Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

JuezHumberto Román Palacios,Juan Díaz Romero,Juan N. Silva Meza,Genaro Góngora Pimentel,Juventino Castro y Castro,José de Jesús Gudiño Pelayo,Mariano Azuela Güitrón,Salvador Aguirre Anguiano,Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,José Vicente Aguinaco Alemán
Fecha de publicación01 Julio 2001
Número de registro7262
Fecha01 Julio 2001
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 2001, 678
MateriaSuprema Corte de Justicia de México
EmisorPleno

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2001. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.


MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: P.A.N.M..


México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de mayo de dos mil uno.


VISTOS; Y

RESULTANDO:


PRIMERO.-Por oficio presentado el veinticuatro de enero de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, M.R.M. de la Concha, ostentándose como procurador general de la República promovió acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de la norma general que a continuación se señala, emitida por las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente:


"N. general impugnada. Se demanda la declaración de invalidez del artículo 23, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del 2001, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el 25 de diciembre de 2000, del que se anexa un ejemplar.-Autoridades demandadas: 1. Autoridad emisora: Congreso del Estado de A. con domicilio en la calle de M. 124, Norte, Zona Centro, código postal 20000, A., Ags.-2. Autoridad promulgadora: gobernador de la misma entidad con domicilio en Costado Sur de la Plaza Municipal, esquina con J.M.C., Zona Centro, código postal 20000, A., A.."


SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:


