Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

JuezAlfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Ana Margarita Ríos Farjat,Jorge Mario Pardo Rebolledo,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Luis María Aguilar Morales,Norma Lucía Piña Hernández
EmisorPrimera Sala
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, 1324
Fecha de publicación03 Diciembre 2021

CONTRADICCIÓN DE TESIS 134/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: J.L.G.A.C.. SECRETARIO: M.A.R. LEÓN.


II. Presupuestos procesales


3. Esta Primera Sala es competente(3) para conocer de esta contradicción de tesis denunciada por parte legitimada.(4)


III. Existencia de la contradicción


4. Esta Primera Sala ha interpretado que los requisitos(5) para la existencia de una contradicción son: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.


5. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, se satisface el requisito.


6. En primer término, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 12/2020 de su índice, analizó un asunto con las siguientes características:


• Hechos. El Tribunal Colegiado resolvió un amparo directo en el que se señaló como acto reclamado la sentencia definitiva de un toca de apelación que confirmó la sentencia de origen que consideró penalmente responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, fracción V, del Código Penal para la Ciudad de México en agravio de una persona moral. En sus conceptos de violación, el quejoso afirmó que el Ministerio Público no acreditó en juicio la querella de la parte ofendida. Además, el quejoso argumentó que, si bien "los apoderados legales" de la persona moral comparecieron a juicio oral y señalaron tener dicha calidad y facultades para presentar la querella, no se incorporó adecuadamente el testimonio notarial que así lo precisara.


• Criterio del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado afirmó que tal concepto de violación resultaba fundado. Tras realizar un estudio sobre el concepto de legitimación, afirmó que la representación jurídica de las partes constituye un presupuesto procesal sin el cual no es posible desarrollar un proceso y que tal requisito es de estudio oficioso al juzgador. A pesar de que tal doctrina es propia del derecho civil, sostuvo, es trasladable al derecho penal bajo el sistema acusatorio por regirse por el sistema dispositivo.


• Refirió que la querella implica analizar si la persona que compareció a juicio tenía efectivamente la calidad de representante legal de la víctima y que ello resultaba de análisis obligado tanto para el tribunal de alzada como para el de enjuiciamiento.


• Posteriormente el Tribunal Colegiado analizó la etapa inicial del proceso penal en donde se presenta la querella. Tras analizar los artículos 221, 223, 225 y 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la investigación de delitos por querella, afirmó que la querella sólo puede presentarla el titular del bien jurídico tutelado o su legítimo representante. Tras ello, analizó la legitimación de las personas jurídicas y concluyó que, en los delitos de querella en perjuicio de una persona moral, ésta podrá presentarse por un representante si, i) cuenta con un poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial; ii) cuenta con un poder general con cláusula especial para formular querella o iii) cuenta con un poder general para pleitos y cobranzas sin necesidad de cláusula especial.


• En última instancia el Tribunal Colegiado refirió que la etapa de juicio oral es la etapa en la que se deciden las cuestiones esenciales del proceso y en la cual rige la oralidad. Por tanto, el Tribunal de Enjuiciamiento sólo puede tomar en consideración las pruebas desahogadas en audiencia de juicio oral, sin que tenga validez lo actuado en etapas anteriores a juicio, incluyendo lo recabado en antecedentes de investigación.


• En virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado concluyó que, dado que el delito de fraude genérico prevé como requisito de procedibilidad la querella y el Ministerio Público no incorporó a juicio documento idóneo para "acreditar la calidad de representante legal de la persona moral ofendida, al momento de presentar la querella ante el Ministerio Público", dicho requisito no podía tenerse por satisfecho porque sólo podía analizarse las pruebas desahogadas en juicio oral. Afirmó que inclusive si en la vinculación a proceso o en fases previas ya se tuvo por acreditado dicho requisito de procedibilidad "lo cierto es que ello no puede traer como consecuencia que en el juicio oral deba presumirse y por tanto tener por acreditado tan importante requisito de procedibilidad". Afirmó que el Tribunal de Enjuiciamiento debe corroborar la identidad de quien formuló la querella y su legitimación en tanto en el nuevo sistema no existen pruebas preconstituidas. Por ello, concedió el amparo liso y llano a efecto de dictar sentencia absolutoria a favor del imputado al no estar colmado el requisito de procedibilidad.


• Derivado de dicha ejecutoria, este Tribunal Colegiado emitió la tesis aislada I..P.280 P (10a.), de título y subtítulo: "QUERELLA. PARA SATISFACER ESTE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA ETAPA DE JUICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA PARA FORMULARLA, DEBE DEMOSTRARSE DURANTE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN AL JUICIO DEL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE."(6)


7. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 160/2020, analizó un asunto con las siguientes características:


• Hechos. El Tribunal Colegiado resolvió un amparo directo en el que se señaló como acto reclamado la sentencia definitiva de un toca de apelación que confirmó la sentencia de origen que consideró penalmente responsable al quejoso del delito de despojo, previsto en el artículo 213 del Código Penal para el Estado de Querétaro en agravio de una persona moral. En sus conceptos de violación, el quejoso afirmó que no se demostró que la querella presentada por la persona moral agraviada fuera realizada por la persona facultada para presentarla(7) en tanto las documentales incorporadas a juicio resultan insuficientes para demostrar que el denunciante probó en audiencia tal facultad.(8)


• Criterio del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado afirmó que tal concepto de violación resultaba inatendible. El órgano colegiado recordó que lo que impugnaba la parte quejosa resultaba un requisito de procedibilidad para iniciar el procedimiento penal. Sin embargo, en atención a la jurisprudencia 1a./J. 74/2018,(9) de la Primera Sala, el estudio en amparo directo no podía comprender las violaciones que el quejoso considerara cometidas en etapas anteriores a la audiencia de juicio oral, como lo es la etapa de investigación.


