Ejecutoria num. 85/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

JuezJavier Laynez Potisek,Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,Yasmín Esquivel Mossa,José Fernando Franco González Salas,Alberto Pérez Dayán,Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Norma Lucía Piña Hernández,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Luis María Aguilar Morales,Jorge Mario Pardo Rebolledo
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, 1073
Fecha de publicación10 Septiembre 2021
EmisorPleno

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: J.L.G.A.C.. SECRETARIOS: H.V. TORRES Y M.A.R. LEÓN.


Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:


SENTENCIA


Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro" del artículo 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 268 publicado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial de la entidad.


I. TRÁMITE


1. Presentación del escrito, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, L.R.G.P., en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la referida porción normativa.


2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Congreso del Estado de Nuevo León y Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.


3. Norma general cuya invalidez se reclama. A través de este medio de control constitucional se impugna la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro" contenida en el artículo 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, publicado mediante Decreto Núm. 268, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el día veintiocho de junio de dos mil diecisiete.


4. Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, el promovente expuso, en síntesis, que el párrafo tercero del artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", favorece una causa de justificación del delito en sentido amplio, fuera de los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan el exceso en la legítima defensa, lo que transgrede la norma y su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la vida y a la integridad personal.


5. De acuerdo con el artículo 17, fracción III, del Código Penal del Estado de Nuevo León, la legítima defensa, como causa de justificación, se actualiza cuando el acusado actúa en defensa de su persona, de su familia, de su honor, de bienes propios o ajenos, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente.


6. Lo anterior, siempre y cuando quien repela la agresión pruebe que no se presentó ninguna de las cuatro circunstancias previstas por la norma, como son que el agredido provocó la agresión (primera); que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales (segunda); que no hubo necesidad racional del medio empleado (tercera); y, que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa (cuarta).


7. Así, precisó que a través de esas cuatro condiciones, el legislador reguló la repulsa de la agresión. Sin embargo, la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", excede las condiciones que el mismo artículo 17 prevé para evitar el exceso a la legítima defensa, porque sobrepasa la naturaleza propia de dicha figura jurídica.


8. En ese sentido, tal exceso consiste en permitir, para la defensa de bienes, la privación de la vida de alguna persona, lo que resulta excesivo y establece un margen de actuación muy amplio. Esa amplitud podría incluso llegar a resultar en una transgresión a los derechos humanos por parte de los servidores públicos, a través del uso de la fuerza, así como a su obligación de proteger el derecho a la vida y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.


9. Para sustentar su argumento, el promovente estudia los principios que rigen la legítima defensa y apunta que, conforme al principio de proporcionalidad, la agresión debe ser repelida con medios acordes a su impacto. Empero, la norma impugnada prevé la presunción de inocencia cuando se lesione o se prive de la vida a una persona por haber irrumpido en lugares ajenos; incluso cuando se trate de la protección de bienes jurídicos de menor jerarquía que la vida, como podrían ser los bienes patrimoniales.


10. Lo anterior impide que la norma reclamada se ajuste a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a la luz del test de proporcionalidad. Es así, que la finalidad de la norma (la protección de bienes jurídicos) podría alcanzarse por acciones de un menor costo, sin representar la desprotección del agredido.(1)


11. En lo que concierne al principio de necesidad, señala que la agresión, además de ilegítima y actual, debe ser inevitable, lo que también contraviene la norma que se combate, porque contempla al homicidio como posible resultado, sin que las condiciones en que se desarrolla la agresión tengan relación directa con la inevitable defensa.


12. Ello, trastoca frontalmente lo establecido por el propio artículo 17, fracción III, de la norma penal reclamada, porque contempla que, si no hubo necesidad, no habrá causa de justificación para el delito. La causa de justificación opera como una presunción de legalidad, lo que haría que, con el artículo combatido, sea innecesaria la investigación de las circunstancias en las que ocurre la privación de la vida de otras personas.


13. Por su parte, el principio de racionalidad en estrecha relación con el de proporcionalidad, concierne a los medios empleados para la repulsa de la agresión. En ese sentido, el artículo 17, fracción III, del Código Penal en estudio, señala como circunstancia que elimina la legítima defensa, el que no exista necesidad racional del medio empleado en la defensa, contrario a lo que produce la norma impugnada.


14. Así, el promovente expone que para determinar si existió exceso en la legítima defensa, se deben comparar los principios de ésta en contraste con la porción normativa impugnada, de manera que al establecer como lícita la privación de la vida y las lesiones por legítima defensa, se elimina la valoración de la repulsa y entonces, lejos de dotar de seguridad jurídica sobre el alcance de esta figura, se elimina la referida valoración y quedan impunes los actos de exceso.


15. Además, aduce que la existencia de la legítima defensa se condiciona a sus requisitos de procedencia y al objeto de que se repele la agresión, por lo que la evaluación de la procedencia de la legítima defensa, cuando hace referencia a cualquier daño, sólo puede ser interpretada en el sentido de una violencia necesaria para repeler la agresión. Sin que ello deba ser entendido en automático como una autorización legal que permite la privación de la vida de cualquier agresor, ya que se facultaría al gobernado a ejercer actos desproporcionados.


16. Asimismo, el promovente precisa que no soslaya que el legislador de Nuevo León, en la exposición de motivos de la ley impugnada, refirió que con la reforma busca otorgar a los ciudadanos mayor certeza en torno a la figura de legítima defensa, en un contexto de alta criminalidad estatal. No obstante, la norma impugnada trae efectos drásticos, porque bajo la presunción legal que instaura, se dan "por sentados los presupuestos válidos para la actualización de una causa de justificación del delito, que impide la posibilidad de investigación de las circunstancias del ilícito".


17. Ahora, la norma impugnada establece un delito de alto impacto (privación de la vida), sin la gradación que requiere acreditar para esta causa de justificación, lo que resulta contrario a lo dispuesto por la Constitución en el artículo 29 y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso G. y otras Vs. México, de donde se extrae que el derecho a la vida no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas por ser inderogable.


18. Asimismo, la misma Corte se pronunció conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, sobre el deber de investigar efectivamente los hechos derivados de la garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal.


19. La finalidad de la norma reclamada es la protección personal o de bienes propios o ajenos, empero, no es proporcional la medida propuesta (lesión o privación de la vida) y puede resultar incluso en perjuicio para quien se acoja a la misma "por considerarla un imperativo".


20. Justamente, en virtud del principio de exacta aplicación de la ley penal, la norma que se aplica debe quedar redactada de tal forma que sus términos sean claros, precisos y exactos.(2) La norma impugnada no delimita el alcance de una causa de justificación y favorece la comisión de delitos de alto impacto por la alusión a una permisión fuera de los límites establecidos en la misma.


21. Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. El 1o. y 14 de la Constitución Federal, así como los numerales 1, 2, 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


22. Admisión y trámite. Por auto de uno de agosto de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 85/2017,(3) promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por razón de turno, designó como instructor al M.J.R.C.D..


23. En acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete,(4) el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus informes. También solicitó opinión a la Procuraduría General de la República.


24. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.(5) La diputada K.M.B.P., en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, rindió informe en el que aceptó la expedición del Decreto Núm. 268, que reforma el artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.


25. En síntesis, en su único concepto de invalidez, la autoridad legislativa de mérito señala que la reforma no pretende transgredir los derechos humanos, sino defender a las víctimas de delitos y permitirles su participación en la defensa de sus propios bienes jurídicos, lo que está sustentado en una necesidad de la sociedad en el Estado de Nuevo León.


26. En relación con el argumento del promovente de que la norma impugnada podría producir actuaciones desproporcionadas por parte de los servidores públicos, señala que éstos están capacitados para cualquier situación de riesgo en protección de la ciudadanía, siendo incluso "su especialidad", contrario a la situación en la que se encuentran los particulares.


27. Señala que el defensor es aquel que respeta la validez normativa del ordenamiento jurídico y situarse de su lado confirma el interés en la racionalidad del derecho y es a ese mismo principio que se debe someter la legítima defensa, haciendo primar siempre los principios y valores que sostiene el propio ordenamiento jurídico.


28. En este sentido, la legítima defensa no debe ser valorada como una acción aislada situada exclusivamente en la esfera de libertad del amenazado, sino dentro del marco de los principios y valoraciones supraindividuales en los que se basa el derecho; los cuales, en ciertos casos, obligan al reconocimiento de restricciones particulares de la legítima defensa.


29. Empero, debido al latente peligro y grado de violencia empleado por los delincuentes, aunado a la justicia por propia mano que los particulares emplean, llegando incluso a matar al agresor, tal defensa, en muchos casos, puede ocasionar dejar libre al culpable y castigar al inocente. Por tanto, esta reforma pretende llenar un vacío legal y regular de manera clara y completa la legítima defensa.


30. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.(6) El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional de la entidad referida, rindió su informe en el sentido de aceptar la publicación del Decreto Núm. 268, mediante el cual se reformó el artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, señalando que el Gobernador Constitucional de la entidad no presentó la iniciativa en virtud de la cual se realizó la reforma, limitando su intervención únicamente a la promulgación del decreto referido; situación por la que no se manifiesta sobre el concepto de invalidez expuesto en la demanda de la acción de inconstitucionalidad.


31. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.


32. Returno del asunto. En virtud de la conclusión del encargo del Ministro J.R.C.D., por acuerdo de dos de enero del año en curso se returnó el presente asunto al Ministro J.L.G.A.C..(7)


II. COMPETENCIA


33. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se plantea la posible contradicción entre una norma general y la Ley Fundamental.


III. OPORTUNIDAD


34. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(8) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente de aquel en que se haya publicado, en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.


35. La reforma al artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Así, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el veintinueve de junio, por lo que el plazo de treinta días naturales feneció el viernes veintiocho de julio de dos mil diecisiete.


36. Por tanto, si la demanda se presentó el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja treinta y seis del expediente, la impugnación resulta oportuna.


IV. LEGITIMACIÓN


37. Legitimación del promovente de la acción. Se procederá a analizar la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.


38. La demanda fue suscrita por L.R.G.P., en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República emitida el trece de noviembre de dos mil catorce.(9)


39. Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales "que vulneren los derechos humanos".


40. En el caso, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 17 del Código Penal del Estado de Nuevo León en la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", reformado mediante Decreto Núm. 268, publicado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial de la entidad que, a considerar de la accionante, vulnera diversos derechos humanos.


41. Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación activa y ha sido representada por un funcionario competente en términos del artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(10)


V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA


42. En el presente asunto no se hacen valer causas de improcedencia o de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte alguna de oficio, por lo que se procede al análisis del único concepto de invalidez formulado por el promovente.


VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS


43. Para una adecuada comprensión de la materia de impugnación, es necesario transcribir el artículo 17 del Código Penal del Estado de Nuevo León, reformado por Decreto Núm. 268, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiocho de junio de dos mil diecisiete:


"Capítulo II

"Causas de justificación


"Artículo 17. Son causas de justificación:


"I.O. en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley;


"II. C. lo dispuesto en una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por un impedimiento (sic) legítimo;


"III.O. el acusado en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:


"Primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.


"Segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.


"Tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y


"Cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa.


"Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.


"Igual presunción salvo prueba en contrario favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquél tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen." (Énfasis añadido)


44. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera, en síntesis, que el Congreso del Estado de Nuevo León, al incluir la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro" en el artículo 17, fracción III, último párrafo, del Código Penal local, establece una causa de justificación tan amplia que escaparía a los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan la legítima defensa y que permiten calificar el exceso en la misma.


45. Lo anterior, transgrediría la figura misma y la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la vida y a la integridad personal, prescritos por el artículo 1o. constitucional y garantizados también a nivel convencional.


46. En específico, el promovente considera que la adición permite e incentiva un exceso en la legítima defensa, consistente en privar de la vida a alguna persona para defender bienes, lo que resulta, a su criterio, desproporcional.


47. A juicio del Pleno de este Alto Tribunal, la porción normativa impugnada no resulta inconstitucional y, para establecer las razones de ello, el Pleno de esta Suprema Corte, tomando en consideración lo resuelto en la diversa acción de inconstitucionalidad 1/2018,(11) examinará los principios generales que atañen a la institución de la legítima defensa y, con base en ellos, procederá a examinar la regularidad constitucional de la norma combatida y los razonamientos que justifican su validez.


1. Principios generales sobre la legítima defensa


48. Atendiendo a los postulados de la teoría del delito,(12) en un primer plano de estudio, es ineludible establecer la comprensión franca sobre la naturaleza legal de la institución de derecho penal sustantivo, denominada legítima defensa,(13) que se enmarca en diversas hipótesis normativas como una de las causas de exclusión del delito, también conocidas doctrinalmente como causas de justificación.


49. Las causas de exclusión del delito o de justificación se pueden definir como aquellos hechos formales a los cuales la ley les atribuye el efecto de hacer que una conducta típica no sea antijurídica, lo que acontece, sustancialmente, por dos razones.


