Ejecutoria num. 94/2017 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

EmisorPrimera Sala
JuezLuis María Aguilar Morales,Jorge Mario Pardo Rebolledo,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Norma Lucía Piña Hernández
Fecha de publicación10 Set 2021
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.

II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ES EL DE TREINTA DÍAS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU CELEBRACIÓN (CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S. EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y DE APROVECHAMIENTOS).

III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S. EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y DE APROVECHAMIENTOS).

IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.

V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO CUANDO UN MUNICIPIO IMPUGNA EL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN PARA COMPENSAR UN CRÉDITO FISCAL FIRME A SU CARGO, AUN CUANDO VAYA DIRIGIDO A UNA AUTORIDAD HACENDARIA (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

VI. ACTOS DE AUTORIDAD. SU MOTIVACIÓN PUEDE ESTAR EXCEPCIONALMENTE CONTENIDA EN UNO DIVERSO CUANDO SE TRATA DE ACTOS VINCULADOS, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE SEAN REITERADOS.

VII. PARTICIPACIONES FEDERALES. ES INNECESARIO REITERAR EN LA ORDEN DE SU RETENCIÓN LOS MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS DE DICHA DECISIÓN CUANDO SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN UN DIVERSO ACTO QUE HA SIDO DEL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO AFECTADO (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

VIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA RETENCIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE LAS DESTINADAS A UN MUNICIPIO PARA COMPENSAR EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES FIRMES A SU CARGO, CUANDO EXISTE CONVENIO QUE LO AUTORICE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

IX. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

X. HACIENDA MUNICIPAL. AUNQUE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE ELLA, ÚNICAMENTE LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

XI. PARTICIPACIONES FEDERALES. EXISTE LA POSIBILIDAD DE COMPENSACIÓN ENTRE LAS QUE CORRESPONDEN A UN MUNICIPIO Y LAS OBLIGACIONES QUE ÉSTE CONTRAJO CON EL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS RELACIONADOS CON LA OMISIÓN DE ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE SUS TRABAJADORES, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE CRÉDITOS FISCALES FIRMES Y EXISTA ACUERDO ENTRE LAS PARTES O LA LEY LO AUTORICE (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

XII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA RETENCIÓN, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LAS DESTINADAS A UN MUNICIPIO PARA COMPENSAR EL PAGO DE LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA OMISIÓN DE ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE SUS TRABAJADORES CUANDO SE TRATE DE CRÉDITOS FISCALES FIRMES Y EXISTA CONVENIO QUE LO AUTORICE, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA MUNICIPAL Y DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

XIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA COMPENSACIÓN DE ADEUDOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL SE REFIERE A LOS CRÉDITOS FISCALES QUE UN MUNICIPIO TIENE CON LA FEDERACIÓN Y NO A EMPRÉSTITOS O DEUDA PÚBLICA (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

XIV. CONVENIOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN. SI LOS TÉRMINOS EN QUE FUERON PACTADOS NO HAN SIDO MODIFICADOS, SIGUEN RIGIENDO PARA LOS MUNICIPIOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN NUEVO CABILDO, POR TRATARSE DE ENTES PÚBLICOS CUYOS COMPROMISOS ASUMIDOS LES OBLIGAN (OFICIO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL CONTIENE LA ORDEN DE RETENCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).



CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2017. MUNICIPIO DE SOLEDAD DE G.S., SAN LUIS POTOSÍ. 9 DE ENERO DE 2019. PONENTE: N.L.P.H.. SECRETARIO: A.P.R..

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día nueve de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS; para resolver la controversia constitucional citada al rubro.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. El catorce de marzo de dos mil diecisiete,(1) Y.D.L., quien se ostentó como representante legal y síndico del Municipio de S. de G.S., en San Luis Potosí, demandó al titular del Poder Ejecutivo, secretario de Hacienda y Crédito Público, jefe del servicio de Administración Tributaria, administrador general de Recaudación, administradora central de Programas Operativos con Entidades Federales, administrador desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1", directora general adjunta de Transferencias Federales, director general adjunto jurídico de C.F. y titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la invalidez de los actos siguientes:

a) El oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, y;

b) El convenio de colaboración veintiocho de "febrero" (sic) de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S..

SEGUNDO.—Trámite. El catorce de marzo de dos mil diecisiete,(2) el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el expediente 94/2017 y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía P.H. para que fungiera como instructora de acuerdo con el registro que al efecto llevaba la Subsecretaría General de Acuerdos.

El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional; tuvo como autoridad demandada a la Federación, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Federal, a quien requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación y precisó que no se reconocía con tal carácter al secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria, por tratarse de dependencias subordinadas al Poder demandado y ordenó dar vista al procurador general de la República.

Ampliación de la demanda. El once de mayo de dos mil diecisiete,(4) Y.D.L., representante legal y síndico del Municipio de G.S., en San Luis Potosí, amplió la demanda.

En dicha ampliación precisó como normas o actos cuya invalidez demandaba: el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S..

El quince de mayo de dos mil diecisiete,(5) la Ministra instructora admitió a trámite la ampliación de la demanda; tuvo como autoridad demandada a la Federación, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Federal a quien requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.

El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación, contestó la demanda; desestimó los conceptos de anulación expresados en la demanda y ofreció las pruebas que a su interés convino.(6)

El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete,(7) la Ministra instructora agregó el informe rendido por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación; tuvo por ofrecidas las pruebas; asimismo, por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y ordenó dar vista al Municipio actor y a la Procuraduría General de la República.

El treinta de junio de dos mil diecisiete, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación, interpuso recurso de reclamación en contra del auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, por el que se admitió a trámite la ampliación de la demanda; además, ad cautelam, contestó la ampliación de la demanda en la que desestimó los conceptos de anulación expresados y ofreció las pruebas que a su interés convino.(8)

El referido recurso de reclamación quedó radicado con el toca 70/2017, fue fallado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete por esta Primera Sala en el sentido de declarar fundado el medio de defensa y revocar el auto de quince de mayo de dos mil diecisiete en el que se admitió a trámite la ampliación formulada.

En la sustanciación de la controversia, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete,(9) la Ministra instructora tuvo por rendidos los alegatos formulados por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de la Federación.

El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete,(10) Y.D.L., representante legal y síndico del Municipio de G.S., en San Luis Potosí, interpuso incidente de falsedad de documentos el que se acordó el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, por la Ministra instructora.

El cinco de septiembre de dos mil diecisiete,(11) la Ministra instructora tuvo por rendidos los alegatos formulados por la Procuraduría General de la República.

El treinta de octubre de dos mil diecisiete,(12) la Ministra instructora desechó el incidente de falsedad de documentos, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Audiencia. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la instructora celebró la audiencia; tuvo por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, asimismo, por presentados los alegatos, además, dio cuenta con lo resuelto en el relatado recurso de reclamación 70/2017 y, finalmente, puso el expediente en estado de resolución.

Radicación en la Primera Sala. El doce de noviembre de dos mil dieciocho,(13) la presidencia de la Primera Sala acordó el avocamiento del asunto y ordenó su turno a la Ministra designada para elaborar el proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO.—Actos impugnados. Preliminarmente, se precisan los actos que se impugnan en la presente controversia constitucional.

Así, atento a la intención del Municipio actor y las constancias que integran la controversia, los actos cuya invalidez se impugna son:

• El oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, y;

• El convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., cuya fecha correcta es el veintiocho de abril de dos mil nueve.

TERCERO.—Improcedencia de la controversia, respecto del convenio de colaboración impugnado.

Esta Primera Sala considera que debe decretarse el sobreseimiento en la controversia, respecto del convenio de colaboración impugnado, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, habida cuenta que se impugna de manera extemporánea.

En la presente controversia, entre otros actos, el Ayuntamiento actor combate la invalidez del convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., cuya fecha correcta es el veintiocho de abril de dos mil nueve, debido a que en el oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete también impugnado, se citó dicho convenio, alegando desconocer su existencia en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, debido a que fue celebrado por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo.

Los artículos 19, fracción VII y 21 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución disponen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I.T. de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II.T. de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y,

"III.T. de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

Como se ve la ley establece, en lo aquí interesa, el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Dicho plazo se computará de la siguiente forma. Tratándose de actos: A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución y a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Como se advierte de las constancias de autos (foja 87 a 90) el convenio de colaboración impugnado, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S. es de veintiocho de abril de dos mil nueve. En efecto, en la fecha antes indicada, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidente, secretario y síndico del citado Municipio celebraron el convenio de colaboración con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero transitorio, fracción I, del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Por tanto, es a partir del día siguiente de esa fecha, antes referida, que corrió el término para impugnar el aludido convenio reclamado, es el veintinueve de abril de dos mil nueve, esto es, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento.

En esa lógica, de esa data, veintinueve de abril de dos mil nueve, a la presentación de la controversia constitucional, catorce de marzo de dos mil diecisiete, es evidente que transcurrió en exceso el término de treinta días, previsto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la presentación oportuna. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» del Artículo 105 de la Constitución, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, ya que dicho acto se impugna de manera extemporánea y procede decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional respecto del multicitado convenio.

No pasa desapercibido para esta Primera Sala que el Municipio actor exprese desconocer su existencia en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, habida cuenta que el Municipio es un ente público que si bien se integra por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo, lo cierto es que, los compromisos asumidos le obligan.

CUARTO.—Oportunidad respecto del oficio impugnado. Es pertinente precisar que exclusivamente se atenderá a la oportunidad del escrito inicial de la controversia, toda vez que si bien se admitió la ampliación formulada por el Municipio actor, lo cierto es que, el acuerdo correspondiente fue revocado, al resolver el recurso de reclamación 70/2017, por esta Primera Sala.