• El Tribunal Colegiado afirmó que, en términos del código sustantivo local, el delito de despojo imputado prevé la querella como requisito de procedibilidad. Posteriormente, expuso que los artículos 221, 223, 225 y 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipulan la regulación atinente a la legitimación para presentar una querella. Afirmó que de la ley se apreciaba que la querella debía presentarse por el sujeto titular del bien jurídico tutelado o de su legítimo representante porque si no se cumplen dichos requisitos el órgano investigador no puede iniciar la indagatoria correspondiente. Así, el Ministerio Público, al recibir la querella, debe asegurarse de la identidad del querellante y de su legitimación.


• En otro orden de ideas, afirmó que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales divide al procedimiento acusatorio en etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Posteriormente recordó la doctrina de cierre de etapas procesales de esta Primera Sala en torno a los alegatos en amparo directo concerniente a evidenciar violaciones previas al juicio oral, concretamente las etapas de investigación e intermedia. Refirió que los argumentos de la parte quejosa se referían a la presentación de la querella ante el Ministerio Público y que dicha presentación corresponde a la etapa de investigación, en la cual el Ministerio Público recibió la querella y se aseguró de la identidad del querellante o inclusive, dicha cuestión pudo ser advertida en el dictado del auto de vinculación a proceso. Por tanto, si en las etapas procesales previas los quejosos no se inconformaron respecto a dicha cuestión, agotaron su derecho para acreditar el requisito de procedibilidad.


• Por tanto, afirmó que no era procedente analizar en amparo directo frente a una sentencia del sistema acusatorio, la acreditación del requisito de procedibilidad como lo pretenden los quejosos en tanto únicamente puede analizarse violaciones acaecidas en el juicio oral. Afirmó disentir del criterio aislado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito porque contrario a lo resuelto por éste, existe la imposibilidad de analizar la querella como requisito de procedibilidad en la etapa de juicio del sistema acusatorio debido a que ese requisito ya debió ser analizado para llevar a cabo la indagatoria y, en su caso, confirmarse al radicarse la carpeta de investigación o emitirse el auto de vinculación a proceso, esto es, en etapa previa a juicio oral (foja 104).


8. De lo anterior se sigue que los Tribunales Colegiados contendientes efectivamente ejercieron el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo centrado en determinar si es posible analizar en juicio oral si la persona que presentó la querella ante el Ministerio Público en un delito en agravio de una persona moral tenía facultades para hacerlo.


9. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. El segundo requisito también se cumple. En efecto, los Tribunales Colegiados llegaron a resultados opuestos en torno a la cuestión jurídica específica.


10. Ambos colegiados se enfrentaron a amparos directos en los cuales los quejosos sentenciados por delitos de querella cometidos en perjuicio de personas morales controvirtieron que no se demostró en juicio oral mediante las pruebas correspondientes que la persona que presentó la querella ante el Ministerio Público en la etapa de investigación tenía la calidad de representante legítimo de la persona moral.


11. Así, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que la representación de las partes en juicio es un presupuesto procesal de estudio oficioso para el juzgador. De igual forma,(10) afirmó que inclusive si ninguna parte controvirtió dicha cuestión en juicio oral o apelación, el juzgador debe estudiarla oficiosamente y por tanto debía analizarse si quien presentó la querella para iniciar el procedimiento penal tenía la calidad de representante de la persona moral.(11) Ante ello, analizando el caso concreto, afirmó que efectivamente no se demostró en juicio oral que la persona que presentó la querella efectivamente tuviese la calidad de representante legal de la persona moral. Por ello, concluyó que, inclusive si un Juez de Control en fases previas,(12) "pudo haber determinado con base en datos de prueba tener cumplido el requisito de procedibilidad", lo cierto es que ello, no puede traer como consecuencia que, en el juicio oral, deba presumirse y, por tanto, tener por acreditado tan importante requisito de procedibilidad". Así, afirmó el Tribunal de Enjuiciamiento requiere de pruebas desahogadas para "corroborar la identidad de quien formula la querella y la legitimación de éste para de ese modo considerar cumplido tal motivo de procedencia" inclusive si dicha presentación se dio en la etapa inicial e inclusive si un juzgador ya determinó cumplido tal requisito.


12. Por el contrario, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito consideró que la querella era un requisito propio de la etapa inicial, por lo que debía haber sido impugnada en ésta y no podía volver a discutirse en la etapa de juicio oral. En consecuencia, no podía analizarse en amparo directo si se acreditó en juicio oral la representación de la persona moral que presentó querella ante el Ministerio Público bajo el criterio de cierre de etapas procesales. Afirmó que, en atención a la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de la Primera Sala, el estudio en amparo directo no podía comprender las violaciones que el quejoso considerara cometidas en etapas anteriores a la audiencia de juicio oral, como lo es la etapa de investigación.


13. Para evidenciar con mayor fuerza la contradicción se inserta el presente cuadro comparativo que ejemplifica la similitud fáctica de ambos asuntos y su discrepancia jurídica.


Ver cuadro comparativo

14. Punto de toque. Considerando lo anterior, existe un solo potencial punto de toque a saber, si resultaba posible analizar el requisito de procedibilidad de la querella bajo las condiciones relatadas en juicio oral (y si debía o no debía volver a acreditarse y analizarse dicho requisito).


