen tal servicio, al ser el Servicio de Administración Tributaria el único ente que lo realiza, a diferencia de los mexicanos que sí residen en territorio nacional e incluso en algunos casos pueden llevar a cabo el trámite a través de representante o apoderado, siendo que, en el caso, el segundo de esos argumentos no fue atendido.


• Segundo agravio. Asimismo, la sentencia es contraria a los principios de congruencia y exhaustividad, pues se concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables dieran contestación al escrito del quejoso, circunscribiendo la respuesta a temas relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual es incorrecto porque el quejoso expresó requerir tramitar la firma electrónica para llevar a cabo todo tipo de trámites y actos jurídicos a distancia, ante el Gobierno Federal, como es el relacionado al trámite de cédulas profesionales.


B) Recurso de la jefa del Servicio de Administración Tributaria y administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2"(9)


• Primer agravio. La sentencia recurrida desatiende a los principios de congruencia y exhaustividad, pues respecto del oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitido por el administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2", se concedió el amparo, pero respecto de una autoridad diferente a quien lo emitió, pues la sentencia vinculó directamente a la jefa del Servicio de Administración Tributaria.


• Segundo agravio. Contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, no se configuró la supuesta violación al derecho de petición puesto que la respuesta contenida en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, sí cumple con los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, ya que a través de ese acto se informó de manera detallada sobre el trámite para la solicitud de generación de firma electrónica de conformidad con las disposiciones aplicables, sin que fuera necesario informarle sobre si en algún consulado u oficina de representación de México en Estados Unidos pudiera realizar su trámite porque el quejoso no solicitó tal información; en este sentido, el J. perdió de vista que la obligación de contestar fundada y motivadamente no implica que la autoridad se encuentre vinculada a responder de manera favorable a los intereses del solicitante o responder algo distinto de lo solicitado, al igual que en lo relativo a que debía solicitar más información sobre las razones por las que se encuentra impedido para viajar a territorio nacional.


C) Recurso de revisión de la secretaria de Gobernación(10)


• Primer agravio. El Juez de Distrito desvirtuó la negativa de los actos reclamados a la secretaria de Gobernación sin considerar que esa autoridad no emitió el oficio reclamado, sino que ello era atribuible a la subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, por lo que es incorrecta la conclusión contenida en el fallo recurrido para vincular a la secretaria de Gobernación al cumplimiento del fallo protector.


• Segundo agravio. El fallo recurrido también es ilegal en razón de que se omitió considerar que la secretaria de Gobernación negó los actos que le fueron reclamados por haberse emitido por una diversa autoridad, a saber, la subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno y, añade que el oficio DGAG/DCS/SN/014/2020 se encuentra debidamente fundado y motivado y, por tanto, cumple con lo previsto por el artículo 8o. constitucional.


• Tercer agravio. La sentencia recurrida vulnera el principio de legalidad al vincular en sus efectos a esa secretaría para que lleve a cabo acciones para que el quejoso pueda tramitar su firma electrónica avanzada en el extranjero, cuestiones que son ajenas a su competencia. Lo anterior, aunado a que la respuesta emitida a través del oficio antes señalado cumple con los parámetros constitucionales, por lo que dicha autoridad agotó su obligación con el gobernado al informarle que carecía de competencia.


D) Recurso de revisión interpuesto por el presidente de la República(11)


• Primer agravio. La sentencia carece de congruencia y exhaustividad al tener por cierto que el presidente de la República fue omiso en responder oportunamente al escrito presentado por el quejoso, pues no tomó en consideración lo vertido en el informe justificado en el cual se señaló que la respuesta a tal escrito se emitió el nueve de enero de dos mil veinte, en tanto que la demanda se presentó hasta el siete de febrero de ese año.


• Segundo agravio. Es ilegal la consideración contenida en el fallo recurrido en cuanto a que la documental ofrecida por el presidente de la República no da contestación al escrito de petición del quejoso; ello, pues tal documental se ofreció únicamente para acreditar que la Subprocuraduría Fiscal de la Federación podía acudir al juicio en representación del presidente de la República.


• Tercer agravio. También es ilegal dicho fallo, porque el Juez varió la litis al introducir cuestiones novedosas no planteadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, con lo que se concedieron efectos que no formaron parte de las pretensiones de la parte quejosa; es decir, la quejosa reclamó de esa autoridad en el escrito inicial de demanda la omisión de dar respuesta al escrito de petición y en la ampliación de la demanda, la promulgación y orden de publicación de los decretos relativos al artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, siendo que el J. señaló que la parte quejosa reclamó de esa autoridad la emisión de los oficios DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte y 700/01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte.


• Cuarto agravio. Asimismo, el fallo recurrido es ilegal porque no se analizaron las constancias y pruebas que obran en el asunto, y se afirmaron cuestiones no planteadas por esa autoridad, como lo es que la respuesta dada a la petición del accionante únicamente proporcionó un vínculo electrónico, lo cual es incorrecto porque el oficio con que se dio respuesta tiene un contenido diverso al estimado por el a quo. Asimismo, es ilegal la determinación relativa a que esa autoridad responsable no indagó sobre las razones por las que el quejoso se encuentra impedido para entrar al territorio nacional, así como sobre su calidad migratoria, pues tales facultades no se encuentran dentro de su esfera competencial.


• Quinto agravio. La sentencia de amparo carece de congruencia, pues al llevar a cabo el análisis de legalidad, indebidamente concede el amparo y vincula a esa autoridad a emitir una respuesta completa a la solicitud del quejoso, sin considerar que ya se dictó una respuesta fundada el nueve de enero de dos mil veinte.


E) Recurso de revisión interpuesto por el secretario y la directora de Servicios Consulares, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores(12)


• Agravio único. La sentencia recurrida transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, pues el Juez de Distrito interpretó erróneamente las disposiciones legales que rigen el derecho de petición y, a causa de ello, modificó el contenido y alcance del acto reclamado por el quejoso, al señalar que el accionante solicitó asesoría para tramitar y obtener la firma electrónica porque deseaba cumplir con sus obligaciones fiscales y estimar que la autoridad no respondió de manera puntual a esa solicitud, pues no se le informó si en algún consulado u oficina de representación en Estados Unidos de América podría realizar ese trámite, ni se indagó sobre las razones por las que se encuentra impedido de venir a territorio nacional, siendo que las autoridades de la cancillería sí dieron respuesta a dicha solicitud (lo cual sucedió el catorce de enero de dos mil veinte) en la que se informó que el tema de consulta no es competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


7. Remisión al Tribunal Colegiado de Circuito.(13) Una vez integrado el expediente del recurso de revisión, el órgano de amparo determinó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno; su conocimiento correspondió al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se registró con el número de expediente 94/2021 y se admitieron(14) los recursos interpuestos por 1) la parte quejosa en el juicio de amparo, 2) la secretaria de Gobernación, 3) la jefa del Servicio de Administración Tributaria y administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2", 4) el secretario y la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y, 5) el presidente de la República.