Precisado lo anterior, la controversia está presentada oportunamente, como se pasa a demostrar:

El artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia establece el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Dicho plazo se computará de la siguiente forma.(14)

Tratándose de actos:

a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;

c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso de normas generales:(15)

d. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;

e. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

Ahora, en la presente controversia, el Municipio actor demandó la invalidez del oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete.

Como se advierte de la constancia que integran la controversia constitucional, el citado oficio fue notificado al Municipio actor el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, vía paquetería M.; por tanto, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que se ostentó sabedor del mismo, esto es, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.(16)

Así, tomando la referida fecha, se concluye que la demanda en contra del citado oficio se interpuso de manera oportuna, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, venció el siete de abril de dos mil diecisiete(17) y la demanda fue presentada el catorce de marzo de dos mil diecisiete,(18) esto es, dentro del plazo legal referido.

QUINTO.—Legitimación activa. Y.D.L., quien signó la controversia, ostentándose como representante legal y síndico de G.S., San Luis Potosí, tiene legitimación para acudir en representación del Municipio de S. de G.S., San Luis Potosí, pues demostró tener tal cargo con la copia certificada de la declaración de validez de la elección de los cincuenta y ocho Ayuntamientos comprendidos en el Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán ejerciendo del primero de octubre del año dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la cual acompañó a su demanda,(19) de la que se advierte que fue declarada síndico del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio Libre de S. de G.S., San Luis Potosí y, finalmente, el Municipio actor es un órgano legitimado para promover la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin que sea óbice de lo anterior que a la fecha en la que se resuelve la presente controversia constitucional haya finalizado el periodo antes referido, pues lo cierto es que la controversia fue presentada durante la vigencia del nombramiento de la signante de la controversia, esto es, como representante legal y síndico del Municipio Libre de S. de G.S., San Luis Potosí.

SEXTO.—Legitimación pasiva. A.H.C.C., consejero jurídico del Ejecutivo Federal, compareció en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene legitimación pues acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento como consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal.(20)

SÉPTIMO.—Estudio de la improcedencia de la controversia alegada por las partes respecto del oficio impugnado.

El Ejecutivo Federal aduce respecto del acto consistente en el oficio 400-07-00-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II» de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, habida cuenta que no resiente una afectación, pues dicho oficio está dirigido al titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se trata de una solicitud y no un acto de ejecución, además, la afectación de las participaciones federales ahí contenidas está encaminada al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el que debió haber ejecutado la compensación, sin que el mencionado gobierno hubiese impugnado tal acto.

Es infundada la causal de improcedencia propuesta. Contrariamente a lo que expone la citada autoridad demandada, el Municipio actor tiene interés legítimo para promover la controversia constitucional.

Si bien el oficio impugnado 400-07-00-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, está dirigido al titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; lo cierto es que del contenido se desprende la afectación al Municipio actor, toda vez que contiene la orden de retener las participaciones que en ingresos federales correspondían al Municipio, por una cantidad de $7'905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo por la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, de conformidad con lo estipulado en el convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno Federal y el Municipio de S. de G.S., en San Luis Potosí de veintiocho de abril de dos mil nueve.

Así, a pesar de que el citado oficio no está dirigido al Municipio actor, sí es un acto que le afecta, pues contiene la orden de retener, esto es, afectar las participaciones federales del Municipio actor ahí contenidas, a través de la compensación, pues se trata de una determinación que ordena menoscabar las participaciones federales de manera directa; circunstancia que le genera el interés legítimo para promover la controversia constitucional en contra del citado oficio 400-07-00-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete. De ahí que la causal de improcedencia propuesta por la autoridad demandada deviene infundada.

No existiendo ninguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento propuesta por las partes ni que este Alto Tribunal advierta, procede el estudio de fondo del asunto.

OCTAVO.—Conceptos de invalidez. El Municipio actor expresa los argumentos de invalidez siguientes:

Primero

• El oficio número 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de audiencia, así como la debida fundamentación y motivación, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque parte de una fundamentación y motivación inconducente, pues contiene una falta de claridad respecto a cuáles son los créditos fiscales que se tiene por parte del Municipio actor, la naturaleza de éstos y la autoridad que los determinó, además le deja en un estado de indefensión, pues le impide una defensa adecuada.

• En el oficio impugnado la autoridad demandada pasó por alto cuál era la información y los hechos que originaron los créditos fiscales fincados a su cargo, además, no contiene en sí mismo y a detalle los fundamentos y motivos, siendo inconducente que en el oficio se mencione el "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho, porque no comprende adeudos del ejercicio dos mil trece, pues el referido decreto se refiere a condonaciones y adeudos correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil cinco y anteriores para los ejercicios fiscales de dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once.

• El oficio combatido es ilegal, ya que es errónea la fundamentación y motivación que esgrime la autoridad demandada, toda vez que el decreto que invoca no comprende adeudos del ejercicio de dos mil trece, además repite y no precisa los supuestos créditos fincados a cargo del Municipio actor ni porque están firmes, tampoco la situación o estado de mora que guarda el Municipio.

• En apoyo de tal argumentación invoca la jurisprudencia P./J. 44/2005, del Pleno del Alto Tribunal Federal, cuyo rubro informa: "PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA SU AFECTACIÓN ES NECESARIO QUE PREVIAMENTE SE CONFIRME LA EXISTENCIA DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982."

Segundo

• El oficio impugnado es contrario a lo dispuesto en los artículos 14, 16, 115, 124 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 9o. de la Ley de C.F., porque la autoridad demandada carece de facultades para afectar las participaciones en los ingresos federales que le corresponden al Municipio de S. de G.S., en San Luis Potosí.

• El Municipio actor no se encuentra en ninguno de los supuestos que indica el artículo 9o. de la Ley de C.F., pues el citado numeral prevé que las participaciones correspondientes al Municipio son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, no pueden estar sujeto a retención alguna, únicamente, pueden ser afectadas ciertas participaciones en garantía como fuentes de pago de las obligaciones contraídas por las entidades o Municipios con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas en el Registro Público Único de conformidad con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

• En el caso no se contrajo obligación o empréstito alguno o, bien, existe pago alguno pendiente; por tanto, no existe afectación alguna aprobada por la Legislatura del Estado de San Luis Potosí, de ahí que la fundamentación y motivación del oficio impugnado es inconducente.

• En apoyo de tal planteamiento cita la jurisprudencia P./J. 40/2005, del Pleno del Alto Tribunal Federal cuyo rubro informa: "PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE."

• Las participaciones no pueden ser afectadas por compensación con motivo de un adeudo derivado de créditos fiscales, ya que la Ley de Coordinación no lo permite, pues a lo que se refiere el tercer párrafo del artículo 9o. de la citada ley es: "... a compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley lo autorice."

• El vocablo "obligaciones" debe ser entendido como empréstito o deuda pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de C.F., así como de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y de los Municipios; consecuentemente, el término obligaciones no se refiere a adeudos derivados de créditos fiscales.

Tercero

• No se celebró un convenio entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Ayuntamiento del Municipio actor de veintiocho de febrero de dos mil nueve, al que refiere el punto segundo del oficio reclamado.

• En el supuesto de que exista el citado convenio, el mismo no cumple con las prescripciones que para los actos que excedan el término de la administración de un Ayuntamiento establece la Constitución del Estado de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, ya que la administración de un Municipio dura en el encargo un término máximo de tres años, siendo el convenio de veintinueve de febrero de dos mil nueve, por lo que corresponde a otra administración, siendo ésa la que inició su gestión el día uno de octubre de dos mil quince y culminaría hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho.

• En caso de existir el convenio, lo cierto es que, no cuenta con la autorización de las dos terceras partes del Cabildo de la administración municipal, relativa a tal fecha y que se haya presentado en el Congreso de la Unión para su relativa validez, además, no pudo extender su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.

Cuarto

• El oficio impugnado proviene de autoridad incompetente, pues no tiene facultades para ordenar, solicitar o comunicar que se afecten las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, máxime que ninguno de los dispositivos que se invocan le dan facultades y competencia para emitir un acto como el impugnado; por tanto, deviene de una autoridad incompetente.

Contestación del Poder Ejecutivo Federal a la demanda principal. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Poder Ejecutivo Federal, contestó la demanda; argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• El Municipio actor no aduce una invasión de competencias sino una supuesta vulneración a garantías constitucionales, lo que no constituye materia en este medio de control constitucional.

• El oficio impugnado está debidamente fundado y motivado, se invocaron los artículos 1, primer párrafo, 2, apartado B, fracción I, inciso g), 5, primer párrafo, 11, fracciones I y VII, 12, fracciones VII y IX, 13 fracciones I y II, 16, primer párrafo, fracción XXI y tercer párrafo, numeral 7 y 17, párrafo primero, apartado G, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT), señalando que la autoridad demandada está facultada para notificar los actos de otras autoridades fiscales que remitan créditos fiscales para su cobro; mismos que pueden efectuar a través del procedimiento administrativo de ejecución, contenido en el capítulo III del Código Fiscal de la Federación.

• El oficio impugnado se emitió con la intención de solicitar a diversa autoridad administrativa que efectué la compensación de los créditos fiscales firmes determinados al Municipio actor respecto de las participaciones a que tiene derecho, debido a una omisión en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de dos mil trece.