15. Esta Primera Sala estima que no se actualiza un punto de toque relativo a la posibilidad de analizar en amparo directo la querella a la luz de la doctrina de cierre de etapas procesales. En efecto, mientras que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito sí se pronunció sobre ese tópico, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no lo hizo, pues no explicitó razonamiento alguno sobre la posibilidad de analizar en amparo directo dicha temática a la luz de la doctrina de cierre de etapas procesales.


16. En ese sentido, con independencia de que materialmente el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sí haya analizado la acreditación de la querella en juicio oral al resolver el amparo directo, no esgrimió razonamientos propios sobre por qué esto era analizable en sede directa con independencia de la doctrina de cierre de etapas procesales. Por tanto, no podría trabarse la contradicción de tesis frente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito porque para ello, tendríamos que suponer cuáles fueron las razones implícitas que consideró en tanto la contradicción de tesis debe trabarse entre las argumentaciones distintas tomadas entre los Tribunales Colegiados contendientes.(15)


17. Por las razones anteriores esta Primera Sala no se pronunciará sobre si es analizable en amparo directo la acreditación de la querella presentada por la persona moral ofendida, ni tampoco se pronunciará sobre el impacto de la doctrina de cierre de etapas procesales en amparo directo al tenor de la posibilidad o no de analizar la actualización de la querella en el proceso penal acusatorio.


18. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido a esta Primera Sala que ambos Tribunales Colegiados no se enfrentaron a la hipótesis en que el delito invocado en el escrito de acusación hubiese sido perseguible de oficio y se hubiese efectuado una reclasificación del delito en juicio oral en términos del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales a un delito perseguible por querella. Por ello, tal hipótesis no es analizada en la presente contradicción en la que ambos colegiados se enfrentaron a condenas respecto a hechos cuya clasificación jurídica no varió en etapa de juicio oral.


19. Lo anterior se estructura en la siguiente pregunta:


20. ¿Puede analizarse en juicio oral, en un delito perseguible por querella en agravio de una persona moral, si la querella que inició la investigación fue presentada ante el Ministerio Público por una persona con representación de la persona moral ofendida?


IV. Estudio de fondo


21. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


22. Para poder dar respuesta al tópico en análisis esta Primera Sala estudiará los siguientes elementos: 1) La naturaleza jurídica de la querella; 2) ¿A qué etapa procesal corresponde la querella?; 3) La etapa procesal en la cual se realiza el control de la querella.


23. Naturaleza jurídica de la querella. La querella es un requisito de procedibilidad, es decir, una actuación de carácter procesal cuyo cumplimiento es necesario para el ejercicio válido de la acción penal.


24. En el caso mexicano, por lo que respecta al sistema acusatorio, se encuentra regulada en el título III del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lleva por título "Etapa de investigación". Específicamente el capítulo II, denominado "Inicio de la investigación", la define en su artículo 225.


25. De tal suerte, la norma adjetiva referida define a la querella como la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello dirigida al Ministerio Público con una pretensión de que se inicie la investigación por hechos señalados por la ley como delitos y que, de ser procedente, se ejerza la correspondiente acción penal.


26. Por tanto, la norma establece características específicas de la querella, a saber, 1) es una manifestación de la voluntad; 2) el sujeto activo para su realización es la víctima u ofendido (por sí o mediante representante legalmente facultado); 3) el destinatario de dicha manifestación es expresamente el Ministerio Público; y, 4) tal manifestación entraña la pretensión de inicio de la investigación y del ejercicio de la acción penal.


27. En ese sentido, la querella es uno de los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 16 constitucional. En el amparo en revisión 129/2020,(16) afirmamos que el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la figura de querella como requisito de procedibilidad y la detalla al regular dos grandes grupos de requisitos, uno de contenido sustancial y otro de verificación. Esta Primera Sala sostuvo en dicho precedente que, respecto al contenido sustancial, el artículo 225 en su segundo párrafo establece que la querella deberá contener los mismos requisitos que los previstos para la denuncia, a su vez contemplados en el artículo 223.


28. Sostuvimos también que, para el caso de denuncia escrita –sin reserva de identidad ni de anonimato– se regulan los siguientes requisitos sustanciales (los requisitos de la denuncia son los aplicables a la querella por disposición expresa del artículo 225, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales):


1. La identificación del denunciante.


2. El domicilio del denunciante.


3. La narración circunstanciada del hecho.


4. La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él.


5. Todo cuanto constare al denunciante.


6. La firma del denunciante.


7. La huella digital del denunciante, previa lectura que tenga de la querella, si este no pudiere firmar.


29. Sostuvimos también que estos requisitos refieren datos básicos y generales que permiten la formulación de la querella, establecen la identificación y localización, así como una exposición de lo que el denunciante pueda llegar a saber respecto a la querella presentada. Asimismo, se refirió que el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula el contenido de verificación en su segundo párrafo. Además, afirmamos que el Ministerio Público deberá cerciorarse que los requisitos previamente referidos se encuentren debidamente satisfechos.


30. De ahí que estos requisitos de verificación, sostuvimos, se refieren a la obligación que tiene el Ministerio Público de asegurarse que la querella cumple con las exigencias que prevén las normas aplicables. Es decir, la autoridad ministerial debe cerciorarse que la querella contenga la identificación del denunciante, su domicilio, su firma o huella digital en caso de que no pueda firmar, la narración del hecho, la indicación de quienes lo cometieron y presenciaron, y todo cuanto constare al denunciante.


