Ejecutoria num. 100/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

Fecha de publicación13 Mayo 2022
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III,2890
EmisorPrimera Sala

AMPARO EN REVISIÓN 100/2021. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y A.M.R.F., Y LOS MINISTROS J.L.G.A.C., QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, J.M.P.R.Y.A.G.O.M.. PONENTE: MINISTRA NORMA L.P.H.. SECRETARIO: R.M.C..


Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día uno de diciembre de dos mil veintiuno.


Vistos los autos para dictar sentencia en el amparo en revisión 100/2021; y,


Antecedentes:


1. PRIMERO.—Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de J., **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en el que reclamó de las autoridades que se precisan, los actos siguientes:


"IV. Actos reclamados.


"Porque se violan en mi perjuicio los derechos fundamentales consagrados en: los artículos 1o., 6o., 8o., 14, 16, 17, párrafo segundo, 18, 19, primer párrafo, 20, apartado ‘A’ fracciones V, VII, 21, 22, 40, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 21, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3, 9, 11, 12 y 13, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reclamo:


"1. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: H. Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el Decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la aprobación y expedición de los artículos citados dicen:


"La inconstitucionalidad del 201, fracción primera;


"‘201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez


"‘Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de Control verificará en audiencia los siguientes requisitos:


"‘I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; ...’


"La inconstitucionalidad del artículo 202, párrafo primero;


"‘Artículo 202. Oportunidad


"‘El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.’


"La inconstitucionalidad del artículo 205, párrafo primero:


"‘Artículo 205. Trámite del procedimiento


"‘Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el Juez de Control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado.’


"La inconstitucionalidad consiste en que sólo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, conculcando los derechos fundamentales del imputado y me agravia porque al ser una exclusiva prerrogativa del Ministerio Público, al solicitarlo se me niega el derecho a tener acceso a dicho procedimiento vulnerando mis derechos: de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la ley Suprema de la Unión.


"2. Reclamo a las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación.


"3. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: secretario de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace al refrendo que otorgó al decreto presidencial que promulgó el decreto aquí mencionado.


"4. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: fiscal general de la República, de la Fiscalía General de la República, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace al refrendo que otorgó al decreto presidencial que promulgó el decreto aquí mencionado.


"5. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: Poder Legislativo del Estado de México, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la declaratoria de que el Estado de México incorporará en su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor en forma gradual a partir del día dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, en los distritos judiciales de Tenancingo y Tenango del Valle, y a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis en los restantes distritos judiciales de esta entidad, según publicación en el Periódico Oficial, G. de Gobierno de fecha 17 de marzo de 2017.


"6. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la aprobación, publicación y promulgación de la declaratoria de que el Estado de México incorpora en su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, según publicación en el Periódico Oficial, G. de Gobierno de fecha 17 de marzo de 2017.


"7. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: secretario general de Gobierno del Estado de México, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace al refrendo de la aprobación, publicación y promulgación de la declaratoria de que el Estado de México incorpora en su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, según publicación en el Periódico Oficial, G. de Gobierno de fecha 17 de marzo de 2017.


"8. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; C.J. de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación: **********:


"‘a) Se reclama a las autoridades señaladas anteriormente la negativa a dar trámite al procedimiento abreviado, solicitado por la defensa del imputado **********, el 21 de agosto de 2019, cuya negativa fue resuelta por el Juez de Control por auto de fecha 21 de agosto de 2019 y fui notificado el 23 de agosto de 2019, por el que se hace nugatorio mi derecho a solicitar también el procedimiento abreviado, al serme aplicados los inconstitucionales artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y artículo 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, vulnerando mis derechos fundamentales como imputado, consistentes en sus derechos: de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.’


"Me agravia cuando el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación nuc: ********** y nic: **********, resuelve en su auto de fecha 21 de agosto de 2019 lo siguiente:


"‘... con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de México, por el momento no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, lo anterior en razón de que no se cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 201, fracción I, del ordenamiento procesal en consulta, que refiere que dicho procedimiento deberá ser solicitado por el Ministerio Público, sin embargo a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales del imputado **********, con el escrito de cuenta dese vista al agente del Ministerio Público, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda, en relación a la manifestación del imputado de adherirse al procedimiento abreviado y hecho lo anterior se proveerá lo conducente ...’


"Mi solicitud y manifestación hecha al C. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México de fecha 21 de agosto de 2019, de adherirme al procedimiento abreviado fue resuelta de manera negativa en mi perjuicio, al serme aplicados los inconstitucionales artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El procedimiento abreviado como prerrogativa exclusiva de Ministerio Público y no del imputado me agravia y vulnera mis derechos de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.


"9. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; el C. Notificador adscrito al Juzgado de Control, con residencia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación nuc: ********** y nic: **********, la notificación de fecha 23 de agosto de 2019, por la que me da a conocer el auto de fecha 21 de agosto de 2019, dictada por el Juez de Control.


"10. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; C. Agente del Ministerio Público, licenciado R.O.H., adscrito a la Coordinación de Litigación de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de B., Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: ********** y la carpeta de investigación nuc: ********** y nic: **********:


"‘a) Se reclama de las autoridades señaladas anteriormente la negativa y oposición de dar trámite al procedimiento abreviado, solicitado por la defensa del imputado **********, el 21 de agosto de 2019, cuya negativa del Ministerio Público; me fue notificada el 26 de agosto de 2019, según auto de fecha 26 de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el C. Juez de Control, con residencia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación: nuc: ********** y nic: **********, diciendo el auto en su parte sustantiva:


"‘... Por recibido el escrito signado por el licenciado R.O.H., mediante el cual manifiesta su oposición al procedimiento abreviado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de México, este órgano de control queda enterado de la oposición del agente del Ministerio Público, a efecto de que en éste momento se apruebe la apertura del procedimiento abreviado, toda vez que refiere a la fecha no se encuentra cuantificado el monto de la reparación del daño, puesto que se encuentran pendientes de realizar diversos estudios a las víctimas a efecto de acreditar la reparación del daño moral causados a las mismas, por lo que con el escrito de cuenta, dese vista al imputado y a su defensor, lo anterior para los efectos legales correspondientes ...’


"La resolución del auto de fecha 26 de agosto de dos mil diecinueve referido, hace nugatorio mi derecho a solicitar también el procedimiento abreviado, ya que se puede solicitar en cualquier momento después de la vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral, con los datos de prueba que existan en la carpeta de investigación y no hasta que el Ministerio Público termine de integrar totalmente la carpeta de investigación según su criterio, lo que vulnera mis derechos como imputado consistentes en mi derecho: de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.


"Se violan en mi perjuicio mis derechos fundamentales consagrados en: los artículos 1o., 6o., 8o., 14, 16, 17, párrafo segundo, 18, 19, primer párrafo, 20, apartado ‘A’ fracciones V y VII, 21, 22, 40, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos."


2. Por auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de J., estimó que no debía conocer del juicio de amparo promovido por **********, dado que el acto reclamado guardaba relación con la carpeta administrativa **********, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que otros quejosos promovieron el diverso juicio de amparo **********, del que conoció dicho juzgado, por lo que al existir conocimiento previo de dicho juzgado, remitió las constancias respectivas al órgano referido.


3. Por proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de J., tuvo por recibida la demanda de amparo y la registró con el número **********, aceptó el conocimiento del asunto y admitió la demanda de garantías. Previos los trámites de ley, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional y posteriormente, el veintiséis de diciembre del mismo año, se dictó sentencia en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables.


4. TERCERO.—Trámite y resolución del recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado el trece de enero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de J., el quejoso, por propio derecho interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de J., Estado de México, quien por auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, se declaró incompetente por razón de la materia, para conocer del recurso de referencia y lo remitió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, al estimar que era quien debía conocer del asunto.


5. Por razón de turno, por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito tuvo por recibido el recurso de revisión aludido, el cual se registró bajo el expediente ********** y tras aceptarse la competencia declinada, por auto de siete de febrero siguiente lo admitió y dio vista a las partes para el efecto de que pudieran interponer revisión adhesiva.


6. Previos los trámites de ley, en sesión de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dicho órgano colegiado determinó sobreseer respecto a los actos reclamados al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación, al fiscal general de la República, así como al gobernador y al secretario general de Gobierno del Estado de México, consistentes en el refrendo y publicación del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Decreto 71 por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo transitorio del Decreto 392, por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del citado código nacional en el Estado de México; respecto de los actos reclamados al notificador adscrito al Juzgado de Control, con residencia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consisten en las notificaciones de los acuerdos de veintiuno y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitidos en la carpeta administrativa **********; la aprobación y promulgación del Decreto 71 por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo transitorios del Decreto 392, de veintiuno de enero de dos mil quince, por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del citado código nacional en el Estado de México, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, reclamados a la LX Legislatura y el gobernador constitucional, ambos del Estado de México; y la negativa y oposición para que se dé trámite al procedimiento abreviado en favor del quejoso, reclamado al fiscal adscrito al Grupo de Litigación de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 7. Por otra parte, levantó el sobreseimiento respecto del proceso legislativo de creación y promulgación del decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico, de los numerales 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, que se reclama al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; así como de los autos de veintiuno y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictados en la carpeta administrativa **********, en los que se negó dar trámite al procedimiento abreviado solicitado por la defensa del quejoso, que se reclaman a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México.


8. Por último, remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo conducente respecto los temas que resulten de su competencia.


9. CUARTO.—Trámite ante este Alto Tribunal. Recibidos los autos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión y por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado por su presidente, ordenó la formación del expediente respectivo bajo el número 100/2021 y su remisión a la ponencia de la Ministra Norma Lucía P.H..


10. QUINTO.—Avocamiento. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó que ésta se avocaría al conocimiento del recurso y ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra ponente para la elaboración del proyecto respectivo.