• La autoridad demandada cuenta con facultades suficientes para emitir el acto que se reclama, porque existe documento determinante que se encuentra firme, en virtud de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que confirmó la sentencia de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se reconoció la validez del oficio impugnado.

• El oficio combatido se ubica dentro de las acciones que comprenden el procedimiento administrativo de ejecución, regulado en el capítulo III del Código Fiscal de la Federación, a través del cual las autoridades fiscales exigen el pago de créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en el referido ordenamiento.

• La Tesorería de la Federación realizó la compensación de participaciones federales, derivado de los créditos fiscales que tiene a su cargo el Municipio actor, dado el incumplimiento de sus obligaciones fiscales que fueron determinadas en el oficio 500-54-00-02-01-2015-11669, la que se acredita con la constancia de compensación de participaciones número 15912.

• El acto jurídico en virtud del cual se le comunica al Municipio actor de la compensación de dichos créditos fiscales de sus participaciones efectuada, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, es del oficio 400-51-00-04-00-207-2095 de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, signado por el administrador desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1" del Servicio de Administración Tributaria; oficio que se encuentra debidamente fundado y motivado.

• Contrario a lo alegado por el Municipio actor, éste manifestó su conformidad con carácter de irrevocable para que se continuara con la compensación de todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, con motivo del incumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta, a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales previstos en el decreto de origen, por lo que la compensación efectuada, está plenamente fundada en derecho y dicho convenio se encuentra plenamente fundado en derecho, toda vez que el veintiocho de abril de dos mil nueve, el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio actor lo celebraron.

• Adverso a lo expuesto por el Municipio actor, la autorización concedida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el efecto de llevar a cabo las compensaciones de participaciones federales necesarias, derivado del incumplimiento de sus obligaciones fiscales que constituyen créditos fiscales firmes, adquirió vigencia a partir del uno de enero de dos mil nueve, sin establecerse un límite de tiempo hacia el futuro y, por el contrario, con base en lo dispuesto en los artículos tercero, fracción I y cuarto del decreto impugnado, se estableció claramente dicha autorización.

• El convenio en cita no es vinculante, en virtud de que lo celebró una administración anterior, pues de las declaraciones y cláusulas primera y tercera del mismo se desprende que el Municipio actor cumplió con todos los requisitos con el fin de estar en posibilidad de celebrar dicho convenio como irrevocable y que su vigencia se prolongaría a partir de dos mil nueve hacia futuras administraciones.

Opinión del procurador general de la República. Al formular su opinión, el representante de la citada procuraduría expuso argumentos tendentes a evidenciar que, adverso a lo que pondera el Municipio actor, se encuentra obligado a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales contraídas y la autoridad demandada, se encuentra facultada para solicitar la afectación de las participaciones federales que le corresponden vía compensación.

NOVENO.—Cuestiones necesarias para resolver. A efecto de justificar la decisión adoptada por esta Primera Sala, conviene precisar los siguientes antecedentes:

La autoridad demandada titular del Ejecutivo Federal, a través del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, al rendir el informe, sustancialmente, manifestó lo siguiente:

1. El dieciocho de septiembre de dos mil quince, la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria emitió el oficio 500-54-00-002-01-2015-11669, en el que se determinó un crédito fiscal al Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; enero y febrero de dos mil catorce, cuyo monto ascendió a la cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional). Acompañando copia de la determinativa del crédito fiscal.

2. El veintiuno de septiembre de dos mil quince, la autoridad hacendaria notificó al Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, la determinativa del crédito fiscal referido. Anexando copia de las constancias de notificación.

3. El veinte de noviembre de dos mil quince, los ejecutores del Servicio de Administración Tributaria iniciaron el procedimiento de ejecución, en el que se asentaron que la persona con la que se entendió la diligencia, manifestó que el Municipio no tenía la posibilidad de realizar el pago; asimismo, que de una inspección ocular en el domicilio se advertía que no se localizaban bienes susceptibles de embargo. Agregando copia de las constancias de dicha diligencia.

4. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, promovió juicio contencioso administrativo en contra del oficio 500-54-00-002-01-2015-11669 de dieciocho de septiembre de dos mil quince, que contiene la determinativa del crédito fiscal antes reseñado.

5. La S.F. que conoció del citado juicio contencioso resolvió en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.

6. Inconforme con la decisión anterior, el Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, promovió la acción de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el que negó la protección constitucional solicitada.

7. El catorce de enero de dos mil dieciséis, el administrador desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1" del Servicio de Administración Tributaria emitió el oficio 400-51-00-04-00-2016-195 en el que informó al Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, que la Tesorería de la Federación realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15464 de veintiocho de diciembre de dos mil quince, por un total de $274,983.00 (doscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a la determinante del crédito fiscal, contenido en el oficio 500-54-00-002-01-2015-11669, de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S. de acuerdo con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho. Anexando copia de las constancias respectivas.

8. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el administrador desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1" del Servicio de Administración Tributaria emitió el oficio 400-51-00-04-00-2016-8370 en el que informó al Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, que la Tesorería de la Federación realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15816 de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por un total de $4'134,170.00 (cuatro millones ciento treinta y cuatro mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a la determinante del crédito fiscal, contenido en el oficio 500-54-00-002-01-2015-11669, también de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de acuerdo con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho. Agregando copia de las constancias respectivas.

9. El doce de enero de dos mil diecisiete, el administrador desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1" del Servicio de Administración Tributaria emitió el oficio 400-51-00-04-00-2016-8370 en el que informó al Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, que la Tesorería de la Federación realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15848 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, por un total de $4'379,106.00 (cuatro millones trescientos setenta y nueve mil ciento seis pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a la determinante del crédito fiscal, contenido en el oficio 500-54-00-002-01-2015-11669 de igual modo de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de acuerdo con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho. Acompañando copia de las constancias respectivas.

10. El trece de febrero de dos mil diecisiete, la administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas del Servicio de Administración Tributaria emitió el oficio 400-07-00-00-00-2017-0073, en el que solicitó al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas que se afecten las participaciones que en ingresos federales correspondían al Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí, a través del Gobierno del Estado, por una cantidad de $7'905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo, relacionándolos con la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de "febrero" (sic) de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de acuerdo con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho. Se anexa copia del citado oficio que constituye el acto sujeto a análisis.

Como se ve, de lo relatado, la autoridad hacendaria del Servicio de Administración Tributaria fincó al Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí un crédito fiscal en cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional) por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; enero y febrero de dos mil catorce.

Dicho crédito fiscal fue impugnado ante las instancias jurisdiccionales por el Municipio actor siendo adverso el resultado, tanto en la vía jurisdiccional contenciosa como en vía la constitucional; en consecuencia, ante la firmeza del crédito fiscal determinado, la autoridad hacendaria del Servicio de Administración Tributaria inició el procedimiento de ejecución; requirió el pago del crédito fiscal referido, el que no se obtuvo. Frente a la imposibilidad de pago por parte del Municipio, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, a través de la Tesorería de la Federación procedieron al cobro del crédito fiscal, mediante la retención en las participaciones del Municipio, mediante la figura jurídica de la compensación, de conformidad con el convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S. de veintiocho de abril de dos mil nueve en términos del decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

DÉCIMO.—Estudio. Precisado lo anterior, a juicio de esta Primera Sala, son infundados los razonamientos expresados por el Municipio actor para declarar la invalidez del oficio impugnado.

La materia de estudio en la presente controversia está relacionada con el análisis de la constitucionalidad de la afectación a las participaciones del Municipio, por concepto de cumplimiento de pago de obligaciones, vía compensación, a través del oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, signado por la administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria con sustento en el convenio de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S..

Como se relató en párrafos que anteceden, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, la autoridad hacendaria Administradora Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal a cargo del Municipio actor en cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional) por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; así como, de enero y febrero de dos mil catorce; crédito fiscal que quedó firme; por tanto, la autoridad hacendaria inició el procedimiento de ejecución.

Ante la imposibilidad de pago manifestada por parte del Municipio actor, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, a través de la Tesorería de la Federación procedieron al cobro del crédito fiscal, mediante la retención de las participaciones del Municipio, a través de la figura jurídica de la compensación, de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Pues bien, sobre esa base, deviene infundado lo expresado por el Municipio actor, bajo la línea argumentativa de que el oficio impugnado es contrario a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la falta de claridad respecto de los créditos fiscales fincados, la naturaleza de éstos, la autoridad que los determinó, así como por no contener la información y hechos detallada que los originaron, porque los créditos fiscales no están firmes, además porque no precisa la situación o estado de mora que guarda el Municipio, impidiéndole una defensa adecuada.