31. ¿A qué etapa procesal corresponde la querella en el sistema acusatorio? Como se ha determinado anteriormente, la querella es un requisito de procedibilidad que da origen al inicio de un proceso penal. Para poder determinar la posibilidad de impugnar defectos en la querella (como la presentación de ésta por una persona que carece de la representación de la persona moral ofendida) debe determinarse a qué etapa procesal corresponde la presentación y control de la querella para, una vez hecho lo anterior, determinar si ello puede ser objeto de control en juicio oral.


32. En primer término, debe recordarse que el artículo 20 constitucional establece la naturaleza acusatoria y oral del proceso penal. De igual forma, el artículo 16 constitucional establece que no podrá librarse una orden de aprehensión sino por la autoridad judicial sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido dicho hecho y exista probabilidad de su comisión o participación por la persona en cuestión.


33. El Texto Fundamental, por tanto, lacónicamente sitúa eventualmente a la querella como un requerimiento (para delitos que tengan dicho requisito de procedibilidad) para el dictado de un mandato de captura.(17) A pesar de que la Constitución no sitúa a la querella dentro de las etapas del proceso penal ello es natural, en tanto el texto fundamental establece los principios elementales del proceso penal sin reglamentar todos sus matices en él. Sin embargo, resulta indicativo que la única mención que hace la Constitución a la querella sea como un requisito para el librado de una orden de aprehensión, que pertenece a la etapa de investigación del procedimiento penal.


34. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, normativa regente para el sistema acusatorio adversarial actual establece de forma indubitable la pertenencia de la querella a la etapa de investigación.(18) La transcripción de normas innecesariamente en las resoluciones judiciales, por regla general, entorpece su lectura y dificulta a los justiciables el conocimiento de las resoluciones. Sin embargo, cuando una norma tiene una influencia fundamental en un caso y resuelve toralmente el punto en cuestión, su transcripción se torna aceptable. Por su importancia trascendental para el presente caso, se transcribe el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.


"Artículo 211. Etapas del procedimiento penal


"El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:


"I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:


"a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación; e,


"b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;


"II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y


"III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento."


35. De la anterior transcripción es claro que el Código Nacional de Procedimientos Penales sitúa a la querella como un acto procesal que abre, per se, la etapa de investigación inicial (pues comienza con ésta). Es decir, en delitos de querella, la presentación de la misma da inicio formal al procedimiento penal. La propia norma también establece que la etapa de investigación se subdivide en investigación inicial y complementaria. La querella pertenece a la primera, es decir, a la etapa de investigación inicial que concluye con la formulación de imputación frente al Juez de Control. Por ello, es indubitable que la querella es un acto procesal propio de la etapa de investigación (del proceso penal acusatorio) y, concretamente, de la etapa de investigación inicial.


36. Esta concepción no sólo se establece en el artículo 211 supracitado, sino se reitera a lo largo del código. Así, el artículo 211 establece que la querella es una forma de "inicio de la investigación" y su presentación da pie al comienzo de "la investigación de los hechos que revistan características de un delito". Por su parte, el artículo 225 del propio código nacional, mencionado en la primera sección de esta resolución, define a la querella como una expresión de voluntad ante el Ministerio Público para "que se inicie la investigación de uno o de varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad".


37. El hecho de que la querella pertenezca a la etapa de investigación implica que en dicha etapa existen mecanismos de control sobre sus requisitos. Específicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece controles de los requisitos de la querella, 1) Por el Ministerio Público; 2) Por el Juez de Control en la etapa de investigación en sus diversas intervenciones procesales, como se analizará en la siguiente sección.


38. El hecho de que la querella pertenezca a la etapa de investigación y en ella se realice su control toral, se robustece si analizamos el resto de las etapas procesales.


39. Así, la etapa intermedia (artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales) tiene por objeto "discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral".(19) No es por tanto una etapa centrada medularmente en el inicio formal de la investigación ni la sede de control natural de la querella. Sin embargo, la naturaleza de la etapa intermedia como etapa de depuración del proceso no sólo probatoria sino excepcionalmente de cuestiones de previo y especial pronunciamiento, abre una posibilidad de control excepcional que se analizará en la siguiente sección.


40. Por su parte, en la etapa de juicio oral, el debate se ciñe en determinar la existencia de "elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable".(20) La legalidad de las actuaciones ocurridas en la etapa inicial no se encuentra en reexamen.


41. El juicio oral es la audiencia en la que se debaten las cuestiones esenciales al procedimiento, a saber, la demostración de la existencia de delito y la responsabilidad penal del acusado a la luz del desahogo probatorio. Ello se refuerza si recordamos que la etapa intermedia es una etapa de depuración diseñada a garantizar el éxito del juicio oral mediante el desahogo de medios de prueba pertinentes y necesarios que se refieran directa o indirectamente al objeto de investigación y al esclarecimiento de los hechos (artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Por tanto, en consecuencia, la audiencia de juicio oral implica que, a la luz de los medios de prueba se determinen y esclarezcan los hechos referidos en el objeto de investigación (existencia del delito y responsabilidad penal).


42. Así, en la etapa de juicio oral, las razones por las que el Tribunal de Enjuiciamiento puede determinar una sentencia condenatoria se limitan a apreciar la existencia de delito y responsabilidad, es decir, la "convicción de la culpabilidad del sentenciado" (artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Por su parte, las razones para dictar una sentencia absolutoria son establecidas expresamente por el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, 1) causas de atipicidad (como ausencia de voluntad, de conducta o demostración de alguno de los elementos del tipo penal); 2) causas de justificación (como el consentimiento presunto o la legítima defensa, entre otros); y, 3) causas de inculpabilidad (como el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, entre otros).