50. La primera, ante la ausencia del interés protegido. Cuando el legislador tipifica una conducta es porque pretende proteger un determinado interés o bien jurídico, como puede ser la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. En ocasiones, ocurre que el titular de ese bien jurídico, consciente en que le sea afectado. Cuando esto acontece, obviamente, ya no existe el interés que el legislador posiblemente tiene y pretende proteger, por lo que opera la causal de justificación y así no existirá antijuridicidad en la conducta típica.


51. No obstante, la mayoría de las veces esta causal de justificación existe por otra razón. En numerosos casos, se presenta un conflicto entre dos bienes jurídicamente protegidos, entre dos vidas, entre una vida y una integridad corporal, entre una libertad y una propiedad, y el legislador reconoce la existencia de posibles conflictos de intereses y opta por uno de ellos. Prefiere un bien jurídico en menoscabo de otro y se fundamenta normalmente en la solución de un conflicto de intereses, en virtud del cual el legislador prefiere el interés que se denomina preponderante por sobre el otro bien en conflicto.(14)


52. Ahora, el tema medular del presente estudio es la legítima defensa, que constituye una de estas causas de justificación, esto es, un hecho al cual le atribuye el efecto de hacer que la conducta típica no sea antijurídica; porque el legislador, ante un conflicto de intereses, en el que se enfrentan el bien jurídico cuyo titular es el agresor y el diverso cuyo titular es el defensor, prefieren el bien jurídico del defensor o víctima en desmedro del bien jurídico del agresor.


53. En este caso, la conducta típica realizada por el defensor, que incluso puede llegar a dar muerte al agresor, es una conducta no sancionada por el derecho y aunque típica no es por tanto antijurídica y no constituirá delito ni dará lugar a responsabilidad criminal ni a sus consecuencias, que es la aplicación de la pena. Cuando hay legítima defensa, entonces no hay antijuridicidad y por ello es que no existe delito, aunque la conducta realizada por el que se defiende sea típica.


54. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una interpretación de la institución de la legítima defensa, como norma de derecho penal positivo que integra, tanto elementos subjetivos como objetivos.


55. En efecto, este Alto Tribunal ha determinado que la causa excluyente de incriminación de legítima defensa, consiste en "la acción que es necesaria para evitar o repeler el ataque que es dirigido contra la misma persona que se defiende o contra un tercero. De tal manera, cuando la conducta de un ser viviente amenace lesionar o lesiona intereses jurídicamente protegidos, como lo son la vida o la integridad corporal del agredido, éste se encuentra en posibilidad de dañar a su atacante para no reportar en su persona el daño que éste pretende causarle."


56. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis que se lee bajo el rubro: "LEGÍTIMA DEFENSA."(15)


57. Por ende, en un primer acercamiento a esta figura, podría entenderse que la referida causa de justificación consiste en el rechazo por medios racionales de una agresión antijurídica, real, actual o inminente y no provocada contra bienes jurídicos del propio defensor o, inclusive, de un tercero.(16) Por ello, se ha concebido a la legítima defensa como la reacción racional y necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada.


58. En efecto, en términos generales la actualización de la legítima defensa se encuentra condicionada al cumplimiento de requisitos tales como la "necesidad", "razonabilidad" o "proporcionalidad".(17) Por ello, se ha señalado que una persona que no ha provocado una agresión en contra de otra, se encuentra legitimada para usar la fuerza cuando considera razonablemente que ésta es necesaria para repeler tal agresión, de manera proporcionada a la magnitud de los daños derivados de tal agresión.(18)


59. La razón de que la legítima defensa se encuentre delimitada por el ordenamiento penal positivo, tiene como finalidad impedir que sean los gobernados quienes establezcan sus propios estándares del uso permisible de la fuerza defensiva y, por ende, que se encuentre jurídicamente justificada toda lesión o inclusive la muerte de los agresores, con base en meras percepciones individuales o subjetivas acerca de cómo una persona debe conducirse frente a tales situaciones.(19)


60. Lo cual, se relaciona con el establecimiento normativo de ciertos elementos objetivos que regulen la actualización de tal causa de justificación, porque si ésta estuviese desprovista de estándares jurídicos que limiten su operatividad, sería tanto como justificar, o al menos propiciar, que quien sufre un ilícito penal pudiese hacerse justicia por su propia mano, en contravención clara al artículo 17 de la Constitución Política.(20)


61. En ese sentido, la legítima defensa no puede ser percibida como un instrumento legal de autojusticia, en tanto la referida figura de justificación no implica la posibilidad de realizar actos de venganza institucionalizados, sino la diversa de permitir la protección y rechazo de ataques antijurídicos que atenten contra la integridad personal y los bienes de las personas.(21)


62. En efecto, el admitir la posibilidad de que el derecho pueda fungir u operar como un instrumento de venganza individual, implicaría el abandono de las aspiraciones de construir una sociedad mejor y más civilizada, es decir, una sociedad que priorice las normas de paz sobre las normas de la violencia. Las instituciones estatales deben reflejar la condición social, la cual consiste no sólo en lo que la sociedad es, sino en la esperanza de lo que la sociedad puede convertirse.(22)


63. Por esa misma razón, la legítima defensa no debe ser concebida como la admisión de un "mal menor", sino como la consecución de un verdadero bien, en tanto radica en la ejecución de una acción justa que carece de un verdadero reproche moral.(23) Es decir, no se traduce en una acción permisible simplemente derivada de un cálculo utilitarista.


64. Por el contrario, la legítima defensa deriva del valor moral positivo que una sociedad le otorga a la vida, a la integridad personal e inclusive, a la protección de la propiedad. Ésa es la consideración sustancial en la que debe basarse la construcción y entendimiento de la legítima defensa dentro del derecho penal.(24)


65. La actuación prototípica de la legítima defensa busca la realización de un fin, no sólo jurídicamente deseable, sino necesario, a saber: la prevención de un daño dentro del marco de los principios de necesidad y racionalidad del medio empleado. Bajo esta perspectiva, la legítima defensa no constituye una excepción moral a la aplicación del derecho penal, sino que se erige como parte y fundamento de la existencia moral y política de tal derecho punitivo.(25)


66. En efecto, la configuración de la legítima defensa está supeditada a tres principios básicos: (I) inviolabilidad de la persona –de acuerdo al cual no son válidos los argumentos puramente utilitaristas o que traten a la persona como un mero medio para lograr un fin–; (II) autonomía de la persona –el Estado debe permanecer neutral respecto de los planes de vida individuales e ideales de la excelencia humana– y, (III) dignidad de la persona –juzgada por sus acciones, y no por su raza, origen social, u otras características personales–.