Este Alto Tribunal ha establecido que un principio general es que todo acto de autoridad debe estar adecuadamente motivado, esto es, en el cuerpo del acto y no en uno distinto las razones, deben constar debida y suficientemente los motivos o circunstancias que originan la decisión de la autoridad a efecto de que el destinatario las conozca y esté en aptitud material y jurídica de hacer valer lo que en derecho considere; sin embargo, excepcionalmente y atendiendo a los casos en particular, esos motivos pueden estar contenidos en un diverso acto u actos de autoridad con los que guarda relación, es decir, cuando se trata de actos vinculados, por lo que no es necesario que sean reiterados, pues ya se indicaron en ese otro acto u actos, es decir, es innecesario reiterarlos en cada acto afín, lo que implica que el acto primigenio debe contener una motivación suficiente que le permita conocer el origen de esa decisión, justamente, a efecto de que se esté en aptitud material y jurídica de conocerlo y de hacer valer lo que en derecho considere. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 188/2010, de la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, que esta Primera Sala comparte, cuyo rubro informa: "FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA IMPONER SANCIONES RELACIONADAS CON UNA VISITA DOMICILIARIA. ES INNECESARIO INVOCAR NUEVAMENTE LOS PRECEPTOS QUE LA FACULTAN PARA ORDENAR LA VISITA."(21)

En esa lógica, si bien el oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, no refiere lo expresado por el Municipio actor, esto es, los créditos fiscales fincados, la naturaleza de éstos, la autoridad que los determinó, la información y hechos detallados que los originaron, su firmeza o no, la situación o estado de mora que guarda; lo cierto es que, del contenido del mismo se infiere que la decisión ahí expresada obedece a razones, motivos o circunstancias contenidas en un diverso acto u actos de autoridad que son del conocimiento del Municipio actor, pues en el referido oficio se alude a que la determinación ahí tomada en el sentido de ordenar que se afecten las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Municipio actor por una cantidad de $7'905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo, relacionándolos con la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, deriva de que la autoridad hacendaria expresó que ha llevado a cabo diversas acciones para la recuperación del adeudo señalado, sin que hubiese obtenido respuesta favorable del Municipio, lo que permite advertir que, justamente, en un diverso acto o actos, la autoridad hacendaria fincó un crédito fiscal al Municipio y que no ha sido ejecutado y de donde se puede inferir que el Municipio actor tiene noticia del crédito fiscal, la naturaleza de éste, la autoridad que lo determinó, la firmeza o no de éste y la situación o estado que guarda el Municipio frente a ese crédito fiscal.

Más aún, que existen constancias en la controversia en la que se actúa de las que se infiere que no desconoce los créditos fiscales fincados, la naturaleza de éstos, la autoridad que los determinó, la información y hechos detallados que los originaron, la firmeza de los créditos pues, como se relató, la autoridad demandada acredita que la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal a cargo del Municipio actor en cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional) por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; así como de enero y febrero de dos mil catorce; crédito fiscal que quedó firme, derivado de lo desfavorable que fue a sus intereses la defensa que formuló en la vía contenciosa y también constitucional en contra del citado oficio 500-54-00-002-01-2015-11669, lo que originó que se iniciara el procedimiento de ejecución y ante la imposibilidad de pago por parte del Municipio actor, las autoridades hacendarias del Servicio de Administración Tributaria, a través de la Tesorería de la Federación procedieron al cobro del crédito fiscal, mediante la retención de las participaciones del Municipio, a través de la figura jurídica de la compensación, lo que efectuaron a través de los diversos oficios reseñados: el oficio 400-51-00-04-00-2016-195 en el que se realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15464 de veintiocho de diciembre de dos mil quince, por un total de $274,983.00 (doscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); el oficio 400-51-00-04-00-2016-8370 en el que se realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15816 de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por un total de $4'134,170.00 (cuatro millones ciento treinta y cuatro mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional) y el oficio 400-51-00-04-00-2016-8370 en el que se realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15848 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, por un total de $4'379,106.00 (cuatro millones trescientos setenta y nueve mil ciento seis pesos 00/100 moneda nacional) .

En ese sentido, el oficio impugnado 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, se expidió por la administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas con la finalidad nuevamente de afectar las participaciones que en ingresos federales correspondían al Municipio actor, a través del Gobierno del Estado, ahora por la cantidad de $7'905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo, relacionándolos con la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de "febrero" (sic) de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Bajo esa lógica, aun cuando los recursos provenientes de las participaciones federales se encuentran protegidos por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expresadas por el Municipio actor antes referidas, tal circunstancia no trae consigo, la invalidez del oficio impugnado 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, habida cuenta que su contenido, únicamente, pone de manifiesto nuevamente el cumplimiento de la determinativa de crédito que le fue fincado en cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional) por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; asimismo, enero y febrero de dos mil catorce, que se venía ejecutando derivado de que el crédito fiscal quedó firme, entonces, la obligación de pago exigible y la manifestación del Municipio actor de no poder efectuarlo, previo requerimiento de pago.

En diverso aspecto, en esa línea de pensamiento, también son infundados los razonamientos expresados por el Municipio actor, bajo la línea argumentativa de que el oficio impugnado vulnera lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad demandada carece de facultades para afectar las participaciones en los ingresos federales que le corresponde; además, porque no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 9o. de la Ley de C.F., pues no se autorizó por la Legislatura del Estado ni está inscrito en el Registro Público Único de conformidad con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Asimismo, porque el tercer párrafo del artículo 9o. de la citada ley, se refiere a compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esa ley lo autorice; porque el vocablo "obligaciones" debe ser entendido como empréstito o deuda pública y no a adeudos derivados de créditos fiscales; porque no se celebró un convenio de colaboración entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio actor y, en caso de que exista, no cuenta con la autorización de las dos terceras partes del Cabildo de la administración municipal, además, no pudo extenderse su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.

El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal que el Municipio actor estima es transgredido con la emisión del oficio impugnado, en lo que al caso interesa, es del tenor siguiente:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

(Reformada, D.O.F. 3 de febrero de 1983)
"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados."

Del precepto transcrito se desprende, en esencia, las bases que rigen en materia municipal relacionadas con su hacienda y libre administración hacendaria.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes(22) se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo al tema de la hacienda municipal.

Este Alto Tribunal Federal ha sostenido que la fracción IV de este precepto establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve– para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Lo anterior se advierte de la tesis aislada 1a. CXI/2010,(23) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

En el aspecto que nos ocupa, se ha señalado esencialmente, lo siguiente: que el referido numeral consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales. El principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(24)

Se ha dicho básicamente que sólo las participaciones están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria, pues son recursos pre etiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de C.F., aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una pre etiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(25)

El artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

Por su parte, el artículo 9o. de la Ley de C.F., vigente el veintiocho de abril de dos mil nueve, dispone:

"Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; enero y febrero de dos mil catorce.

Dicho crédito fiscal fue impugnado ante las instancias jurisdiccionales por el Municipio actor siendo adverso el resultado, tanto en la vía jurisdiccional contenciosa como en vía la constitucional; en consecuencia, ante la firmeza del crédito fiscal determinado, la autoridad hacendaria del Servicio de Administración Tributaria inició el procedimiento de ejecución; requirió el pago del crédito fiscal referido, el que no se obtuvo. Frente a la imposibilidad de pago por parte del Municipio, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, a través de la Tesorería de la Federación procedieron al cobro del crédito fiscal, mediante la retención en las participaciones del Municipio, mediante la figura jurídica de la compensación, de conformidad con el convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S. de veintiocho de abril de dos mil nueve en términos del decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

DÉCIMO.—Estudio. Precisado lo anterior, a juicio de esta Primera Sala, son infundados los razonamientos expresados por el Municipio actor para declarar la invalidez del oficio impugnado.

La materia de estudio en la presente controversia está relacionada con el análisis de la constitucionalidad de la afectación a las participaciones del Municipio, por concepto de cumplimiento de pago de obligaciones, vía compensación, a través del oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, signado por la administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria con sustento en el convenio de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S..

Como se relató en párrafos que anteceden, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, la autoridad hacendaria Administradora Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal a cargo del Municipio actor en cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional) por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; así como, de enero y febrero de dos mil catorce; crédito fiscal que quedó firme; por tanto, la autoridad hacendaria inició el procedimiento de ejecución.

Ante la imposibilidad de pago manifestada por parte del Municipio actor, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, a través de la Tesorería de la Federación procedieron al cobro del crédito fiscal, mediante la retención de las participaciones del Municipio, a través de la figura jurídica de la compensación, de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Pues bien, sobre esa base, deviene infundado lo expresado por el Municipio actor, bajo la línea argumentativa de que el oficio impugnado es contrario a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la falta de claridad respecto de los créditos fiscales fincados, la naturaleza de éstos, la autoridad que los determinó, así como por no contener la información y hechos detallada que los originaron, porque los créditos fiscales no están firmes, además porque no precisa la situación o estado de mora que guarda el Municipio, impidiéndole una defensa adecuada.

Este Alto Tribunal ha establecido que un principio general es que todo acto de autoridad debe estar adecuadamente motivado, esto es, en el cuerpo del acto y no en uno distinto las razones, deben constar debida y suficientemente los motivos o circunstancias que originan la decisión de la autoridad a efecto de que el destinatario las conozca y esté en aptitud material y jurídica de hacer valer lo que en derecho considere; sin embargo, excepcionalmente y atendiendo a los casos en particular, esos motivos pueden estar contenidos en un diverso acto u actos de autoridad con los que guarda relación, es decir, cuando se trata de actos vinculados, por lo que no es necesario que sean reiterados, pues ya se indicaron en ese otro acto u actos, es decir, es innecesario reiterarlos en cada acto afín, lo que implica que el acto primigenio debe contener una motivación suficiente que le permita conocer el origen de esa decisión, justamente, a efecto de que se esté en aptitud material y jurídica de conocerlo y de hacer valer lo que en derecho considere. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 188/2010, de la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, que esta Primera Sala comparte, cuyo rubro informa: "FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA IMPONER SANCIONES RELACIONADAS CON UNA VISITA DOMICILIARIA. ES INNECESARIO INVOCAR NUEVAMENTE LOS PRECEPTOS QUE LA FACULTAN PARA ORDENAR LA VISITA."(21)

En esa lógica, si bien el oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, no refiere lo expresado por el Municipio actor, esto es, los créditos fiscales fincados, la naturaleza de éstos, la autoridad que los determinó, la información y hechos detallados que los originaron, su firmeza o no, la situación o estado de mora que guarda; lo cierto es que, del contenido del mismo se infiere que la decisión ahí expresada obedece a razones, motivos o circunstancias contenidas en un diverso acto u actos de autoridad que son del conocimiento del Municipio actor, pues en el referido oficio se alude a que la determinación ahí tomada en el sentido de ordenar que se afecten las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Municipio actor por una cantidad de $7'905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo, relacionándolos con la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, deriva de que la autoridad hacendaria expresó que ha llevado a cabo diversas acciones para la recuperación del adeudo señalado, sin que hubiese obtenido respuesta favorable del Municipio, lo que permite advertir que, justamente, en un diverso acto o actos, la autoridad hacendaria fincó un crédito fiscal al Municipio y que no ha sido ejecutado y de donde se puede inferir que el Municipio actor tiene noticia del crédito fiscal, la naturaleza de éste, la autoridad que lo determinó, la firmeza o no de éste y la situación o estado que guarda el Municipio frente a ese crédito fiscal.