CONSIDERACIONES:


11. PRIMERA.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero y cuarto, fracción I, inciso b), contrario sensu, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; lo anterior, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto y derivado de la reasunción de competencia originaria en razón de que se cuestiona la regularidad constitucional de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya materia es de la especialidad de esta Sala. Se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido a que la materia sobre la que versa el amparo es de naturaleza penal, la cual es de la especialidad que corresponde a esta Primera Sala.


12. SEGUNDA.—Oportunidad y legitimación. No procede pronunciarse sobre la oportunidad del recurso de revisión, ni de la legitimación del recurrente, porque de tales aspectos se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto.


13. Tercera. Antecedentes. Para una mejor comprensión del presente asunto es necesario precisar los siguientes antecedentes:


I. Carpeta administrativa **********


1. El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa de referencia del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, se dictó auto de vinculación a proceso a ********** y otro, por su probable participación en la comisión del delito de robo simple, en agravio de ********** y **********; y se modificó la medida cautelar inicialmente impuesta de prisión preventiva, a la diversa de presentación periódica ante ese órgano jurisdiccional.


Durante dicho proceso, la defensa del quejoso manifestó su intención de someterse a un procedimiento abreviado; sin embargo, en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Jueza de Control determinó improcedente dicho procedimiento con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a que sostuvo que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción I, del código adjetivo indicado, que establece que dicho procedimiento deberá ser solicitado por el Ministerio Público.


No obstante, a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales de **********, ordenó que se diera cuenta al agente del Ministerio Público con el escrito de la defensa, para que manifestara lo que a su representación social correspondiera, en relación a la solicitud del imputado de adherirse al procedimiento abreviado y hecho lo anterior proveyera lo conducente.


2. Por oficio de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el representante social refirió que con fundamento en el artículo 201, fracción I, del código procesal referido, manifestaba su inconformidad con la petición planteada por la defensa del imputado, debido a que no se encontraba cuantificado el monto de la reparación del daño moral a la que tienen derecho las víctimas; además, señaló que se encontraba corriendo el plazo de la prórroga de investigación complementaria que se concedió con la finalidad de incorporarse el estudio psicodiagnóstico emitido en favor de las víctimas, y así descartar la modificativa agravante a la que se hace referencia en el artículo 290 fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de México y a su vez acreditar el quántum de la reparación del daño moral en favor de las víctimas.


3. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la Jueza responsable con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio por enterada de la oposición del agente del Ministerio Público de aprobarse la apertura del procedimiento abreviado, en consecuencia, dio vista al imputado y a su defensor con lo determinado para los efectos legales correspondientes.


II. Juicio de amparo


Demanda de amparo. Inconforme con dicha determinación **********, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto, en la que planteó los conceptos de violación que, en lo esencial, se precisan:


• Los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales son inconstitucionales e inconvencionales, al establecer que sólo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, dado que al ser una prerrogativa exclusiva de dicho ente, le impide al imputado tener acceso a dicho procedimiento, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 1o., 6o., 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales; 3, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5, 7, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen los derechos fundamentales de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; así como los principios pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal y de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.


• Los preceptos combatidos transgreden directamente el artículo 1o. constitucional, que establece que una ley secundaria u ordinaria –como lo son los numerales impugnados– no puede suspender ni restringir las garantías individuales contempladas en la Ley Fundamental, lo que en el caso acontece, en tanto que restringen sus derechos de petición, de audiencia y de acción judicial, consagrados en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución General, respectivamente.


Al respecto, sostuvo que se restringió su derecho de petición, debido a que la resolución recurrida que se fundó en los preceptos impugnados, expresamente lo limitan a intentar acceder a un procedimiento abreviado para ejercer su derecho a terminar anticipadamente con el proceso penal instaurado en su contra. Señala que parte de la base de que el derecho a acción es una especie del derecho de petición.


También se limitó su derecho de audiencia, reconocido en el artículo 14 constitucional, toda vez que la resolución recurrida dictada con fundamento en los artículos impugnados lo priva del derecho que tiene de acudir a las autoridades judiciales cuando le convenga a sus intereses, sin que previamente haya tenido oportunidad de argumentar en su favor ni haber tenido la oportunidad de aportar datos de prueba para apoyar sus puntos de vista; aunado a que de forma inminentemente futura no se le da la oportunidad de ser oído antes de que se le imponga la sanción o sanciones respectivas que trae una sentencia definitiva, ya que el imputado está a merced y voluntad del Ministerio Público, violando los principios de equidad procesal, igualdad entre las partes y el principio de contradicción para que las partes tengan las mismas armas y recursos para la acusación y defensa.


De igual forma, se restringe su derecho de acción, reconocido en el artículo 17 constitucional, conforme al que tiene derecho a acudir a los tribunales para obtener en forma expedita y gratuita la administración de justicia, pues los artículos impugnados ordenan que no puede intentar el procedimiento abreviado, que es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Al respecto, indica que el procedimiento abreviado como medio de conseguir la terminación anticipada del proceso en beneficio de las partes, tiene un alcance de mandato constitucional que no puede ser manejado a criterio y voluntad sólo del Ministerio Público.


• Los preceptos combatidos contravienen al artículo 117, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga al defensor a "Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables."


• Los artículos controvertidos son violatorios del artículo 20, apartado A, fracción VII, constitucional, que establece que: "Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad."


• Los numerales combatidos son violatorios del artículo 49 de la Ley Fundamental, que establece que no podrán reunirse dos o más de los Poderes de la Unión en una sola persona o corporación salvo el caso de excepción de facultades extraordinarias previstas en ese dispositivo, toda vez que pretenden que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, asuma facultades propias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial simultáneamente, al permitirle resolver cuestiones controvertidas sin permitir que se acuda al Poder Judicial.


• Los preceptos impugnados vulneran el artículo 133 constitucional, que prevé la supremacía de las normas constitucionales sobre las normas secundarias, en virtud de que con base en dichas disposiciones secundarias, se establecen restricciones a sus garantías de petición, de audiencia, de derecho de acción, contradicción judicial y de legalidad, trastocando el orden jurídico que le da, como debe ser, mayor valor a las normas constitucionales.


Sentencia de amparo. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de J., quien la registró como amparo indirecto **********, y seguidos los trámites legales, resolvió sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, con base en las consideraciones que, en lo sustancial, se precisan:


• Con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo decretó el sobreseimiento de los actos reclamados al fiscal general de la República, por falta de materia sobre la cual pueda versar el juicio de amparo, en tanto que dicha autoridad en su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos reclamados y la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar tal negativa.


• En términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III (interpretado en sentido contrario), y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados al presidente de la República, secretario de Gobernación, gobernador y secretario general de Gobierno, los dos últimos del Estado de México, consistentes en el refrendo y publicación de las normas impugnadas, así como el decreto por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de México, toda vez que de la demanda de amparo del quejoso no se advierte que hubiera planteado concepto de violación alguno en los que combata los actos reclamados por vicios propios.


• Debe sobreseerse en el juicio respecto al acto reclamado a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, referente a la negativa de decretar el inicio del procedimiento abreviado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta inmediata y directamente los derechos sustantivos del quejoso, sino que es un acto de naturaleza procesal o adjetiva.


A su consideración es indudable la naturaleza procesal del procedimiento abreviado, porque su procedencia está sujeta a la existencia del consenso entre las partes (Ministerio Público, ofendido o víctima e imputado), quienes están interesados en la terminación anticipada y, por ende, debe existir un acuerdo sobre la reparación del daño y la aceptación del imputado sobre su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, así como de ser sentenciado sobre la base de los medios de convicción que exponga la fiscalía.


Por tanto, al tratarse de aspectos meramente intraprocesales, la procedencia del juicio de amparo está vedada en estos casos porque no puede considerarse que la negativa a ordenar la apertura del procedimiento abreviado sea un acto cuya ejecución se considere de imposible reparación, ya que es inconcuso que si la autoridad judicial se negó a ordenar la apertura del procedimiento abreviado, ello no puede generar de manera inmediata una afectación a los derechos sustantivos del imputado, dado que en la etapa del juicio éste tiene mayores posibilidades de defenderse y desahogar medios de prueba para acreditar su teoría del caso, en cuyo sentido obtendrá sentencia favorable y con ello desaparecería la violación alegada; y si la sentencia es adversa a sus intereses, puede impugnar dicha irregularidad en el amparo directo, siempre y cuando se le haya dejado sin defensa y la violación trascienda al resultado del fallo.


• El sobreseimiento referido en el punto que antecede es extensivo al acto de ejecución consistente en la notificación de los autos por los que se negó decretar el inicio del procedimiento abreviado, realizada por el notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, ya que no se combaten por vicios propios, sino como resultado del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Ello de conformidad con la jurisprudencia 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, materia común, página 286, con número de registro digital: 253622, de rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA."


• Asimismo, determinó hacer extensivo el sobreseimiento referido a los actos reclamados al presidente de la República, Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, respectivamente, consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación y promulgación, (sic) por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente por lo que se refiere a los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, de dicha ley, así como respecto de los actos atribuidos a la LX Legislatura y al gobernador, ambos del Estado de México, referentes a la aprobación y promulgación del Decreto 71 por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo transitorio del Decreto 392, por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de México, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México.


Lo anterior, bajo el argumento de que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de su aplicación concreta, no se puede desvincular el estudio de éste del que concierne a su aplicación, por ser este acto el que causa perjuicio al impetrante de garantías, y no por sí solas las porciones normativas que contiene la ley reclamada. Consideró que resultaba aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN."


• Sobreseyó en el juicio respecto al acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consistente en la negativa y oposición a que se dé trámite al procedimiento abreviado en favor del quejoso, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al estimar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley especial aludida, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad sino un acto procedimental, pues a partir de la audiencia inicial el representante social adquirió el carácter de contraparte del quejoso en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado.


Al respecto, afirmó que el acto reclamado derivó de un proceso penal que, en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dio inicio con la audiencia en la que la Jueza de Control vinculó a proceso al aquí quejoso; además, en términos del diverso numeral 105 del citado ordenamiento, en los procedimientos previstos en el citado ordenamiento, como el que se le instruyó al quejoso, el Ministerio Público responsable tiene la calidad de parte; por ende, indicó que era inconcuso que en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no podía tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo.