43. Esta Primera Sala observa que la indebida presentación de la querella en la etapa de investigación ante el Ministerio Público no es una razón para el dictado de una sentencia absolutoria en juicio oral, como expresamente afirmó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.(21) Lo anterior es natural, en tanto la audiencia de juicio oral implica un debate sobre la demostración o no de la acusación de la fiscalía (delito y responsabilidad del imputado) y no es un debate sobre las razones por las cuales se abrió una carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial, cuestión que ha quedado firme al haber acontecido y poder sido discutida en la etapa de investigación y excepcionalmente en la etapa intermedia.


44. El hecho de que "las actuaciones que realice el Ministerio Público durante la investigación carecen de valor probatorio al momento del dictado de la sentencia definitiva por lo que sólo podrán ser consideradas como pruebas de cargo susceptibles de enervar la presunción de inocencia aquellas desahogadas públicamente durante la audiencia de juicio oral ante el tribunal correspondiente"(22) no significa que la querella presentada en la etapa de investigación carezca de valor y, por tanto, deba volver a ser demostrada en juicio oral. La querella no es una prueba que se emplee en perjuicio del imputado para enervar la presunción de inocencia, sino un requisito de procedibilidad para iniciar el proceso penal en la etapa de investigación ante el Ministerio Público: la querella es la razón por la cual se inició el proceso penal, no una prueba requerida para demostrar la responsabilidad del imputado ni un elemento del tipo penal cuya prueba sea necesaria en juicio oral.


45. En ese sentido, la etapa de juicio oral no contempla reexaminar la querella presentada en la etapa de investigación y, naturalmente, tampoco una nueva presentación de la querella en juicio oral en tanto ésta ya fue presentada en la etapa de investigación inicial, dando inicio per se al proceso penal. Por ello, las potenciales irregularidades de la presentación de la querella ante el Ministerio Público no son violaciones atribuibles al juicio oral, sino a la etapa de investigación en la que pudo tener lugar su control (y, excepcionalmente, en la etapa intermedia, como se analizará).


46. En conclusión a lo anterior, esta Primera Sala observa, por tanto, que el proceso penal conceptualiza a la querella como: 1) una forma de inicio de la etapa de investigación y no del juicio oral presentada ante el Ministerio Público y 2) una actuación procesal propia de la etapa de investigación, específicamente de la sub-etapa denominada "investigación inicial" por el Código Nacional de Procedimientos Penales y 3) un acto procesal cuyo control primario se realiza en la etapa de investigación tanto por el Ministerio Público (artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales) como por el Juez de Control (por ejemplo, al librar órdenes de aprehensión en delitos de querella dado que expresamente así lo establece el artículo 16 constitucional, párrafo III) y excepcionalmente en la etapa intermedia como se analizará a continuación.


47. La conclusión alcanzada es congruente con las determinaciones que previamente ha tomado esta Primera Sala. Así, en el amparo directo en revisión 4095/2017,(23) expresamente afirmamos que "los requisitos de procedibilidad (entre los cuales se encuentra la querella de parte agraviada) constituyen presupuestos procesales para la apertura del juicio y, por consiguiente, sería inviable pretender introducir su discusión hasta la audiencia de juicio oral, pues ello podría poner en riesgo la validez misma del juicio".(24) Es relevante resaltar que, sin perjuicio de que haya sido a la luz de una legislación distinta (Código Procesal de Nuevo León) la Primera Sala determinó que era dable aplicar el criterio de cierre de etapas procesales a los alegatos respecto a la correcta presentación de la querella, por corresponder a una etapa procesal previa.(25)


48. Por tanto, si la presentación de la querella pertenece a la etapa de investigación, ¿En qué etapa procesal debe plantearse el debate respecto a la potencial no acreditación de uno de sus elementos, como la presentación por persona con legitimación para representar a una persona moral ofendida?


49. Etapa procesal en que se realiza el control de la querella. El hecho de que en juicio oral no sea objeto de debate la correcta presentación de la querella ante el Ministerio Público en la etapa de investigación no significa que tal presentación se encuentre exenta de control, en tanto existe un control del cumplimiento de sus requisitos: 1) Por el Ministerio Público; 2) Por el Juez de Control en la etapa de investigación en sus diversas intervenciones procesales; y, 3) excepcionalmente en la etapa intermedia como una incidencia procesal. Se explica a detalle:


50. En el amparo en revisión 129/2020,(26) afirmamos que la forma en que está regulada la querella "abona a la generación de seguridad jurídica en la lógica del Código Nacional de Procedimientos Penales". Ello en tanto afirmamos que los requisitos contemplados por el legislador federal para la querella permiten a los gobernados saber qué se necesita para el inicio de la investigación por querella escrita. Asimismo, obligan al querellante a aportar su firma o huella en caso de que sea aplicable, su domicilio, la narración de los hechos; entre otros requisitos que permiten al Ministerio Público y a las autoridades judiciales verificar que los contenidos de las querellas sean verídicos.(27)


51. La verificación de los requisitos de la querella realizada por el Ministerio Público se encuentra regulada por el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obligándose a la Fiscalía en la etapa de investigación a "cerciorarse que éstos [requisitos de la querella] se encuentran debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que prevé el presente código". La disposición muestra con claridad dos aspectos diferenciados. En primer término, que el Ministerio Público, en su función de fiscalía, claramente debe realizar la verificación de los requisitos previstos para la querella, así como la legitimación o representación del querellante. Ésta es una obligación que el Código Nacional de Procedimientos Penales con meridiana claridad le atribuye. En segundo término, dado el lenguaje condicionante de la norma ("para, en su caso") es evidente que tal verificación es un requisito sine qua non para proceder en el ejercicio de la acción penal y, por tanto, si los requisitos de la querella no se encuentran satisfechos en aquellos delitos que prevén tal requisito de procedibilidad, el Ministerio Público no procederá con el ejercicio de la acción penal.