Más aún, que existen constancias en la controversia en la que se actúa de las que se infiere que no desconoce los créditos fiscales fincados, la naturaleza de éstos, la autoridad que los determinó, la información y hechos detallados que los originaron, la firmeza de los créditos pues, como se relató, la autoridad demandada acredita que la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal a cargo del Municipio actor en cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional) por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; así como de enero y febrero de dos mil catorce; crédito fiscal que quedó firme, derivado de lo desfavorable que fue a sus intereses la defensa que formuló en la vía contenciosa y también constitucional en contra del citado oficio 500-54-00-002-01-2015-11669, lo que originó que se iniciara el procedimiento de ejecución y ante la imposibilidad de pago por parte del Municipio actor, las autoridades hacendarias del Servicio de Administración Tributaria, a través de la Tesorería de la Federación procedieron al cobro del crédito fiscal, mediante la retención de las participaciones del Municipio, a través de la figura jurídica de la compensación, lo que efectuaron a través de los diversos oficios reseñados: el oficio 400-51-00-04-00-2016-195 en el que se realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15464 de veintiocho de diciembre de dos mil quince, por un total de $274,983.00 (doscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); el oficio 400-51-00-04-00-2016-8370 en el que se realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15816 de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por un total de $4'134,170.00 (cuatro millones ciento treinta y cuatro mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional) y el oficio 400-51-00-04-00-2016-8370 en el que se realizó retención mediante constancia de compensación de participaciones con número 15848 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, por un total de $4'379,106.00 (cuatro millones trescientos setenta y nueve mil ciento seis pesos 00/100 moneda nacional) .

En ese sentido, el oficio impugnado 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, se expidió por la administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas con la finalidad nuevamente de afectar las participaciones que en ingresos federales correspondían al Municipio actor, a través del Gobierno del Estado, ahora por la cantidad de $7'905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo, relacionándolos con la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, de conformidad con el convenio de colaboración de veintiocho de "febrero" (sic) de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Bajo esa lógica, aun cuando los recursos provenientes de las participaciones federales se encuentran protegidos por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expresadas por el Municipio actor antes referidas, tal circunstancia no trae consigo, la invalidez del oficio impugnado 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete, habida cuenta que su contenido, únicamente, pone de manifiesto nuevamente el cumplimiento de la determinativa de crédito que le fue fincado en cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional) por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; asimismo, enero y febrero de dos mil catorce, que se venía ejecutando derivado de que el crédito fiscal quedó firme, entonces, la obligación de pago exigible y la manifestación del Municipio actor de no poder efectuarlo, previo requerimiento de pago.

En diverso aspecto, en esa línea de pensamiento, también son infundados los razonamientos expresados por el Municipio actor, bajo la línea argumentativa de que el oficio impugnado vulnera lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad demandada carece de facultades para afectar las participaciones en los ingresos federales que le corresponde; además, porque no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 9o. de la Ley de C.F., pues no se autorizó por la Legislatura del Estado ni está inscrito en el Registro Público Único de conformidad con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Asimismo, porque el tercer párrafo del artículo 9o. de la citada ley, se refiere a compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esa ley lo autorice; porque el vocablo "obligaciones" debe ser entendido como empréstito o deuda pública y no a adeudos derivados de créditos fiscales; porque no se celebró un convenio de colaboración entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio actor y, en caso de que exista, no cuenta con la autorización de las dos terceras partes del Cabildo de la administración municipal, además, no pudo extenderse su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.

El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal que el Municipio actor estima es transgredido con la emisión del oficio impugnado, en lo que al caso interesa, es del tenor siguiente:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

(Reformada, D.O.F. 3 de febrero de 1983)
"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados."

Del precepto transcrito se desprende, en esencia, las bases que rigen en materia municipal relacionadas con su hacienda y libre administración hacendaria.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes(22) se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo al tema de la hacienda municipal.

Este Alto Tribunal Federal ha sostenido que la fracción IV de este precepto establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve– para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Lo anterior se advierte de la tesis aislada 1a. CXI/2010,(23) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

En el aspecto que nos ocupa, se ha señalado esencialmente, lo siguiente: que el referido numeral consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales. El principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(24)

Se ha dicho básicamente que sólo las participaciones están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria, pues son recursos pre etiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de C.F., aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una pre etiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(25)

El artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

Por su parte, el artículo 9o. de la Ley de C.F., vigente el veintiocho de abril de dos mil nueve, dispone:

"Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

"Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo cundo (sic) a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

"Las entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

"No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

"El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de C.F., podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

"En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y Municipios."

La Ley de C.F. que tiene como finalidad, entre otras cuestiones, coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales y, como se ve de lo transcrito, establece que las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables, no se podrán afectar a fines específicos ni estar sujetas a retención, pero no estarán sujetas a lo anterior las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones y procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice. Asimismo, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de C.F., podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

Con relación a esto último, la autoridad demandada expresó y acreditó que el veintinueve de abril de dos mil nueve, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., celebraron convenio de colaboración de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Dicho convenio de colaboración es del tenor siguiente:

"Convenio que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo se le denominará la "Secretaría", representada por su titular el C.A.G.C.C., y por la otra el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S.S. del Estado de San Luis Potosí S.L.P. al que en lo sucesivo se le denominará el "Municipio", representado por los CC. J.M.V.G., L.. J.L.N.M. y L.. Ma. Santos R.S.L., en su carácter de presidente, secretario y síndico del Ayuntamiento de S. de G.S.S. respectivamente, al tenor de los siguientes

"CONSIDERANDOS:

"Que el artículo segundo, fracción V del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios’, publicado en Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, establece que el Ejecutivo Federal debe diseñar un programa para la regularización de adeudos que las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, tengan con la Federación por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, así como la regularización de los adeudos que tenga la Federación con los citados entes por adeudos de contribuciones locales;

"Que en cumplimiento a lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal emitió el ‘Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos’, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2009:

"Que el decreto mencionado en el considerando anterior prevé que las entidades federativas y Municipios, así como las demarcaciones del Distrito Federal que deseen acogerse a los beneficios fiscales establecidos en dicho instrumento en materia del impuesto sobre la renta, deberán, entre otras cosas, celebrar a más tardar el 30 de abril de 2009 un convenio con el Gobierno Federal, a través de la ‘Secretaría’, en el cual manifiesten de forma expresa y con carácter de irrevocable su consentimiento para que, conforme a lo previsto en el artículo 9o., cuarto párrafo de la Ley de C.F., las participaciones federales que les correspondan conforme a lo previsto en el capítulo I de dicha ley, puedan utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del 1 de enero de 2009, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes, y;

"Que por lo anterior, es necesario celebrar el presente convenio, para lo cual emiten las siguientes:

"Declaraciones

"I. Declara la ‘Secretaría’ por conducto de su representante, que:

"a) Es una dependencia de la administración pública federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 2o., fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"b) Su representante cuenta con facultades para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. y 6o., fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"II. Declara el ‘Municipio’, por conducto de sus representantes que:

"a) En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, es el orden del gobierno que constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de San Luis Potosí S.L.P.

"b) Sus representantes se encuentran facultados para suscribir el presente convenio en términos de lo establecido en los artículos 70, fracción IV y 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.

"c) Para la formalización del presente convenio se ha cumplido con las disposiciones legales y administrativas locales aplicables.

"De acuerdo con las declaraciones anteriores, la ‘Secretaria’ y el ‘Municipio’, celebran el presente convenio en términos de las siguientes:

"CLÁUSULAS

"Primera. El presente convenio tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, fracción I, del ‘Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, al que en lo sucesivo se le denominará el ‘Decreto’, a fin de que el ‘Municipio’, una vez cubiertos los demás requisitos contemplados en las fracciones II y III de dicho artículo pueda gozar de los beneficios fiscales establecidos en el artículo segundo del ‘Decreto’ y con ello corregir su situación fiscal en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

"Segunda. El ‘Municipio’ manifiesta su consentimiento con carácter de irrevocable para que conforme a lo previsto en el artículo 9o. cuarto párrafo de la Ley de C.F., las participaciones federales que le corresponden conforme a lo previsto en el capítulo I de dicha ley, puedan utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de sus organismos descentralizados, generados a partir del 1 de enero de 2009, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

"Tercera. El ‘Municipio’ manifiesta su conformidad con carácter irrevocable para que se continúe con la compensación de los adeudos mencionados en la cláusula anterior, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales previstos en el artículo segundo del ‘Decreto’, con motivo del incumplimiento por parte del ‘Municipio’ a las obligaciones contenidas en el ‘Decreto’, o bien, a sus obligaciones fiscales en materia de retención y entero del impuesto sobre la renta y, en su caso, del subsidio para el empleo a que se refiere el artículo octavo del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.