67. Consecuentemente, la legítima defensa resulta instrumental a tales valores, en tanto impide que el individuo se sacrifique frente a derechos heterónomos o consideraciones de beneficio colectivo.(26)


2. Análisis de la regularidad constitucional de la porción normativa impugnada


68. Una vez precisado lo anterior, por lo que respecta a la legítima defensa prevista en la legislación penal del Estado de Nuevo León, debe tenerse en cuenta que el precepto 17, establece como causa de justificación, en esencia, lo siguiente: actuar en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión, actual, violenta y sin derecho, de la que resulte un peligro inminente.


69. Ello es así, a no ser que intervenga alguna de las siguientes circunstancias: que el agredido provoque la agresión con causa inmediata y suficiente para ello; que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales o bien, que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa o que el daño que causaría el agresor era reparable por medios legales o notoriamente de poca importancia, comparado con el que causó la defensa.


70. De ahí que la legislación del Estado de Nuevo León reconoce la legítima defensa propia o personal; así como la legítima defensa de terceros; y existen requisitos comunes para estas dos clases de legítima defensa.


71. El primero, estriba en la existencia de una agresión actual, violenta y sin derecho de la que resulte peligro inminente. Este requisito consiste en la realización de una conducta por parte de un sujeto, típica y susceptible de dañar un bien jurídico que le es ajeno. Esta agresión tiene que ser ilegítima, porque si está autorizada la agresión por el derecho, como es el caso de la autorización e incluso justificada como un deber, no podrá constituir una legítima defensa.


72. Asimismo, la agresión debe ser actual y que implique un peligro inminente, en contraposición a futura o imaginaria. Es decir, la agresión debe estarse produciendo o a punto de producirse para que pueda existir la legítima defensa. Bajo esa directriz, no constituye legítima defensa aquella actividad realizada por el agredido con posterioridad a la existencia de la agresión.


73. El segundo requisito de la legítima defensa es que no medie provocación por parte de la persona que repele la agresión. Al tener derecho a la legítima defensa como causal de justificación, es preciso que quien alega la defensa no haya provocado suficientemente la agresión, porque si de él partió la actividad ilícita promoviendo y motivando suficientemente la producción de la agresión, no se cumplirá este requisito ni aunque exista agresión ilegítima actual o inminente o real y exista la necesidad racional del medio empleado en la defensa. Así, la conducta será antijurídica y habrá lugar a responsabilidad penal si en definitiva resulta además el requisito de la culpabilidad.


74. Finalmente, el tercer requisito es que no se utilice un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la necesidad. Es decir, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Para determinar la concurrencia de este requisito, obviamente que habrá que examinar múltiples situaciones de hecho, entre otras, la naturaleza de la agresión y la persona del agresor, así como la naturaleza de la defensa y la persona del que se defendió, pero también se debe analizar qué medios tenía a su alcance el que se defendió, para promover esta defensa.


75. Ahora, además de los requisitos antes expuestos para la actualización de la citada causa de justificación, el artículo 17, fracción III, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, establece lo siguiente:


"Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.


"Igual presunción salvo prueba en contrario favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquél tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen."


76. Como se advierte de lo anterior, el legislador local estableció los elementos normativos que regulan la presunción –iuris tantum– de la legítima defensa. Esto es, la que generalmente ha sido denominada como legítima defensa privilegiada y que se fundamenta en la condición de peligro implícito en determinados actos descritos por la ley, por lo que prescinde de exigir a quien emplea tal defensa, de acreditar, en principio, que ha colmado todos los requisitos para acogerse en tal causa de justificación.


77. Dicha presunción, admite prueba en contrario, la cual corresponde, en todo caso, al Ministerio Público, quien deberá aportar los elementos necesarios para demostrar que la persona que produjo el daño no obró en legítima defensa.


78. Ahora, del análisis que se realiza de la referida presunción normativa se desprende que, para su actualización, deben colmarse los siguientes requisitos:


I. El agresor se encontrare dentro del hogar del causante del daño, o en la casa en que se encuentre su familia, aunque no sea su hogar habitual o en un hogar ajeno que tenga obligación de defender,


II. El agresor se encontrare en el local en el que el causante del daño tenga sus bienes o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender;


III. Finalmente, con independencia de cuál de las anteriores hipótesis se actualice en el caso concreto, es menester que el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas.


79. Por otra parte, de los conceptos de invalidez hechos valer por la Comisión accionante, se desprende que no se combaten propiamente las referidas condiciones que el legislador estableció para la configuración de la llamada "defensa legítima privilegiada" –ni siquiera propiamente los elementos para la actualización de la legítima defensa como tal, regulada por el artículo 17, fracción III, párrafo último–.


80. Sino que el vicio de constitucionalidad aducido en la especie radica en que, a juicio de la demandante, la porción normativa que indica "lesión o prive de la vida a otro", presume la existencia de la causa de justificación del delito consistente en la figura de la defensa legítima, incluso cuando se realice una actuación desproporcionada e irrazonable. Lo que se traduce en una vulneración al derecho de seguridad jurídica y de la proscripción de hacerse justicia por propia mano. Es decir, la norma impugnada establece una causa de exclusión del delito en sentido amplio, fuera de los principios que rigen la figura de la legítima defensa a saber: racionalidad, proporcionalidad y necesidad.


81. Como se ha adelantado, el Pleno de este Alto Tribunal estima que la referida porción normativa no genera inseguridad jurídica, ni autoriza a las personas a hacer justicia por su propia mano, como se demostrará a continuación.


82. En principio, debe tenerse en cuenta que la regulación de la presunción normativa de la legítima defensa no puede interpretarse de manera aislada, sino que debe entenderse a la luz de los diversos requisitos previstos en el propio artículo 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, y que precisamente, establecen y delimitan tal causa de justificación penal.


83. En efecto, en la especie debe partirse de una interpretación lógica de la norma; es decir, debe identificarse, a través del razonamiento, la correspondencia entre la razón de la ley o fin particular del precepto que se interpreta, así como los hechos a los cuales se pretende aplicar dicho precepto. Ello, con el objetivo de verificar si la norma se adapta a las exigencias de la situación planteada ante el órgano jurisdiccional.


84. Lo anterior, en el contexto de que el precepto que se interpreta no puede ser analizado en forma aislada, toda vez que pertenece a un conjunto de enunciados normativos que deben ser entendidos como unidad, en tanto se refieren a la misma figura, esto es, a la institución jurídica de la legítima defensa.


85. Por ende, esta Suprema Corte considera que la presunción normativa prevista en el artículo 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, no generará una consecuencia contraria al parámetro de regularidad constitucional, a menos que: (I) la legítima defensa regulada por el citado precepto no contenga los elementos normativos necesarios para evitar que tal defensa se emplee de manera indebida o excesiva; o bien, (II) que aun habiéndolos, la locución "lesión o prive de la vida a otro" tenga tal entidad que provoque que éstos dejen de tener una incidencia significativa en la regulación de la legítima defensa, al grado de autorizarse una actuación defensiva innecesaria, irracional o desproporcionada.


