Ejecutoria num. 154/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

EmisorPrimera Sala
JuezAlfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Jorge Mario Pardo Rebolledo,Norma Lucía Piña Hernández,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Ana Margarita Ríos Farjat
Fecha de publicación23 Abril 2021

CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE ENERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA L.P.H., J.L.G.A.C., J.M.P.R., A.G.O.M.Y.A.M.R.F.. PONENTE: J.M.P.R.. SECRETARIO: J.A.C.T..


CONSIDERANDO:


PRIMERO.—Competencia. Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta S..


Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)


SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por K.V.G.G., a quien le fue reconocida la calidad de apoderada legal de Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, en el recurso de queja 241/2019 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito; esto es, se trata de una de las partes en uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.


TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:


I. Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 241/2019, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:


Juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, **********, por conducto de su apoderado legal; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del auto de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa en el juicio de acción colectiva en sentido estricto **********, promovido por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil.


En la resolución reclamada se concedió la suspensión provisional para el efecto de que, pudiendo continuar con el procedimiento de origen, no se ejecutara el proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve citado, a fin de que no se obligara a la parte quejosa a publicar en sus páginas web oficiales y estados de cuenta, la promoción de la demanda del juicio de origen, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva.


Recurso de queja. Inconforme con esa resolución, la parte tercero interesada Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, interpuso recurso de queja, el cual fue admitido a trámite por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, quien lo radicó con el número 241/2019.


Mediante sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dicho órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja, a partir de los razonamientos siguientes:


- Como punto de partida consideró oportuno traer a colación el contenido de los artículos 590, 591, 593, 594 y 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de los cuales obtuvo que, tratándose de acciones colectivas, existe disposición legal que expresamente dispone que el inicio del ejercicio de aquélla debe notificarse a la colectividad.


- De manera que, atendiendo a lo establecido en el artículo 591, es ineludible que el Juez de Distrito del conocimiento debe negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, ya que de otorgarse la medida cautelar, se contravendría la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.


- Ello, en virtud de que se vería trastocado el derecho de la colectividad a ser informado de la existencia de la acción colectiva promovida en contra de las empresas quejosas, lo que conlleva que los miembros de la colectividad que se sientan afectados, no puedan adherirse al procedimiento.


- En ese sentido, de concederse la suspensión provisional a las amparistas, sería mayor la afectación que resentiría la sociedad en general, en especial, aquellos que pudiesen considerarse afectados y que fuese su deseo sumarse a la acción colectiva promovida en contra de las peticionarias de amparo.


- Para apoyar su determinación, hizo alusión a la jurisprudencia 1a./J. 35/2019 (10a.), emitida por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título, subtítulo y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE ORDENA LA FORMA EN QUE SE NOTIFICARÁ A LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA COLECTIVIDAD AFECTADA LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE ACCIÓN COLECTIVA EN SENTIDO ESTRICTO O INDIVIDUAL HOMOGÉNEA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos por tribunales judiciales dentro de un juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando dichos actos tienen una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando con ellos se afectan materialmente derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Ahora bien, de los preceptos 579, 580, 581, fracciones II y III, 594, 595, 604 y 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se colige que en la acción colectiva en sentido estricto o individual homogénea, los miembros que conforman la colectividad pueden obtener la reparación de los daños individuales que hubieren sufrido con motivo de los hechos o actos imputados al demandado. Ese derecho sustantivo a la reparación lo pueden hacer valer en dichas acciones colectivas únicamente cuando manifiestan expresamente su voluntad de formar parte de la colectividad representada en el juicio, mediante el acto procesal de adhesión, el cual pueden realizar durante la sustanciación del proceso o, en su caso, de haberse obtenido sentencia favorable para la colectividad o de haberse suscrito convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, en la etapa de ejecución, dentro de los dieciocho meses posteriores a que ésta o el convenio adquirieron firmeza. En ese sentido, en el sistema legal de las acciones colectivas, el momento previsto para hacer del conocimiento de la colectividad afectada la existencia del juicio, es mediante la notificación del auto que admite la demanda, la cual habrá de hacerse en los términos del artículo 591, párrafo tercero, del código procesal referido, es decir, por medios idóneos, considerando el tamaño, la localización y las demás características de la colectividad, debiendo ser económica, eficiente y amplia, conforme a las circunstancias del caso, sin que se prevea una notificación posterior en términos iguales a los que establece ese numeral pues, incluso la sentencia definitiva, aun cuando fuere favorable a la colectividad, sólo se prevé que sea notificada personalmente al representante legal de ésta, y respecto de un eventual convenio judicial, no se establece notificación alguna a la colectividad en general, de manera que el auto que ordena la forma de la referida notificación, tiene una importancia sistémica fundamental, pues de él depende la conformación de la colectividad, por tanto, sí es susceptible de afectar directamente el derecho sustantivo que asiste a cada uno de sus miembros, de obtener la reparación de los daños individuales, pues el desconocimiento de la existencia del juicio no sólo trascenderá al acto procesal de la adhesión durante el proceso, sino también a la etapa de ejecución de una eventual sentencia o convenio favorable a la colectividad. De lo anterior se concluye que el auto que ordena la forma en que se hará la referida notificación es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto."


- Aunado a ello, estimó que no pasaba inadvertido el hecho de que de no concederse la suspensión de los actos reclamados en la hipótesis apuntada, se llevarían a cabo algunas de sus consecuencias como son las publicaciones sobre la promoción de la demanda natural, y se divulgaría que se promovió tal litigio en contra de la impetrante.


- Empero, ante el conflicto de tales principios debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el interés público que tutela a la colectividad en general; en cuanto al derecho que tienen de enterarse de la promoción de la acción colectiva, para que puedan adherirse y defender sus derechos sustantivos individuales.


- Bajo esa perspectiva, consideró que de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público porque con la suspensión se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorga la ley.


II. Criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 109/2019, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:


- Juicio de amparo. Mediante escrito presentado por **********, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de diversos actos reclamados al Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en su calidad de ordenadora, y al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, en su carácter de ejecutora.


• De la primera de dichas autoridades reclamó la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca de apelación **********, en donde la autoridad responsable determinó que Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.: a) no tiene la carga procesal de mencionar el nombre de los treinta individuos integrantes de la colectividad, ni que haya una colectividad determinada en ese momento, como lo disponen los artículos 587, fracción III y 588, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, b) sí señaló en su escrito inicial la causa por la que se ejercitó la acción colectiva.


• Así como la resolución de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se determinó declarar fundados los agravios hechos valer por la ahora tercero interesada Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.; y, consecuentemente, ordenar la admisión, certificación y consecuente notificación de la colectividad en medios de difusión amplios y masivos.


• Por otra parte, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, reclamó el acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordena la notificación a la colectividad por medio de edictos respecto de la demanda de acción colectiva promovida por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil.