8. Recurso de revisión adhesiva.(15) El presidente de la República se adhirió al recurso principal de la parte quejosa y sustancialmente plantea la relevancia de que sea el Servicio de Administración Tributaria quien recabe y resguarde los datos de identidad de los contribuyentes solicitantes del certificado de firma electrónica avanzada, lo cual asegura la existencia del vínculo entre el certificado digital y su titular a través de recabar datos biométricos(16) –además de formar parte del sistema integrado de registro de población–, de tal suerte que el resguardo realizado por el Servicio de Administración Tributaria ayuda a la protección del titular ante un posible robo de identidad para la comisión de algún delito; asimismo expone consideraciones tendentes a reforzar las expresadas en la sentencia de amparo sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.


9. Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. En su oportunidad, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó resolución(17) conforme a lo siguiente:


• Aspectos que quedan firmes. El tribunal declaró firme el resolutivo primero de la sentencia recurrida, relativo al sobreseimiento del juicio por cesación de efectos respecto de los actos reclamados del presidente de la República, secretaria de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en la falta de respuesta a la petición presentada por la quejosa, al no haber sido controvertidos tales aspectos.


• Reparación de incongruencias. El tribunal revisor advirtió distintas incongruencias en la sentencia recurrida, las cuales determinó corregir, a saber:


Ver incongruencias

• Agravios relacionados con la certeza de los actos reclamados. El tribunal declaró inoperantes los agravios formulados por el presidente de la República y por la secretaria de Gobernación, relacionados con la certeza de los actos reclamados, pues si bien el Juez de amparo tuvo por ciertos los actos reclamados de esas autoridades, también lo es que sobreseyó el juicio respecto de ellos, lo cual en su oportunidad quedó firme por no haberse controvertido.


• Agravios relacionados con causas de improcedencia. El órgano colegiado analizó los motivos de improcedencia no estudiados en la sentencia y concluyó lo siguiente:


Ver estudio

• Reserva de jurisdicción. Posteriormente, el Tribunal Colegiado determinó reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de las disposiciones reclamadas; ello al estimar que se actualizan los supuestos de competencia originaria y, en consecuencia, remitió los autos a este órgano.


10. Trámite ante la Suprema Corte. Recibidos los autos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el expediente a la ponencia del M.J.L.P.(18) y ordenó su remisión a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.


11. Avocamiento. Posteriormente, la presidenta de la Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro J.L.P. para la elaboración del proyecto de resolución y se diera cuenta de este a la respectiva Sala.(19)


II. COMPETENCIA


12. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con lo previsto en los puntos primero, segundo, fracción III y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.


13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de votos de los Ministros A.P.D., J.L.P. (ponente), L.M.A.M. y presidenta Y.E.M.. Ausente la M.L.O.A..


III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN


14. Resulta innecesario analizar la oportunidad y legitimación de los recursos principales y adhesivo, puesto que dichos presupuestos procesales ya fueron estudiados por el Tribunal Colegiado de Circuito remisor en la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós.


IV. VISTA A LA PARTE QUEJOSA


15. En términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo y debido al sentido de la presente resolución, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara en relación con el motivo de improcedencia advertido, siendo que dicha vista fue notificada el día diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por lo que el plazo de tres días a que se refiere el citado precepto legal concluyó el día veintitrés del mismo mes y año. Dicha vista no fue desahogada.


16. Al respecto, debe destacarse que de autos se advierte que durante la tramitación del juicio de amparo, a través de los informes justificados rendidos (particularmente el del secretario de Gobernación) se expuso, entre otros motivos de improcedencia, el previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley Amparo (falta de interés jurídico o legítimo), por estimar que la parte quejosa carecía de alguno de ellos para reclamar el oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte. En la sentencia ahora recurrida, dicho motivo de improcedencia fue desestimado y, ante ello, mediante el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el presidente de la República se formuló agravio en el cual se indicó la improcedencia del juicio por falta de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, siendo que dicho agravio se declaró infundado por parte del Tribunal Colegiado de Circuito.


17. Ahora bien, en el caso esta Segunda Sala consideró necesario correr la referida vista a la parte quejosa toda vez que si bien el motivo de improcedencia que se estima actualizado por esta Segunda Sala es el previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y que el mismo fue objeto de pronunciamiento por parte del Juez de Distrito y del Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el Juez de Distrito analizó dicha inviabilidad del juicio bajo un matiz o perspectiva distinto del planteado en el recurso adhesivo; ello porque en los informes justificados se adujo la falta de interés jurídico para reclamar el oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte; sin embargo, en el recurso adhesivo, el motivo de improcedencia previsto en la referida porción normativa se enfocó en la falta de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.


18. Esto es, si bien se trata de la misma causa de improcedencia (es decir, la prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo), lo cierto es que su supuesta actualización no está soportada sobre elementos similares, pues al analizarla el Juez de Distrito lo hizo respecto de un acto concreto, mientras que, en el recurso adhesivo, dicho motivo de improcedencia está referido al interés para reclamar una norma a partir de la actualización de las consecuencias en ella previstas.


19. En este sentido, dado que el motivo de improcedencia analizado durante el juicio y el introducido en la revisión (cuyo estudio es nuevamente analizado por esta Segunda Sala) no son idénticos, sino que tienen cierta variación, en aras de no afectar el derecho de la parte quejosa a manifestarse sobre la posible actualización de dicho motivo de improcedencia, este órgano jurisdiccional determina que, en la especie, es necesario dar a la parte quejosa la vista a que se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo.


20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros A.P.D., J.L.P. (ponente), L.M.A.M. y presidenta Y.E.M.. Ausente la M.L.O.A..


V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA


21. Conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público, el análisis de las causas de improcedencia debe efectuarse con independencia de que las partes las planteen o no. Bajo esa misma premisa, si bien en su oportunidad el Tribunal Colegiado se ocupó del análisis de las causas de improcedencia que no fueron atendidas por el Juez de Distrito, así como de las vertidas por las responsables en sus respectivos escritos de revisión e, incluso, desde su informe justificado, esta Segunda Sala considera que, contrario a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, en el caso se actualizan dos motivos de improcedencia para atender el estudio de fondo sobre los planteamientos de constitucionalidad formulados en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 122/99,(20) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA." 1) Inexistencia del acto reclamado del administrador general jurídico del Servicio de Administración Tributaria consistente en la expedición de la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020


22. En el caso, se advierte una incongruencia contenida tanto en la sentencia recurrida como en la resolución dictada por el Tribunal Colegiado, la cual conduce a sobreseer en el juicio respecto del administrador general jurídico del Servicio de Administración Tributaria en lo referente al acto reclamado consistente en la expedición de la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, según se explica a continuación.


23. En el escrito de ampliación de la demanda de amparo, la parte quejosa expuso, en lo que interesa, lo siguiente:


"Se reclama a la C. Administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ficha 105/CFF ‘solicitud del certificado de e.firma’ contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2019."