86. En esa inteligencia, es menester examinar primeramente si el citado artículo 17, fracción III, párrafo último, prevé elementos normativos para evitar que la legítima defensa se emplee de manera innecesaria, irracional o excesiva. Como fue referido brevemente en párrafos precedentes del presente considerando, para que exista tal causa de justificación penal es menester que concurran los siguientes requisitos:


I. La existencia de una "agresión actual o que implique peligro inminente y sin derecho";


II. Que no medie "provocación inmediata y suficiente por parte de la persona que repele la agresión"; y,


III. Que no se utilice "un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la necesidad".


87. Para los efectos del presente análisis constitucional, resulta relevante examinar detenidamente el último de los requisitos aludidos, es decir, el de la necesidad racional.


88. Como se desprende del propio precepto combatido, para que exista la legítima defensa es menester que no se utilice "un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la necesidad". En ese sentido, se advierte que el legislador estableció expresamente que el rechazo a la agresión ilegal –hacia una persona, hacia su familia, hacia sus bienes o a los de un tercero– debe encontrarse enmarcado dentro de los principios de "racionalidad" y "necesidad".


89. En efecto, el principio de necesidad se refiere, en términos generales, a que debe encontrarse debidamente justificado el empleo la fuerza defensiva para repeler o rechazar la agresión que sufre una persona a fin de proteger su vida, integridad personal, la de su familia, su propiedad o en su caso la de terceros –respecto de los cuales tenía la obligación jurídica de proteger–.


90. Así, la necesidad se basa en la idea de que el agredido es puesto en una situación inusual en la que se le obliga a decidir entre su integridad personal, la de las otros que tiene igual deber de proteger o la del agresor, por lo que en tales circunstancias el derecho penal le permite hacer uso de la fuerza y generar un daño a otro, a fin de no resentir los efectos perniciosos de dicha conducta antijurídica, en tanto nadie está obligado a soportar lo injusto.


91. En consecuencia, la necesidad hace referencia al requerimiento mismo de que el agredido se encuentre apremiado para proteger su persona o bienes jurídicos o de terceros, ante el peligro en que se encuentran y, por ende, es la conducta del agresor la que obliga a que la persona deba emplear medidas defensivas para no sufrir el daño.


92. Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que ese estado de necesidad implica una sucesión de actos, uno tras otro, momento a momento, que dada la naturaleza humana de los participantes y la situación emocional en que éstos se encuentran, "no se les pueda exigir razonadamente una actuación diferente, atendiendo a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos."


93. Ilustra lo anterior, la tesis que se lee bajo el rubro: "LEGÍTIMA DEFENSA, INMEDIATEZ DE LA PROVOCACIÓN EN LA."(27)


94. Por ello, ha sustentado que la reacción defensiva efectuada "cuando ya se ha consumado el ataque y el peligro que se pretende la motivaron, no puede considerarse como legítima defensa, ni eximir de responsabilidad al agente activo del delito."


95. Lo anterior, ya que los actos ejecutados contra el agresor "con posterioridad a la acción consumada por éste, no pueden ya estimarse que justifiquen la legítima defensa, sino actos de represalia o contienda cuya ilegalidad impide que la responsabilidad penal se excluya por tal concepto".(28) Así lo establece la tesis intitulada: "LEGÍTIMA DEFENSA, INEXISTENCIA DE LA."


96. Asimismo, esta Corte ha sostenido que la "ofensa verbal hecha por el sujeto pasivo de la infracción, no es constitutiva de una agresión que precisara repeler mediante la legítima defensa". Ello se encuentra plasmado en la tesis que se lee bajo el rubro: "LEGÍTIMA DEFENSA."(29)


97. Por otra parte, el principio de racionalidad implica, en términos generales, que el defensor, atendiendo a las circunstancias, ha de emplear de manera razonable y no excesiva los medios defensivos que dispone, acorde a la magnitud de la agresión, la peligrosidad del atacante y al valor del bien amenazado.(30)


98. Como se aprecia de lo antes expuesto, el medio empleado para defenderse debe resultar apropiado al nivel de peligro o daño que genera la agresión para el derecho o bien respectivo. Esto es, el medio y la extensión de la defensa han de ser "los racionalmente necesarios para rechazar el ataque": en consecuencia, se reprueba "la reacción desmedida ... y desproporcionada con respecto a la agresión".(31)


99. En efecto, la racionalidad, en el contexto de la legítima defensa, se encuentra íntimamente relacionada con el balance entre el daño infringido por el ataque y la defensa que lo repele.


100. De tal suerte que, a juicio de este Alto Tribunal, cuando el legislador local estableció que para que se actualice la legítima defensa, es menester que no se haya empleado "un medio irracional para repeler la agresión", significa que la defensa respectiva no puede resultar excesiva, pues precisamente, ello es lo que generaría la irracionalidad respecto a la manera en que se rechace el ataque antijurídico de que se trate.


101. El exceso en el uso de la fuerza, al momento de repelerse la agresión, entonces, equivale a la irracionalidad que precisamente se encuentra proscrita en el precepto normativo en análisis. Esto es, una vez que se acredita la necesidad de rechazar el ataque ilegal del agresor, por medio del uso de la fuerza, debe examinarse si el medio empleado para protegerse de tal conducta, resulta razonablemente proporcional a la agresión actual o inminente de que se trate.


102. Al respecto, debe señalarse que el principio de racionalidad no implica que la persona deba responder con un grado de exactitud de fuerza respecto a la diversa que es empleada por el agresor. Es decir, la racionalidad del medio empleado no se ejercita al extremo de realizar un cálculo aritmético de equivalencia entre los medios defensivos y de ataque, sino más bien de su ejercicio efectivo y no excesivo, dentro de parámetros razonables. Esto es, implica un ejercicio de ponderación que permita determinar que el uso de la fuerza defensiva no resulta del todo excesivo para rechazar el ataque generado por el agresor.


103. Entonces, no se trata de una proporcionalidad con precisión matemática, en tanto que ello desconocería las dificultades reales que implicaría para una persona que, al momento de tener que defenderse ante un ataque actual o inminente del cual es víctima, se le exija repeler una agresión con el exacto grado de fuerza que es empleado por el atacante. En efecto, no puede exigírsele jurídicamente a la persona una reacción mecánica y aritméticamente calculada respecto al uso de la fuerza, ante la presencia de un ataque súbito que le genera o va a generar de manera inminente un determinado daño a su integridad personal, al de su familia o al de su patrimonio.(32)


104. Basta entonces con que, atendiendo a las características de la agresión, a las circunstancias en las que se lleva a cabo, así como a los valores que se encuentren en peligro, se determine que la persona se defendió dentro de los estándares racionales que se esperarían de una persona en tales situaciones. En tales condiciones, lo que se busca mediante el referido principio, no es exigir una equivalencia exacta entre los daños generados por el atacado y atacante, sino proscribir los excesos en el empleo de la fuerza defensiva.