- Correspondió conocer de dicha demanda al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quien mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, concedió la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la suspensión del juicio de acciones colectivas número **********, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.


- Recurso de queja. Inconforme con la anterior determinación, Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, por conducto de su apoderada, interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número Q-109/2019.


- El nueve de abril de dos mil diecinueve, dicho órgano Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que declaró infundado el recurso de queja, a partir de los razonamientos siguientes:


• En primer lugar, procedió a calificar de infundados los agravios expresados por el inconforme, dado que estimó correcto que el Tribunal Unitario haya concedido la suspensión solicitada en términos del artículo 150 de la ley de la materia. Ello, en virtud de que de llegar a publicarse el inicio del ejercicio de la acción colectiva, podría dejar sin materia el juicio de garantías, en virtud de que lo que se duele la quejosa es precisamente de que no se lleve a cabo la comunicación masiva de las presuntas fallas en las bolsas de aire instaladas en los vehículos de su marca, además de que se causarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que podría verse afectado su derecho al honor y reputación, en tanto que dicha publicación impactaría en la imagen de su persona, como industria automotriz, restándole credibilidad y confianza, lo que desde luego, no sería reparable ni aun cuando obtuviere sentencia a su favor.


• Para llegar a la conclusión de que la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado era legal, hizo alusión a lo establecido por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 150 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales extrajo que en el juicio de amparo puede solicitarse la suspensión de los actos reclamados cuando se cuenta con un interés suspensional, siendo necesario tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada. De ahí que si bien, dicha medida cautelar no debe impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, también lo es que en el caso de que se ocasione al quejoso un daño o perjuicio irreparable, dicho procedimiento sí puede ser suspendido.


• Precisado lo anterior, señaló que de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa solicitó la medida cautelar en contra del acto consistente en la orden de notificar por edictos a la colectividad presuntamente afectada el inicio del ejercicio de la acción colectiva y que se mencionen los puntos esenciales de la acción, entre otros, la declaración judicial de que las bolsas de aire instaladas en los vehículos de diversas marcas, entre ellas, **********, son defectuosas y ponen en riesgo la salud y la vida de sus conductores y pasajeros.


• Lo anterior, señaló, causaría un daño moral respecto de la afectación al prestigio, honor, decoro, reputación y la consideración que de sí misma tienen los demás; así como un daño patrimonial consistente en la afectación de la marca y potencial pérdida del valor de la misma y consecuente perjuicio consistente en la disminución en ventas de los vehículos.


A partir de lo anterior, consideró que dicha medida suspensional resulta procedente dada la naturaleza del acto reclamado, ya que de llegar a publicarse el inicio del ejercicio de la acción colectiva con lo que ello implica, esto es, la comunicación de las pretensiones de la actora, aquí recurrente, por un lado, podría dejar sin materia el juicio de garantías, en virtud de que lo que se duele la quejosa es precisamente de que no se lleve a cabo la comunicación masiva de las presuntas fallas en las bolsas de aire instaladas en los vehículos de su marca. Y por el otro, porque la referida notificación podría traer a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que podría verse afectada su derecho al honor y reputación, ya que dicha publicación impactaría en la imagen de su persona, como industria automotriz, restándole credibilidad y confianza, lo que desde luego, no sería reparable ni aun cuando obtuviere sentencia a su favor.


• Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Unitario al conceder la suspensión respecto de la notificación por medio de edictos a la colectividad, haya suspendido el procedimiento en vía de consecuencia, pues como correctamente se estimó en el auto recurrido, en términos de los artículos 590, 591 y 592 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al depender la notificación de la que se duele la quejosa del auto que admite a trámite el juicio de acción colectiva, el procedimiento debe ser suspendido hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho proveído, pues de no ser así, como se dijo con anterioridad, además de que se dejaría sin materia el juicio constitucional, ello podría afectar de manera irreparable los derechos de la quejosa.


• Máxime que dicha suspensión del procedimiento únicamente tiene efectos provisionales, ya que sólo tiene vigencia hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, en la cual, podrá apreciarse debidamente el acto reclamado con base en los informes previos que rindan las autoridades responsables.


CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la reseña de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada.


Ahora bien, para resolver sobre la existencia de la contradicción de criterios debe analizarse si los órganos contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.


Así, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las S.s de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto; lo que proporciona certidumbre en las decisiones judiciales y otorga mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.


La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –o necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.


Derivado de lo anterior es posible afirmar que, para la procedencia de una contradicción de tesis, deben verificarse las siguientes condiciones:


1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.


2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,


3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.


Lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, como lo ha determinado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)


De igual forma, dicho criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, aprobadas por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente, establecen:


"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(3)


"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera S. advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(4)


Con base en lo anterior, esta Primera S. debe verificar si los criterios contendientes cumplen los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis.


Por tanto, a efecto de constatar si, en el caso, los criterios materia de la denuncia de contradicción abordan un mismo punto jurídico y se contraponen entre sí o no, resulta conveniente precisar cuál fue el análisis efectuado en cada una de las ejecutorias correspondientes, atento a lo siguiente:


Recurso de queja 241/2019, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.


Las quejosas promovieron amparo indirecto en el cual reclamaron la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa en el juicio de acción colectiva en sentido estricto **********, promovido por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil.


Al proveer sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito la concedió para el efecto de que, pudiendo continuar con el procedimiento de origen, no se ejecutara el proveído reclamado, a fin de que no se obligara a la parte quejosa a publicar en sus páginas web oficiales y estados de cuenta, la promoción de la demanda del juicio de origen; hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva.


Inconformes con tal determinación, la colectividad tercero interesada interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al citado Tribunal Colegiado, quien resolvió declarar fundado dicho medio de impugnación y negar la medida cautelar provisional solicitada, a partir de los razonamientos siguientes:


En primer lugar, hizo alusión al contenido de los artículos 590, 591, 593, 594 y 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de los cuales obtuvo que, tratándose de acciones colectivas, existe disposición legal que expresamente dispone que el inicio del ejercicio de aquélla debe notificarse a la colectividad.


A partir de ello, consideró que el Juez de Distrito del conocimiento estaba obligado a negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, ya que de otorgarse la medida cautelar, se contravendría la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.


Lo anterior, en virtud de que se vería trastocado el derecho de la colectividad a ser informada de la existencia de la acción colectiva promovida en contra de las empresas quejosas, lo que conlleva que los miembros de la colectividad que se sientan afectados, no puedan adherirse al procedimiento. En ese sentido, de concederse la suspensión provisional a las peticionarias de amparo, sería mayor la afectación que resentiría la sociedad en general, en especial, aquellos que pudiesen considerarse afectados y que fuese su deseo sumarse a la acción colectiva promovida en contra de las demandadas.