24. Esto es, el acto consistente en la expedición de la referida ficha 105/CFF fue atribuido por el quejoso a la administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, autoridad quien al rendir su informe justificado(21) negó dicho acto y, simultáneamente hizo valer la improcedencia del juicio al considerar la inexistencia de ese acto pues si bien éste fue firmado por dicha autoridad, lo cierto es que lo hizo en suplencia por ausencia de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, por lo que estimó que no le podía ser atribuido como un acto propio, para lo cual apoyó sus argumentos en las tesis 2a. CLIV/97 y 2a. XL/98 de rubros: "AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES QUIEN EMITIÓ EL ACTO A TRAVÉS DE OTRA AUTORIDAD QUE ACTUÓ EN SU AUSENCIA Y NO A NOMBRE PROPIO."(22) y "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO DISTINTAS DE LOS TITULARES DE ALGÚN ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. PUEDEN SER SUPLIDAS, EN SU AUSENCIA, POR AQUELLOS FUNCIONARIOS A QUIENES SE LES ATRIBUYA TAL FACULTAD."(23)


25. Por su parte, de la publicación del Diario Oficial de la Federación correspondiente al veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual aparecen, entre otros el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 en donde está contenida la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma", se desprende con claridad que dicho anexo fue emitido por la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria en suplencia por ausencia de la jefa de ese servicio; ello con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pues en tal publicación se precisó:


"Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2019.—En suplencia por ausencia de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma la administradora general jurídica, M. de los Ángeles J.C..—Rúbrica."


26. Lo anterior permite concluir que lo expresado por la referida autoridad responsable es cierto; esto es, la expedición de la referida ficha 105/CFF atribuida por el quejoso a la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria, no es un acto imputable directamente a dicha autoridad, pues ésta lo emitió en suplencia por ausencia de la jefa del Servicio de Administración Tributaria y, por tanto, ese acto sólo es atribuible a dicha autoridad y no así a quien la suplió para su emisión, pues no se trata de un acto emitido como consecuencia del despliegue de facultades propias de la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria.


27. Ahora bien, en la sentencia ahora recurrida, al fijarse la certeza de los actos reclamados, el J. señaló lo siguiente:


"Por otra parte, es cierto el acto reclamado al jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria, la ficha 105/CFF ‘solicitud del certificado de e.firma’ contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre dos mil diecinueve, con independencia de lo manifestado en su informe justificado (foja 200)."


28. Posteriormente, al analizar las causas de improcedencia, el juzgador nada dijo sobre lo expresado por la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria en cuanto a que el acto consistente en la expedición de la ficha precisada no era atribuible a dicha autoridad, sino a una diversa y, por el contrario, tuvo por atribuido ese acto a dos autoridades distintas del Servicio de Administración Tributaria (jefa y la referida administradora) para, en su oportunidad, abordar el estudio de constitucionalidad propuesto por la quejosa y negar el amparo.


29. Como puede advertirse, el a quo fijó incorrectamente el acto reclamado de la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria y, adicionalmente, omitió el estudio del motivo de improcedencia hecho valer al respecto, error y omisión los cuales condujeron a que, eventualmente, se analizara la constitucionalidad de ese acto y se negara la protección constitucional solicitada respecto de éste.


30. Cabe agregar que tal aspecto tampoco fue advertido por el Tribunal Colegiado en la resolución emitida al revisar las múltiples incongruencias en que incurrió el Juez de Distrito, ni al abordar el estudio de los motivos de improcedencia que dejó analizar el a quo; sin embargo, como el ejercicio de tal potestad corresponde a una facultad delegada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces es claro que lo resuelto sobre esos aspectos no vinculan a este órgano y, por tanto, es posible que esta Sala corrija las imprecisiones que advierta y, en su caso, analice los aspectos de procedencia no abordados por el J. ni el Tribunal Colegiado.


31. Así, a partir de lo expresado, esta Sala estima actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 74,(24) en relación con la fracción XVIII del artículo 73, ambos de la Ley de Amparo,(25) respecto del acto reclamado de la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria consistente en la emisión de la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, pues al haberse emitido ese acto en suplencia por ausencia de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, es claro que tal acto no puede ser atribuido a la referida administradora, sino sólo a la jefa de ese Servicio; por ende, debe sobreseerse respecto del acto precisado por cuanto hace a la autoridad indicada.


2) No afectación del interés jurídico de la quejosa respecto del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación


32. En su informe con justificación, el presidente de la República planteó la improcedencia del juicio al estimar la falta de interés jurídico del quejoso para reclamar el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación. Por su parte, en la sentencia de amparo, el Juez de Distrito únicamente analizó ese motivo de improcedencia pero respecto del oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte (en el quinto considerando de ese fallo), lo cual condujo a que el Tribunal Colegiado de Circuito analizara el segundo agravio del recurso adhesivo de dicha autoridad y subsanara tal inconsistencia para concluir que el motivo de improcedencia aducido es infundado, pues el referido precepto legal fue utilizado y citado en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, por lo cual ese órgano concluyó que tal situación permitía al quejoso cuestionar la regularidad constitucional de esa norma.


33. No obstante, esta Segunda Sala difiere de la conclusión alcanzada por el Tribunal Colegiado por cuanto toca al estudio del agravio adhesivo propuesto por la referida autoridad responsable y, dado que su decisión no vincula a este Alto Tribunal, como se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 98/2017, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL EJERCER SU COMPETENCIA DELEGADA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DESESTIMAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO O LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL, ESA DECISIÓN NO VINCULA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.",(26) entonces esta Sala procede a analizar el motivo de improcedencia propuesto, de conformidad con lo siguiente:


34. La procedencia del juicio de amparo requiere, entre otras cuestiones, que el quejoso cuente con un interés el cual le permita acudir a la sede constitucional a evidenciar la irregularidad de un acto o norma determinado. El interés puede ser de distinta naturaleza, a saber:


• Interés jurídico, el cual requiere de la demostración del (1) derecho subjetivo que se dice vulnerado y (2) de la afectación producida a ese derecho en virtud del acto de autoridad reclamado.(27)


• Interés legítimo, el cual se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse (en caso de concederse el amparo) en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este interés requiere acreditar la existencia de (1) una norma constitucional que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; (2) que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, (3) que el promovente pertenece a esa colectividad.


• Interés simple, el cual es el que tiene cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido.(28)


35. Normativamente, la procedencia del juicio de amparo requiere acreditar que se cuenta con interés jurídico o legítimo, no siendo posible acudir al juicio constitucional con un interés simple. Además, cualquiera de esos tipos de interés deberá acreditarse plenamente, no siendo suficiente su inferencia o presunción.


36. Asimismo debe decirse que, si bien en el juicio de amparo es posible cuestionar la regularidad constitucional de leyes y demás normas generales (reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, etcétera) y que ello se puede hacer con motivo de su entrada en vigor (es decir, como normas autoaplicativas) o en razón de un acto concreto de aplicación (como normas heteroaplicativas), lo cierto es que tal posibilidad está condicionada a que el quejoso tenga un interés (jurídico o legítimo) respecto de la norma controvertida, lo cual sucede cuando el gobernado se ubica en el supuesto normativo previsto en forma hipotética en la norma, o bien, cuando el contenido de la norma invariablemente afectará al quejoso en alguno de sus derechos.


37. En efecto, las normas jurídicas contienen supuestos hipotéticos (descritos en forma de obligaciones, prohibiciones, mandatos o imperativos a observar) los cuales son susceptibles de actualizarse en el mundo fáctico mediante la realización material de las conductas ahí previstas, de tal suerte que, al realizarse la acción prevista en la norma, se actualiza el supuesto en ella previsto y con esto puede estimarse su aplicación y, por tanto, la posibilidad de su reclamo en amparo como norma heteroaplicativa.