14. Cuarta. Agravios del recurso de revisión. El quejoso recurrente hizo valer los agravios que en lo sustancial se precisan:


• La sentencia recurrida violó sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la terminación anticipada del proceso, toda vez que el Juez de Distrito indebidamente determinó sobreseer el juicio de amparo tomando como base para ello leyes y jurisprudencias mal interpretadas, omitiendo estudiar sus planteamientos referentes a la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante que sí era procedente examinar la constitucionalidad de dichas normas, en tanto que su demanda de amparo la promovió contra el primer acto de aplicación, asimismo nombró a las autoridades responsables que expidieron y promulgaron la norma combatida, independientemente de las autoridades responsables de su refrendo y publicación; y, expuso los conceptos de violación vinculados a dichos aspectos, lo cual era suficiente para que se analizara la constitucionalidad de las normas combatidas. • Reiteró el planteamiento que hizo valer en su demanda de amparo en el que refirió que los artículos impugnados son inconstitucionales dado que establecen que el Ministerio Público es el único que puede solicitar el procedimiento abreviado, lo que transgrede sus derechos fundamentales de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; así como los principios pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, y de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.


Al respecto, sostuvo que de la interpretación conjunta de los artículos 17 y 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General, se advierte que la resolución que impida o rechace el inicio de un mecanismo de terminación anticipada de un proceso, como lo es el del procedimiento abreviado, afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del imputado, lo que da lugar a que proceda el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.


• Es erróneo el argumento del Juez combatido, en el que sostiene que no son ciertos los actos reclamados al fiscal general de la República, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos transitorios primero y segundo, establece que como parte de sus facultades, obligaciones y atribuciones, está el mandato de ley de emitir la declaratoria de vigencia del referido ordenamiento, por lo que no obstaba que el fiscal general de la República desconociera el acto reclamado, dado que no hace falta probar lo que se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a. J./ 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."


• El Juez del conocimiento interpretó erróneamente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III (interpretado en sentido contrario), de la Ley de Amparo, para sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al presidente de la República, secretario de Gobernación, gobernador del Estado de México y secretario general de Gobierno de la misma entidad, consistentes en el refrendo y publicación del ordenamiento impugnado, así como en el decreto por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de México.


Asimismo, hizo una inadecuada aplicación de diversos criterios jurisprudenciales, en tanto que en el caso sí procedía analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas, dado que promovió su demanda de amparo ante al primer acto que de aplicación, señaló a las autoridades responsables y expresó los conceptos de violación en los que combatió los actos respectivos por vicios propios, lo que era suficiente para entrar al estudio de sus planteamientos. Apoyó su argumento en la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL ACTO RECLAMADO ESTA INTEGRADO POR TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO."


• Es incorrecto sobreseer en el juicio de amparo indirecto contra leyes en materia penal por la falta de conceptos de violación, promovido con motivo de un acto concreto de aplicación, dado que el juzgador debe suplir la deficiencia de la queja ante la ausencia de dichos motivos de inconformidad; por tanto, al actualizarse una de las excepciones al principio de definitividad en relación con el acto de aplicación de las normas generales impugnadas, el juzgador debe analizar el fondo del asunto y resolver lo conducente.


En ese sentido, es que resulta inaplicable la tesis aislada citada por el Juez del conocimiento para sustentar su determinación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS.", dado que debió pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados.


• La autoridad recurrida indebidamente determinó sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, consistente en la negativa de decretar el inicio del procedimiento abreviado, toda vez que dicho procedimiento es un derecho fundamental que se encuentra reconocido en la Constitución; además, de la interpretación conjunta de los artículos 17, en relación con el 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General, se advierte que la resolución que impida o rechace el inicio de un mecanismo de terminación anticipada de un proceso, como el del procedimiento abreviado, afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, lo que da pie a que proceda el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.


Además, la negativa de acceder al procedimiento abreviado le causa un perjuicio de imposible reparación, que no puede ser reparado con la emisión de una sentencia de juicio oral o con los recursos que contempla la ley.


• De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado A, fracción VII y 21, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 201 a 203, 205 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que tratándose del procedimiento penal abreviado, la disminución de las penas no es una cuestión discrecional a cargo del Ministerio Público, sino que se trata de un auténtico derecho sustantivo del acusado a obtener un beneficio derivado de la aceptación de la responsabilidad penal.


• En el nuevo sistema penal acusatorio, el Ministerio Público cuenta con una dualidad, esto es, tiene el carácter de autoridad y de parte en el proceso, por tanto, tal como lo establecen los artículos 104 y 105, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos del juicio de amparo, se le debe considerar autoridad responsable.


• Contrario a lo que sostuvo la autoridad recurrida, el juicio de amparo sí es procedente dado que las normas impugnadas al establecer como facultad exclusiva del Ministerio Público la de solicitar ante la Jueza de Control el procedimiento abreviado, transgreden sus derechos fundamentales protegidos en la Constitución, dado que lo colocan en un plano de desigualdad procesal e impide que pueda solicitar dicha forma de terminación anticipada del proceso. Apoyó su argumento en la jurisprudencia P./J. 78/2007, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."


• Adverso a lo establecido en los artículos impugnados, el procedimiento abreviado también lo puede solicitar el imputado al Juez de Control, aun y cuando exista oposición por parte del Ministerio Público, toda vez que es un derecho sustantivo del imputado que cuenta con protección constitucional; además, que es de aplicación obligatoria para los impartidores de justicia, a partir del lunes veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, conforme a los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013.


• El artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el derecho humano de igualdad entre las partes, por lo que si el Ministerio Público como parte del proceso puede solicitar al Juez de Control el procedimiento abreviado, entonces también debe ser una prerrogativa del imputado y su defensor solicitarlo.


15. Quinta. Resolución del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado en sesión de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión **********, resolvió:


• Sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la secretaria de Gobernación, al fiscal general de la República, así como al gobernador y al secretario general de Gobierno del Estado de México, consistentes en el refrendo y publicación del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Decreto 71 por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo transitorios del Decreto 392, de veintiuno de enero de dos mil quince, por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del citado código nacional en el Estado de México; respecto de los actos reclamados al notificador adscrito al Juzgado de Control, con residencia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consisten en las notificaciones de los acuerdos de veintiuno y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitidos en la carpeta administrativa **********; la aprobación y promulgación del Decreto 71 por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo transitorios del Decreto 392, de veintiuno de enero de dos mil quince, por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del citado código nacional en el Estado de México, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, el diecisiete de marzo de dios mil dieciséis, reclamados a la LX Legislatura y el gobernador constitucional, ambos del Estado de México; y la negativa y oposición para que se dé trámite al procedimiento abreviado en favor del quejoso en la carpeta administrativa **********, reclamado al fiscal adscrito al Grupo de Litigación de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.


• Levantar el sobreseimiento, respecto del proceso legislativo de creación y promulgación del decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico, de los numerales 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, que se reclama al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; así como de los autos de veintiuno y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictados en la carpeta administrativa **********, en los que se negó dar trámite al procedimiento abreviado solicitado por la defensa del quejoso, que se reclaman a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México.


• Remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, de estimarlo conveniente, determine los temas que resulten de su competencia.


16. SEXTA.—Fijación de la litis. En razón de que el Tribunal Colegiado de Circuito levantó el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida respecto de algunos actos reclamados, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, la materia de este recurso de revisión consiste en el estudio de los conceptos de violación hechos valer en contra de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.


17. SÉPTIMA.—Estudio de los conceptos de violación. El recurrente refiere que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, son inconstitucionales al establecer que sólo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, dado que al ser una prerrogativa exclusiva de dicho ente, le impide tener acceso a dicho procedimiento.


18. Para sustentar su postura, afirma de manera genérica que dichos preceptos contravienen los derechos fundamentales de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; así como los principios pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal y de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.


19. Y en específico, sostiene que los preceptos combatidos vulneran directamente el artículo 1o. constitucional, en tanto que constituyen una ley secundaria que restringe sus derechos de petición, de audiencia y de acción judicial, reconocidos en los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales.


20. Al respecto, expone que restringen su derecho de petición, debido a que expresamente lo limitan a intentar acceder a un procedimiento abreviado para ejercer su derecho a terminar anticipadamente con el proceso penal instaurado en su contra, pues debe partirse de la base de que el derecho de acción es una especie del derecho de petición.


21. En cuanto al derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 constitucional, asegura que los preceptos impugnados lo transgreden, ya que lo privan del derecho que tiene de acudir a las autoridades judiciales cuando le convenga a sus intereses, sin que previamente haya tenido oportunidad de argumentar en su favor, ni de aportar datos de prueba para apoyar sus puntos de vista; aunado a que de forma inminentemente futura no se le da la oportunidad de ser oído antes de que se le imponga la sanción o sanciones respectivas que trae una sentencia definitiva, ya que el imputado está a merced y voluntad del Ministerio Público, violando los principios de equidad procesal, igualdad entre las partes y el principio de contradicción para que las partes tengan las mismas armas y recursos para la acusación y defensa.


22. Por lo que hace al derecho de acción, reconocido en el artículo 17 constitucional, conforme al que tiene derecho a acudir a los tribunales para obtener en forma expedita y gratuita la administración de justicia, indica que los artículos combatidos lo transgreden, en la medida que ordenan que no puede intentar el procedimiento abreviado, al establecerse como una facultad exclusiva del Ministerio Público solicitarlo. Argumenta que el procedimiento abreviado como medio de conseguir la terminación anticipada del proceso en beneficio de las partes, tiene un alcance de mandato constitucional que no puede ser manejado a criterio y voluntad sólo del Ministerio Público.


23. Asimismo, refiere que los artículos controvertidos son violatorios del artículo 20, apartado A, fracción VII, constitucional, que establece que: "Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad."