"1. Violación a los principios de libre hacienda municipal y de supremacía constitucional, establecidos en los artículos 115, fracción IV, inciso a) y párrafo segundo, así como 133 constitucionales, respectivamente.-Previo al pronunciamiento sobre el concepto de invalidez, considero pertinente hacer una breve referencia acerca de lo que debe entenderse por hacienda municipal.-De acuerdo con el Diccionario Jurídico Espasa la ‘hacienda pública se constituye por el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado o a sus organismos autónomos’.-El Diccionario Manual Jurídico de J.A.G. define la ‘hacienda pública como la coordinación económica activa cuyo fin es la producción de los servicios que corresponden al Estado. Dicho fin se logra, fundamentalmente, mediante la recaudación de impuestos a los habitantes. En sentido general significa el contenido de los bienes del Estado con su consiguiente administración’.-En este sentido, ese Máximo Tribunal en las sentencias a las controversias constitucionales 4/98 y 6/98, resolvió que la hacienda municipal está comprendida dentro de lo que es la hacienda pública y que consiste en un universo de elementos que se integran a la misma desde que entran y afectan la esfera económica de los Municipios, concluyendo que, en términos generales, la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos.-Ahora bien, en virtud del renovado espíritu del federalismo, se ha pretendido dar autonomía a los Municipios evitando la centralización política, jurídica, administrativa y económica, con el fin de mantener un equilibrio entre los órganos de gobierno, pues el Municipio es una comunidad social con capacidad jurídica que reclama la obtención de un desarrollo integral a la par de los Estados y la nación.-Por lo anterior, nuestro sistema jurídico constitucional estableció una fórmula -artículo 115, fracción IV, constitucional- con el objeto de que los Municipios cuenten con el erario suficiente a efecto de satisfacer no sólo los servicios públicos que sus habitantes requieren, sino también para su desarrollo propio, sobre todo para hacer patente el ejercicio de su libertad al disponer de dichos recursos sin intervención de ninguna especie, sea federal o estatal.-El artículo 115 constitucional prevé una serie de obligaciones y prerrogativas a favor de los Municipios y en la parte que nos interesa se establece lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 115. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimiento de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ... Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. ...’.-De la transcripción anterior se observa que nuestra Constitución Federal dispone expresamente que los Municipios percibirán de manera directa las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Asimismo, se estatuye que del pago de ese impuesto no podrá eximirse a persona o institución alguna, salvo que se trate de bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios.-El precepto constitucional citado con antelación delimita los rubros respecto de los cuales el Municipio ejerce directamente su administración para poder llevar a cabo la prestación de los servicios públicos y las funciones que la propia Ley Fundamental le confiere; pero establece una prohibición de eximir de la obligación de contribuir a los gastos del Ayuntamiento, para proteger la referida hacienda municipal, y en la parte que nos interesa, encontramos que se menciona lo siguiente: Los Municipios percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados, entre otros, sobre la propiedad inmobiliaria, y queda prohibido que en las leyes estatales se establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de esas contribuciones.-Establecido lo anterior, se pasa al examen del dispositivo que se impugna, mismo que establece: ‘Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del 2001.-Capítulo II. Sobre adquisiciones de inmuebles.-Artículo 23. Este impuesto se causará y pagará aplicando la tasa del 2% a la base que establece y en los casos a que se refiere la Ley de Hacienda Municipal.-Quedan exentas de este impuesto las adquisiciones de inmuebles que realicen las asociaciones religiosas constituidas en la ley de la materia, siempre que, en este último caso, la adquisición se realice dentro de los seis meses siguientes a su constitución.’.-El artículo de referencia establece de manera específica que quedan exentas del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, las asociaciones religiosas que adquieran un inmueble dentro de los seis meses siguientes a su constitución legal.-Al respecto, en el Diccionario de Derecho de R. De Pina se afirma que la exención de impuestos es la ‘relevación total o parcial a persona determinada de pagar un impuesto aplicable al resto de los causantes en igualdad de circunstancias o condonación en forma privativa de los impuestos ya causados’.-Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, resulta inconcuso que la norma general impugnada es contraria a lo que establece el artículo 115, en su fracción IV, párrafo primero, inciso a) y párrafo segundo, de la Constitución Federal, toda vez que indebidamente exenta del impuesto sobre adquisición de inmuebles a las asociaciones religiosas, independientemente que establezca un requisito para ello, como lo es que dicha adquisición se haga dentro de los seis meses siguientes a su constitución legal como asociación religiosa.-Cabe señalar que los bienes que llegaren a adquirir las asociaciones religiosas no se contemplan dentro de aquellas excepciones a las que se refiere precisamente el mandato de la Constitución Federal que se considera violado, es decir, no se trata de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios que sí están exentos, razón por la cual se materializa la inconstitucionalidad de la citada norma general.-En virtud de lo anterior, la norma general que se impugna viola el artículo 115, fracción IV, párrafo primero, inciso a) y párrafo segundo, de la Carta Magna, ya que estableció la exención de un ingreso que forma parte de la hacienda pública municipal y que corre a cargo de las asociaciones religiosas como sujeto pasivo de la relación tributaria. Aunado a lo anterior, es de precisar que dicha contribución -impuesto sobre adquisición de inmuebles- es de aquellas que encuadran en el régimen de la libre administración que protege el numeral constitucional en cita, aunado a que existen prohibiciones expresas de otorgar exenciones o concesiones sobre dicha contribución.-Es pertinente mencionar que la Constitución Política del Estado de A., en su artículo 70, establece la libre administración de la hacienda de los Municipios en la entidad, precisando que la hacienda municipal se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso Local establezca a su favor, dentro de las que se encuentran las contribuciones que se originen de la propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.