38. Así, el hecho de que una norma determinada sea citada en un acto concreto, no implica necesariamente la actualización del supuesto normativo en ella previsto,(29) pues es posible que esa norma sea citada por error o bien, sólo como referencia o en forma contextual, pero sin que se materialice en alguna forma el hipotético ahí previsto y menos aún es posible determinar en forma automática que, por la mera cita de la norma en el acto, existe un perjuicio o afectación al particular, pues como se ha indicado, es indispensable demostrar (mediante argumentos o pruebas) la existencia del interés que se afirma tener y la lesión jurídica producida, lo cual requiere desglosar el acto concreto para determinar si realmente existe la pretendida afectación.


39. Ahora bien, en el caso, conviene destacar los siguientes hechos:


• La ahora parte quejosa presentó sendos escritos petitorios ante diversas autoridades a quienes solicitó le indicaran los trámites o procedimientos que, como ciudadano mexicano residente en el extranjero debe realizar para obtener a distancia la firma electrónica avanzada; ello, para poder realizar –entre otros trámites– el relativo a la obtención de cédula profesional.


• Dado que las respectivas peticiones no fueron atendidas en tiempo por las autoridades a quienes se formularon (excepción hecha respecto de la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en su oportunidad emitió el oficio número DSC00370,SRE/12C.06/2020-152.02, de catorce de enero de dos mil veinte a efecto de dar respuesta a tal petición), el quejoso promovió juicio de amparo indirecto para reclamar, por una parte, la omisión de dar respuesta a las respectivas solicitudes y, por otra, la ilegalidad de la respuesta dada por la referida directora de Servicios Consulares.


• Ante lo manifestado en los informes justificados, el quejoso amplió la demanda a efecto de reclamar (1) el oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte; (2) el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación; (3) la ficha 105/CFF; "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y (4) el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte. Cabe precisar que el reclamo de las normas generales indicadas se hizo toda vez que, en el oficio indicado en último término, se hizo referencia a éstas; es decir, por virtud de la ampliación de la demanda se reclamaron normas ante su supuesta primera aplicación en perjuicio de la parte quejosa (como heteroaplicativas).


• En el informe justificado del presidente de la República se planteó la improcedencia del juicio al estimar la falta de interés jurídico del quejoso para reclamar el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.


• Por su parte, en la sentencia de amparo el Juez de Distrito únicamente analizó ese motivo de improcedencia pero respecto del oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte (en el quinto considerando de ese fallo), lo cual condujo a que el Tribunal Colegiado de Circuito analizara el segundo agravio del recurso adhesivo de dicha autoridad y subsanara tal inconsistencia para concluir que el motivo de improcedencia aducido es infundado, pues el referido precepto legal fue utilizado y citado en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, por lo cual ese órgano concluyó que tal situación permitía al quejoso cuestionar la regularidad constitucional de esa norma.


• En la sentencia de amparo ahora recurrida no se hizo pronunciamiento alguno en cuanto a la causa de improcedencia propuesta por el presidente de la República, por lo que se analizó la pretendida inconstitucionalidad de las normas reclamadas y, al respecto, se estimó infundado lo expresado por la parte quejosa por lo cual se negó el amparo solicitado.


• En el recurso adhesivo intentado, el presidente de la República insistió en la improcedencia del amparo para reclamar las normas introducidas a juicio mediante la ampliación de la demanda.


• En la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, en ejercicio de la delegación de atribuciones hecha por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desestimó la causa de improcedencia expuesta en el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el presidente de la República al estimar que el quejoso cuenta con interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de las normas introducidas mediante la ampliación de la demanda porque éstas fueron citadas en el oficio por el cual la jefa del Servicio de Administración Tributaria dio respuesta a la petición que le fuera formulada.


• En el recurso de revisión principal, mediante el segundo agravio la parte quejosa plantea la ilegalidad de la sentencia de amparo (no obstante que en ella se le otorgó el amparo) al estimar que es incorrecto que el efecto de la protección otorgada sea el brindarle ayuda respecto de temas relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues desde las peticiones y en la demanda inicial se indicó claramente que la finalidad de solicitar ayuda con la firma electrónica avanzada era para realizar diversos trámites, como el relacionado con la obtención de su cédula profesional.


40. Al respecto, debe indicarse que en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, el administrador general de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria expuso, en lo que interesa, lo siguiente:


"...


"Sobre el particular, con fundamento en los artículos 33, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; 1, 4, 7, fracción XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 1, 2, apartado V, fracción VII, inciso a), 5, primer párrafo, 32, fracciones I y IV y tercer párrafo, numeral 1, en relación con el artículo 22, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, a manera de orientación le informo lo siguiente:


"De conformidad con el artículo 2, fracción XIII, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se entiende por firma electrónica avanzada el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.


"Asimismo, de conformidad con la citada ley dicha firma electrónica avanzada o e.firma está compuesta por tres elementos:


"1. Clave privada: los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica avanzada, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica avanzada y el firmante;


"Clave pública: los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica avanzada del firmante;


"Certificado digital; el mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave privada;


"Ahora bien, el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación vigente señala lo siguiente: (se transcribe).


"Derivado de lo anterior para que dicha firma electrónica avanzada o e. firma surta los efectos legales señalados en el Código Fiscal de la Federación, es necesario que los contribuyentes comparezcan ante el Servicio de Administración Tributaria para acreditar su identidad, una vez finalizado el proceso de acreditación a los contribuyentes se les entrega un certificado digital o clave pública.


"El proceso de acreditación de la identidad descrito en el párrafo anterior se realiza mediante la validación de los datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), registro de la firma autógrafa, registro de las huellas dactilares, registro de la imagen del IRIS, fotografía del contribuyente y la digitalización de documentos probatorios; todo esto con el fin de asegurar que detrás de un documento firmado electrónicamente existe una persona plenamente identificada. "Como lo señala el artículo 17-D, ‘La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, no podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a través de las reglas de carácter general’.


"Por lo anterior, en la ficha 105/CFF, solicitud de generación de certificado de e.firma contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2019, se señala que dicho trámite se presenta en una oficina del SAT o en los Módulos de Servicios Tributarios que presten ese servicio, previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o portal gob.mx, observándose para tal efecto los requisitos y condiciones previstas en dicha ficha de trámite y se establece que las personas físicas podrán designar un representante legal para efectos de tramitar el certificado de e.firma en los siguientes supuestos: Menores de edad, personas físicas con incapacidad legal, judicialmente declarada, contribuyentes en apertura de sucesión, contribuyentes declarados ausentes, contribuyentes privados de su libertad, contribuyentes clínicamente dictaminados en etapa terminal, dicho representante deberá estar previamente inscrito en el RFC, contar con certificado activo de e.firma y presentar adicionalmente los requisitos señalados para cada caso concreto.


"Sin más por el momento, reciba un cordial saludo."


41. Lo anterior evidencia que el reclamo de las normas cuestionadas mediante la ampliación de la demanda de amparo obedeció a que éstas fueron citadas en el oficio transcrito; sin embargo, como se ha precisado, la sola cita de esas normas, en particular del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y de la ficha 105/CFF solicitud de generación de certificado de e.firma contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, no es suficiente para concluir la aplicación de las mismas en perjuicio de la parte quejosa, pues para ello es necesario demostrar que se actualizó el supuesto ahí previsto y que ello fue en perjuicio del gobernado.