24. En ese mismo orden de ideas, señala que los numerales combatidos son violatorios del artículo 49 de la Ley Fundamental, que establece que no podrán reunirse dos o más de los Poderes de la Unión en una sola persona o corporación salvo el caso de excepción de facultades extraordinarias previstas en ese dispositivo, toda vez que pretenden que la representación social asuma facultades propias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial simultáneamente, al permitirle resolver cuestiones controvertidas sin permitir que se acuda al Poder Judicial.


25. Por último, asegura que los numerales cuya regularidad constitucional cuestiona vulneran el artículo 133 constitucional, que prevé la supremacía de las normas constitucionales sobre las normas secundarias, en virtud de que con base en dichas disposiciones secundarias se establecen restricciones a sus garantías de petición, de audiencia, de derecho de acción, contradicción judicial y de legalidad, trastocando el orden jurídico que le da, como debe ser, mayor valor a las normas constitucionales.


26. Por cuestión metodológica, para contestar los conceptos de violación planteados por el ahora recurrente es necesario efectuar algunas precisiones en torno a los temas que se precisan: I. la justicia restaurativa en el sistema penal acusatorio y oral; II. el procedimiento abreviado; y, III. el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.


I. La justicia restaurativa en el sistema penal acusatorio y oral


27. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en cuanto a este tema al resolver la contradicción de tesis 220/2016,(1) en la que señaló sus antecedentes, fundamento constitucional, finalidad y características esenciales.


28. En efecto, en dicho precedente se indicó que al menos desde que se constituyó el Estado de derecho en los países que asumieron el sistema conocido como Continental Europeo, el proceso penal se estableció como la vía única para solucionar el conflicto penal que surge por la comisión de un delito.


29. México, desde su nacimiento como país independiente (hace ya casi doscientos años), acogió este sistema y con ello impidió la posibilidad de que se abriera cualquier otro camino de solución, desde la investigación hasta la ejecución de las penas. Depositó en el Ministerio Público la facultad exclusiva de hacerse cargo de la investigación y persecución de los delitos, imposibilitando con esto al gobernado para que él, por su cuenta, pudiera acceder a la administración de justicia. El único que podía decidir si investigaba era el Ministerio Público y, en su caso, si ejercía acción penal. Si decidía no hacerlo, la víctima, materialmente, no disponía de derecho alguno para oponerse,(2) carecía de herramientas para buscar por su parte una solución, pues aunque era factible buscar directamente la reparación del daño, no contaba con margen de negociación porque no podía disponer de la acción; en tanto que el inculpado no encontraba ningún aliciente en reparar el daño, ya que de todas formas sería llevado a juicio y, éste, a su vez, le brindaba la posibilidad de resultar absuelto.


30. Asimismo, el Estado depositó en los Jueces, también en exclusiva, la facultad de gobernar el proceso, desde que el Ministerio Público ejercía la acción, hasta que dictaba sentencia definitiva. En este sentido, todo aquel que padeciera un hecho que pudiera ser constitutivo de delito estaba obligado a acudir al proceso en busca de justicia y una vez que se abría esa puerta, necesariamente debía transitarse por el juicio hasta obtener una sentencia favorable a sus intereses.


31. Sin embargo, en ese asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de justicia penal, un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en este ámbito.


32. Así, dijo que con dicha reforma el Poder Constituyente no sólo modernizó el procedimiento penal, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación;(3) sino que también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en el juicio.


33. En ese sentido, precisó que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en lo que aquí interesa, establece:


"Artículo 17. ...


"Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial."


34. De acuerdo con lo anterior, destacó que con la reforma constitucional referida, ahora la justicia restaurativa y la retributiva coexisten en el sistema penal acusatorio. 35. Explicó que la justicia retributiva(4) significa infligirle al imputado un daño –a través de una pena, en especial la privación de su libertad– como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina –a través de las normas sustantivas penales– el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad.


36. En cambio, la justicia restaurativa(5) implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo. Buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar.


37. Ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo. Pero el segundo se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso.


38. Con base en lo expuesto, afirmó que a primera vista podría sustentarse que la justicia retributiva y la justicia restaurativa son opuestas y que, por tanto, los caminos que se enfilan hacia uno u otro extremo necesariamente persiguen objetivos encontrados. Sin embargo aunque esta idea es útil para fijar bien los extremos de justicia que cada una busca en materia penal ocurre que los caminos no persiguen exclusivamente un tipo de justicia; tan sólo tienen, por regla general, un orden de prioridades invertidas y, en casos excepcionales, ciertamente excluyentes.


39. Por tanto, afirmó que en buena medida los caminos desembocan en una justicia mixta, con parte de retribución y con parte de restauración. La razón parece clara: la reparación del daño se ha posicionado como principal objetivo de la justicia penal, pero no es el único. De manera que, el juicio debe buscar la reparación del daño, pero también imponer una pena y en este camino, ésta es prioridad. Por contra partida, los mecanismos alternativos deben procurar la reparación del daño y si para lograrlo, es necesario, prescindirá de la pena –como en los acuerdos reparatorios–, pero no siempre o al menos no de toda la pena –como en el procedimiento abreviado–.


40. Entonces, precisó que en el juicio hay pena –retribución– y también reparación del daño –restauración–, pero aquélla es prioritaria; y en los mecanismos alternativos hay restauración –reparación del daño–, aunque también puede haber retribución, esto es, son híbridos con prioridades invertidas.


41. Con todo, sostuvo que si bien la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende ya, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión.


42. Así, determinó que los procesos de justicia restaurativa se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez).


43. En ese sentido, puntualizó que los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione.


44. Es así porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de solución alterna el imputado suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad, así como la consecuente reparación del daño.


45. Los beneficios inmediatos hacia los partícipes (reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad) no son los únicos efectos relevantes, esto es, no llega al extremo de considerarse un asunto privado y, eso explica la necesidad de la intervención del Estado, quien conserva un rol significativo al: a) establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos, b) decidir qué casos pueden ser encausados por éstos, c) supervisar la legalidad en los procesos; y, d) velar por el cumplimiento de los acuerdos. Pero, en cambio, la decisión de participar en un proceso restaurativo, a qué tipo de acuerdo va a llegar y algunas veces incluso la forma en la cual el proceso restaurativo será conducido, son decisiones exclusivas de las partes.


46. Establecido lo anterior, enfatizó que las consideraciones apuntadas son acordes con las razones que el Poder Constituyente registró en el proceso legislativo que originó la reforma en cuestión, pues en el dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete, se expuso lo siguiente:


"II. Materia de la minuta


"La minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, en materia de justicia penal y seguridad pública, estima que el sistema de justicia actual es preponderantemente inquisitivo, ya que el indiciado es considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario, por lo que se considera que el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la realidad.


"En una visión general, la reforma integral al sistema de justicia penal propuesta en la minuta de mérito atiende las siguientes características: ...


"5) Estima necesario que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, que procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los casos que la legislación secundaria juzgue conveniente. Al respecto el dictamen de la colegisladora estima que esta medida generará economía procesal, además de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando el daño causado. ...


"III. CONSIDERACIONES ...


"Una vez referida la opinión de la Comisión de la Defensa Nacional procederemos al análisis y estudio de los instrumentos legislativos señalados (minuta e iniciativa).


"Este dictamen es producto de un intenso debate y retoma aportaciones de todos los que participaron en él, convencidos de que era urgente y necesaria una reforma integral al sistema de procuración e impartición de justicia penal que permita a todos los actores de dicho sistema cumplir con mayor eficacia su labor, que genere los incentivos necesarios para que cada uno de ellos rinda cuentas y garantice que todos los ciudadanos –víctimas e imputados– accedan a un sistema de justicia más eficaz y equitativo. Esta reforma permitirá al Estado Mexicano dar una respuesta adecuada a la grave crisis que atraviesa la justicia penal y que todos los actores sociales reconocen.


"De manera general, durante el presente análisis y estudio se identificaron tres problemas centrales, a saber:


"1. Que el sistema de procuración e impartición de justicia penal tiene serios problemas operativos y de diseño, y que no cumple con sus funciones.


"2. Que existe una crisis en la seguridad pública que amenaza al Estado Mexicano en su conjunto, en particular aquella generada por la delincuencia organizada.


"3. Que se carece de una indispensable coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal– para enfrentar el problema de la seguridad pública y para mejorar el funcionamiento de la justicia penal. Esto es particularmente grave en el ámbito de las policías.


"El consenso sobre la existencia de estos tres grandes problemas permitió definir con claridad los objetivos de la reforma. Estos son los siguientes:


"1. Una reforma que permita un tránsito ordenado, gradual y viable al sistema acusatorio.


"2. Un sistema eficaz para combatir a la delincuencia, en especial aquella que tiene el carácter de organizada.


"3. Un sistema penal que garantice el debido proceso, la presunción de inocencia, asegure los derechos de las víctimas y proteja a los ciudadanos de los abusos de la autoridad.


"A partir de estos objetivos, y antes de entrar en el análisis detallado del contenido de la reforma, es posible exponer los grandes ejes que articulan la reforma constitucional.


"Un primer asunto es el establecimiento de un sistema penal acusatorio basado en los principios de contradicción, concentración, inmediación, continuidad y presunción de inocencia y que asegure un equilibrio procesal entre las partes, defensa, acusación y ofendidos. La implementación de este sistema supone un cambio de envergadura para todos los actores que participan en la operación del sistema. Por ello, se estimó conveniente establecer un periodo amplio de transición, que permitiera que cada entidad federativa genere un programa de reforma de acuerdo con sus necesidades y características propias. Es decir, se busca asegurar un tránsito ordenado y responsable que asegure la viabilidad del cambio y el establecimiento de las condiciones materiales y humanas para que opere adecuadamente. Lo anterior implica necesariamente que durante este periodo de transición coexistirán en el país el sistema vigente y el sistema reformado. Al término del proceso de transición, que tiene una duración de ocho años, el nuevo sistema deberá estar en funcionamiento en todo el país. ...