"Cuarta. En caso de que, con posterioridad a la entrada en vigor del presente convenio, las participaciones federales que corresponden al ‘Municipio’ sean administrativas a través de un fideicomiso las partes convienen en que los beneficios fiscales previstos en el artículo segundo del ‘Decreto’, sólo serán aplicables en el caso de que el ‘Municipio’ acredite a la ‘Secretaría’ haber realizado los actos necesarios a fin de que el fiduciario del citado fideicomiso pueda recibir de la ‘Secretaría’ las solicitudes de compensación objeto del presente convenio y que las mismas sean cumplimentadas por el fiduciario previo a la entrega del remanente de las participaciones federales que correspondan al ‘Municipio’. Las compensaciones a que se refiere este párrafo se entenderán realizadas por la ‘Secretaría’, a través del mencionado fideicomiso.

"El ‘Municipio’ manifiesta su consentimiento con carácter irrevocable para que si las participaciones federales a que se refiere el párrafo anterior no son administradas en su totalidad a través de un fideicomiso, antes de entregar las que correspondan a éste, la ‘Secretaría’ realice directamente las compensaciones que procedan en los términos de este convenio.

"Quinta. La terminación o cualquier modificación al presente convenio deberá quedar consignada por escrito y estar suscrita por ambas partes para que sea válida.

"Sexta. El presente convenio iniciará su vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

"Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman en tres tantos, igualmente válidos, en la Ciudad de México, D.F., a los 28 días del mes de abril del año dos mil nueve."

Como se advierte de lo relatado, las partes contendientes en la presente controversia celebraron el convenio de colaboración con el objeto de establecer un programa para la regularización de adeudos que las entidades federativas y Municipios tenían con la Federación por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, así como la regularización de los adeudos que tuviese la Federación con los citados entes por adeudos de contribuciones locales. Así pactaron que de conformidad con lo previsto en el artículo 9o., cuarto párrafo, de la Ley de C.F., las participaciones federales que les correspondían podían utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

Esto es, las partes acordaron que el convenio tenía por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, fracción I, del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho, a fin de gozar de los beneficios fiscales establecidos y corregir su situación fiscal en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores; consecuentemente, el Municipio manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que las participaciones federales que le correspondían pudieran utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trataran de créditos fiscales firmes.

Asimismo, manifestó su conformidad con carácter irrevocable para que se continuara con la compensación de los adeudos, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales; y manifestó su consentimiento con carácter irrevocable para que si las participaciones federales no eran administradas en su totalidad, a través de un fideicomiso, antes de entregar las que correspondan a éste, se realizarán directamente las compensaciones que procedieran en los términos de ese convenio y que la terminación o cualquier modificación al convenio deberán quedar consignadas por escrito y estar suscrita por ambas partes para que fuese válida.

De acuerdo con lo expuesto, resulta infundado lo expresado por el Municipio actor en el sentido de que la autoridad demandada carece de facultades para afectar las participaciones del Municipio actor, pues las atribuciones derivan precisamente de lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9o. de la Ley de C.F. y el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, en el que la partes convinieron que las participaciones federales que les correspondían podían utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

Es decir, que el Municipio actor manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que las participaciones federales que le correspondían pudieran utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trataran de créditos fiscales firmes, lo que acontece en el caso, pues la administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, informa al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas la orden de afectar las participaciones que en ingresos federales corresponden al Municipio actor, a través del Gobierno del Estado, por la cantidad de $7',905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo, relacionándolos con la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, de conformidad con el convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala que el Municipio actor si bien discute las facultades de la autoridad hacendaria, lo cierto es que, no lo propone en un plano de invasión de esferas competenciales de entes de gobierno, sino sólo de atribuciones de la autoridad hacendaria, cuestión que no es objeto de análisis en esta instancia, sino en los diversos medios de defensa que hizo valer en contra de la determinativa del crédito fiscal contenida en el oficio 500-54-00-002-01-2015-11669 de dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que se determinó un crédito fiscal por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; enero y febrero de dos mil catorce, cuyo monto ascendió a la cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional).

De otra guisa, también deviene infundado lo manifestado por el Municipio actor en el sentido de que el oficio impugnado es inconstitucional porque el artículo 9o. de la citada Ley de C.F. se refiere a compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esa ley lo autorice y el vocablo "obligaciones" debe ser entendido como empréstito o deuda pública y no como adeudos derivados de créditos fiscales.

Lo infundado de tal argumentación deviene porque adverso a lo que pondera el Municipio actor las obligaciones señaladas en el citado numeral están referidos a los créditos fiscales que se tiene con la Federación y no empréstitos o deuda pública, pues dichas obligaciones no son resultado de un compromiso derivado de la emisión de un título de crédito como erróneamente lo pretende el Municipio actor.

Finalmente, deviene infundado lo expuesto por el Municipio actor cuando dice que no se celebró un convenio de colaboración con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en caso de que exista, no cuenta con la autorización de las dos terceras partes del Cabildo de la administración municipal, además, no pudo extenderse su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.

En principio, como se expresó en párrafos anteriores, sí existe el convenio celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí.

Sobre esa base, deviene infundado lo expresado por el Municipio actor en el sentido de que, lo pactado en el referido personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

"Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo cundo (sic) a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

"Las entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

"No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

"El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de C.F., podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

"En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y Municipios."

La Ley de C.F. que tiene como finalidad, entre otras cuestiones, coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales y, como se ve de lo transcrito, establece que las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables, no se podrán afectar a fines específicos ni estar sujetas a retención, pero no estarán sujetas a lo anterior las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones y procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice. Asimismo, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de C.F., podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

Con relación a esto último, la autoridad demandada expresó y acreditó que el veintinueve de abril de dos mil nueve, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., celebraron convenio de colaboración de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Dicho convenio de colaboración es del tenor siguiente:

"Convenio que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo se le denominará la "Secretaría", representada por su titular el C.A.G.C.C., y por la otra el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S.S. del Estado de San Luis Potosí S.L.P. al que en lo sucesivo se le denominará el "Municipio", representado por los CC. J.M.V.G., L.. J.L.N.M. y L.. Ma. Santos R.S.L., en su carácter de presidente, secretario y síndico del Ayuntamiento de S. de G.S.S. respectivamente, al tenor de los siguientes

"CONSIDERANDOS:

"Que el artículo segundo, fracción V del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios’, publicado en Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, establece que el Ejecutivo Federal debe diseñar un programa para la regularización de adeudos que las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, tengan con la Federación por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, así como la regularización de los adeudos que tenga la Federación con los citados entes por adeudos de contribuciones locales;

"Que en cumplimiento a lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal emitió el ‘Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos’, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2009:

"Que el decreto mencionado en el considerando anterior prevé que las entidades federativas y Municipios, así como las demarcaciones del Distrito Federal que deseen acogerse a los beneficios fiscales establecidos en dicho instrumento en materia del impuesto sobre la renta, deberán, entre otras cosas, celebrar a más tardar el 30 de abril de 2009 un convenio con el Gobierno Federal, a través de la ‘Secretaría’, en el cual manifiesten de forma expresa y con carácter de irrevocable su consentimiento para que, conforme a lo previsto en el artículo 9o., cuarto párrafo de la Ley de C.F., las participaciones federales que les correspondan conforme a lo previsto en el capítulo I de dicha ley, puedan utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del 1 de enero de 2009, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes, y;

"Que por lo anterior, es necesario celebrar el presente convenio, para lo cual emiten las siguientes:

"Declaraciones

"I. Declara la ‘Secretaría’ por conducto de su representante, que:

"a) Es una dependencia de la administración pública federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 2o., fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"b) Su representante cuenta con facultades para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. y 6o., fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"II. Declara el ‘Municipio’, por conducto de sus representantes que:

"a) En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, es el orden del gobierno que constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de San Luis Potosí S.L.P.

"b) Sus representantes se encuentran facultados para suscribir el presente convenio en términos de lo establecido en los artículos 70, fracción IV y 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.

"c) Para la formalización del presente convenio se ha cumplido con las disposiciones legales y administrativas locales aplicables.

"De acuerdo con las declaraciones anteriores, la ‘Secretaria’ y el ‘Municipio’, celebran el presente convenio en términos de las siguientes:

"CLÁUSULAS

"Primera. El presente convenio tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, fracción I, del ‘Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, al que en lo sucesivo se le denominará el ‘Decreto’, a fin de que el ‘Municipio’, una vez cubiertos los demás requisitos contemplados en las fracciones II y III de dicho artículo pueda gozar de los beneficios fiscales establecidos en el artículo segundo del ‘Decreto’ y con ello corregir su situación fiscal en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

"Segunda. El ‘Municipio’ manifiesta su consentimiento con carácter de irrevocable para que conforme a lo previsto en el artículo 9o. cuarto párrafo de la Ley de C.F., las participaciones federales que le corresponden conforme a lo previsto en el capítulo I de dicha ley, puedan utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de sus organismos descentralizados, generados a partir del 1 de enero de 2009, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

"Tercera. El ‘Municipio’ manifiesta su conformidad con carácter irrevocable para que se continúe con la compensación de los adeudos mencionados en la cláusula anterior, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales previstos en el artículo segundo del ‘Decreto’, con motivo del incumplimiento por parte del ‘Municipio’ a las obligaciones contenidas en el ‘Decreto’, o bien, a sus obligaciones fiscales en materia de retención y entero del impuesto sobre la renta y, en su caso, del subsidio para el empleo a que se refiere el artículo octavo del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.