42. En el caso, claramente el quejoso cuenta con interés jurídico para reclamar en amparo el oficio transcrito, pues éste se emitió para dar contestación a la petición que en su oportunidad presentó ante diversas autoridades; es decir, ese oficio deriva de una petición hecha por el propio quejoso, aunado a que tal acto está dirigido expresamente al ahora accionante; por ende, no está a debate si tal acto podía reclamarse en el amparo del cual deriva el presente recurso.


43. No obstante, el interés jurídico que tiene el quejoso para reclamar el oficio precisado, no se actualiza para cuestionar la regularidad constitucional del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación ni de la ficha 105/CFF contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020; ello porque tales normas no fueron aplicadas al quejoso en su perjuicio, sino únicamente fueron utilizadas para fundar la respuesta dada a la petición oportunamente formulada.


44. En efecto, si bien el quejoso tiene interés jurídico para reclamar en amparo el acto concreto emitido por la autoridad para dar respuesta a la petición formulada,(30) ello no implica que necesariamente ese acto materialice la hipótesis prevista en el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación; para ello es indispensable conocer el contenido de esa norma para así saber en qué casos es posible la actualización del hipotético normativo ahí previsto, es decir, cuándo se materializan las consecuencias previstas en dicho precepto. En este sentido, el precepto en comento dispone lo siguiente:


(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Artículo 17-D. Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas.


"Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de este código, y por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente.


"En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.


"Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.


(Reformado, D.O.F. 9 de diciembre de 2019)

"Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México. Para tales efectos, el Servicio de Administración Tributaria validará la información relacionada con su identidad, domicilio y, en su caso, sobre su situación fiscal, en términos del artículo 27 del presente código; de no hacerlo, la autoridad podrá negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por los contribuyentes.


"Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante un prestador de servicios de certificación diverso al Servicio de Administración Tributaria, se requerirá que el interesado previamente comparezca personalmente ante el Servicio de Administración Tributaria para acreditar su identidad. En ningún caso los prestadores de servicios de certificación autorizados por el Banco de México podrán emitir un certificado sin que previamente cuenten con la comunicación del Servicio de Administración Tributaria de haber acreditado al interesado, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida. A su vez, el prestador de servicios deberá informar al Servicio de Administración Tributaria el código de identificación único del certificado asignado al interesado.


(Reformado, D.O.F. 9 de diciembre de 2013)

"La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior no podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a través de reglas de carácter general. Únicamente para los efectos de tramitar la firma electrónica avanzada de las personas morales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-A de este código, se requerirá el poder previsto en dicho artículo.


"La comparecencia previa a que se refiere este artículo también deberá realizarse cuando el Servicio de Administración Tributaria proporcione a los interesados los certificados, cuando actúe como prestador de servicios de certificación.


"Los datos de identidad que el Servicio de Administración Tributaria obtenga con motivo de la comparecencia formarán parte del sistema integrado de registro de población, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Población y su reglamento, por lo tanto, dichos datos no quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por los artículos 69 de este código y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


(Reformado, D.O.F. 12 de diciembre de 2011)

"Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia máxima de cuatro años, contados a partir de la fecha en que se hayan expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto mencionado el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, relevar a los titulares del certificado de la comparecencia personal ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el caso de las personas morales, la representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos que se establezcan en las propias reglas. Si dicho órgano no emite las reglas de carácter general, se estará a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.


"Para los efectos de este capítulo, el Servicio de Administración Tributaria aceptará los certificados de firma electrónica avanzada que emita la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las facultades que le confieran las leyes para los servidores públicos, así como los emitidos por los prestadores de servicios de certificación que estén autorizados para ello en los términos del derecho federal común, siempre que en ambos casos, las personas físicas titulares de los certificados mencionados hayan cumplido con lo previsto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo."


45. Del precepto transcrito se obtiene que:


• La presentación de documentos fiscales podrá hacerse a través de documentos electrónicos mediante el uso de la firma electrónica avanzada del contribuyente.


• Para presentar documentos en ese formato, es necesario que el contribuyente cuente con un certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria o por un prestador de servicios de certificación, quienes validarán la información relacionada con su identidad, domicilio y su situación fiscal.


• En caso de que los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante un prestador de servicios de certificación diverso al Servicio de Administración Tributaria es necesario que el interesado previamente comparezca personalmente ante el propio Servicio de Administración Tributaria a efecto de acreditar su identidad.


• La comparecencia de las personas físicas no puede realizarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a través de reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.


• El certificado obtenido tiene una vigencia de cuatro años a partir de su expedición y podrá renovarse antes del vencimiento, caso en el cual podrá exentarse al interesado de presentarse personalmente ante la autoridad (si así lo disponen las disposiciones generales emitidas por la autoridad fiscal).


• Ese certificado sirve para confirmar el vínculo entre el contribuyente y los datos contenidos en tal instrumento.


• La firma electrónica avanzada amparada con un certificado vigente sustituye a la firma autógrafa del contribuyente y produce los mismos efectos que aquélla.


• Es posible que la autoridad fiscal acepte los certificados de firma electrónica avanzada emitidos por otras entidades, como la Secretaría de la Función Pública.


46. Como puede advertirse, la regulación contenida en el precepto en comento está referida en forma exclusiva a la firma electrónica avanzada necesaria para la presentación de documentos electrónicos ante la autoridad fiscal; es decir, se trata de una regulación que sólo aplica para trámites y procedimientos de carácter tributario, sin que esa regulación pueda ser aplicable a otro tipo de trámites o procedimientos efectuados ante la autoridad administrativa, a menos que exista una regla específica que disponga lo contrario.


47. Además, para la obtención de ese instrumento (firma electrónica avanzada) es necesario acudir directamente ante la autoridad fiscal, quien verificará aspectos relacionados con la materia tributaria (identidad, domicilio y situación fiscal) y, en ciertos casos, ante otros entes certificadores previa comparecencia ante la autoridad fiscal, lo cual evidencia que la regulación en comento se refiere a la obtención de esa firma para efectos exclusivamente fiscales.


48. A partir del contenido de la norma en comento es posible estimar que los supuestos normativos previstos en ella se refieren al trámite que efectúa una persona ante el Servicio de Administración Tributaria o algún ente certificador diverso a efecto de obtener la firma electrónica avanzada para poder presentar documentos electrónicos en los trámites y procedimientos seguidos ante las diversas autoridades tributarias federales; por ende, la aplicación de los hipotéticos normativos ahí previstos se actualizan en perjuicio del gobernado cuando se actualiza alguno de los siguientes hechos:


• Una persona pretende obtener el referido instrumento y éste le es negado por algún motivo particular como el no comparecer ante la autoridad competente, hacerlo por conducto de apoderado o representante o acudir ante un ente certificador distinto del Servicio de Administración Tributaria sin haberse presentado previamente ante la autoridad fiscal.


• La autoridad fiscal desconoce el valor probatorio de los documentos electrónicos presentados mediante el certificado de la firma electrónica avanzada.


• La autoridad fiscal desconozca la vigencia de cuatro años del certificado utilizado por el contribuyente.


• La autoridad fiscal niega la renovación del certificado de firma electrónica avanzada presentado en forma oportuna (antes de su vencimiento).


• En caso de que la autoridad fiscal federal no acepte los certificados de firma electrónica avanzada emitidos por la Secretaría de la Función Pública.