"Las consideraciones antes mencionadas también se reflejan en el contenido de la minuta enviada por la colegisladora y que constituye la materia del presente dictamen.


"Estas comisiones unidas hacen suyos los argumentos expresados con anterioridad y expresan las siguientes razones que sustentan las particularidades de la reforma que se discute: ...


"‘Artículo 17


"‘Mecanismos alternativos de solución de controversias y defensoría pública.


"‘Estas comisiones unidas, consideramos al igual que la colegisladora que la evolución progresiva de los derechos humanos ha derivado en la obligación que los Estados tienen que garantizar el libre ejercicio de dichos derechos, lo cual no se limita únicamente a una cuestión formal, sino que además impone la obligación de proporcionar todos los medios necesarios para que el sujeto de estos derechos pueda hacerlos efectivos. Esta conclusión tiene su origen en el sistema interamericano que nos rige, específicamente en el artículo 1.1 de la Convención Americana de (sic) Derechos Humanos, donde se fija el compromiso de los Estados Partes respecto de la aplicación de dicho instrumento internacional.


"‘El establecimiento de un servicio de defensoría pública de calidad ...’


"Además de lo anterior, se comparte la idea de establecer mecanismos alternativos de solución de controversias que se traduzcan en una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, (entre otros la mediación, conciliación y arbitraje), permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; asimismo, servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho.


"Por lo que respecta en concreto a la materia penal, se prevé la necesidad de regular la aplicación de estos mecanismos por parte de los operadores de la ley, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables y, en todos los casos, de forma ineludible, será necesario que se cubra previamente la reparación del daño para que proceda, precisándose además que las formas de justicia alternativa de índole penal necesitarán la revisión de la autoridad judicial en su cumplimiento, en beneficio de las víctimas y los ofendidos. ...


"‘Artículo 20


"‘Proceso acusatorio


"‘En el caso del establecimiento de un régimen penal mixto, las reformas establecen las bases para garantizar la existencia de un sistema penal acusatorio conforme a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Para dar mayor claridad a los alcances de los principios antes mencionados, se considera necesario que el Constituyente Permanente exprese con claridad su contenido. El texto de la Constitución lo incorpora expresamente: ...


"‘Apartado B. Derechos del imputado


"‘En el apartado B se establecen ahora los derechos de la persona imputada.’


"A continuación se da cuenta de ellos: ...


"‘La fracción V prevé el derecho de ser juzgado en audiencia pública por un órgano jurisdiccional unitario o colegiado. El juicio oral es el horizonte último de toda la estructura del sistema de justicia penal. Sólo la existencia y efectividad de las garantías del juicio hacen viable y legítimo, desde una perspectiva democrática, la existencia de otras instituciones como las salidas alternas, las formas anticipadas de terminación de casos y la procedencia del procedimiento abreviado. Sin la existencia del juicio oral sería válida la crítica que muchos enderezan en contra de la denominada justicia negociada o por consenso, en el sentido de que admite un proceso penal sin prueba y sin verdad. No obstante, la posibilidad de un juicio con garantías como derecho fundamental del imputado permite hacer una anticipación de lo que en él ocurrirá y determinar la mejor forma en que se quiere enfrentar la persecución penal. Quien se sepa inocente optará siempre por un juicio oral para que se le absuelva. ...’


"Bajo las premisas antes descritas, someto a la consideración de ese honorable cuerpo colegiado, reformas a los artículos 16, 17, 18, 20, 21, 22, 73, 122 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que se detallan a continuación: ...


"‘Artículo 17


"‘Se adiciona un último párrafo para que los mecanismos alternativos de solución de controversias sean eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, del penal. Esto implica la adopción de la justicia restaurativa sobre la represiva a efecto de que la capacidad del Estado en la investigación, persecución y sanción de los delitos, se centre en lo que realmente afecta a la sociedad mexicana.’ ..."


47. Con base en lo expuesto, arribó a las conclusiones que se precisan:


• La reforma constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, en materia penal, a través de la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante los mecanismos alternativos, todos aquellos conflictos de naturaleza penal que podrían encontrar mejor solución que en el juicio.


• Aunque la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un delito, no busca declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión; su prioridad es reparar el daño causado por la comisión de un delito.


• Se sustenta en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez).


• Los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione.


• Los beneficios inmediatos hacia los partícipes –reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad– no llega al extremo de considerarse un asunto privado, razón por la cual es necesario que el Estado regule su aplicación, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables.


• El tránsito del conflicto penal por medio de mecanismos alternativos de solución servirá para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales.


48. Bajo esa misma línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también resolvió la contradicción de tesis 141/2021,(6) en la que indicó que a partir de la reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil ocho se implementó en nuestro país el sistema penal acusatorio y oral, en el que, entre otras cosas, se incorporaron formas alternas de solución de controversias, al establecerse en el párrafo quinto del artículo 17 constitucional que las leyes los preverán.


49. Además, puntualizó que del proceso legislativo correspondiente a la reforma constitucional indicada, se apreciaba que la incorporación de las formas alternas de solución de controversias al sistema penal acusatorio y oral se justificó sobre la base del reconocimiento que en nuestro país se identificó el empleo de recursos públicos en persecuciones penales extensas, costosas y de muy cuestionable interés para la seguridad pública, respecto de las que se afirmó que en el ámbito penal se decía que se rigen por una legislación violatoria de derechos humanos, como el de presunción de inocencia, al permitir juzgar a los gobernados privados de su libertad en la mayoría de los casos y en las que, en muchas ocasiones, el pago de la reparación del daño a cargo del sentenciado queda sin cumplimentarse.


50. En ese sentido, señaló que las medidas alternas de resolución de conflictos se consideraron como un punto de partida para fomentar la educación para la no violencia en los diferentes sectores de la sociedad y la resolución sana de conflictos, que propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.


51. Ello, en tanto que con su implementación se estimó que podrían alcanzarse finalidades específicas y esenciales, como son:


• Evitar el riesgo de colapsar a las instituciones ante las exigencias legales y administrativas que implica el modelo de justicia, en tanto que permiten despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales.


• Incrementar la eficiencia y racionalidad en la aplicación de recursos públicos para la persecución de los delitos, disminuyendo los costos, tanto para el sistema de justicia como para las partes involucradas, al centrar las capacidades institucionales en la investigación y persecución de ciertos delitos.


• Garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita, al agilizar el desempeño de los tribunales en la solución de conflictos.


52. Así, en el precedente referido se sostuvo que de acuerdo con el proceso legislativo en comento, la promoción de mecanismos alternos de solución de controversias, en muchas ocasiones resultan más apropiados para los fines de la justicia que la imposición de una pena de prisión, al restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitución y no de la represión; por lo que la instancia penal debería ser la última a la que se recurra. 53. Todo ello, se reiteró que era en el entendido de que la procedencia de la figura jurídica indicada siempre debería estar condicionada a que se garantice la reparación del daño, se sujete su cumplimiento a supervisión judicial de ser necesario y se trate de ciertos delitos.


II. Procedimiento abreviado


54. Esta Primera Sala también ha desarrollado una línea doctrinal en cuanto al procedimiento abreviado; en el amparo directo en revisión 1619/2015,(7) determinó que el procedimiento abreviado excluye al principio de contradicción probatoria, pues en este no es procedente verificar la acreditación de los elementos del delito y la plena responsabilidad penal del sentenciado.


55. Al respecto, explicó que existe una marcada diferencia entre el procedimiento ordinario y el abreviado, pues en este último es el acusado quien, con la asistencia jurídica de su defensor, acepta totalmente los hechos materia de la acusación. Por tanto, renuncia al derecho a tener un juicio oral en el que pueda ejercer el derecho de contradicción probatoria.


56. Sin embargo, señaló que la aceptación de culpabilidad no es gratuita, sino que debe derivar de un juicio de ponderación sobre los elementos de defensa con los que cuenta para hacer frente a la acusación, así como de los beneficios que le produce acudir al procedimiento abreviado, como es tener un procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor intensidad.


57. Esta Primera Sala explicó que no soslayaba el hecho de que el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, estableciera que se podía decretar la terminación anticipada del proceso penal sólo si "existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación". Sin embargo, a su juicio, la locución "medios de convicción suficientes" no podía interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial debía realizar un ejercicio de valoración probatoria.


58. Así, sostuvo que la posición del juzgador en el procedimiento abreviado no es otra que la de un ente intermedio, que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes; por lo que le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia; es decir, debe limitarse a analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. En el entendido de que si no existieran medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, el juzgador estaría en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento especial abreviado.


59. También hizo notar que antes de que se presente la solicitud de apertura al procedimiento abreviado, es necesario que se dicte la vinculación a proceso contra el imputado; por lo que al determinar la procedencia del procedimiento abreviado, el juzgador parte de lo que ya estudió en el auto de vinculación y agrega un análisis sobre la aceptación del imputado, así como, en su caso, de las posibles modificaciones a la acusación que correspondan o la pena que se solicita imponer.


60. Como puede verse, esta Primera Sala ha determinado que el procedimiento abreviado presupone un acuerdo común entre las partes que logran alinear sus intereses o incentivos, en un panorama que posibilita evitar una contienda procesal a la que ninguna desea entrar, el cual constituye el fundamento esencial de este tipo de procedimiento.


61. De ahí que, incluso, al resolver el amparo directo en revisión 532/2019,(8) sostuviera que la función del Juez de Control en el marco de un procedimiento abreviado no es modular el acuerdo alcanzado entre las partes, sino verificar que se cumplan las características que dan validez a dicho acuerdo; ello, al grado de que no le está permitido modificar la pena o negarse a imponer una que, a su entender, parezca poco benéfica.


62. En efecto, en dicho precedente nuevamente se reafirmó que el acuerdo alcanzado entre las partes en función de un procedimiento abreviado prevalece siempre que se cumplan los requisitos que le dan validez. En específico, se señaló que cuando el Juez de Control actúa en el marco de esta forma de terminación anticipada del proceso, su misión no es controlar el resultado del pacto alcanzado entre fiscal e inculpado, sino tan sólo revisar que se cumplan las precondiciones que dan validez a ese acuerdo.