"Cuarta. En caso de que, con posterioridad a la entrada en vigor del presente convenio, las participaciones federales que corresponden al ‘Municipio’ sean administrativas a través de un fideicomiso las partes convienen en que los beneficios fiscales previstos en el artículo segundo del ‘Decreto’, sólo serán aplicables en el caso de que el ‘Municipio’ acredite a la ‘Secretaría’ haber realizado los actos necesarios a fin de que el fiduciario del citado fideicomiso pueda recibir de la ‘Secretaría’ las solicitudes de compensación objeto del presente convenio y que las mismas sean cumplimentadas por el fiduciario previo a la entrega del remanente de las participaciones federales que correspondan al ‘Municipio’. Las compensaciones a que se refiere este párrafo se entenderán realizadas por la ‘Secretaría’, a través del mencionado fideicomiso.

"El ‘Municipio’ manifiesta su consentimiento con carácter irrevocable para que si las participaciones federales a que se refiere el párrafo anterior no son administradas en su totalidad a través de un fideicomiso, antes de entregar las que correspondan a éste, la ‘Secretaría’ realice directamente las compensaciones que procedan en los términos de este convenio.

"Quinta. La terminación o cualquier modificación al presente convenio deberá quedar consignada por escrito y estar suscrita por ambas partes para que sea válida.

"Sexta. El presente convenio iniciará su vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

"Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman en tres tantos, igualmente válidos, en la Ciudad de México, D.F., a los 28 días del mes de abril del año dos mil nueve."

Como se advierte de lo relatado, las partes contendientes en la presente controversia celebraron el convenio de colaboración con el objeto de establecer un programa para la regularización de adeudos que las entidades federativas y Municipios tenían con la Federación por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, así como la regularización de los adeudos que tuviese la Federación con los citados entes por adeudos de contribuciones locales. Así pactaron que de conformidad con lo previsto en el artículo 9o., cuarto párrafo, de la Ley de C.F., las participaciones federales que les correspondían podían utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

Esto es, las partes acordaron que el convenio tenía por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, fracción I, del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho, a fin de gozar de los beneficios fiscales establecidos y corregir su situación fiscal en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores; consecuentemente, el Municipio manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que las participaciones federales que le correspondían pudieran utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trataran de créditos fiscales firmes.

Asimismo, manifestó su conformidad con carácter irrevocable para que se continuara con la compensación de los adeudos, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales; y manifestó su consentimiento con carácter irrevocable para que si las participaciones federales no eran administradas en su totalidad, a través de un fideicomiso, antes de entregar las que correspondan a éste, se realizarán directamente las compensaciones que procedieran en los términos de ese convenio y que la terminación o cualquier modificación al convenio deberán quedar consignadas por escrito y estar suscrita por ambas partes para que fuese válida.

De acuerdo con lo expuesto, resulta infundado lo expresado por el Municipio actor en el sentido de que la autoridad demandada carece de facultades para afectar las participaciones del Municipio actor, pues las atribuciones derivan precisamente de lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9o. de la Ley de C.F. y el convenio de colaboración de veintiocho de abril de dos mil nueve, en el que la partes convinieron que las participaciones federales que les correspondían podían utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

Es decir, que el Municipio actor manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que las participaciones federales que le correspondían pudieran utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trataran de créditos fiscales firmes, lo que acontece en el caso, pues la administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, informa al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas la orden de afectar las participaciones que en ingresos federales corresponden al Municipio actor, a través del Gobierno del Estado, por la cantidad de $7',905,721.00 (siete millones novecientos cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para compensar los créditos firmes a su cargo, relacionándolos con la omisión del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente a los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio de dos mil trece, de conformidad con el convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala que el Municipio actor si bien discute las facultades de la autoridad hacendaria, lo cierto es que, no lo propone en un plano de invasión de esferas competenciales de entes de gobierno, sino sólo de atribuciones de la autoridad hacendaria, cuestión que no es objeto de análisis en esta instancia, sino en los diversos medios de defensa que hizo valer en contra de la determinativa del crédito fiscal contenida en el oficio 500-54-00-002-01-2015-11669 de dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que se determinó un crédito fiscal por la omisión en el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, causado por sus trabajadores, por los periodos comprendidos de junio a diciembre de dos mil trece; enero y febrero de dos mil catorce, cuyo monto ascendió a la cantidad de $41'697,224.63 (cuarenta y un millones seiscientos noventa y siete mil doscientos veinticuatro pesos 63/100 moneda nacional).

De otra guisa, también deviene infundado lo manifestado por el Municipio actor en el sentido de que el oficio impugnado es inconstitucional porque el artículo 9o. de la citada Ley de C.F. se refiere a compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esa ley lo autorice y el vocablo "obligaciones" debe ser entendido como empréstito o deuda pública y no como adeudos derivados de créditos fiscales.

Lo infundado de tal argumentación deviene porque adverso a lo que pondera el Municipio actor las obligaciones señaladas en el citado numeral están referidos a los créditos fiscales que se tiene con la Federación y no empréstitos o deuda pública, pues dichas obligaciones no son resultado de un compromiso derivado de la emisión de un título de crédito como erróneamente lo pretende el Municipio actor.

Finalmente, deviene infundado lo expuesto por el Municipio actor cuando dice que no se celebró un convenio de colaboración con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en caso de que exista, no cuenta con la autorización de las dos terceras partes del Cabildo de la administración municipal, además, no pudo extenderse su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.

En principio, como se expresó en párrafos anteriores, sí existe el convenio celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., en el Estado de San Luis Potosí.

Sobre esa base, deviene infundado lo expresado por el Municipio actor en el sentido de que, lo pactado en el referido convenio no pueda servir de sustento a la decisión contenida en el oficio impugnado, porque no puede extenderse su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.

El Municipio es un ente público que si bien se integra por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo, lo cierto es que, los compromisos asumidos le obligan, salvo disposición en contraria, en ese sentido, como se expuso anteriormente, el veintinueve de abril de dos mil nueve, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., celebraron convenio de colaboración de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

En dicho convenio, las partes acordaron que el objeto era establecer un programa para la regularización de adeudos que las entidades federativas y Municipios tenían con la Federación por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, así como la regularización de los adeudos que tuviese la Federación con los citados entes por adeudos de contribuciones locales.

Así, pactaron que de conformidad con lo previsto en el artículo 9o., cuarto párrafo, de la Ley de C.F., las participaciones federales que les correspondían podían utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

Además, acordaron que el convenio tenía por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, fracción I, del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho, a fin de gozar de los beneficios fiscales establecidos y corregir su situación fiscal en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

En ese sentido, el Municipio manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que las participaciones federales que le correspondían pudieran utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo tanto de sus trabajadores generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trataran de créditos fiscales firmes.

Asimismo, manifestó su conformidad con carácter irrevocable para que se continuara con la compensación de los adeudos, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales; y manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que si las participaciones federales no eran administradas en su totalidad, a través de un fideicomiso, antes de entregar las que correspondan a éste, se realizarán directamente las compensaciones que procedieran en los términos de ese convenio.

Pero además en la cláusula quinta acordaron:

"Quinta. La terminación o cualquier modificación al presente convenio deberá quedar consignada por escrito y estar suscrita por ambas partes para que sea válida."

En ese sentido, dado que el citado convenio no se ha modificado en los términos pactados, esto es, por escrito y por ambas partes, entonces, éste continúa rigiendo para el Municipio, el que, como se dijo, es un ente público cuyos compromisos asumidos le obligan, al margen de que se integre por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo, por tanto, el referido convenio sí puede servir de sustento a la decisión contenida en el oficio impugnado.

De acuerdo con lo expuesto y dado que no hay concepto de invalidez pendiente de examinar ni se advierte queja deficiente que suplir resulta procedente reconocer la validez constitucional del oficio impugnado en la presente controversia constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es parcialmente procedente la controversia constitucional planteada por el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., en San Luis Potosí.

SEGUNDO.—Se sobresee respecto del convenio de colaboración de fecha veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S..

TERCERO.—Se reconoce la validez del oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete.

N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía P.H. (ponente), J.M.P.R. y, A.G.O.M., en contra del emitido por el Ministro presidente J.L.G.A.C., por lo que se refiere a los resolutivos primero y tercero; y por mayoría de tres votos de los Ministros J.M.P.R., A.G.O.M. y Ministro presidente J.L.G.A.C., en contra del emitido por la Ministra Norma Lucía P.H. (ponente), respecto del segundo resolutivo. Los Ministros Norma Lucía P.H. (ponente) y J.M.P.R., se reservan su derecho de formular voto concurrente. El Ministro L.M.A.M., estuvo ausente.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 40/2005 y P./J. 44/2005 citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, páginas 1023 y 1203, con números de registro digital: 178399 y 178392, respectivamente.







________________
1. Fojas 1 a 40 del toca. La demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Foja 62 del expediente.

3. Fojas 63 a 68 del expediente.

4. Fojas 1 a 40 del toca del expediente.

5. Foja 91 del expediente.

6. Fojas 100 a 120 del expediente.

7. Foja 305 del expediente.

8. Fojas 316 a (sic)

9. Foja 360 del expediente.

10. Fojas 377 a 385 del expediente.

11. Foja 428 del expediente.

12. Foja 360 del expediente.

13. Foja 466 del expediente.

14. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I.T. de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II.T. de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

15. Al respecto, puede consultarse la tesis P./J. 65/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1535, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA DEBERÁ ANALIZARSE SI LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS SE HACE CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN."