49. En el caso, si bien en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, el administrador general de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria citó el referido artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, no menos cierto es que con ello no se actualizó alguno de los supuestos normativos previstos en esa norma, pues la referencia a tal precepto sólo fue a efecto de dar una respuesta debidamente fundada a la petición formulada por el ahora quejoso; es decir, con dicha referencia no se actualizó alguno de los supuestos normativos previstos en ese precepto pues no se negó ningún trámite de firma electrónica avanzada en materia fiscal, ni se desconoció el valor probatorio de documentos electrónicos o la vigencia del certificado correspondiente; por ende, la mera cita del referido precepto precisado no se traduce en su aplicación en perjuicio del ahora quejoso y, a causa de ello, no es posible controvertir la regularidad constitucional de tal norma pues su cita no se traduce en una aplicación en detrimento de algún derecho, sino sólo en la obligación de dar respuesta debidamente fundada a la solicitud de información hecha por el quejoso sobre el marco legal aplicable a la firma electrónica en materia fiscal.


50. Similar situación sucede con la ficha 105/CFF contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, pues ésta corresponde al formato que deben presentar los contribuyentes que desean obtener la firma electrónica avanzada expedida por la autoridad fiscal, por lo que esa disposición y lo contenido en ella sólo podrá entenderse aplicado en perjuicio del gobernado cuando éste demuestre haberla presentado ante la autoridad fiscal y no se obtenga (por cualquier motivo normativamente previsto) el certificado correspondiente.


51. Dicho de otra manera, cuando con motivo de una petición hecha por un gobernado a una autoridad se solicita información para poder realizar un trámite específico y la autoridad emite la respuesta correspondiente en la cual precisa el trámite que deberá realizarse y, al efecto, cita las disposiciones normativas que rigen ese trámite, la referencia a tales disposiciones no constituye un acto de aplicación concreto de esas normas pues en tal caso no se actualizan los supuestos normativos previstos en ellas ya que sólo se trata de la respuesta dada a una petición de información sobre los trámites a realizar; por ende, en tal supuesto, el solicitante de la información sólo cuenta con interés para reclamar en amparo (de ser el caso) la falta de respuesta a la petición correspondiente, o bien, la respuesta recaída a esa solicitud, mas no para controvertir la constitucionalidad de las normas citadas para fundamentar la respuesta dada a la petición, ya que en ese caso no existe una verdadera aplicación de los hipotéticos normativos previstos en esa normativa.


52. Lo anterior no excluye la posibilidad de que el solicitante de la información controvierta la regularidad constitucional de las normas en las cuales se fundamenta la competencia de la autoridad emisora de la respuesta, pues respecto de ellas claramente se actualizará su aplicación al servir de fundamento para el despliegue de las atribuciones de la autoridad respectiva que se materializan en la correspondiente respuesta.


53. Esto es, en el caso, dado que la solicitud formulada mediante el ejercicio del derecho de petición estaba dirigida a obtener información sobre el trámite para poder obtener la firma electrónica (e. firma), es claro que el solicitante sólo pretendía conocer cuáles son los requisitos, trámites y, en su caso, la regulación aplicable (mediante el deber de fundamentación a cargo de la autoridad), pero sin que ello implique que con esa solicitud de información haya gestionado directamente ante la autoridad competente el trámite respectivo pues, por una parte, el ejercicio del derecho de petición ejercido no es la vía para instar un trámite determinado, aunado a que no se demuestra el cumplimiento de los requisitos aplicables al trámite para la obtención de la firma electrónica; por ende, la respuesta dada a dicha petición y particularmente la cita de diversas normas no constituye propiamente la aplicación o generación de las consecuencias jurídicas previstas en tales disposiciones jurídicas, lo que conduce a estimar que no existe una verdadera aplicación de los enunciados normativos previstos en las respectivas disposiciones, sino que esa cita sólo sirve para fundamentar ese acto mediante la referencia del marco normativo aplicable a la consulta de información efectuada por el particular, pero sin que ello implique la materialización del contenido normativo respectivo.


54. Cabe agregar que, en materia fiscal, conforme a lo previsto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación,(31) existe un mecanismo específico para que los particulares realicen consultas a la autoridad fiscal, denominado "consulta fiscal", la cual cuenta con una regulación y reglas que no son aplicables al derecho de petición en términos del artículo 8o. constitucional y que, incluso, conforme al citado precepto legal, las respuestas dadas mediante esas consultas, no son obligatorias para los particulares, por lo que éstos sólo podrán impugnar la aplicación del criterio utilizado en la respuesta a la consulta, cuando se emita una resolución definitiva que se apoye en ese criterio; por ende, la respuesta a la consulta no es impugnable, lo cual es evidencia que aun en ese caso, la cita de la normativa respectiva no constituye propiamente un acto de aplicación de las normas o criterios invocados a efecto únicamente de fundamentar la respuesta a una solicitud sobre un trámite en materia fiscal.


55. A partir de lo explicado, esta Segunda Sala estima incorrecta la conclusión del Tribunal Colegiado de Circuito al desestimar la causa de improcedencia planteada por la autoridad responsable (y la cual omitió analizar el a quo) tanto en el informe con justificación como en el recurso adhesivo en el sentido de que la parte quejosa carece de interés para reclamar el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación como la ficha 105/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020; ello porque como se ha explicado, el oficio a través del cual la autoridad da respuesta a una petición en la que se solicita información para realizar un determinado trámite, no constituye un acto de aplicación de las normas que resultan aplicables a ese trámite, pues simplemente se trata de la cita o referencia del marco legal que rige al trámite sobre el cual se solicitó información y, por tanto, con esa cita no se afecta la esfera jurídica del interesado pues no se materializa el hipotético previsto en la norma, ni sus consecuencias. 56. Sirve de apoyo a la anterior la tesis 2a. CLXXV/2000, de rubro: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA."(32)


57. Así, al no verificarse un verdadero acto concreto de aplicación que pudiera haber causado un perjuicio al quejoso, se estima que éste carece de interés para reclamar las normas precisadas pues no acredita ubicarse en el supuesto normativo que regulan tales disposiciones, por lo que al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de ese mismo ordenamiento, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos consistentes en la promulgación, expedición y publicación del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y la ficha 105/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020, los cuales fueron reclamados (en sus respectivos ámbitos competenciales) de las Cámara de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como del presidente de la República y de la jefa del Servicio de Administración Tributaria.


58. A mayor abundamiento, aunque se considerara correcta la determinación del Tribunal Colegiado de Circuito en el sentido de que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar en amparo las normas citadas en el oficio precisado por el mero hecho de que éstas forman parte de la fundamentación de ese acto, ello no sería motivo suficiente para estimar la procedencia del presente juicio constitucional pues, en su caso, se actualizaría un motivo de improcedencia diverso, consistente en la falta de impugnación o reclamo de otras disposiciones normativas que establecen la misma obligación y restricciones que las señaladas en el escrito de ampliación de la demanda, según se explica enseguida.


59. De la transcripción oportunamente hecha del oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se desprende que la autoridad emisora de ese acto no sólo hizo referencia al artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y la ficha 105/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020, sino que en primer término citó la Ley de Firma Electrónica Avanzada (en particular, su artículo 2, fracción XIII). Del contenido de ese ordenamiento legal destaca lo siguiente:


• La firma electrónica avanzada sirve para presentar documentos electrónicos y surte el mismo efecto que los presentados con firma autógrafa (artículo 7).