52. Por tanto, el control por parte de las autoridades judiciales se da en diversas intervenciones procesales del Juez de Control. De tal suerte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece dicha verificación como prerrequisito para el librado de un medio de conducción procesal (citatorio, orden de comparecencia a través de la fuerza pública y orden de aprehensión).


53. Todos estos medios de conducción procesal tienen en común como requisitos por el propio artículo 141 que: 1) se ha presentado denuncia o querella respecto a un hecho que la ley señala como delito; 2) integrar una carpeta de investigación en la que obren datos que establezcan que se ha cometido el hecho y que existe probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, 3) en el caso de la orden de comparecencia y orden de aprehensión, la ausencia de presentación ante un citatorio y la necesidad de cautela, respectivamente.(28) Lo propio ocurriría si se controvierte el auto de vinculación a proceso y la defensa hubiese cuestionado en el debate de la audiencia inicial la no acreditación de la querella (o incorrecta representación de la persona que la ha presentado).(29)


54. En cambio, si el imputado no ha sido objeto de un medio de conducción procesal (citación, orden de aprehensión o comparecencia) el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en su artículo 148, un procedimiento expreso. Así, una vez detenida una persona por un hecho que pueda constituir delito y que requiera querella como requisito de procedibilidad, se le informará a la parte ofendida y se le otorgará un plazo para su presentación. En caso de que presente la querella, se procede en los términos procesales ordinarios y, en caso contrario, se determina la libertad del detenido.(30) Este trámite presupone la posibilidad de examinar la legitimación del querellante o, como en el caso en análisis, la representación de la persona que presenta la querella en representación de la persona moral.


55. Como puede apreciarse, aunada a la etapa de control ante el Ministerio Público, la querella es objeto de control en cualquiera de las vertientes mediante las que el imputado llega a encontrarse en la audiencia inicial, sea mediante un medio de citación (que tiene por prerrequisito de emisión la querella misma) o mediante su control ante la detención en flagrancia cuando el delito amerite dicho requisito de procedibilidad.


56. Con todo lo anterior, el control realizado en la etapa de investigación no es definitivo ante su naturaleza preliminar, por lo que esta Primera Sala considera que existe un diverso momento independiente de control, a saber, excepcionalmente la etapa intermedia.


57. Así, la etapa intermedia (también llamada de "preparación" para el juicio oral) tiene por objeto la depuración del proceso, mediante la depuración misma de las pruebas a desahogar y demás cuestiones formales que garanticen que la audiencia de juicio oral podrá desarrollarse exitosamente centrándose en las respectivas teorías del caso, acreditación del delito y responsabilidad penal. La depuración del proceso en la etapa intermedia no sólo atañe a cuestiones formales, sino también se debaten excepciones y cuestiones de previo y especial pronunciamiento; todos esos análisis garantizan la idónea llegada a juicio oral en condiciones de emitir una sentencia que se pronuncie sobre la acreditación del delito y responsabilidad penal del acusado.


58. Por ello, excepcionalmente podría ser discutido el defecto en el requisito de procedibilidad en dicha etapa bajo un argumento de defecto en la acusación, a través de la incidencia respectiva para que, una vez discutido y resuelto, en su caso no pueda ser objeto de análisis de nueva cuenta en el juicio oral.(31)


59. Esta posibilidad se robustece especialmente si recordamos que en la etapa intermedia es posible la reclasificación de la conducta (al formular la acusación derivado de lo obtenido en la investigación complementaria). Así, verbigracia, inicialmente hechos que parecían poder ser clasificados como tentativa de homicidio (delito perseguible de oficio, sin requisito de procedibilidad) podrían ser reclasificados como lesiones (que sí exige querella) derivado de la investigación complementaria. Por ello, la etapa intermedia sería la última instancia para plantear dicha cuestión bajo una incidencia. Fuera de lo anterior, la querella no puede ser objeto nuevamente de control en la etapa de juicio oral.


60. El hecho de que no se efectúe de nueva cuenta un control en juicio oral sobre la querella presentada en la etapa de investigación es consustancial al sistema por dos razones. En primer término, en la etapa de investigación e intermedia las partes y el juzgador analizan aún el contenido de la carpeta de investigación que tiene validez en esas instancias procesales y en la que se encuentra asentada la querella. Discutir la correcta presentación o no de la querella es más natural en tales etapas en tanto el juzgador tiene acceso a los registros de la carpeta de investigación y puede discutirse de forma efectiva si la querella presentada cumple o no los requisitos correspondientes. En cambio, en la etapa de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento carece de acceso a tales registros que son la forma idónea de debatir la correcta presentación de la querella ante el Ministerio Público y los juzgadores desconocen por mandato expreso de ley lo acontecido en etapas del procedimiento anteriores a la audiencia de juicio oral.(32)


61. En segundo término, el poder discutir en juicio oral los requisitos de la querella presentada ante el Ministerio Público en la etapa de investigación atentaría contra el diseño del proceso penal acusatorio. Sería modélicamente problemático que en juicio oral tuviese que ser discutido y demostrado que una actuación ocurrida en la etapa de investigación fue correcta y que pudiese concluirse en juicio oral que el proceso penal no debió, siquiera, haber iniciado por vicios en el requisito de procedibilidad acaecidos dos etapas antes. Implicaría el alto riesgo al sistema de permitir el desahogo de juicios no válidos ab initio, como afirmamos a la del amparo directo en revisión 4095/2017.