63. Al respecto, afirmó que como indica la línea doctrinal de la Sala, la función más importante del Juez de Control es cerciorarse de que la persona inculpada está aceptando una renuncia con pleno conocimiento de lo que eso implica, así como que el primer obligado para transmitir esa información de modo veraz, puntual y comprensible para el inculpado es el defensor.


64. Así, explicó que ello significa que el Juez de Control, antes de validar el acuerdo que le exhiben las partes, tiene el deber de verificar que previamente haya existido esa clase de comunicación entre el inculpado y su defensa. De ahí que esté obligado a formular ciertas interrogantes específicamente dirigidas al inculpado.


65. Sin embargo, refirió que una vez que la autoridad judicial se cerciora de que ese consentimiento es pleno, libre e informado, sus facultades no llegan al grado de evaluar la justicia sustantiva del acuerdo, es decir, no puede cuestionar el acuerdo de procedimiento abreviado en razón de su contenido o por propios méritos, pues con eso se entrometería en un pacto negociado entre partes de quienes es posible presumir racionalidad o (lo que es lo mismo) que han tomado decisiones en función de sus propios intereses. Particularmente respecto al inculpado, no hay nada inherente a la lógica de esta institución que nos impida suponer que él ejerce esta decisión con agencia. Como cualquier persona, una vez que es debidamente informada sobre las consecuencias del pacto, es apta para ponderar autónomamente si las obligaciones que en consecuencia obtendría son (o no) compatibles con sus pretensiones.


66. Por ello, sostuvo que la intervención del Juez de Control –más allá de las causales previstas por el código e interpretadas por esta Sala– sólo añadiría ineficiencias al sistema. En suma, señaló que el Juez puede verificar la ruta que ha permitido a las partes consensar, pero si ésta parece válida, no puede cuestionar el fruto de ese acuerdo.


67. Con todo, el rol del Juez de Control no es menor: tiene el deber de verificar que se den las condiciones necesarias para que ese proceso consensual tenga las características necesarias para ser legítimo. Es un árbitro en esa negociación: no vigila la distribución de beneficios como tal, sino que el mismo se haya gestado en condiciones legales y legítimas.


68. Así, determinó que el J. del control puede verificar la optimización de las precondiciones que permiten llevar a las partes a negociar, pero de ello no se sigue que pueda modificar la pena o negarse a imponer una que, a su entender, parezca poco beneficiosa.


69. Ahora bien, esta Primera Sala también se ha pronunciado en cuanto la finalidad por el que fue incorporado el procedimiento abreviado al sistema penal acusatorio, tal como se aprecia de lo resuelto en la contradicción de tesis 50/2019,(9) en cuanto señaló que una de las principales características que distinguen al proceso penal implementado con la reforma constitucional del dieciséis de junio de dos mil ocho, consiste en incorporar distintas vías –alternativas al juicio– para la solución del conflicto penal, como son: los criterios de oportunidad, las soluciones alternas (a través de acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso) y formas de terminación anticipadas, entre las cuales se inscribe el procedimiento abreviado.


70. En ese aspecto, expuso que el sistema pretende ser más eficiente al configurarse como un auténtico mecanismo dotado de distintas modalidades de solución a un problema penal, por lo que ahora el juicio necesariamente convive con criterios de oportunidad, soluciones alternas y el procedimiento abreviado, los cuales se distinguen porque se basan en el consenso o acuerdo entre el fiscal y el imputado, principalmente.


71. Esta Primera Sala precisó que con la adopción de instrumentos de justicia penal por consenso, el Poder Reformador pretendió dotar de mayor eficiencia a la operación del nuevo sistema, en el cual se abrevie el tiempo de duración de la controversia penal y con el menor gasto institucional posible.


72. En esa ocasión se acudió a una de las exposiciones de motivos(10) que originó la citada reforma constitucional de dos mil ocho, en la que se destacó que con el nuevo sistema se "abre la posibilidad para el dictado de sentencias en procedimientos abreviados seguidos por los Jueces ... de Control ... La admisión de estos procedimientos, aunado a los medios alternos de solución de conflictos penales, [son] indispensable[s] para que el sistema de justicia penal pueda funcionar sin verse colapsado por los juicios orales que se celebren."


73. Ahora bien, conforme a la doctrina expuesta debe leerse el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, que establece este procedimiento especial en los términos que se transcriben:


"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.


"A. De los principios generales: ...


"VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad."


74. De acuerdo con dicho precepto para que pueda acontecer el procedimiento abreviado, es indispensable que haya iniciado el proceso,(11) es decir, que el interesado esté en presencia de la autoridad judicial, ya sea por haberse ordenado su comparecencia, ejecutado una orden de aprehensión o ratificado de legal su detención, a fin de que el Ministerio Público le comunique formalmente el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que estima se actualiza, así como el nombre de sus acusadores, lo que el artículo 19 constitucional denomina como formulación de la imputación.


75. El Constituyente estableció que para que se pueda decretar la terminación anticipada del proceso penal es indispensable que no exista oposición del inculpado. También consideró como incentivo para que acepte el procedimiento abreviado, los beneficios que podrán ser otorgados en términos de ley por reconocer voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su responsabilidad penal.


76. Finalmente, precisó que el procedimiento abreviado deberá llevarse a cabo bajo los supuestos y las modalidades que determine la ley procesal. De ahí que, por mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo regula en sus artículos 201 a 207, en los términos que se transcriben:


"Capítulo IV

"Procedimiento abreviado


"Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez


"Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de Control verificará en audiencia los siguientes requisitos:


"I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;


"II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el Juez la oposición que se encuentre fundada; y,


"III. Que el imputado:


"a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado;


"b) Expresamente renuncie al juicio oral;


"c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;


"d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;


"e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación."


"Artículo 202. Oportunidad


"El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.


"A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de Control se pronuncie al respecto.


"Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa.


"En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo.


"El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador."


"Artículo 203. Admisibilidad


"En la misma audiencia, el Juez de Control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción VII, del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación.


"Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el Juez de Control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiere realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiera realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el Juez de Control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean eliminados del registro.


"Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, éste podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos."


"Artículo 204. Oposición de la víctima u ofendido


"La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de Control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño."


"Artículo 205. Trámite del procedimiento


"Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el Juez de Control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado.


"Una vez que el Juez de Control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, de estar presentes y después a la defensa; en todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado."


"Artículo 206. Sentencia


"Concluido el debate, el Juez de Control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración.


"No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado.


"El Juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido."


"Artículo 207. Reglas generales.


"La existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual."


77. Como se aprecia de los preceptos transcritos, para que el Ministerio Público pueda solicitar el procedimiento abreviado al Juez de Control, deberá ejercer la acción penal a través de la acusación en la que enuncie los hechos que atribuye al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño.


78. Así, el juzgador debe verificar que la víctima u ofendido no presente oposición fundada. Además, el imputado debe reconocer estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; renunciar expresamente al juicio oral; consentir la aplicación del procedimiento abreviado; admitir su responsabilidad por el delito que se le imputa; y aceptar ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación.


79. La oportunidad para que el Ministerio Público solicite la apertura del procedimiento abreviado tiene lugar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Además, los beneficios que podrán ser otorgados al imputado, consisten en la reducción en la pena solicitada por el Ministerio Público conforme al acuerdo que al efecto emita el procurador.


80. Esto es, la normativa aludida señala diversos elementos esenciales que deben cumplirse para la tramitación del procedimiento abreviado, a saber: 1) el Ministerio Público formule acusación en la que señale, entre otros requisitos, la reducción en la pena y el monto de reparación del daño; 2) la víctima u ofendido no presenten oposición fundada; y, 3) el acusado renuncie al juicio oral y consienta la aplicación del procedimiento abreviado, lo que implicará admitir su responsabilidad penal a cambio de la reducción en la pena.


81. Finalmente, de actualizarse los supuestos apuntados, el Juez de Control autorizará el procedimiento abreviado, escuchará a las partes y emitirá el fallo respectivo, al cual deberá dar lectura y explicación pública dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, en la que expondrá de forma concisa los fundamentos y motivos que consideró e impondrá la pena solicitada por el Ministerio Público en la acusación.


III. Acusación del Ministerio Público


82. Hechas las precisiones más relevantes del procedimiento abreviado, a continuación se analizará el contenido de los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal, que disponen esencialmente la función de procuración de justicia en el ámbito penal.


83. En términos de los párrafos primero y segundo del numeral 21 de la Constitución Federal,(12) la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 84. En tanto que, el apartado A del precepto 102(13) –parte que interesa– dispone que el Ministerio Público Federal tendrá la encomienda de la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, lo que comprende solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, así como pedir la aplicación de las penas.


85. De conformidad con la Ley Fundamental, el Ministerio Público es el órgano público autónomo encargado de investigar los delitos y perseguirlos ante los tribunales.


86. Esta última atribución constitucional tiene lugar cuando ejerce la acción penal en contra de una persona, la que lleva a cabo al momento de realizar formal acusación en la que pedirá al Juez la aplicación de las penas y presentará las pruebas que acrediten la participación del acusado en hechos que la ley señale como delito.


87. Esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 478/2011,(14) apuntó que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. El ejercicio de la acción penal exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley; ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realiza durante la etapa de la investigación.


88. También sostuvo que la división competencial en el proceso penal acusatorio es clara, en el sentido de que el único órgano del Estado facultado para intervenir como parte acusadora es el Ministerio Público, en su carácter de representante social.


89. Asimismo, al resolver el amparo en revisión 202/2013,(15) esta Primera Sala señaló que el objetivo histórico del artículo 21 de la Constitución Federal es asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades formen parte de la indagación de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurídica. El Ministerio Público se concibe entonces como único órgano investigador y acusador, y como consecuente representante social en el proceso penal.