• Esa firma requiere de un certificado digital vigente (artículo 9, fracción I).


• Para obtener el referido certificado, el interesado debe llenar el formato de solicitud correspondiente y, después acudir personalmente ante la autoridad certificadora correspondiente y presentar diversos documentos que serán verificados por aquélla (artículo 19) (sic).(33)


• Dicho certificado tiene una vigencia de cuatro años a partir de su emisión (artículo 20).(34)


• Sólo son consideradas autoridades facultadas para expedir el certificado en comento, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria (artículo 23),(35) quienes están obligados, entre otros deberes, a garantizar la autenticidad, integridad, conservación, confidencialidad y confiabilidad de la firma electrónica avanzada, así como la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos personales de los titulares (artículo 25, fracciones V y VI).(36)


60. Como puede advertirse, en la citada ley existe sustancialmente la misma regulación a que se refiere el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, aunque aquel ordenamiento también fue citado como fundamento en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa sólo amplió la demanda en contra de la norma relativa a la codificación tributaria federal; ello no obstante que existe similitud en la regulación contenida en ambos ordenamientos, lo cual permite estimar que en el eventual supuesto de otorgarse el amparo en contra del artículo reclamado por el accionante, el potencial efecto de la sentencia correspondiente quede nulificado al existir otra norma legal (de misma jerarquía) la cual establece similares deberes y regulación que aquella reclamada.


61. Lo anterior, pues en diversas ejecutorias esta Segunda Sala ha sostenido que cuando en el amparo se reclama un acto de autoridad fundamentado en dos ordenamientos distintos pero el quejoso sólo reclama uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente al actualizarse lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente (fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada), en relación con lo dispuesto por el artículo 73 de La ley vigente (numeral 80 del ordenamiento abrogado), ya que aun en el caso de declararse inconstitucional el ordenamiento efectivamente reclamado, resultaría imposible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado al poder subsistir éste con base en el ordenamiento que no fue combatido.


62. Luego, si se estimara que el quejoso cuenta con interés jurídico para reclamar no sólo el oficio, sino también las normas utilizadas por la autoridad para ilustrar sobre el trámite del cual se solicitó información, en particular el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que en tal supuesto ello sería insuficiente para invalidar el oficio en comento, pues la respuesta dada por la autoridad emisora de ese oficio puede sustentarse sólo con base en las diversas disposiciones aplicables de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, por lo que el eventual efecto protector de un fallo de tal naturaleza no podría materializarse.


63. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/97, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ."(37)


64. Ante la improcedencia del juicio en contra de las normas en que se fundamentó la respuesta contenida en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, resulta fundado lo expresado por el presidente de la República en el recurso adhesivo que presentó tal autoridad, por lo cual debe revocarse la sentencia de amparo recurrida, particularmente en lo que se refiere a las razones contenidas en el sexto considerando de la misma, en la cual se analizaron los argumentos vertidos por el quejoso en cuanto a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y de la ficha 105/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020 y, a causa de lo anterior, resulta innecesario analizar el primero de los agravios vertidos por la parte quejosa, ya que en éste se combate justamente el estudio realizado en el referido apartado del fallo de amparo.


VI. RESERVA DE JURISDICCIÓN


65. Dada la conclusión que antecede, es evidente que se agotó el tema de constitucionalidad por el cual se remitieron los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual se reserva jurisdicción al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que se ocupe del estudio de los planteamientos vertidos en los agravios expuestos tanto por la parte quejosa como por las autoridades recurrentes.


66. Lo anterior, sin que pase inadvertido para esta Segunda Sala que de la revisión de los presentes autos se desprende que en la demanda de amparo inicial, la parte quejosa reclamó no sólo la omisión de respuesta a las diversas peticiones que formuló ante diversas autoridades, sino también el oficio DSC00370, SRE/ 12C.06/2020-152.02, de catorce de enero de dos mil veinte, emitido por la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto del cual la parte quejosa adujo su ilegalidad pero sin que la sentencia ahora recurrida (en forma por demás indebida) se ocupara del estudio de esos argumentos (como en su oportunidad lo advirtió el tribunal revisor); sin embargo, dado que tal omisión de estudio no fue recurrida por la parte a quien perjudica (quejoso) y no se está en alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en la Ley de Amparo, entonces tal aspecto debe quedar excluido de la materia de la revisión; ello sin que tal situación impida analizar lo argumentado en el recurso de revisión interpuesto por el secretario y la directora de Servicios Consulares, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues el fallo materia de la revisión vinculó a dichas autoridades, lo cual las habilita para evidenciar los vicios que pudiera tener tal determinación.


VII. REVISIÓN ADHESIVA


67. En vista de haberse estimado actualizada la causa de improcedencia aducida por el presidente de la República respecto de las normas generales reclamadas y con ello agotarse el estudio de las cuestiones de constitucionalidad que competen a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual conduce a reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito para analizar los restantes agravios relacionados con aspectos de legalidad, entonces igualmente procede reservar jurisdicción al propio Tribunal Colegiado para que, en caso de resultar procedente, se ocupe del recurso adhesivo interpuesto.


VIII. DECISIÓN


68. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que se actualiza la causa de improcedencia expresada en el recurso adhesivo interpuesto por el presidente de la República, ante la falta de interés jurídico para reclamar tanto el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación como la ficha 105/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020, debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseerse respecto de tales actos, los cuales fueron atribuidos (en sus respectivos ámbitos competenciales) a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como del presidente de la República y de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, con lo que se revoca la negativa del amparo contenida en el sexto considerando del fallo recurrido y reflejada en el segundo punto resolutivo de esa sentencia, lo cual genera que se agote el estudio que corresponde a esta Segunda Sala, quedando reservada la jurisdicción para que el Tribunal Colegiado del conocimiento resuelva las cuestiones de legalidad subsistentes.


69. Estas consideraciones no son vinculantes al haberse aprobado por mayoría de tres votos de los Ministros A.P.D., J.L.P. (ponente) y presidenta Y.E.M.. Votó en contra el M.L.M.A.M.. Ausente la M.L.O.A..


Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:


PRIMERO.—En la materia del recurso, competencia de esta Segunda Sala, se revoca la sentencia recurrida.


SEGUNDO.—Se sobresee el juicio en contra del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, así como la ficha 105/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020, por las razones expresadas en el apartado IV de la presente resolución.


TERCERO.—Se reserva jurisdicción al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que se ocupe del estudio de los planteamientos vertidos en los agravios expuestos en los recursos principal y adhesivo.


N.; con testimonio de esta ejecutoria. Devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.


Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros A.P.D., J.L.P. (ponente) y presidenta Y.E.M.. Votó en contra el M.L.M.A.M.. Ausente la M.L.O.A..


Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 98/2017 (10a.) y 1a./J. 38/2016 (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 4 de agosto de 2017 a las 10:12 horas y 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas, respectivamente.








________________

1. Escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte.


2. Por auto de diez de febrero de dos mil veinte.


3. Por conducto del administrador de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria.


4. Auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte.


5. Escrito de once de marzo de dos mil veinte.


6. Por auto de doce de marzo de dos mil veinte.


7. Sentencia dictada en audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintiuno.


8. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno.