105. Así, el referido principio de racionalidad en el medio empleado para repeler la agresión no debe interpretarse de manera rigorista. Basta entonces con que la fuerza defensiva no se encuentre fuera de toda proporción razonable a la fuerza de la agresión.(33)


106. Por ello, esa exigencia de racionalidad del medio empleado se refiere al balance entre la agresión y la defensa empleadas, respectivamente. Es decir, que el daño generado para repeler la agresión no resulte del todo excesivo o desproporcionado al daño o peligro derivado del ataque.(34)


107. Al respecto, este Alto Tribunal ha señalado que "el exceso en la legítima defensa sólo se configura cuando la repulsa lícita de la agresión va más allá de lo necesario para evitar el peligro que está implica".(35) Asimismo, que la legítima defensa no debe entenderse de manera ilimitada, pues para que el acto defensivo quede cubierto por la excluyente "se requiere que sea necesario y proporcionado, porque de lo contrario, se convertiría, de un instituto eminentemente jurídico, en una medida de sacrificios brutalmente absurdos".


108. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en las tesis intituladas: "LEGÍTIMA DEFENSA, EXCESO EN LA." y "LEGÍTIMA DEFENSA DEL PATRIMONIO."(36)


109. En efecto, una de las condiciones negativas para que se configure la justificativa, lo es, "la necesidad racional del medio empleado", que quiere significar no sólo que la agresión tiene que haber creado un estado de necesidad sino, además, "que la reacción de quien se defienda debe ser el medio adecuado con que el peligro puede efectivamente evitarse; condición sin la cual habría defensa excesiva". Lo que implica que, si existe una "desproporción entre los medios de agresión y los de defensa, requeridos por la ley, para tener ésta como excesiva".


110. Así lo establecen las tesis que se leen bajo idénticos rubros, pero con distintas consideraciones, a saber: "LEGÍTIMA DEFENSA, EXCESO EN LA."(37) y "LEGÍTIMA DEFENSA, EXCESO EN LA."(38)


111. Una vez determinado que el precepto 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal de mérito sí cuenta con elementos normativos que limitan el ejercicio de la legítima defensa, al supeditar tal causa de justificación punitiva bajo los principios de necesidad y racionalidad del medio empleado, resta examinar si la porción normativa que señala "lesión o incluso la privación de la vida" es de tal entidad que, como lo aduce la Comisión accionante, provoca que los citados principios dejen de tener una incidencia jurídica significativa en tal figura, al grado de permitirse la actuación defensiva innecesaria o irracional.


112. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, como se ha mencionado en párrafos precedentes, el legislador local estableció un supuesto de legítima defensa privilegiada en el último párrafo de la fracción III del artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, al señalar que se presumirá que concurren los requisitos de la defensa legítima, salvo prueba en contrario favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, cuando:


I. El agresor se encontrare dentro del hogar del causante del daño, o en la casa en que se encuentre su familia, aunque no sea su hogar habitual o en un hogar ajeno que tenga obligación de defender.


II. El agresor se encontrare en el local en el que el causante del daño tenga sus bienes o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender.


III. Finalmente, con independencia de cuál de las anteriores hipótesis se actualice en el caso concreto, es menester que el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas.


113. Como se ha razonado, la legítima defensa privilegiada se basa en la condición del peligro implícito en determinados escenarios descritos por la ley que hacen presumir, por tanto, que existió un ataque actual o inminente contra una persona, su familia o su patrimonio y, por ende, que el daño generado al agresor no es sino la consecuencia de una conducta defensiva para proteger tales bienes y valores jurídicos.


114. De ahí, que tal hipótesis jurídica otorgue un beneficio procesal a quien alega encontrarse dentro de ese supuesto, en tanto lo libera de la carga probatoria de acreditar todos y cada uno de los requisitos jurídicos para la actualización de la legítima defensa, porque solamente requiere comprobar que se ubica en alguno de los supuestos de la referida presunción para que opere en su favor tal causa de justificación.(39)


115. En efecto, en la llamada legítima defensa privilegiada se presume que concurren todos los requisitos de tal causa de justificación penal, salvo prueba en contrario.(40) D. precisar que esa presunción no es irrestricta, sino que resulta indispensable verificar en cada caso concreto que, efectivamente, la persona se haya ubicado en el supuesto de la llamada legítima defensa privilegiada.


116. Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que "siendo la presunción de legítima defensa, una presunción juris tantum, los hechos que la destruyan deben justificarse"; de ahí que, para que dicha presunción opere, "los hechos que de acuerdo con la ley, le sirven de base, deben quedar probados plenamente", en tanto las excluyentes o causas de justificación delictivas deben comprobarse en la causa, lo que tiene aplicación a los hechos que sirven de apoyo a la presunción de la eximente de legítima defensa.


117. Sustenta lo anterior, las tesis intituladas: "LEGÍTIMA DEFENSA. PRESUNCIÓN DE LA. LOS HECHOS QUE DE ACUERDO A LA LEY LE SIRVEN DE BASE DEBEN QUEDAR PROBADOS PLENAMENTE (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA)."(41) y "LEGÍTIMA DEFENSA, PRUEBA DE LA."(42)


118. Por ende, resulta relevante precisar que, una vez acreditados los supuestos de actualización de la legítima defensa privilegiada, ello únicamente conduce a tener por configurados de manera presuntiva los requisitos exigidos por la figura de la defensa propia. En consecuencia, no obstante que se actualicen los hechos para que opere dicha presunción, el juzgador deberá verificar, acorde con las pruebas que obren en autos, si la conducta defensiva se encuentra apegada o no a los principios de necesidad y racionalidad del medio empleado.


119. Lo anterior, ya que la legítima defensa privilegiada únicamente conlleva que la persona que aduce encontrarse en tal causa de justificación penal no tenga que acreditar, entre otras cuestiones, la necesidad y racionalidad del medio empleado ante la presunción jurídica de que han sido colmadas en el caso concreto, lo cual no debe traducirse, en forma alguna, en que la legítima defensa pueda prescindir de tales principios o que puedan ser soslayados.