Puntualizó, que no pasaba inadvertido el hecho de que de no concederse la suspensión de los actos reclamados en la hipótesis apuntada, se llevarían a cabo algunas de sus consecuencias como son las publicaciones sobre la promoción de la demanda natural, y se divulgaría que se promovió el litigio en contra de la impetrante. Empero, ante el conflicto de tales principios debía prevalecer el interés colectivo sobre el interés particular, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el interés público que tutela a la colectividad en general, en cuanto al derecho que tienen de enterarse de la promoción de la acción colectiva, para que pudieran adherirse y defender sus derechos sustantivos individuales.


Bajo esa perspectiva, determinó que de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque con la suspensión se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorga la ley.


Recurso de queja 109/2019 resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.


A través de su demanda de amparo indirecto, la parte quejosa reclamó del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en su carácter de autoridad ordenadora, la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca de apelación **********, en donde la autoridad responsable determinó que Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.: a) no tenía la carga procesal de mencionar el nombre de los treinta individuos integrantes de la colectividad, ni que haya una colectividad determinada en ese momento, como lo disponen los artículos 587, fracción III y 588, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, b) sí señaló en su escrito inicial la causa por la que se ejerció la acción colectiva, así como la diversa resolución de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se determinó declarar fundados los agravios hechos valer por la ahora tercero interesada Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil y, consecuentemente, ordenar la admisión, certificación y consecuente notificación de la colectividad en medios de difusión amplios y masivos.


De igual forma, reclamó del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, en su calidad de ejecutora, el acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordena la notificación a la colectividad por medio de edictos respecto de la demanda de acción colectiva promovida por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil.


Correspondió conocer de dicha demanda al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quien mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, concedió la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no se llevara a cabo ningún acto tendiente a la ejecución de las resoluciones de catorce y dieciocho de enero del año en curso, que constituyen el acto reclamado, esto es, para que no se realizara la notificación por medio de edictos de la colectividad y, en consecuencia, ordenó la suspensión del juicio de acciones colectivas ********** del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.


Inconforme con la anterior determinación, Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, por conducto de su apoderada, interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número Q-109/2019. El nueve de abril de dos mil diecinueve, dicho órgano Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que declaró infundado el recurso de queja, a partir de los razonamientos siguientes:


En primer lugar, procedió a calificar de infundados los agravios expresados por el inconforme, dado que estimó correcto que el Tribunal Unitario haya concedido la suspensión solicitada en términos del artículo 150 de la ley de la materia. Ello, en virtud de que de llegar a publicarse el inicio del ejercicio de la acción colectiva, podría dejar sin materia el juicio de garantías, en virtud de que lo que se duele la quejosa es precisamente de que no se lleve a cabo la comunicación masiva de las presuntas fallas en las bolsas de aire instaladas en los vehículos de su marca, además de que se causarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que podría verse afectado su derecho al honor y reputación, en tanto que dicha publicación impactaría en la imagen de su persona, como industria automotriz, restándole credibilidad y confianza, lo que desde luego, no sería reparable ni aun cuando obtuviere sentencia a su favor.


Para llegar a la conclusión de que la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado era legal, hizo alusión a lo establecido por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 150 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales extrajo que en el juicio de amparo puede solicitarse la suspensión de los actos reclamados cuando se cuenta con un interés suspensional, siendo necesario tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada. De ahí que si bien, dicha medida cautelar no debe impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, también lo es que en el caso de que se ocasione al quejoso un daño o perjuicio irreparable, dicho procedimiento sí puede ser suspendido.


Posteriormente, luego de hacer referencia a la demanda de amparo y la materia sobre la que se solicitó la medida suspensional, consideró que ésta resulta procedente dada la naturaleza del acto reclamado, ya que de llegar a publicarse el inicio del ejercicio de la acción colectiva con lo que ello implica, esto es, la comunicación de las pretensiones de la actora, aquí recurrente, por un lado, podría dejar sin materia el juicio de garantías, en virtud de que lo que se duele la quejosa es precisamente de que no se lleve a cabo la comunicación masiva de las presuntas fallas en las bolsas de aire instaladas en los vehículos de su marca. Y por el otro, porque la referida notificación podría traer a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que podría verse afectado su derecho al honor y reputación, ya que dicha publicación impactaría en la imagen de su persona, como industria automotriz, restándole credibilidad y confianza, lo que desde luego, no sería reparable ni aun cuando obtuviere sentencia a su favor.


Sin que fuera obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Unitario al conceder la suspensión respecto de la notificación por medio de edictos a la colectividad, haya suspendido el procedimiento en vía de consecuencia, pues como correctamente se estimó en el auto recurrido, en términos de los artículos 590, 591 y 592 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al depender la notificación de la que se duele la quejosa del auto que admite a trámite el juicio de acción colectiva, el procedimiento debe ser suspendido hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho proveído, pues de no ser así, como se dijo con anterioridad, además de que se dejaría sin materia el juicio constitucional, ello podría afectar de manera irreparable los derechos de la quejosa. Máxime que dicha suspensión del procedimiento únicamente tiene efectos provisionales, ya que sólo tiene vigencia hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, en la cual, podrá apreciarse debidamente el acto reclamado con base en los informes previos que rindan las autoridades responsables.


De lo antes sintetizado se advierte que, en los fallos materia de la presente contradicción de tesis hubo pronunciamiento por parte de los Tribunales Colegiados correspondientes en cuanto al otorgamiento de la suspensión provisional cuando el acto reclamado consiste en la notificación a los miembros de una colectividad sobre el inicio de la acción colectiva; tópico sobre el cual se adoptaron posturas contradictorias.


En efecto, para el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, no procede el otorgamiento de la suspensión provisional en contra de la resolución que ordena notificar a la colectividad sobre el inicio de una acción colectiva, fundamentalmente, porque con su otorgamiento se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en tanto que se vería trastocado el derecho de la colectividad a ser informada de la existencia de la acción colectiva promovida en contra de las empresas quejosas, lo que conlleva que los miembros de la colectividad, que se sientan afectados no puedan adherirse al procedimiento.


Aclaró que no pasaba inadvertido que de no concederse la suspensión de los actos reclamados, se llevarían a cabo algunas de sus consecuencias como son las publicaciones sobre la promoción de la demanda natural, y se divulgaría que se promovió tal litigio en contra de la peticionaria de amparo; empero, ante el conflicto de tales principios debía prevalecer el interés colectivo sobre el particular, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el interés público que tutela a la colectividad en general; en cuanto al derecho que tienen de enterarse de la promoción de la acción colectiva, para que puedan adherirse y defender sus derechos sustantivos individuales.