-Asimismo, el numeral de la Constitución Local antes citado dispone de manera expresa que las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, a favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas, quedando precisado el mandato de que únicamente los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos del pago de la obligación tributaria.-De lo que resulta que la Constitución Política del Estado de A. concuerda con el mandato de la Constitución Federal al garantizar, en favor de los Municipios, el cobro de impuestos sobre propiedad inmobiliaria; sin embargo, con la norma general impugnada se repudia el espíritu que el Constituyente Permanente plasmó en el artículo de la Ley Fundamental que se considera violado, es decir, se configura un menoscabo de la hacienda municipal, pues el resultado de dicha reforma es el de disminuir los ingresos municipales.-Por otra parte, cabe recordar que en materia tributaria puede darse el supuesto jurídico de que determinadas personas estén exentas del pago de algún impuesto. En el presente caso, se exenta a las asociaciones religiosas, quienes, de conformidad con el artículo 130 constitucional tienen la siguiente naturaleza jurídica: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 130. ... Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas ...’.-La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su artículo 3o., lo siguiente: Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: ‘Artículo 3o. El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. ...’.-Asimismo, en relación a las asociaciones religiosas se prevé en los numerales 6o., 8o., 17 y 19 de la ley citada, lo siguiente: Son iguales ante la ley en derechos y obligaciones; deben sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y les serán aplicables las disposiciones fiscales en los términos de la ley de la materia.-Según se ve, no hay base legal que permita inferir que las asociaciones religiosas tienen la prerrogativa para no pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, por el contrario, deben cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes que las regulan, y aun cuando se les eximiera del pago de la contribución antes señalada, ello sería notoriamente inconstitucional por las razones expresadas con anterioridad.-Es clara, en consecuencia, la obligación de las asociaciones religiosas para cumplir todo lo que les sea aplicable en las leyes respectivas, y no así la prerrogativa para no pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles que prevé la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del 2001.-Es menester señalar que de la revisión a las leyes fiscales y otras que se relacionan con la materia, aplicables en el Estado de A., como lo son el C.F., la Ley de Hacienda del Estado y la del Municipio de Tepezalá, la Ley Orgánica Municipal y el Código Municipal, se desprende que tampoco se prevé una exención del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles para este tipo de asociaciones, con lo cual se corrobora que el contenido del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá de la referida entidad, vulnera el numeral de nuestra Carta Magna antes citado.-Por otra parte, al haberse acreditado una contradicción del texto del artículo que se impugna con el contenido del numeral 115, fracción IV, inciso a) y párrafo segundo, de la Constitución Federal, se actualiza también, como consecuencia, una violación al principio de supremacía constitucional establecido en el dispositivo 133 de la Ley Fundamental, que a la letra dispone: ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’.-El principio constitucional que se considera vulnerado consiste en salvaguardar el Pacto Federal y mantener su lugar preferencial respecto de las Constituciones Locales y leyes ordinarias, lo que significa un estado de prioridad o primacía de la norma constitucional frente a todo tipo de normas, incluyendo leyes federales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.-Lo anterior significa que toda norma general que sea aprobada conforme a los procedimientos legislativos respectivos, de acuerdo a su contenido y naturaleza, de ninguna manera puede contravenir la Carta Magna, vulnerándose así el principio de supremacía constitucional, toda vez que la Constitución Federal es la Ley Suprema que está en la cúspide de la jerarquía de leyes mexicanas; esto es, primero la Constitución, luego los tratados internacionales, le siguen las leyes federales y, por último las leyes locales. De ahí que toda norma general tenga que acatar este principio de supremacía constitucional para que tenga plena validez; de lo contrario, si no se ajusta a dicho postulado se puede impugnar su inconstitucionalidad.-En este orden de ideas, el precepto legal combatido se encuentra en un nivel jerárquico inferior a la Constitución Federal, y por ello debe de tomar en cuenta los postulados contenidos en la N. Fundamental, esto es, debió sujetarse a lo preceptuado por la misma y no contravenirla, lo que en el caso concreto no sucedió, en virtud de que el segundo párrafo del numeral 23 de la Ley de Ingresos de Tepezalá, A., no observó lo establecido por el artículo 115, fracción IV, párrafo primero, inciso a) y segundo párrafo, al exentar del pago de impuestos a las asociaciones religiosas, lo que consecuentemente constituye un menoscabo en la hacienda pública municipal.-Por último, no debe pasar desapercibida la diferencia que existe entre la figura jurídica de la exención y el régimen fiscal de no sujeción, pues en ambas se deja de pagar determinado tributo; sin embargo, si bien forman parte de la materia fiscal, también lo es que dichos conceptos son de naturaleza diversa.-Es decir, la exención ocurre cuando la persona física o moral cuya situación legal normalmente tiene la calidad de causante, no está obligada a enterar el crédito tributario por encontrarse en condiciones de privilegio o franquicia, y la no sujeción es cuando en la propia ley se establece que la relación jurídica tributaria no existe. Sirve de apoyo la siguiente tesis: ‘EXENCIÓN DE IMPUESTOS O DERECHOS, ES UNA SITUACIÓN JURÍDICAMENTE DIFERENTE AL RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN.’, visible en el Semanario Judicial de la Federación, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XI-Marzo, página: 280.-En el caso que nos ocupa, las asociaciones religiosas sí están sujetas al pago del impuesto por concepto de adquisición de inmuebles, ya que el precepto impugnado únicamente las exenta de pagar el impuesto de referencia si se da el supuesto de que realicen la adquisición en un plazo de seis meses a partir de su constitución y registro legales, lo cual implica que se ha producido el hecho imponible a que se refiere la tesis citada sobre el particular, esto es, que no están fuera del régimen tributario y de ninguna manera puede considerárseles como personas jurídicas de no sujeción al régimen fiscal.-En conclusión, al existir una exención en el pago del impuesto sobre la adquisición de inmuebles en la multicitada Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., consecuentemente, se actualiza la violación al artículo 115, fracción IV, inciso a) y párrafo segundo de la Constitución Federal."


TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 115, fracción IV, párrafo primero, inciso a) y párrafo segundo, así como el 133 de la Constitución General de la República.


CUARTO.-Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnó el asunto al M.S.S.A.A., para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.


Por auto de treinta de enero de dos mil uno, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó y por admitida la demanda relativa; ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe.


QUINTO.-El gobernador del Estado de A., al rendir su informe, en síntesis manifestó lo siguiente:


Que por lo que hace a la promulgación y publicación del Decreto Número 145, que es precisamente a través del cual el gobernador decreta y publica el referido "... artículo 23, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A. para el ejercicio fiscal del dos mil uno ...", es un acto que efectivamente compete al Poder Ejecutivo, por lo que dicho acto es cierto, ya que, la publicación en cuestión, se hizo en cumplimiento del artículo 46, fracción I, de la misma Constitución Política del Estado de A..


Que la Constitución del Estado solamente faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo Estatal, sea el Poder Ejecutivo quien la mande publicar, pero la simple publicación en nada conculca los derechos o garantías del procurador general de la República, mientras que no se de un acto de aplicación de la norma que se impugna y también es cierto que el Ejecutivo Estatal no tiene encomendada la aplicación de dicha norma.


Que de los conceptos de invalidez que hace valer el promovente de la acción de inconstitucionalidad, no se desprende ninguno que realmente le sea imputable al titular del Ejecutivo del Estado y que pudiera afirmarse que afecta al procurador general de la República; por el contrario, que del análisis de dichos conceptos de invalidez, se concluye fácilmente que todos ellos refieren al contenido del artículo 23, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del dos mil uno, ordenamiento jurídico que fue legislado en su totalidad por la Quincuagésima Séptima (LVII) Legislatura del Congreso del Estado.


SEXTO.-El Congreso del Estado de A., por conducto del presidente y secretario de la mesa directiva de la diputación permanente, al rendir su informe manifestó, en síntesis, lo siguiente:


Que es cierto el acto legislativo que impugna el procurador general de la República de la Quincuagésima Séptima (LVII) Legislatura del Congreso del Estado de A., en cuanto a la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del dos mil uno, publicada en el Periódico Oficial del Estado de A. con fecha veinticinco de diciembre de dos mil; sin embargo, que dicho ordenamiento y en particular el artículo 23 no contraviene algún precepto de la Constitución General de la República.