9. Por conducto del administrador de Amparo e Instancias Judiciales "4" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno.


10. Interpuesto a través de la directora general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno.


11. Por conducto del director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en suplencia por ausencia del titular de la Dirección General de Asuntos Contenciosos, titular de la Dirección General de Amparos Contra Leyes y éstos a su vez del subprocurador Fiscal Federal de Amparos, todos de la citada secretaría mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintiuno.


12. Por conducto de la directora de Área adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, presentado el catorce de abril de dos mil veintiuno.


13. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno.


14. Mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno.


15. Escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.


16. Huellas digitales, fotografía de frente, fotografía de iris, firma y digitalización de los documentos originales de los contribuyentes.


17. Resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós.


18. Por auto de doce de abril de dos mil veintidós.


19. Por auto de primero de junio de dos mil veintidós.


20. "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.". (Tesis: P./J. 122/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, registro digital: 192902).


21. Informe presentado el seis de octubre de dos mil veinte.


22. "Si la norma legal que regula el acto reclamado permite que una autoridad lo emita, no a nombre propio, sino en sustitución por ausencia del titular del órgano administrativo del Estado, debe tenerse por acreditada su emisión por parte de esta autoridad, siendo innecesario que se llame a juicio a la autoridad sustituta que pronunció materialmente el acto."

Tesis: 2a. CLIV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.V., enero de 1998, página 419, registro digital:196948.


23. "De conformidad con el artículo 19, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, los titulares de las dependencias del Ejecutivo de la Unión podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución sus reglamentos internos, disposición que debe aplicarse, por identidad de razón, a los casos en que se trate de autoridades responsables distintas de los titulares de algún órgano de la administración pública federal, que también pueden ser suplidas, en su ausencia, por aquellos funcionarios a quienes se les atribuya tal facultad en los ordenamientos internos que las rijan y en los términos que ellos mismos dispongan. Se concluye lo anterior, en virtud de que las personas físicas que encarnan a las autoridades públicas, naturalmente se encuentran imposibilitadas para cumplir en forma ininterrumpida con las atribuciones que tienen a su cargo y, por accidente, pueden encontrarse materialmente impedidas para hacerlo; atribuciones dentro de las que se encuentra la de intervenir como parte dentro del juicio de amparo, mediante el cual se cumple, entre otras, con la alta función de velar por la supremacía constitucional.". (Tesis: 2a. XL/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.V., abril de 1998, página 241, registro digital: 196545).


24. "Artículo 74. Procede el sobreseimiento:

"...

"IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 le (sic) esta ley."


25. "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."


26. "Como consecuencia de los diversos acuerdos generales para delegar en los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otras, la facultad para analizar las causas de improcedencia de los juicios de amparo indirecto en revisión de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos órganos jurisdiccionales deben limitarse a depurar las cuestiones de improcedencia y, en su caso, remitir el asunto al Alto Tribunal para la resolución de fondo procedente; supuesto en el cual, en principio, debe respetarse lo resuelto por aquéllos, porque en los aspectos de procedencia se erigen como órganos terminales de decisión. No obstante, cuando las razones ofrecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito para desestimar las cuestiones de improcedencia involucren pronunciamientos sobre el fondo del asunto, no hay obstáculo para estudiar de nueva cuenta la procedencia del juicio, particularmente, los razonamientos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues dichos órganos no deben fijar criterios que rebasen la competencia delegada que les fue conferida, ni vincular al Máximo Tribunal a estudiar los conceptos de violación, con base en una sentencia previa que implícita o explícitamente dispuso respecto de la concesión del amparo o los efectos que a ésta deben darse.". (Tesis 2a./J. 98/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo II, página 817, registro digital: 2014804). 27. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". (Registro digital: 2004501. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materia común. Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, registro digital: 2004501).


28. "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.". (Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 690, registro digital: 2012364).


29. "LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.". (Tesis 1a./J. 18/2012 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 812, registro digital: 159929).


30. "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". (Tesis 2a./J. 71/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, registro digital: 191311).


31. "Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente.

"La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:

"I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.

"II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.

"III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.

"La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.

"Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.

"Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

"El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este código."

El oficio impugnado señaló:

"De conformidad con el artículo 2, fracción XIII, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se entiende por firma electrónica avanzada: el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación de firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ..."


32. "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del A. al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas.". (Tesis: 2a. CLXXV/2000, S.J. de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 447, registro digital: 190630).


33. "Artículo 18. Para obtener un certificado digital el interesado accederá a la página Web de la autoridad certificadora y llenará el formato de solicitud con los datos siguientes:

"I. Nombre completo del solicitante;

"II. Domicilio del solicitante;

"III. Dirección de correo electrónico para recibir mensajes de datos y documentos electrónicos;

"IV. Clave Única del Registro de Población (CURP) del solicitante, salvo que se trate de extranjeros, quienes deberán asentar los datos del documento que acredite su legal estadía en territorio nacional, y

"V. Nombre de la autoridad certificadora a quien va dirigida la solicitud.

"Posteriormente, el interesado deberá acudir ante la autoridad certificadora correspondiente y entregar su solicitud con firma autógrafa, acompañada de:

"a) El documento que compruebe el domicilio a que se refiere la fracción II;

"b) El documento de identificación oficial expedido por autoridad competente; y,

"c) El documento probatorio de nacionalidad mexicana, y tratándose de extranjeros, el documento que acredite su legal estadía en territorio nacional.

"La secretaría, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria establecerán de manera conjunta, en términos de las disposiciones aplicables, los procedimientos para el registro de datos y verificación de elementos de identificación, emisión, renovación y revocación de certificados digitales, los cuales darán a conocer a través de sus respectivas páginas Web."


34. "Artículo 20. La vigencia del certificado digital será de cuatro años como máximo, la cual iniciará a partir del momento de su emisión y expirará el día y en la hora señalada en el mismo."


35. "Artículo 23. La secretaría, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria son consideradas autoridades certificadoras para emitir certificados digitales en términos de esta ley."


36. "Artículo 25. Las autoridades certificadoras tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:

"I. Emitir, administrar y registrar certificados digitales, así como prestar servicios relacionados con la firma electrónica avanzada;

"II. Llevar un registro de los certificados digitales que emitan y de los que revoquen, así como proveer los servicios de consulta a los interesados;

"III. Adoptar las medidas necesarias para evitar la falsificación, alteración o uso indebido de certificados digitales, así como de los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada;

"IV. Revocar los certificados de firma electrónica avanzada, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 19 de esta ley conforme a los procedimientos a que se refiere el artículo 18 de la misma;

".G. la autenticidad, integridad, conservación, confidencialidad y confiabilidad de la firma electrónica avanzada, así como de los servicios relacionados con la misma;

"VI. Preservar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos personales de los titulares de los certificados digitales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás disposiciones aplicables; y,

"VII. Las demás que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables.

"Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que, en su carácter de autoridad certificadora, corresponden al Servicio de Administración Tributaria en términos de la legislación fiscal y aduanera."


37. Tesis 2a./J. 32/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.V., agosto de 1997, página 79, registro digital: 197893.

Esta sentencia se publicó el viernes 14 de octubre de 2022 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 4 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Amparo, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de octubre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

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