16. Fojas 90 y siguientes del expediente.

17. Se descuentan del cómputo los días sábados y domingos, así como el veinte de marzo, por haber sido inhábil conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

18. Foja 40 del expediente principal.

19. Foja 41 a 57 del expediente.

20. Foja 99 del expediente.

21. Datos de localización. Novena Época. Registro digital: 163117. Segunda Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., enero de 2011, materia administrativa, tesis 2a./J. 188/2010, página 762, cuyo texto informa: "Un principio general en relación con la fundamentación y motivación de los actos de autoridad administrativa consiste en que esos requisitos deben constar en el cuerpo de la resolución y no en uno distinto. Sin embargo, se actualiza una excepción a ese principio cuando se trata de actos vinculados, derivados de un procedimiento, en el que no es necesario repetir todos los preceptos que faculten a la autoridad para llevar a cabo el acto genérico del que derivan los actos vinculados, porque si al inicio del procedimiento se indicaron esos fundamentos y motivos, es innecesario reiterarlos en cada etapa del procedimiento. Así, por ejemplo, cuando en una orden de visita la autoridad invoca los preceptos que la facultan para emitirla y las razones que para ello ha tenido y se previene al visitado para que exhiba determinados documentos, si el particular incumple y por ello se le impone una multa, en el oficio sancionatorio no es imprescindible que la autoridad invoque nuevamente los preceptos que la facultan para ordenar la visita, sino sólo aquellos para hacer efectiva la prevención e imponer la sanción relativa, con lo cual se cumple con la garantía de fundamentación."

22. Como algunos de esos precedentes podemos citar la controversia constitucional 14/2004, resuelta por unanimidad de 11 votos en sesión de 16 de noviembre de 2004; la contradicción de tesis 45/2004-PL, fallada por unanimidad de 11 votos, en sesión de 18 de enero de 2005; la controversia constitucional 70/2009, fallada por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala en sesión de 2 de junio de 2010; diversas controversias constitucionales (de la 100/2008 a la 131/2008 del Paquete de Sonora), falladas en sesión de 19 de octubre de 2011, por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala; y la controversia constitucional 111/2011, fallada el 26 de septiembre de 2012 por unanimidad de 5 votos.

23. Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., noviembre de 2010, página 1213.

24. Sobre este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia, entre las cuales se encuentran, las tesis P./J. 5/2000 y P./J. 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de dos mil, en las páginas quinientos catorce y quinientos quince, respectivamente.

25. Este criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2000, de rubro y texto: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.". Este criterio es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 514.

Esta sentencia se publicó el viernes 10 de septiembre de 2021 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

convenio no pueda servir de sustento a la decisión contenida en el oficio impugnado, porque no puede extenderse su vigencia y obligatoriedad más allá del periodo constitucional de tres años de la administración que lo hubiese formado.

El Municipio es un ente público que si bien se integra por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo, lo cierto es que, los compromisos asumidos le obligan, salvo disposición en contraria, en ese sentido, como se expuso anteriormente, el veintinueve de abril de dos mil nueve, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., celebraron convenio de colaboración de conformidad con el decreto por el que se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil ocho.

En dicho convenio, las partes acordaron que el objeto era establecer un programa para la regularización de adeudos que las entidades federativas y Municipios tenían con la Federación por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, así como la regularización de los adeudos que tuviese la Federación con los citados entes por adeudos de contribuciones locales.

Así, pactaron que de conformidad con lo previsto en el artículo 9o., cuarto párrafo, de la Ley de C.F., las participaciones federales que les correspondían podían utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

Además, acordaron que el convenio tenía por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, fracción I, del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil ocho, a fin de gozar de los beneficios fiscales establecidos y corregir su situación fiscal en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

En ese sentido, el Municipio manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que las participaciones federales que le correspondían pudieran utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión, total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo tanto de sus trabajadores generados a partir del uno de enero de dos mil nueve, siempre y cuando se trataran de créditos fiscales firmes.

Asimismo, manifestó su conformidad con carácter irrevocable para que se continuara con la compensación de los adeudos, aun y cuando dejen de aplicarse los beneficios fiscales; y manifestó su consentimiento con carácter de irrevocable para que si las participaciones federales no eran administradas en su totalidad, a través de un fideicomiso, antes de entregar las que correspondan a éste, se realizarán directamente las compensaciones que procedieran en los términos de ese convenio.

Pero además en la cláusula quinta acordaron:

"Quinta. La terminación o cualquier modificación al presente convenio deberá quedar consignada por escrito y estar suscrita por ambas partes para que sea válida."

En ese sentido, dado que el citado convenio no se ha modificado en los términos pactados, esto es, por escrito y por ambas partes, entonces, éste continúa rigiendo para el Municipio, el que, como se dijo, es un ente público cuyos compromisos asumidos le obligan, al margen de que se integre por un Cabildo conformado de personas elegidas para un determinado periodo, por tanto, el referido convenio sí puede servir de sustento a la decisión contenida en el oficio impugnado.

De acuerdo con lo expuesto y dado que no hay concepto de invalidez pendiente de examinar ni se advierte queja deficiente que suplir resulta procedente reconocer la validez constitucional del oficio impugnado en la presente controversia constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es parcialmente procedente la controversia constitucional planteada por el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S., en San Luis Potosí.

SEGUNDO.—Se sobresee respecto del convenio de colaboración de fecha veintiocho de abril de dos mil nueve, celebrado entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento del Municipio de S. de G.S..

TERCERO.—Se reconoce la validez del oficio 400-07-00-00-2017-0073 de trece de febrero de dos mil diecisiete.

N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía P.H. (ponente), J.M.P.R. y, A.G.O.M., en contra del emitido por el Ministro presidente J.L.G.A.C., por lo que se refiere a los resolutivos primero y tercero; y por mayoría de tres votos de los Ministros J.M.P.R., A.G.O.M. y Ministro presidente J.L.G.A.C., en contra del emitido por la Ministra Norma Lucía P.H. (ponente), respecto del segundo resolutivo. Los Ministros Norma Lucía P.H. (ponente) y J.M.P.R., se reservan su derecho de formular voto concurrente. El Ministro L.M.A.M., estuvo ausente.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 40/2005 y P./J. 44/2005 citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, páginas 1023 y 1203, con números de registro digital: 178399 y 178392, respectivamente.







________________
1. Fojas 1 a 40 del toca. La demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Foja 62 del expediente.

3. Fojas 63 a 68 del expediente.

4. Fojas 1 a 40 del toca del expediente.

5. Foja 91 del expediente.

6. Fojas 100 a 120 del expediente.

7. Foja 305 del expediente.

8. Fojas 316 a (sic)

9. Foja 360 del expediente.

10. Fojas 377 a 385 del expediente.

11. Foja 428 del expediente.

12. Foja 360 del expediente.

13. Foja 466 del expediente.

14. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I.T. de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II.T. de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

15. Al respecto, puede consultarse la tesis P./J. 65/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1535, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA DEBERÁ ANALIZARSE SI LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS SE HACE CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN."

16. Fojas 90 y siguientes del expediente.

17. Se descuentan del cómputo los días sábados y domingos, así como el veinte de marzo, por haber sido inhábil conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

18. Foja 40 del expediente principal.

19. Foja 41 a 57 del expediente.

20. Foja 99 del expediente.

21. Datos de localización. Novena Época. Registro digital: 163117. Segunda Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., enero de 2011, materia administrativa, tesis 2a./J. 188/2010, página 762, cuyo texto informa: "Un principio general en relación con la fundamentación y motivación de los actos de autoridad administrativa consiste en que esos requisitos deben constar en el cuerpo de la resolución y no en uno distinto. Sin embargo, se actualiza una excepción a ese principio cuando se trata de actos vinculados, derivados de un procedimiento, en el que no es necesario repetir todos los preceptos que faculten a la autoridad para llevar a cabo el acto genérico del que derivan los actos vinculados, porque si al inicio del procedimiento se indicaron esos fundamentos y motivos, es innecesario reiterarlos en cada etapa del procedimiento. Así, por ejemplo, cuando en una orden de visita la autoridad invoca los preceptos que la facultan para emitirla y las razones que para ello ha tenido y se previene al visitado para que exhiba determinados documentos, si el particular incumple y por ello se le impone una multa, en el oficio sancionatorio no es imprescindible que la autoridad invoque nuevamente los preceptos que la facultan para ordenar la visita, sino sólo aquellos para hacer efectiva la prevención e imponer la sanción relativa, con lo cual se cumple con la garantía de fundamentación."

22. Como algunos de esos precedentes podemos citar la controversia constitucional 14/2004, resuelta por unanimidad de 11 votos en sesión de 16 de noviembre de 2004; la contradicción de tesis 45/2004-PL, fallada por unanimidad de 11 votos, en sesión de 18 de enero de 2005; la controversia constitucional 70/2009, fallada por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala en sesión de 2 de junio de 2010; diversas controversias constitucionales (de la 100/2008 a la 131/2008 del Paquete de Sonora), falladas en sesión de 19 de octubre de 2011, por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala; y la controversia constitucional 111/2011, fallada el 26 de septiembre de 2012 por unanimidad de 5 votos.

23. Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., noviembre de 2010, página 1213.

24. Sobre este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia, entre las cuales se encuentran, las tesis P./J. 5/2000 y P./J. 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de dos mil, en las páginas quinientos catorce y quinientos quince, respectivamente.

25. Este criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2000, de rubro y texto: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.". Este criterio es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 514.

Esta sentencia se publicó el viernes 10 de septiembre de 2021 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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