90. En congruencia con el mandato constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 127, establece que la competencia del Ministerio Público consiste en conducir la investigación y resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley.(16)


91. Ahora bien, en el proceso penal acusatorio existen dos momentos en que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal en contra del procesado.


92. El primero acontece una vez concluida la fase de investigación complementaria, cuando de los antecedentes de la investigación obtiene medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal. De esa forma, el Ministerio Público estará en aptitud de ejercer la acción penal correspondiente, lo que materializará a través de la acusación, conforme a los requisitos que establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(17)


93. En este caso, la acusación es un acto necesario para la continuación del proceso penal, en virtud de que una vez formulada dará inicio a la etapa intermedia o de preparación del juicio; también tendrá el efecto de fijar el objeto de discusión en la audiencia de debate, los medios de prueba con los que se pretende acreditar el delito y la responsabilidad penal del procesado; así como las sanciones penales que correspondan.


94. Otro momento en que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal, es cuando solicita al Juez de Control la terminación anticipada del proceso mediante el procedimiento abreviado, para lo cual deberá formular acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan, la que deberá contener los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño, tal como lo establece el referido numeral 201 del ordenamiento procesal.


95. De ello se sigue que la acusación también es considerada como un presupuesto indispensable para que el Ministerio Público pueda solicitar ante el Juez de Control el procedimiento abreviado, es decir, para que el proceso concluya de manera anticipada, sin que sea necesario transitar por la totalidad de las etapas del procedimiento ordinario.


96. Se concluye entonces que la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Ministerio Público decide ejercer la pretensión punitiva del Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial, ya sea a través del juicio oral o mediante el procedimiento abreviado. Si el Ministerio Público no la formula, ello conduce a que se extinga la pretensión punitiva del Estado.


97. Sin duda, es de mayor relevancia la acusación ministerial, pues conforme al derecho de defensa la persona procesada tendrá pleno conocimiento de los hechos que se le atribuyen, su clasificación jurídica, los medios de prueba que se pretenden ofrecer en juicio, la pena que solicita la Fiscalía y la reparación del daño a la víctima, con el objeto de que pueda ejercer tal derecho oportunamente.


IV. Decisión


98. Las consideraciones anteriores son aptas para declarar infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, consistentes en que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, son inconstitucionales al establecer que sólo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, dado que al ser una prerrogativa exclusiva de dicho ente, le impide tener acceso a dicho procedimiento, con lo que se vulneran los derechos fundamentales de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; así como los principios pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal y de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.


99. Como se aprecia, la razón por la cual el quejoso sostiene que los artículos cuya regularidad constitucional cuestiona son contrarios a los derechos que refiere, consiste en que le impiden tener acceso al procedimiento abreviado, en tanto que únicamente facultan al Ministerio Público para solicitarlo.


100. Pues bien, lo infundado de sus conceptos de violación deriva de que los numerales indicados al facultar únicamente al Ministerio Público para solicitar el procedimiento abreviado, en realidad no le impiden tener acceso al mismo.


101. Ciertamente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el procedimiento abreviado tiene una doble función en el sistema penal acusatorio y oral, a saber: instrumental y de garantía.


102. Su función instrumental consiste en despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, al centrar las capacidades institucionales en la investigación y persecución de ciertos delitos. Por su parte, su función de garantía obedece a que se erige como un mecanismo de acceso a la justicia restaurativa.


103. Esta doble función deriva de la interpretación sistemática de los artículos 17, párrafo quinto, y 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, en tanto que revela; por una parte, que la intención del Constituyente fue incorporar distintas vías para la solución del conflicto penal, con el objeto de dotar de mayor eficiencia la operación del proceso penal acusatorio y reducir significativamente el tiempo de duración de la controversia, ya que no se transitará a la etapa de juicio; y, por otra, que su lógica radica en que no exista contradicción probatoria ya que el procesado renuncia al juicio oral y acepta ser juzgado con base en los datos de prueba que sustentan la acusación, a cambio de una reducción en el quántum de la pena de prisión y multa que le ofrece el Ministerio Público para tal efecto (bajo los supuestos que la propia ley procesal dispone), a diferencia de la que le correspondería si es juzgado en la audiencia de debate.


104. Lo anterior es relevante, pues nos permite comprender que el procedimiento abreviado no es un derecho en sí mismo de los implicados, sino una institución procesal diseñada para hacer más eficiente al sistema y materializar la justicia restaurativa.


105. En ese sentido, el derecho que subyace de esta figura procesal es el de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa, de manera que este derecho se verá afectado en la medida que se impida u obstaculice injustificadamente acudir al mismo.


106. Así, la circunstancia de que en los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales impugnados, se faculte únicamente al Ministerio Público para solicitar el procedimiento abreviado al Juez de Control, no transgrede derecho alguno, ya que con ello no se obstaculiza ni impide el acceso a una justicia restaurativa a través de este tipo de procedimiento.


107. Tal afirmación obedece a que lo relevante en el procedimiento abreviado no es la función del Juez de Control, sino el acuerdo al que lleguen las partes respecto a la reparación del daño y la reducción de la pena a imponer, el cual se manifiesta a través de la aceptación informada por parte del implicado de la acusación y la solicitud de una pena reducida por parte del Ministerio Público.


108. No hay que perder de vista que una de las características principales de la justicia restaurativa es que el conflicto se resuelve por las partes, así como que la intervención de los órganos jurisdiccionales sólo se justifica para dar validez al acuerdo alcanzado por éstas, dada la naturaleza de los derechos tutelados en juego. Esto es, las partes, no la autoridad jurisdiccional, son las protagónicas en la resolución del conflicto.


109. De ahí que la función del Juez de Control en el marco de un procedimiento abreviado no es modular el acuerdo alcanzado entre las partes, sino verificar que se cumplan las características que le dan validez.


110. Por lo tanto, la solicitud del procedimiento abreviado al Juez de Control se reduce a una simple notificación de que se alcanzó un acuerdo, de lo que se sigue que resulta irrelevante quién la formule para efectos de ejercer el derecho de acceso a una justicia restaurativa.


111. Por el contrario, lo realmente trascendente para ejercer el derecho aludido, a través del procedimiento abreviado, es la existencia de un panorama que permita el acercamiento de las partes a fin de que puedan llegar a un acuerdo, de manera que cualquier norma que impida u obstaculice la negociación respectiva trastocaría ese derecho.


112. No obstante, se observa que el aspecto apuntado se encuentra salvaguardado por el sistema normativo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al procedimiento abreviado, en la medida que establece como obligaciones tanto del defensor del implicado, como del Ministerio Público, el promover la solución de conflictos a través de este tipo de procedimiento.


113. En efecto, la fracción X del artículo 117 del ordenamiento procesal aludido,(18) dispone como una de las obligaciones del defensor promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal. Y la fracción XVIII del numeral 131 de dicho código adjetivo, expresamente señala como obligación del Ministerio Público promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables.(19)


114. Esto es, de acuerdo con lo dispuesto en dichos numerales, ambas partes, defensa y acusador, deben estar dispuestos a negociar, desde luego, dentro de los parámetros previamente establecidos en la ley, la posibilidad de solucionar el conflicto a través del procedimiento abreviado.


115. Por lo tanto, se insiste, la circunstancia de que los numerales impugnados señalen como requisito de procedencia del procedimiento abreviado que el Ministerio Público lo solicite, no transgrede el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente restaurativa, que asiste a todo imputado.


116. Más aun, para esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que se establezca que corresponde al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado, es congruente con la naturaleza de este tipo de procedimientos y, lejos de obstaculizar el acceso al mismo, lo agiliza en tanto que permite que en la solicitud respectiva, se fijen las bases necesarias para verificar la aceptación informada por parte del implicado respecto a resolver el conflicto a través de un procedimiento abreviado y las consecuencias del mismo, esto es, la acusación –que deberá contener la enunciación de los hechos atribuidos, su clasificación jurídica y grado de intervención–, los datos de prueba que la sustentan, las penas y el monto de la reparación del daño.


117. Lo expuesto, además, porque no debe perderse de vista que el consentimiento del implicado necesario para tramitarse un procedimiento abreviado, recae en aspectos que por mandato constitucional, en exclusiva, corresponden al Ministerio Público.


118. De manera que, incluso, en el supuesto de que se permitiera que el implicado solicitara al Juez de Control el procedimiento abreviado, se tendría que requerir al Ministerio Público para que fije las bases necesarias a fin de verificar el consentimiento a ese tipo de procedimientos. De ahí que se considere que una previsión en ese sentido, lejos de abonar al acceso pronto y expedito a la justicia, la entorpecería.


119. Además, se parte de la lógica de que la solicitud del procedimiento abreviado al Juez de Control es el resultado de que se alcanzó un acuerdo entre las partes y, por ende, la negativa de alguna de ellas, en este caso, del Ministerio Público, para someterlo a validación por parte de la autoridad jurisdiccional, es indicativa de que no existe realmente un consenso entre las partes.


120. Es decir, la consecuencia natural de que las partes lleguen a un acuerdo es solicitar que éste se someta a verificación por parte del juzgador para que se reconozca su validez y surta plenos efectos jurídicos. Por tanto, la solicitud planteada por el Ministerio Público para validar el acuerdo alcanzado lleva implícita la aceptación de su parte de dicho acuerdo, de ahí que una vez presentada la petición, la actividad jurisdiccional se centre a verificar la voluntad del implicado a someterse a ese tipo de procedimiento en los términos que se dicen acordados, con pleno conocimiento de las consecuencias que ello conlleva.


121. Como puede verse, esta forma de tramitar el procedimiento abreviado, además de que agiliza su trámite, propicia un ambiente ideal para salvaguardar los derechos del implicado, pues será en la audiencia respectiva, en la que de manera personal el juzgador verifique su consentimiento a someterse al mismo con pleno conocimiento de las consecuencias que ello implica.