En contraposición, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó acorde a derecho, que el Tribunal Unitario concediera la medida cautelar provisional en virtud de que de llegar a publicarse el inicio del ejercicio de la acción colectiva, por una parte, podría dejar sin materia el juicio de garantías, en virtud de que lo que se duele la quejosa es precisamente de que no se lleve a cabo la comunicación masiva de las presuntas fallas en las bolsas de aire instaladas en los vehículos de su marca; y, por otra, se causarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que podría verse afectado su derecho al honor y reputación, en tanto que dicha publicación impactaría en la imagen de su persona, como industria automotriz, restándole credibilidad y confianza, lo que desde luego, no sería reparable ni aun cuando obtuviere sentencia a su favor.


De suerte tal que, a su consideración, el procedimiento debe ser suspendido hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, máxime que dicha suspensión del procedimiento únicamente tiene efectos provisionales, ya que sólo tiene vigencia hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, en la cual, podrá apreciarse debidamente el acto reclamado con base en los informes previos que rindan las autoridades responsables.


Lo expuesto demuestra que ambos tribunales analizaron un mismo tópico, en relación con la procedencia del otorgamiento de la suspensión provisional en contra de la resolución que ordena notificar a la colectividad sobre el inicio de una acción colectiva, y adoptaron posturas contrarias entre sí, pues mientras un órgano determinó que es improcedente esa medida por existir una afectación al interés social y contravenirse disposiciones de orden público por impedirse a los miembros de la colectividad la continuación del juicio y la adhesión de nuevos miembros; el otro Colegiado concluyó en su procedencia, al sostener que en caso contrario se causarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación.


En este orden, la materia de la presente contradicción de criterios se constriñe a dar respuesta al planteamiento consistente en determinar, si cuando se reclama la resolución que ordena la notificación a los miembros de la colectividad sobre el inicio de una acción colectiva, resulta procedente o no conceder la suspensión provisional de dicho acto reclamado.


QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de las siguientes consideraciones.


A fin de dar respuesta integral al planteamiento indicado, resulta conveniente desarrollar previamente algunas consideraciones breves en torno a la figura de la suspensión provisional en el amparo y la naturaleza de las acciones colectivas.


En principio, debe precisarse que la suspensión provisional es una institución de naturaleza procesal que como medida cautelar tiene por objeto mantener viva la materia del amparo; es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados y, de esta manera, no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende, pues en algunos casos si se llevare a cabo su ejecución durante la secuela del juicio de amparo, de nada serviría al quejoso la eventual sentencia que llegare a pronunciarse a su favor.


En este tenor, se tiene entonces que el objeto de la suspensión provisional es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden al momento de la promoción del juicio para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación al quejoso, pero ello sólo mientras se decide sobre la suspensión definitiva y se notifica la resolución respectiva a la responsable, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión estipulados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, consistentes en: a) La existencia de solicitud por la parte quejosa, y; b) Que su otorgamiento no afecte al interés social ni contravenga disposiciones de orden público.


Cabe destacar que, aunado a los requisitos anteriormente mencionados, a efecto de conceder la suspensión, el juzgador también debe analizar en forma simultánea lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales estipulan, en esencia, dos aspectos fundamentales: I) La apariencia del buen derecho, y; II) El peligro en la demora.


Al respecto es menester resaltar que la tarea del Juez de Distrito es de extrema delicadeza, pues requiere hacer un cuidadoso y detallado examen de las circunstancias específicas del caso concreto, para determinar si se actualizan los aspectos previstos en los artículos 138 y 139 de la ley de la materia, y su confrontación con los objetivos que a través de los requisitos legales exigidos para la procedencia de la medida se pretenda lograr; es decir, la posible afectación que puedan sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento. Esto, ya que al proveer sobre la suspensión, el juzgador de amparo deberá atender a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo cual implica analizar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y valorar la posible afectación que se causaría de negarse la medida solicitada.


Al respecto resultan aplicables la jurisprudencia P./J. 15/96, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, así como la diversa 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda S., cuyos criterios se comparten, de rubros siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO."(5) y "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."(6)


Según se ha precisado, entre los requisitos para otorgar la suspensión tanto provisional como definitiva, el juzgador debe verificar el cumplimiento del requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual consiste en que el otorgamiento de la medida no se traduzca en la afectación del interés social y la contravención de normas de orden público; por ende, es necesario comprender lo que implican tales requisitos, a efecto de poder determinar en cada caso si esos aspectos son o no satisfechos.


Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo establece diversos casos en los cuales el legislador dispuso que se considerara el perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público, por ende, al proveer sobre la suspensión, el juzgador está en aptitud de analizar en forma casuística si se satisfacen o no esos requisitos.


El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas. Por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; es decir, tal requisito se refiere al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población.


Por su parte, por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público; esto es, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o estrago.


Así, por disposiciones de orden público, deben entenderse las previstas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un mal público; por ende, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.


Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda S. de este Alto Tribunal, visible en la Séptima Época, cuyo criterio se comparte, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA."(7)


Ahora bien, para resolver la interrogante propuesta en la presente contradicción de tesis, consistente en determinar, en esencia, si procede o no conceder la medida cautelar provisional en contra de la resolución que ordena la notificación a la colectividad sobre el inicio de una acción colectiva, es conveniente conocer cuál fue la motivación en la implementación de dicha institución, así como el contenido de los preceptos que se establecieron para el desarrollo del procedimiento de acciones colectivas y, específicamente, la forma en la que una vez concluida la etapa de certificación, debe practicarse la notificación sobre el inicio del proceso a la colectividad.


Las acciones colectivas quedaron incorporadas en el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución General de la República, por decreto de trece de julio de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de ese mes y año; actualmente esa previsión se ha recorrido al párrafo cuarto de dicho precepto constitucional, que establece:


"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.


"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.


"Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.


"El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los Jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos."


En cumplimiento a ese mandato constitucional, el Congreso de la Unión, mediante decreto de treinta de agosto de dos mil once, reguló las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos de su libro quinto, título único, que comprende de los artículos 578 a 626.


De la inclusión expresa de las acciones colectivas desde el Texto Constitucional, se pueden colegir dos propósitos sustanciales del Constituyente.


Primero, reconocer con el carácter de fundamentales, derechos o intereses en favor de una colectividad, de los llamados derechos de tercera generación con un énfasis eminentemente social; esto, partiendo de la premisa de reconocer que determinados derechos humanos tienen un carácter difuso, supraindividual, de naturaleza indivisible, cuya titularidad asiste en general a la colectividad (a la sociedad en su conjunto) que cuando son afectados generan un daño o perjuicio también de entidad colectiva; y hay determinados derechos fundamentales de titularidad individual, cuya afectación puede ser resentida por un grupo de individuos que conforman una colectividad vinculada por circunstancias de hecho o de derecho comunes; y ello, daba lugar a reconocer que esos derechos e intereses, trascendían al ámbito individual y exigían ser tutelados en un plano colectivo.