Que por cuestión de orden público y en atención a lo que dispone el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester que se estudien previamente las causales de improcedencia de la citada acción de inconstitucionalidad, razón por la cual solicita que se aboque al estudio de las mismas en términos del numeral indicado.


Que el párrafo segundo del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá para el ejercicio fiscal del dos mil uno, que se tilda de inconstitucional, distingue una excepción para las asociaciones religiosas de nueva creación al exentarlas del referido impuesto si la adquisición del inmueble se realiza dentro de los seis meses siguientes al de su constitución, situación que obedece más que nada a una excepción en el cobro del referido impuesto pues éstas se encuentran en situación diferente a la del resto de los contribuyentes, ya sea por el uso o destino del inmueble objeto del tributo o en virtud de la condición objetiva que refleja intereses sociales o económicos de los sujetos exentos que los diferencia del resto de los sujetos pasivos del gravamen y que amerita se les dé un tratamiento fiscal desigual por encontrarse en situación desigual.


Que en apoyo a lo anterior, cabría resaltar lo que ha pronunciado este Máximo Tribunal en la tesis jurisprudencial que se identifica con el rubro: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.".


Que es válido y conforme a derecho lo dispuesto por el artículo 23 de la ley de ingresos a que se hace referencia en el presente asunto, pues exentar de impuestos a personas que se encuentran en situación especial y atendiendo a situaciones objetivas, no viola el principio de equidad fiscal tal y como lo argumenta el promovente en el escrito de demanda, toda vez que si bien es cierto que la situación en que se encuentran las asociaciones religiosas para tener acceso a dicha exención es una excepción, tal disposición la prevé para todas las asociaciones de ese tipo que se encuentren en dicho supuesto, no obedeciendo a situaciones individuales y personales, por lo que dicho dispositivo se encuentra apegado a lo previsto por la Constitución General de la República.


Que el hecho de que, por una circunstancia especial, después de la constitución de una asociación religiosa, se dé un término de gracia de seis meses para que sea sujeto del impuesto de referencia, y no así a todas las asociaciones religiosas constituidas con anterioridad, pues este tipo de asociaciones persigue como fin único la profesión de la fe de cualquiera de las religiones de que se trate, no persiguiendo fines de lucro, comerciales, políticos, ni sociales.


Que el ordenamiento impugnado cumple con los requisitos de ser abstracto y general, pues se refieren a un número indeterminado de personas y en ello se contempla la opción de encuadrar en lo dispuesto por dicho numeral a cualquier asociación religiosa que cumpla con los requisitos que ahí se disponen; situación que también se ve robustecida con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que a continuación se señala: "IMPUESTO PREDIAL. LEY DE INGRESOS Y LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SON GENERALES Y ABSTRACTAS.".


Que es obvio que no existe ningún acto que motive la procedencia de la acción de inconstitucionalidad instaurada; por tal motivo se debe declarar la validez de la norma y numeral impugnados por el procurador general de la República.


Por escrito presentado el treinta de marzo del presente año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados J.R.L. y J.A.C., con el carácter, respectivamente, de presidente y secretario de la Diputación Permanente en funciones del Congreso del Estado de A., señalaron lo siguiente:


"Que en el mes de marzo del año en curso, fue presentada por miembros integrantes del Ayuntamiento de Tepezalá, A., la iniciativa de reformas al artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del 2001, ante este H. Congreso del Estado de A., consistiendo dicha reforma en la derogación del párrafo segundo del citado dispositivo legal, la cual fue aprobada por este cuerpo colegiado en fecha 19 de marzo del presente año, y siendo publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de marzo de 2001, el cual se anexa al presente escrito, para los efectos legales conducentes.-En vista de lo anterior, y en consideración de que con ello cesan los efectos de la norma legal impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad, resulta procedente sobreseer el presente asunto, al situarse en la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."