122. De ahí que el artículo 201, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el diverso 205, párrafo primero, del propio código adjetivo, establezca que el Juez de Control en la audiencia respectiva deberá verificar que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; expresamente renuncie al juicio oral; consienta la aplicación del procedimiento abreviado; admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; y acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación.


123. Como se explicó, para que se logre el fin que persigue esa forma de terminación anticipada, es indispensable que exista un acuerdo o negociación previa entre el Ministerio Público y el imputado, pues de otra manera no podría concretarse el abreviado, en la medida en que se sustenta en el consentimiento de la acusación, la reducción en la pena y la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido.


124. De tal manera que, para que se resuelva la controversia penal por esta vía, es necesario el consenso entre el fiscal y el imputado; sin embargo, ese acuerdo no puede llegar al extremo de modificar las facultades que conforme a la constitución en exclusiva corresponden al Ministerio Público, al grado de que sea el imputado quien proponga las condiciones sobre la reducción de la pena de prisión y económica o el monto de la reparación del daño ya que, se insiste, el Ministerio Público tiene encomendada la pretensión punitiva del Estado.


125. Efectivamente, si el Ministerio Público como órgano facultado para ejercer la acción penal acorde con el principio acusatorio, le corresponde exponer los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño, conforme a las pruebas de cargo que ofrezca, a fin de que el Juez determine la pena a imponer en la audiencia de juicio oral; en el caso del procedimiento abreviado, la acusación también es un presupuesto indispensable para que el Ministerio Público pueda solicitar ante el Juez de Control el procedimiento abreviado, a fin de que el proceso concluya mediante esa forma de terminación anticipada.


126. Ello significa entonces que el imputado, incluso en el supuesto de que tuviera la facultad para solicitar al Juez de Control, con base en el acuerdo previamente alcanzado, que autorice que el proceso concluya de manera anticipada, se tendría que requerir al Ministerio Público a fin de que formule la acusación respectiva, pues a él compete ejercer la pretensión punitiva del Estado en términos de los artículos 21 y 105, apartado A, de la Constitución Federal, para posteriormente, verificar en la audiencia respectiva que el implicado consienta de manera libre e informada el someterse a dicho procedimiento y las consecuencias de ello. Lo anterior, como se dijo, entorpecería el trámite en perjuicio de una impartición pronta de justicia.


127. Por tales razones, la circunstancia de que en el Ministerio Público recaiga la potestad de acudir ante el Juez de Control a solicitar la terminación anticipada del proceso penal, no sólo propicia la impartición de justicia pronta y genera un ámbito que permite salvaguardar los derechos de los implicados, sino también resulta congruente con las facultades constitucionales que en exclusiva le corresponden, en tanto que, se reitera, tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.


128. Bajo ese panorama, en términos constitucionales y procesales que rigen la solicitud del procedimiento abreviado, como se anticipó, resultan infundados los conceptos de violación que plantea el quejoso.


129. Al respecto, cabe precisar que si bien el inconforme refiere que los artículos impugnados vulneran diversos derechos, lo cierto es que ello lo hace depender de que considera que se transgrede su derecho a acudir al procedimiento abreviado, por establecerse que conforme a los mismos no puede intentar dicho procedimiento, pues establecen como una facultad exclusiva del Ministerio Público solicitarlo, no obstante que ese tipo de procedimientos, como medio de conseguir la terminación anticipada del proceso en beneficio de las partes, tiene un alcance de mandato constitucional que no puede ser manejado a criterio y voluntad sólo del Ministerio Público. 130. Por tanto, los argumentos del quejoso, en realidad, están encaminados a sostener que los artículos que combate son contrarios al derecho que refiere tiene al procedimiento abreviado.


131. En ese sentido, no le asiste razón porque, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta resolución, el procedimiento abreviado no constituye un derecho en sí mismo, sino que es una institución procesal diseñada para hacer más eficiente al sistema y materializar la justicia restaurativa.


132. Además, dado que el derecho que subyace de esta figura procesal es el de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa, es que se analizaron sus planteamientos bajo esa óptica.


133. Sin embargo, devienen infundados pues esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no son inconstitucionales al establecer que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado, ya que con tal previsión no se transgrede el derecho de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa.


Octava. Reserva de jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento


134. En atención a que la competencia originaria de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente se constriñó al análisis de la constitucionalidad de los artículos señalados por el quejoso en su demanda de amparo, lo procedente es reservar jurisdicción al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a fin de que se ocupe de los restantes agravios de legalidad hechos valer por el recurrente y que son propios de su competencia.


Por todo lo expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,


RESUELVE:


PRIMERO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de la consideración séptima de esta ejecutoria.


SEGUNDO.—Se reserva jurisdicción al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, para los efectos precisados en la última consideración de esta ejecutoria.


N.; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.


Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía P.H. (ponente) y los Ministros J.L.G.A.C. quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, J.M.P.R. y A.G.O.M. y la Ministra presidenta A.M.R.F..


En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.


Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 78/2007 y 2a./J. 65/2000 citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, diciembre de 2007, página 5, con número de registro digital: 170866 y XII, agosto de 2000, página 260, con número de registro digital: 191452, respectivamente.


La tesis aislada XXVII.3o.86 K (10a.) citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2128, con número de registro digital: 2009694.


Las tesis de jurisprudencia de rubro: “LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION.” y aislada de rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. EL ACTO RECLAMADO ESTÁ INTEGRADO POR TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO.” citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 251, con número de registro digital: 232361 y 187-192, Primera Parte, página 53, con número de registro digital: 232289, respectivamente.








_________________

1. Resuelta en sesión de uno de febrero de dos mil diecisiete, bajo la ponencia del Ministro J.M.P.R., por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de L., J.M.P.R. (ponente), A.G.O.M. y la Ministra presidenta N.L.P.H.. En contra del emitido por el Ministro J.R.C.D., por lo que se refiere a la competencia; y por unanimidad de cinco votos de los Ministros: A.Z.L. de Larrea, J.R.C.D., J.M.P.R. (ponente), A.G.O.M. y la Ministra presidenta N.L.P.H., en cuanto al fondo del asunto.


2. Esto cambió hasta 1995 cuando se abrió la oportunidad de impugnar el inejercicio de la acción penal (por decisión u omisión de decidir). Fue hasta el año 2000 cuando a la víctima se le reconoció, a nivel constitucional, un papel más fuerte, pero en la práctica no ha podido desembarazarse del fiscal –a pesar de criterios jurisprudenciales, necesita de él para tomar parte activa del proceso–. Asimismo, la incorporación del derecho a la reparación del daño en sede constitucional no basta, porque el diseño actual del juicio ha impedido hacerlo efectivo.


3. Véase el artículo 20, primer párrafo, de la Constitución Federal que literalmente establece:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación."


4. R., C., Derecho Penal, P. General, tomo I, Thomson-Civitas, Navarra, 2007, págs. 81 a 85.


5. G.S., L.F., La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal, Ed. I., Madrid, 2007, págs. 39-45; y C., "Conflicts as Property", British Jornal of Criminology, Vol. 17, núm. 1, 1976.


6. Resuelta en sesión de tres de noviembre de dos mil veintiuno, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía P.H., por mayoría de tres votos, de los Ministros A.G.O.M., J.L.G.A.C. y la Ministra Norma Lucía P.H. (ponente). En contra de los emitidos por la M.A.M.R.F. y el Ministro J.M.P.R..


7. Resuelto en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del M.J.R.C.D., por unanimidad de cinco votos.


8. Resuelto en sesión virtual de dos de diciembre de dos mil veinte, bajo la ponencia del Ministro A.G.O.M., por mayoría de cuatro votos de los Ministros y Ministras Norma Lucía P.H. (quien señaló estar con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones), A.M.R.F., J.M.P.R. y A.G.O.M. (ponente). En contra del emitido por el Ministro presidente J.L.G.A.C. (quien se reserva voto particular).


9. Resuelta en sesión de nueve de octubre de dos mil diecinueve, bajo la ponencia del Ministro J.M.P.R., por unanimidad de cinco votos de la M.N.L.P.H., quien se reservó su derecho a formular voto concurrente y los Ministros L.M.A.M., J.M.P.R. (ponente), A.G.O.M., y presidente J.L.G.A.C., quien se reservó su derecho a formular voto concurrente.


10. Firmada por diputados de los grupos parlamentarios de los partidos convergencia, revolución democrática y del trabajo.


11. De conformidad con el último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso comienza con la audiencia inicial.


12. "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

"El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial."


13. "Artículo 102.

"A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

"...

"Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine."


14. Resuelta en sesión de veinticinco de abril de dos mil doce, bajo la ponencia del M.A.Z.L. de L., por mayoría de cuatro votos de los Ministros J.M.P.R., G.I.O.M., O.S.C. de G.V. y presidente A.Z.L. de L. (ponente) en contra del emitido por el Ministro J.R.C.D. por lo que se refiere a la competencia y por unanimidad de cinco votos de los Ministros J.M.P.R., J.R.C.D., G.I.O.M., O.S.C. de G.V. y presidente A.Z.L. de L. (ponente) en cuanto al fondo del presente asunto.


15. Resuelto en sesión de veintiséis de junio de dos mil trece, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de L., A.G.O.M. (ponente), O.S.C. de G.V. y J.M.P.R. (presidente), con el voto en contra del Ministro J.R.C.D., quien se reservó su derecho de formular voto particular.


16. "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público.

"Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión."


17. "Artículo 335. Contenido de la acusación

"...

"La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa:

"I. La individualización del o los acusados y de su defensor;

"II. La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico;

"III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;

"IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren;

"V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado;

"VI. La expresión de los preceptos legales aplicables;

"VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación;

"VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo;

"IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos;

"X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma;

"XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;

"XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso; y,

"XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda.

"La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes.

"Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios."


18. "Artículo 117. Obligaciones del defensor

"Son obligaciones del defensor:

"...

"X. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables."


19. "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

"Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

"...

"XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables."

Esta sentencia se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 4 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Amparo, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de mayo de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

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