Segundo, reconocer que tales derechos fundamentales de entidad colectiva, requerían de acciones y procedimientos sencillos y eficaces, que permitieran su ejercicio y adecuada defensa en el sistema jurídico nacional, es decir, que existieran mecanismos jurisdiccionales eficaces para que pudieran ser debidamente tutelados, de manera que se garantizara el derecho de tutela judicial efectiva en materia de derechos e intereses colectivos, pues los procedimientos existentes, diseñados mayormente para acciones individuales, no eran aptos para dicha tutela jurisdiccional colectiva.


Lo anterior se corrobora de los documentos del proceso legislativo de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, tanto en la exposición de motivos de su iniciativa, como de las consideraciones emitidas por las Comisiones Dictaminadoras en ambas Cámaras, cuyos planteamientos son esencialmente coincidentes; el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado es ilustrativo al respecto, en las partes que enseguida se destacan:


"... Estamos conscientes que la modernidad ha complejizado las relaciones sociales y económicas. Hemos transitado de los cambios graduales a las transformaciones constantes y veloces en la ciencia, la tecnología y la técnica. Los límites físicos o geográficos que antaño parecían infranqueables, ahora han sido superados


"Resulta claro que las instituciones jurídicas tienen una vigencia, ello es una realidad connatural a ellas. Al ritmo de las transformaciones sociales dichas instituciones quedan rebasadas y es inminente adecuar las normas a la realidad.


"Así, el transcurrir del tiempo ha alterado sustancialmente las relaciones existentes, por un lado, entre consumidores, usuarios de servicios y, por el otro, empresas o proveedores. Si se quiere en un plano más general también han cambiado los vínculos creados entre una colectividad o grupo de personas respecto de algún bien o interés común y relevante para ellos.


"Las acciones colectivas no son ajenas a las ideas expresadas. En nuestro país, en materia de derechos humanos, hemos sido siempre oportunos en nuestro actuar con respecto a las exigencias de nuestro tiempo y, creando siempre los instrumentos procesales capaces de tutelar y proteger los derechos humanos y las garantías individuales. Si bien el sistema jurídico había satisfecho las necesidades sociales durante más de un siglo, la ciencia, la tecnología y las transformaciones que de ellas derivan, enfrentan a la sociedad con fenómenos nuevos. En concreto, los derechos difusos y colectivos, por su carácter transindividual quedan fuera del ámbito de protección de los mecanismos de carácter individual que contempla el ordenamiento jurídico.


"...


"Derivado de lo anterior, debe expresarse que en virtud de que es responsabilidad de este Congreso de la Unión la creación de la legislación ordinaria en materia de acciones colectivas, estas dictaminadoras proceden mediante este dictamen a cumplir con el mandato que les fue conferido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Legislativo Federal.


"En ese sentido, con este dictamen se establece el alcance de la norma constitucional, se precisan qué tipo de derechos e intereses colectivos serán objeto de tutela, el procedimiento que permitirá prevenir o reparar la violación a dichos derechos e intereses, la autoridad judicial competente para conocer de los procedimientos colectivos, qué sujetos están legitimados para iniciar los mismos, el alcance y los efectos de la sentencia, así como la forma de resarcir el daño a la colectividad por la vulneración de algún derecho.


"Cuarta. Conviene precisar que incluso a pesar de que el Estado mexicano ha reconocido diversos derechos e intereses susceptibles de ser protegidos en relación con los fenómenos nuevos que se han suscitado, en la práctica los individuos se enfrentan a una dificultad en relación con la forma en que los derechos o intereses aludidos puedan ser protegidos en forma efectiva, cuando los afectados o los interesados en hacerlos valer no son susceptibles de ser identificados o legitimados como grupo.


"Esta problemática desemboca y hace crisis con un concepto que ha sido estudiado, pero que todavía se configura como una asignatura pendiente de resolver en nuestro país: el ‘acceso a la justicia’. Debe puntualizarse que a pesar de que el principio de ‘acceso a la justicia’ es un problema relativo al procedimiento, por la relevancia que tiene, llega a implicar cuestiones que conciernen al fondo del derecho.


"Estimamos que para referirnos a un efectivo acceso a la justicia se requieren de dos elementos esenciales:


"a. El reconocimiento de los derechos que le asisten a las personas (ya sea en forma individual o como miembros de una colectividad o grupo), que necesariamente corresponden a los fines e intereses que una sociedad en un momento determinado considera valiosos; y,


"b. La previsión de instrumentos y mecanismos que permitan un efectivo cumplimiento de dichos derechos o en su caso, la reparación del daño, en caso de su inobservancia.


"...


"Lamentablemente, nuestro país tiene pendientes que debe atender tanto en el tema sustantivo concerniente a la previsión de derechos que trascienden la esfera individual y que modifican el paradigma arraigado en nuestro sistema legal del interés jurídico, como también cuenta con rezagos en el renglón adjetivo relativo al establecimiento de procedimientos y mecanismos que garanticen la observancia de los derechos dispuestos por nuestro orden jurídico, así como una oportunidad de hacer valer ante los tribunales una violación en caso de que suceda y que la misma sea reparada.


"De esta forma, un corte de caja de la situación actual en materia de acceso a la justicia en nuestro país llevaría a considerar válidamente que la protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, no sólo de los derechos individuales sino de los nuevos derechos colectivos, también llamados de ‘tercera generación’ (que han sido regulados de forma incipiente) tiene deficiencias que deben ser atendidas por el legislador.


"A quienes integramos estas dictaminadoras nos parece inaceptable que la falta de regulación de vías procesales adecuadas así como de derechos sustanciales que puedan hacerse valer por conductos jurisdiccionales tenga como consecuencia que se genere un ambiente de desconfianza de parte de los ciudadanos hacia el Estado.


"Si la sociedad tiene la percepción de que existe una incapacidad sistemática para solucionar de forma pacífica y dentro del marco de la ley los conflictos sociales, entonces se corre el riesgo de tener un fenómeno denominado en algunos órdenes jurídicos como anomia, que es una situación en cual un individuo no encuentra el camino para que sus derechos sean definidos o determinados jurídicamente.


"De lo anterior se infiere que es necesario e impostergable contar con mecanismos y herramientas jurídicas que permitan la efectiva tutela de los derechos e intereses colectivos. En ese sentido, como tiene a bien afirmar el iniciante, desde una perspectiva comparada, una de las instituciones que más éxito ha logrado la tutela colectiva de derechos e intereses son las acciones colectivas. Vale la pena señalar que las acciones colectivas han sido concebidas como la figura que permite la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad.


"Como consecuencia de lo referido en esta consideración es impostergable la aprobación de la legislación ordinaria que prevea las acciones colectivas en el sentido de velar por los derechos e intereses de las colectividades.