62. Sin embargo el hecho de que la querella no requiera ser demostrada en juicio oral ni su actualización pueda ser frontal objeto de debate, no impide que, si derivado del debate contradictorio sobre delito y responsabilidad, extraordinariamente los órganos de prueba revelasen elementos supervenientes que desvirtúen la actualización de dicho presupuesto procesal, ello podría ser objeto de análisis, consideración que esta Primera Sala realiza conforme a la del amparo directo en revisión 4095/2017.


63. En vista de lo considerado, esta Primera Sala afirma que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de título, subtítulo y texto siguientes:




Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al estudiar si podía analizarse en la etapa del juicio oral la legitimación del representante legal de una persona moral para formular la querella ante el Ministerio Público en el sistema procesal penal acusatorio.


Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en virtud de la naturaleza del sistema procesal penal acusatorio, la legitimación del representante legal de la persona moral ofendida para presentar querella no es susceptible de análisis en la etapa del juicio oral, al corresponder a un requisito que debe acreditarse en la etapa de investigación y ser impugnado en ésta o excepcionalmente en la etapa intermedia y no en la del juicio oral.


Justificación: La querella es un requisito de procedibilidad, a saber, una actuación de carácter procesal cuyo cumplimiento es necesario para el ejercicio válido de la acción penal. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales conceptualiza a la querella como una forma de inicio de la etapa de investigación en el artículo 211 y es un acto procesal cuyo control primario se realiza en la etapa de investigación por el Ministerio Público y el Juez de Control. Así, la audiencia de juicio oral implica un debate sobre la demostración o no de la acusación de la Fiscalía (delito y responsabilidad del imputado) y no sobre las razones por las cuales se abrió una carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial, cuestión que ha quedado firme al haber acontecido y poder sido discutida en dicha etapa. Por ende, el juicio oral no es la etapa procesal oportuna para analizar la querella como requisito de procedibilidad en el sistema procesal penal acusatorio, en tanto tal requisito fue acreditado y pudo ser discutido en la etapa de investigación y excepcionalmente en la etapa intermedia. Sin embargo, el hecho de que la querella no requiera ser demostrada en la etapa del juicio oral ni su actualización pueda ser frontal objeto de debate, no impide que si derivado del debate contradictorio sobre el delito y la responsabilidad, extraordinariamente los órganos de prueba revelasen elementos supervenientes que desvirtúen la actualización de dicho presupuesto procesal, ello podría ser objeto de análisis.


Por lo expuesto y fundado,


SE RESUELVE:


PRIMERO.—Sí existe contradicción entre el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.


SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisados en esta resolución.


TERCERO.—Dese publicidad a la tesis de jurisprudencia, en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.


N.; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.


Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de la M.N.L.P.H., quien está con el sentido, pero se separa del párrafo 60 y los Ministros: J.L.G.A.C. (ponente), J.M.P.R., A.G.O.M. y Ministra presidenta A.M.R.F., quien está con el sentido, pero con matices en los párrafos 38, 49, 56 y 58.


Nota: Las tesis aislada y de jurisprudencia I..P.280 P (10a.) y 1a./J. 74/2018 (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas y 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas, respectivamente.








________________

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 37, párrafo primero, 81, párrafo primero y 86, párrafo segundo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y punto segundo, fracción VII (aplicado en sentido contrario) del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo atañe a la materia penal, cuya especialidad corresponde a esta Sala.


4. En virtud de que fue formulada y suscrita por los integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el amparo directo 160/2020 de su índice. Véanse las fojas 102-104 de dicha resolución.


5. Tales requisitos se encuentran en la jurisprudencia 1a./J. 23/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, página. 123 y de número de registro digital: 165076. Igualmente, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122 y de número de registro digital: 165077.


6. Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, T.I., diciembre de dos mil veinte, página 1701 y número de registro digital: 2022525.


7. Foja 18 de la sentencia de amparo.


8. Í., página 24.


9. De título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.", visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Tomo I, diciembre de dos mil dieciocho, página 175 y número de registro digital: 2018868.


10. Sentencia de amparo directo 12/2020, página 29.


11. Í., página 30.


12. Í., página.49.


13. Textualmente afirmó el órgano colegiado "aun cuando puede existir la posibilidad que en fases previas, como es el dictado de un auto de vinculación, el Juez de Control que intervino en dicha determinación pudo haber determinado con base en datos de prueba tener cumplido el requisito de procedibilidad, lo cierto es que ello, no puede traer como consecuencia que en el juicio oral deba presumirse y, por tanto, tener por acreditado tan importante requisito de procedibilidad, pues se insiste, lo único que puede ser materia de una sentencia en un juicio oral son las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio". Sentencia del amparo directo 12/2020, página 49.


14. Í., página 53, párrafo II.


15. A similar resultado arribamos en la contradicción de tesis 175/2019 resuelta por esta Primera Sala, por mayoría de tres votos de los Ministros: N.L.P.H., J.M.P.R. y presidente J.L.G.A.C. (ponente) en contra el Ministro L.M.A.M.. Ausente el Ministro A.G.O.M.. En dicha contradicción de tesis, a pesar de que un Tribunal Colegiado materialmente convalidó una postura (al apreciarse que confirmó una determinación de la autoridad responsable que inclusive transcribió), sostuvimos que no podía trabarse la contradicción frente a él por ausencia de una explicitación de su razonamiento (párrafo 25).


16. Resuelto en sesión de dos de diciembre de dos mil veinte, por mayoría de cuatro votos de las Ministras Piña (quien se reservó el derecho a formular voto concurrente) y Ríos, así como los Ministros Pardo y G., en contra del emitido por el M.G..