120. Es así, ya que la propia norma en análisis expresamente reconoce que se "presumirá la defensa legítima, salvo prueba en contrario", lo que implica que, si del cúmulo probatorio del juicio se desprende que, pese a la actualización de los hechos que le sirven de base a la legítima defensa privilegiada, el ejercicio defensivo carece de necesidad o racionalidad en el medio empleado, la consecuencia jurídica sería no tener por actualizada la causa de justificación penal.


121. Consiguientemente, la presunción de la legítima defensa no debe interpretarse en el sentido de que sea jurídicamente admisible todo uso de la fuerza defensiva, sin importar su necesidad o proporcionalidad, porque en tales casos corresponde al Ministerio Público aportar los elementos necesarios para demostrar que la persona que produjo el daño no obró conforme a los límites jurídicos que regulan tal figura. Esto es, que el uso de la fuerza defensiva resultó contraria a los principios de necesidad y racionalidad de la fuerza empleada, consagrados expresamente en el artículo 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.


122. En suma, la figura de la legítima defensa privilegiada no implica en forma alguna que puedan dejar de observarse los principios de necesidad y racionalidad del medio empleado, sino simplemente conlleva que se invierta la carga probatoria respecto al cumplimiento de tales requisitos, porque en dichos supuestos, es la autoridad quien deberá demostrar que el daño producido al agresor no era necesario o que el medio empleado fue irracional.


123. Partiendo de los anteriores razonamientos, el Pleno de este Alto Tribunal no se encuentra convencido de que, como lo aduce la Comisión accionante, la locución "lesión o prive de la vida a otro", genere inseguridad jurídica y permita a las personas hacerse justicia por propia mano, en detrimento de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.


124. En ese sentido, conforme a las anteriores consideraciones se advierte que los principios de necesidad y racionalidad de los medios empleados tienen plena aplicabilidad en la legítima defensa, aun ante su presunción normativa, ya que en tal supuesto corresponde a la autoridad de procuración de justicia aportar los elementos necesarios para demostrar, precisamente, que el uso de la fuerza defensiva resultó innecesaria o excesiva, acorde a la magnitud de la agresión, la peligrosidad del atacante y al valor del bien amenazado.


125. En consecuencia, el hecho de que la porción normativa reclamada exprese que se presumirá la defensa legítima, salvo prueba en contrario, al causar un daño, "lesión o prive de la vida a otro", en forma alguna puede interpretarse en el sentido de que esa presunción normativa autoriza el uso de la fuerza defensiva fuera de los parámetros de la necesidad o racionalidad del medio empleado, esto es, que autorice a las personas ejercer actos de venganza y hacer justicia por su propia mano.


126. Siendo que, a juicio de este Alto Tribunal, el que la referida presunción abarque no sólo lesiones, sino inclusive la vida del agresor no torna inconstitucional la norma, porque si la propia figura de la legítima defensa admite en ciertos casos el uso de medios defensivos que puedan privar de la vida al agresor, es del todo lógico que la presunción normativa también pueda abarcar tales supuestos excepcionales.


127. Como se ha expuesto en párrafos precedentes del presente considerando, "cuando la conducta de un ser viviente amenace lesionar o lesiona intereses jurídicamente protegidos, como lo son la vida o la integridad corporal del agredido, éste se encuentra en posibilidad de dañar a su atacante para no reportar en su persona el daño que éste pretende causarle."


128. Lo anterior, porque la legítima defensa se deriva del valor positivo que una sociedad le otorga, entre otros, a la vida del ser humano; por lo que, ante la presencia de daños de carácter letal es del todo razonable que se permita a la persona optar por su propia vida en detrimento de la del agresor. Así, la legítima defensa resulta instrumental a dicho valor en tanto impide que el individuo se sacrifique frente a derechos heterónomos o consideraciones de beneficio colectivo.


129. En efecto, el paradigma de la legítima defensa tiene lugar, precisamente, cuando la persona actúa de manera forzada, expedita y justificada con el fin de salvar su propia vida. Ello, se deriva del deseo del ser humano de sobrevivir, lo que se encuentra profundamente inmerso en la institución de la legítima defensa.(43)


130. Siendo que, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la locución "lesión o prive de la vida a otro" deber ser entendida, únicamente, como la expresión del legislador local tendiente a clarificar o brindar mayor certeza acerca del alcance del supuesto de la presunción jurídica de la existencia de tal institución, mas no como una autorización para el uso desmedido, innecesario o irracional de la fuerza defensiva.


131. Como se ha reiterado, en tales supuestos, especialmente aquellos en los que existe una lesión de naturaleza letal contra el agresor, las autoridades del Estado Mexicano competentes deben realizar todos los actos necesarios para indagar si, efectivamente, la conducta defensiva fue necesaria para evitar o repeler el ataque y si resultó racionalmente proporcionada a la magnitud de los daños derivados de tal agresión.


132. En efecto, el hecho de que la presunción de la legítima defensa opere incluso para los casos en que se cause la muerte del agresor, no significa que las personas puedan hacer uso de la fuerza indiscriminadamente, ni que se pueda tener por acreditada esa causa de justificación penal a pesar de que el daño producido al agresor haya resultado innecesario o excesivo; porque la consecuencia jurídica de tal hipótesis normativa no es la supresión de los principios de necesidad y racionalidad del medio empleado, sino, simplemente, que se invierta la carga de la prueba respecto a su acreditación o incumplimiento.


133. Atento a lo hasta aquí expuesto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el precepto 17, fracción III, párrafo último, en la porción normativa que establece "lesión o prive de la vida a otro" del Código Penal del Estado de Nuevo León, no resulta inconstitucional, porque no genera inseguridad jurídica, ni permite a las personas hacerse justicia por propia mano, en detrimento de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.


Por lo expuesto y fundado, se resuelve;


PRIMERO.—Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.


SEGUNDO.—Se reconoce la validez del artículo 17, fracción III, párrafo último, en su porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", del Código Penal para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 268, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en términos del apartado VI de esta ejecutoria.


TERCERO.—P. esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.


N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.


Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:


En relación con el punto resolutivo primero:


Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los M.G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, al trámite, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.


En relación con el punto resolutivo segundo:


Se aprobó por mayoría de siete votos de los Ministros E.M., A.M., P.R., P.H., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en reconocer la validez del artículo 17, fracción III, párrafo último, en su porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", del Código Penal para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 268, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Los M.G.A.C. y F.G.S. votaron en contra.


En relación con el punto resolutivo tercero:


Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los M.G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L..


El Ministro A.G.O.M. no asistió a la sesión de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, previo aviso a Presidencia.


El Ministro presidente Z.L. de L. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.


Nota: La tesis aislada 1a. CCCIX/2014 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas.