"Quinta. Sostenemos que las acciones colectivas además de las virtudes que representan en cuanto que son un mecanismo que permite hacer valer en una controversia los derechos e intereses colectivos, que evitan que hechos violatorios de las leyes queden impunes y dan sentido práctico al principio de ‘acceso a la justicia’; también pueden ser catalizadores de la vida social que inhiban prácticas ilegales, mejoren y eleven la competencia y al final sirvan para que los ciudadanos y los consumidores accedan a mejores bienes y servicios públicos o privados.


"Este planteamiento termina de redondearse si se toma en cuenta que lo anterior tiene un impacto directo sobre la calidad de la vida democrática. Para entender esto habría que señalar que ciudadanos más participativos y conscientes dentro de una sociedad, que estén dispuestos a impedir la violación de sus derechos y que cuenten con los medios y cauces normativos y jurisdiccionales adecuados para actuar de manera organizada seguramente exigirán mejores resultados de las autoridades y no solamente de los proveedores de bienes o servicios.


"...


"Séptima. A quienes integramos estas dictaminadoras nos parece importante señalar que la defensa de los derechos e intereses colectivos no es una preocupación novedosa, sino que viene de tiempo atrás. En específico un análisis de derecho comparado muestra que diversos países han incluido en sus respectivos órdenes jurídicos disposiciones que tienen como fin la protección de los derechos e intereses de una colectividad o grupo.


"En efecto, países con tradiciones jurídicas tanto de common law como de derecho civil Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, España, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile, Argentina y Uruguay han decidido contemplar tanto en sus Constituciones como en la legislación ordinaria las acciones colectivas y los procedimientos que las regulan. Así, en sus legislaciones se ha dispuesto que las acciones colectivas tutelan intereses colectivos relacionados con diversas materias como el patrimonio, el espacio público, el medio ambiente, la libre competencia económica, los derechos de autor, la propiedad intelectual, los derechos del consumidor, entre otros.


"Los países mencionados se constituyen como referentes y representan el catálogo de Estados que permiten la defensa y protección de los intereses y derechos de los miembros de una colectividad o grupo. A pesar de lo anterior, estamos conscientes que cada jurisdicción regula de forma particular las acciones y procedimientos colectivos, tan es así que la denominación que recibe depende del país que se someta a estudio. Sin embargo, estimamos que la coincidencia en lo fundamental hace que las diferencias que se encuentren sean intrascendentes. Así, el punto que convienen en lo general las distintas legislaciones en el tema de las acciones colectiva es la regulación del fenómeno de derechos que trascienden la esfera individual o que pudiendo tener este carácter existe una relación entre sus titulares que los vincula por circunstancias ya sea jurídicas o de hecho.


"Octava. Coincidimos en que la importancia de las acciones colectivas se puede comprender con el siguiente argumento. La normalidad de la vida cotidiana supone una serie de relaciones, de hecho o jurídicas, cuyo monto monetario individualizado es relativamente pequeño. Así, en caso de existir una eventual violación a los derechos o intereses derivada de la relación antes descrita, no existen los incentivos necesarios para que se inicie un litigio, pues los costos relacionados con éste son mayores al beneficio individual que se puede obtener derivado de la defensa de los derechos transgredidos. Sin embargo, si se agregaran los derechos o intereses individuales y éstos formaran un bloque, podría suceder fácilmente que la suma de los mismos fuera mayor a la inversión necesaria para costear el litigio, en tiempo y dinero. Si al sumar los intereses individuales sucede lo anterior, entonces es dable señalar que el daño colectivo causado por las violaciones a los derechos no es un asunto menor y debe ser reparado.


"Se estima, con base en el análisis económico del derecho, que las acciones colectivas pueden constituirse en un mecanismo eficaz para cambiar las conductas antijurídicas de las sociedades mercantiles e inclusive las malas prácticas gubernamentales; así como de los particulares en general que afectan a grandes sectores de la sociedad. Ello es así, porque las acciones colectivas logran colocar los incentivos en el lugar apropiado. De esta forma, las empresas del sector privado, el gobierno o los particulares evitarán vulnerar o transgredir derechos aunque el costo de ello sea ínfimo de manera individual, pues sabrán que las personas que sufran esas violaciones podrán agruparse y reclamar la protección de sus derechos por la vía jurisdiccional. Con ello, al final de cuentas, lo que se busca es que el beneficio que prevalezca sea el colectivo y no el particular.


"En franca relación con lo antes sostenido, debe indicarse que si la ley cumple con propiciar las condiciones para conjuntar a todas aquellas personas cuyos derechos han sido violentados y se permite su organización para lograr la defensa y protección adecuada de sus derechos, nos encontraremos ante una posibilidad real de hacer justiciables los derechos de individuos que actúan con dicho carácter y como miembros o parte de una colectividad. Con ello, nuestro sistema jurídico dejará de tolerar injusticias, transacciones ventajosas para una de las partes y vulneraciones a los derechos. Además acabará con la impunidad que hoy impera en varias relaciones en las cuales esto ocurre porque una de las partes es, de forma considerable, económicamente más débil y se debe enfrentar a procesos complicados, técnicamente complejos, lentos y costosos ..."


De lo antes expuesto se colige que, mediante la inclusión de las acciones colectivas en el artículo 17 constitucional, se reconoció la existencia de derechos e intereses fundamentales colectivos (hasta ahora, la legislación secundaria contempla como tales aquellos relacionados con la materia ambiental y las relaciones de consumo de bienes o servicios públicos y privados, acorde con su artículo 578); derechos e intereses, cuya tutela jurisdiccional se podría ejercer en vía colectiva, a través de esas acciones procesales. De manera que este tipo de acciones juegan un papel relevante en el diseño, transformación y mejora en la aplicación de las políticas públicas encaminadas a un mejor acceso a la justicia y a la protección de los derechos.


Plasmada tal reforma en la legislación, como se indicó, el Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que la acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas. Por ende, las acciones colectivas son procedentes para tutelar:


a. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquellos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes; y,


b. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquellos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas, determinable, relacionadas por circunstancias de derecho; y clasifica las acciones colectivas de la siguiente manera:


I. Acción difusa;


II. Acción colectiva en sentido estricto; y,


III. Acción individual homogénea.


Una vez esbozado el marco conceptual acerca del origen de las acciones colectivas, es necesario traer a colación las reglas específicas que rigen el procedimiento de notificación a la colectividad sobre el inicio del ejercicio de la acción de conformidad con lo dispuesto por la legislación adjetiva civil federal. Al respecto, los artículos 590, 591, 592, 593 y 594 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen lo siguiente:


"Artículo 590. Una vez presentada la demanda o desahogada la prevención, dentro de los tres días siguientes, el Juez ordenará el emplazamiento al demandado, le correrá traslado de la demanda y le dará vista por cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en este título.