17. Textualmente, la norma constitucional afirma "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión".


18. Esta Primera Sala también consideró expresamente en el amparo directo en revisión 669/2015, al analizar la etapa preliminar o de investigación que "Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella ...". Véase la foja 21.


19. Así lo afirmamos en el amparo directo en revisión 669/2015, página 24.


20. Í., página 25.


21. "Consecuentemente, al no estar colmado el requisito de procedibilidad relativo a la querella, se debe conceder el amparo liso y llano para que se dicte sentencia absolutoria a favor de **********, por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México)".


22. Como afirmamos en el amparo directo en revisión 669/2015 (página 26) y que formó la premisa toral del órgano colegiado para entender que la querella debía "demostrarse" en juicio oral (porque a juicio del colegiado no podía entenderse por "demostrada" con la carpeta de investigación o actuaciones procesales previas a juicio oral.


23. Resuelto en sesión de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por unanimidad de cinco votos de la Ministra Piña, así como de los Ministros Pardo (quien se reservó el derecho de formular voto concurrente), G., Z. y C.. En su voto concurrente, el M.P. afirmó que el argumento del quejoso debía ser entendido como una omisión de establecer en el Código Procesal Local la posibilidad de que en juicio oral pudiese analizarse la legitimación del querellante, sin embargo, afirmó que ello no lo hacía modificar el sentido de su voto "pues en realidad, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, no tenía obligación jurídica alguna de establecer en el Código Procesal Penal de la entidad el supuesto legal que requirió el quejoso [la posibilidad de reexaminar en juicio oral la legitimación del querellante]. Y, en consecuencia, no existe la omisión legislativa que reclamó".


24. Véase el amparo directo en revisión 4095/2017. En dicho precedente, la Primera Sala emitió su análisis a la luz del Código Procesal de Nuevo León que contemplaba expresamente el análisis de la querella como requisito de procedibilidad en la etapa intermedia en el artículo 330, fracción IV, como una excepción de previo y especial pronunciamiento. Esta redacción no fue la empleada por el Código Nacional de Procedimientos Penales que no contiene un artículo análogo y que establece mecanismos de control de la querella desde la etapa inicial, como se explicará en siguiente sección.


25. Sin embargo, como se explicó, en el caso del Código Procesal de Nuevo León, el control de tal requisito de procedibilidad ocurría en la etapa intermedia por expresa formulación de la norma (artículo 330), cuestión que no acontece en el Código Nacional de Procedimientos Penales que, realizando un diseño distinto establece múltiples controles desde la etapa de investigación.


26. Resuelto en sesión de dos de diciembre de dos mil veinte, por mayoría de cuatro votos de las Ministras Piña (quien se reservó el derecho a formular voto concurrente) y Ríos, así como los Ministros Pardo y G., en contra del emitido por el M.G..


27. Cabe recalcar que el precedente del amparo en revisión 129/2020, cuestionó además de las normas que regulaban la querella, que la querella en el caso específico "debió declararse imperfecta por su falta de aplicación", fijando como acto reclamado, además de las normas, al auto de vinculación a proceso al considerar satisfecho por éste la querella. Por tanto, esta Primera Sala se percata de que en dicho precedente se cuestionaba la constitucionalidad de la ausencia de determinado requisito para presentar querella, a juicio del accionante, incorrecta convalidación de una querella presuntamente irregular a partir del dictado del auto de vinculación a proceso.


28. Esta Primera Sala afirmó en la contradicción de tesis 171/2020, respecto a la orden de aprehensión que: "a la luz del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que se libre una orden de aprehensión el Ministerio Público debe justificar, 1) que se ha presentado denuncia o querella respecto a un hecho que la ley señala como delito; 2) integrar una carpeta de investigación en la que obren datos que establezcan que se ha cometido el hecho y que existe probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión y 3) debe justificar la necesidad de cautela (o bien, se resista o evada la comparecencia en un delito que amerite pena de prisión), a la luz de la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales". Por tanto, la verificación de la querella ya ha sido un requisito apreciado por esta Primera Sala en el dictado de alguna de las medidas de conducción procesal a la audiencia inicial.


29. Un caso similar llegó al conocimiento de esta Primera Sala en el amparo en revisión 129/2020, en el que, fijando como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, se cuestionaba la constitucionalidad de la ausencia de determinado requisito para presentar querella.


30. El segundo párrafo del artículo 148 establece también que, en caso de una imposibilidad física para presentar la querella, los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o afinidad en primer grado, podrán legitimar la querella, independientemente de que la víctima u ofendido la ratifique o no con posterioridad (cuando cese, evidentemente, la causa de imposibilidad física que le impedía presentarla).


31. Esta Primera Sala nota que, en el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, se establecía la posibilidad de que, en la etapa intermedia, se opusiesen diversas excepciones, entre ellas la "Falta de autorización para proceder penalmente" (querella) en el artículo 328.1, d). Sin embargo, por texto expreso del Código Modelo, en caso de no ser planteada dicha excepción en la etapa intermedia, se prohibía que se plantease en audiencia de juicio oral. Así, el artículo 328.2 establecía que, salvo la cosa juzgada y la extinción de la acción penal, el resto de las excepciones (entre las que se encontraba la falta del requisito de procedibilidad) ya no eran susceptibles de plantearse en la audiencia de debate de juicio oral.


32. De hecho, los antecedentes de investigación recabados con anterioridad al juicio oral carecen de valor probatorio al tenor del artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esta sentencia se publicó el viernes 03 de diciembre de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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