________________

1. Sustentó dicho argumento en la tesis 1a. CCCIX/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 590, «con número de registro digital: 2007342», de título y subtítulo: "PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES."


2. Al respecto citó la tesis P. IX/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, página 82, «con número de registro digital: 200381», de rubro: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA."


3. Foja 41 del expediente principal.


4. I., fojas 42 a 44.


5. I., fojas 87 a 99.


6. I., fojas 149 a 154.


7. I., foja 290.


8. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."


9. Foja 37 del expediente.


10. "Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: ...

"XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, y ..."


11. Resuelta en la misma sesión de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en cuanto al fondo por mayoría de siete votos de las Ministras E.M., P.H. y los M.A.M., P.R., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., en contra de los votos de los M.G.A.C. y F.G.S..


12. El tipo penal es la creación legislativa, la descripción que el Estado hace, a través del Poder Legislativo, de una conducta en los preceptos penales, por tanto, hay una exigencia de contenido concreto y unívoco en la tipificación de las conductas en la ley penal, conocida como taxatividad legal. El tipo permiso, con sus elementos objetivos y subjetivos, es una causa de justificación y en el caso concreto una legítima defensa.


13. F.C., en su obra intitulada "Lineamientos Elementales de Derecho Penal", Editorial Porrúa, México 1987, páginas 192 y 193, refiere que: "... La defensa legítima es una de las causas de justificación de mayor importancia. Para Cuello Calón es legítima la defensa necesaria para rechazar una agresión actual o inminente e injusta, mediante un acto que lesione bienes jurídicos del agresor. Según F.V.L., se legitima la defensa necesaria para repeler una agresión actual y contraria al derecho mediante una agresión contra el atacante. Para J. de Asúa la legítima defensa es la repulsa de una agresión antijurídica, actual o inminente, por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios. Todas las definiciones son más o menos semejantes: repulsa de una agresión antijurídica y actual por el atacado o por terceras personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria para la protección."


14. Principio del interés preponderante. Cuando el interés o bien jurídicamente protegido tiene que ser sacrificado ante otro mayor. En este caso se aplica el principio del interés preponderante, éste existe cuando el sujeto activo del delito obra en cumplimiento de su deber, en ejercicio de un derecho o incluso en defensa legítima privilegiada ante su presunción, es decir que se presume ante prueba en contrario.

Principio de ausencia de interés. Se aplica este principio cuando el tutelaje del derecho ha desaparecido. Existe este principio cuando el sujeto pasivo consciente sufrir consecuencias. Ej., en los delitos de acción privada o dicho de otra forma de querella necesaria, el sujeto pasivo tiene la facultad de iniciar o no la acción penal.


15. Correspondiente a la Quinta Época, con número de registro «digital:» 292670, emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXXII, página 429.


16. M.L., I.. Diccionario Jurídico Mexicano. México 2007. Editorial Porrúa-Universidad Autónoma de México. Página 1010.


17. Cfr. S.Y.. Commonwealth and International Perspectives on Self Defence, Duress and Necessity. Current issues in criminal justice. Volumen 19. Número 3. Página 352.


18. Cfr. K., D.M., The Self-Defensive Cognition of Self-Defense (2008). Faculty Scholarship Series. Y.L.S.L.S.R. Paper 98. Página 8.


19. Cfr. S.S. ¿Malice aforethought and selfdefense: mutually exclusive mental states? New York University Law Review. Volumen 91:1027. Página 1038.


20. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ..."


21. Ver. W., J.Q., Between Self-Defense and Vengeance/Between Social Contract and Monopoly of Violence (2004). Faculty Scholarship Series. Y.L.S.L.S.R.. Paper 650.


22. Cfr. J.Y.K.. The rhetoric of self-defense, 13 B.J.o.C.L.. 261 (2008). Páginas 303 a 304.


23. Cfr. B.S.. In defense of self-defence in criminal law; and on killing in self-defence -a reply to F.L.-. Criminal L.B.. Volumen 44, Número 6. Página 8.


24. Cfr. J.Y.K.. The rhetoric of self-defense, 13 B.J.o.C.L.. 261 (2008). Página 276.


25. Cfr. I.. Página 295.


26. Cfr. N., C.S.. La legítima defensa: fundamentación y régimen jurídico. Editorial Astrea 1982. Página 59.


27. Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Segunda Parte, página 39, Séptima Época, «con número de registro digital: 233982».


28. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 121-126, Segunda Parte, página 107, Séptima Época, «con número de registro digital: 234947».


29. Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Segunda Parte, página 69, Sexta Época, con número de registro digital: 801969.


30. Cfr. M.L., I.. Diccionario Jurídico Mexicano. México 2007. Editorial Porrúa-Universidad Autónoma de México. Página 1011.


31. G.R., S.. Derecho penal. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1990. Página (sic).


32. Cfr. S.S. ¿Malice aforethought and selfdefense: mutually exclusive mental states? New York University Law Review. Volumen 91:1027. Página 1035. En tal texto, se expresa "all federal murder cases acknowledge the maxim that detached reflection cannot be demanded in the presence of an uplifted knife".


33. Cfr. B.S.. In defense of self-defence in criminal law; and on killing in self-defence -a reply to F.L.-. Criminal L.B.. Volumen 44, número 6. Página 21.


34. Cfr. S.Y.. Commonwealth and International Perspectives on Self Defence, Duress and Necessity. Current issues in criminal justice. Volumen 19, número 3. Página 352.


35. Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Volúmenes 181-186, Séptima Parte, página 236, «con número de registro digital: 245459».


36. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186, Segunda Parte, página 65, «con número de registro digital: 234244».


37. Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, página 1921, Quinta Época, «con número de registro digital: 296007».


38. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIX, página 1240, Quinta Época, «con número de registro digital: 301285».


39. Esto es, que sin derecho el agresor se encuentre al interior: (I) del lugar en que, temporal o permanentemente, habite el que se defiende, su familia o cualquier persona a la que tenga obligación de defender; o (II) en el local donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga igual obligación de defensa; y (III) que el agresor ejerza violencia sobre las personas y las cosas.


40. Cfr. M.L., I.. Diccionario Jurídico Mexicano. México 2007. Editorial Porrúa-Universidad Autónoma de México. Páginas 1011 y 1012.


41. Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216, Séptima Parte, página 369, Séptima Época, «con número de registro digital: 245183».


42. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 8, Segunda Parte, página 25, Séptima Época, «con número de registro digital: 236983».


43. Cfr. J.Y.K.. The rhetoric of self-defense, 13 B.J.o.C.L.. 261 (2008). Página 265.

Esta sentencia se publicó el viernes 10 de septiembre de 2021 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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