"Desahogada la vista, el Juez certificará dentro del término de diez días, el cumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los artículos 587 y 588 de este Código. Este plazo podrá ser prorrogado por el Juez hasta por otro igual, en caso de que a su juicio la complejidad de la demanda lo amerite.


"Esta resolución podrá ser modificada en cualquier etapa del procedimiento cuando existieren razones justificadas para ello."


"Artículo 591. Concluida la certificación referida en el artículo anterior, el Juez proveerá sobre la admisión o desechamiento de la demanda y en su caso, dará vista a los órganos y organismos referidos en la fracción I del artículo 585 de este código, según la materia del litigio de que se trate.


"El auto que admita la demanda deberá ser notificado en forma personal al representante legal, quien deberá ratificar la demanda.


"El Juez ordenará la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva de que se trate, mediante los medios idóneos para tales efectos, tomando en consideración el tamaño, localización y demás características de dicha colectividad.


"La notificación deberá ser económica, eficiente y amplia, teniendo en cuenta las circunstancias en cada caso. Contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso de apelación, al cual deberá darse trámite en forma inmediata."


"Artículo 592. La parte demandada contará con quince días para contestar la demanda a partir de que surta efectos la notificación del auto de admisión de la demanda.


"El Juez podrá ampliar este plazo hasta por un periodo igual, a petición del demandado. Una vez contestada la demanda, se dará vista a la actora por 5 días para que manifieste lo que a su derecho convenga."


"Artículo 593. La notificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 591 de este código, contendrá una relación sucinta de los puntos esenciales de la acción colectiva respectiva, así como las características que permitan identificar a la colectividad.


"Las demás notificaciones a los miembros de la colectividad o grupo se realizarán por estrados.


"Salvo que de otra forma se encuentren previstas en este título, las notificaciones a las partes se realizarán en los términos que establece este código."


"Artículo 594. Los miembros de la colectividad afectada podrán adherirse a la acción de que se trate, conforme a las reglas establecidas en este artículo.


"En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, la adhesión a su ejercicio podrá realizarse por cada individuo que tenga una afectación a través de una comunicación expresa por cualquier medio dirigida al representante a que se refiere el artículo 585 de este código o al representante legal de la parte actora, según sea el caso.


"Los afectados podrán adherirse voluntariamente a la colectividad durante la sustanciación del proceso y hasta dieciocho meses posteriores a que la sentencia haya causado estado o en su caso, el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada.


"Dentro de este lapso, el interesado hará llegar su consentimiento expreso y simple al representante, quien a su vez lo presentará al Juez. El Juez proveerá sobre la adhesión y, en su caso, ordenará el inicio del incidente de liquidación que corresponda a dicho interesado.


"Los afectados que se adhieran a la colectividad durante la sustanciación del proceso, promoverán el incidente de liquidación en los términos previstos en el artículo 605 de este código.


"Los afectados que se adhieran posteriormente a que la sentencia haya causado estado o, en su caso, el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada, deberán probar el daño causado en el incidente respectivo. A partir de que el Juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colectividad titular del derecho al cobro tendrá un año para ejercer el mismo.


"En tratándose de la adhesión voluntaria, la exclusión que haga cualquier miembro de la colectividad posterior al emplazamiento del demandado, equivaldrá a un desistimiento de la acción colectiva, por lo que no podrá volver a participar en un procedimiento colectivo derivado de o por los mismos hechos.


"Tratándose de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas sólo tendrán derecho al pago que derive de la condena, las personas que formen parte de la colectividad y prueben en el incidente de liquidación, haber sufrido el daño causado.


"El representante a que se refiere el artículo 585 de este código tendrá los poderes más amplios que en derecho procedan con las facultades especiales que requiera la ley para sustanciar el procedimiento y para representar a la colectividad y a cada uno de sus integrantes que se hayan adherido o se adhieran a la acción."


De la lectura de dichos preceptos se desprenden diferentes etapas dentro del desarrollo del procedimiento de acciones colectivas. La etapa previa al comienzo del procedimiento conocida como "de certificación", que tiene por objeto determinar si efectivamente, las pretensiones de la colectividad pueden ejercerse por esa vía. Donde, a su vez, la parte demandada puede manifestar lo que a su derecho convenga en torno al cumplimiento de los requisitos de procedencia.


Al finalizar esta etapa, el Juez decide sobre la admisión o el desechamiento de la demanda, y de ser el caso, deberá dar vista a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia.


Posteriormente, el juzgador ordenará la notificación del auto que admita la demanda al representante legal de la colectividad, para efectos de su ratificación; aunado a que hará del conocimiento de la colectividad sobre el inicio del ejercicio de la acción colectiva, a través de medios idóneos por medio de los cuales se privilegie la notificación eficiente, económica y amplia, en la que se tome en consideración el tamaño, localización y demás características de la colectividad.


Dicha notificación contendrá una relación sucinta de los puntos esenciales de la acción colectiva respectiva, así como las características que permitan identificar a la colectividad. Lo anterior a fin de que aquellos individuos que hubieren resultado afectados de manera colectiva por la actuación de la enjuiciada, estén en aptitud de adherirse a la acción para reparar la afectación en su esfera jurídica


Como puede advertirse, de las propias disposiciones del código adjetivo civil federal se establece la obligación ineludible de los Jueces que conozcan de acciones colectivas, de notificar a la colectividad sobre el inicio del ejercicio de una acción colectiva a través de mecanismos mediante los cuales se tomen en consideración las características de dicha colectividad, a fin de que la notificación resulte eficiente, económica y de mayor amplitud.


En este sentido, uno de los objetivos de la reforma constitucional, por virtud del cual se mandató la regulación de los procedimientos de acciones colectivas a nivel federal, lo fue la búsqueda de economía procesal; misma que se caracteriza por la finalidad de promover el ahorro de tiempo y recursos materiales, así como de la promoción de un efecto disuasivo ante los abusos.


A partir de esta teleología, resulta evidente que la finalidad del legislador constitucional de prever un mecanismo en favor de las personas que hubieren resultado afectadas de manera colectiva, era lograr remediar no sólo la extensa cantidad de juicios derivados de una sola infracción, lo cual se traduce en un uso ineficiente de recursos; sino también a efecto de resolver problemas de información imperfecta a fin de que todos aquellos que se creyeran con derecho pudieran reclamar las afectaciones que se les ocasionaron.


En este sentido, debe considerarse que las acciones colectivas no se justifican únicamente por la utilización más eficiente de recursos que facilita el acceso a la justicia de aquellos justiciables que estuvieren conscientes de determinada afectación en su esfera jurídica, sino que el principio de publicidad de estos procedimientos debe guiar su tramitación; ello, en tanto que la omisión de los afectados para acudir en sede judicial a reclamar un derecho no se limita a la existencia de costos que pudieran exceder los beneficios obtenidos (para lo cual una defensa colectiva permite la repartición de costos), sino que ello pudiera justificarse en el desconocimiento público de la infracción misma.


En el caso concreto, los actos reclamados en los juicios de amparo indirectos de los cuales derivan los recursos de queja donde fueron sustentados los criterios materia de la presente contradicción, esencialmente se hicieron consistir en resoluciones en las cuales se ordenó la notificación a la colectividad, del inicio del ejercicio de la acción. Por un lado, en el caso que tuvo a la vista el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, la resolución reclamada consistía en la orden de publicación del inicio de la acción en las páginas web oficiales y estados de cuenta de la quejosa; mientras que en el asunto del que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el auto impugnado en amparo indirecto era aquel que ordenó la notificación a la colectividad por medio de edictos.


Como puede advertirse, en ambos casos se ordenó dar publicidad acerca del inicio de los procedimientos de acción colectiva respectivos, mediante los mecanismos que los juzgadores estimaron pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 591 del Código Federal de Procedimientos Civiles.


Por tanto, si la notificación a la colectividad tiene como finalidad fundamental hacer del conocimiento de aquellas personas que se consideren afectadas por la actuación de la demandada, a través de medios idóneos y eficaces, del inicio del procedimiento colectivo a fin de que estén en aptitud de adherirse a la acción para reparar la afectación a que han sido sujetos; entonces, de concederse la suspensión provisional en contra de la resolución que ordena la notificación a la colectividad, se vulneraría lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.


Ello es así, en tanto que el efecto de dicha determinación indudablemente paralizaría el procedimiento de acción colectiva, puesto que el Juez del conocimiento no podría continuar con las siguientes etapas señaladas en la ley respectiva, infringiéndose con ello lo dispuesto en el numeral 128 citado, puesto que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de los procedimientos judiciales, como en el caso lo es el procedimiento de acciones colectivas.


De tal suerte que no es factible el otorgamiento de la medida cautelar provisional, pues de lo contrario, no sólo se vería trastocado el derecho de la colectividad a ser informada de la existencia de la acción colectiva promovida en contra de las quejosas, lo que traería consigo que las personas afectadas no estén en aptitud de adherirse a la acción ante su desconocimiento; sino que también vulneraría el derecho de los miembros ya reconocidos de la colectividad ante la paralización del procedimiento, aspectos que se traducen en una afectación a la sociedad en general.


No pasa inadvertido para esta Primera S., la circunstancia de que de no concederse la suspensión de los actos reclamados en la hipótesis apuntada, algunas de sus consecuencias podrían consistir –de manera ejemplificativa– en la revelación de algún aspecto relacionado con la secrecía de los procesos de manufactura que corresponden a la demandada, lo que a su vez, podría impactar en su reputación, restándole credibilidad o confianza frente a los consumidores.


Sin embargo, ante el conflicto de tales principios debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el interés público que persiguen las acciones colectivas que, como ya se puntualizó, su implementación consistió en atender las necesidades de protección legal adecuada, sobre derechos de los consumidores; del medio ambiente o los intereses de personas que se encuentran en una situación de desigualdad económica o exclusión social, y que no pueden ser objeto de una protección apropiada a través de las reglas tradicionales del proceso civil individual.


Consecuentemente, no es posible conceder la suspensión provisional contra la resolución que ordena la notificación a la colectividad, en razón de que se contraría el interés social y disposiciones de orden público; pues el objetivo de dicha determinación, además de dar continuidad al procedimiento, es informar a aquellos individuos que se consideren afectados por la actuación de la enjuiciada acerca del inicio de la acción colectiva, a fin de que puedan adherirse oportunamente para hacer valer sus derechos.


Por lo expuesto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos de los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 225 de la Ley de Amparo, la sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título, subtítulo y texto siguientes:




Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que conocieron de los asuntos sostuvieron posturas distintas respecto a si procede conceder la suspensión provisional en contra de la resolución que ordena notificar a la colectividad sobre el inicio de una acción colectiva, ya que uno de los Colegiados determinó que era improcedente esa medida por existir una afectación al interés social y contravenir disposiciones de orden público por impedirse a los miembros de la colectividad la continuación del juicio y la adhesión de nuevos miembros; mientras que el otro concluyó que era procedente, pues de lo contrario, se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación.


Criterio jurídico: La Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es factible el otorgamiento de la suspensión provisional en contra de la resolución que ordena la notificación a los integrantes de la colectividad sobre el inicio de la acción colectiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 591 del Código Federal de Procedimientos Civiles.


Justificación: Ello, en virtud de que, con su otorgamiento, no sólo se vería trastocado el derecho de la colectividad a ser informada de la existencia de la acción colectiva promovida en contra de la quejosa, lo que traería consigo que las personas afectadas no estuvieran en aptitud de adherirse a la acción ante su desconocimiento; sino que también se vulneraría el derecho de los miembros ya reconocidos de la colectividad ante la paralización del procedimiento. Y si bien es cierto que de no concederse la suspensión de los actos reclamados se pudieran generar consecuencias en detrimento de la enjuiciada en relación con su reputación; también lo es que, ante el conflicto de tales principios, debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el interés público que persiguen las acciones colectivas, pues su implementación consistió en atender las necesidades de protección legal adecuada sobre derechos de los consumidores, del medio ambiente o los intereses de personas que se encuentran en una situación de desigualdad económica o exclusión social, y que no pueden ser objeto de una protección apropiada a través de las reglas tradicionales del proceso civil individual.


Por lo expuesto y fundado, se resuelve:


PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del considerando cuarto del presente fallo.


SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en el último considerando de la presente resolución.


TERCERO.—Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.


N.; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.


Así lo resolvió la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: N.L.P.H., J.L.G.A.C., J.M.P.R. (ponente), A.G.O.M. y presidenta A.M.R.F..


Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2019 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de julio de 2019 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Tomo I, julio de 2019, página 231, con número de registro digital: 2020235.








________________

1. Tesis P. I/2012 (10a.), Décima Época, publicada en la página nueve, del Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.


2. Tesis P./J. 72/2010, jurisprudencia, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., agosto de 2010, página 7, con número de registro digital: 164120, cuyo texto es del tenor siguiente: "De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."


3. Jurisprudencia 1a./J. 22/2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122.


4. Jurisprudencia 1a./J. 23/2010, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 123.


5. Jurisprudencia P./J. 15/96, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, página 16, cuyo texto es el siguiente: "La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión."


6. Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, cuyo texto dispone: "El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."


7. Jurisprudencia 8, Informe 1973, Parte II, materia común, página 44, cuyo texto establece lo siguiente: "De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia común al Pleno y a las S.s), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."

Esta ejecutoria se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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