SÉPTIMO.-Recibidos los informes de las autoridades responsables, formulados sus alegatos y encontrándose debidamente instruido el procedimiento en sus términos, por auto de quince de marzo de dos mil uno, se puso el expediente en estado de resolución.


CONSIDERANDO:


PRIMERO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo previsto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se demanda por el procurador general de la República, la invalidez del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A..


SEGUNDO.-En primer término, procede analizar si la demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.


En la presente acción de inconstitucionalidad, de manera expresa se demanda:


La declaración de invalidez del artículo 23, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del dos mil uno, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veinticinco de diciembre de dos mil.


El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:


"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.


"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."


Conforme al artículo 60 antes transcrito, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el Decreto Número 145, que contiene la norma que se impugna, en el Periódico Oficial del Estado de A..


La "Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, para el ejercicio fiscal del dos mil uno", fue aprobada por el Congreso del Estado de A., así como promulgada y publicada por el gobernador del mismo Estado, el lunes veinticinco de diciembre de dos mil, por lo que el cómputo de los treinta días naturales para el ejercicio de la acción inició al día siguiente, martes veintiséis del mismo mes y año, concluyendo el miércoles veinticuatro de enero de dos mil uno.


La demanda de que se trata fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día veinticuatro de enero del presente año, según constancia que obra a fojas catorce vuelta, de los autos del expediente.


Luego, si la demanda se presentó el día veinticuatro de enero del año en curso, que era el último día del plazo, es de concluirse que se presentó oportunamente.


TERCERO.-Por ser cuestión de orden público y estudio preferente, resulta pertinente analizar previamente la legitimación de quien promueve esta acción de inconstitucionalidad.


De conformidad con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Carta Fundamental, la acción de inconstitucionalidad puede ser ejercida por el procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.


La presente acción de inconstitucionalidad la promueve M.R.M. de la Concha, quien se ostenta como procurador general de la República.


Ahora bien, a fojas veintitrés de los autos del expediente en que se actúa, obra copia fotostática certificada del nombramiento expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos a favor de la persona aludida en el párrafo anterior, por virtud del cual se le nombra procurador general de la República, contando con la ratificación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.


Por consiguiente, se satisface cabalmente la exigencia de la legitimación para ejercitar la acción de inconstitucionalidad, toda vez que el supuesto de que se trata está previsto en la Constitución General de la República y la persona promovente acredita su personería y, además, se demanda una ley de carácter estatal.


CUARTO.-A continuación, se procede al estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes y las que se pudiesen advertir de oficio.


El Congreso del Estado de A. argumenta que el diecinueve de marzo del año dos mil uno, fue aprobada por el citado órgano legislativo una iniciativa de reformas al artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del dos mil uno, mediante la cual fue derogado el párrafo segundo del citado dispositivo legal; que por lo anterior, cesan los efectos de la norma legal impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad y resulta procedente sobreseer el presente asunto, en términos de la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.


Ahora, a fojas ciento sesenta y dos, obra el original del Periódico Oficial del Estado de A. de veintiséis de marzo de dos mil uno, en el que se contiene lo siguiente:


"F.G.G., Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de A., a sus habitantes sabed: Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente: El H. Congreso del Estado en sesión extraordinaria celebrada hoy, tuvo a bien expedir el siguiente decreto: Número 173.-La H. LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de A., en uso de las facultades que le conceden los artículos 27, fracción I, 32 y 35 de la Constitución Política Local, en nombre del pueblo, decreta: Artículo único. Se deroga el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del 2001, para quedar como sigue: Artículo 23. Este impuesto se causará y pagará aplicando la tasa del 2% a la base que establece y en los casos a que se refiere la Ley de Hacienda Municipal.-Transitorio: Artículo único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de A..-Al Ejecutivo para su sanción.-Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Estado, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil uno.-D.P., J.E.S.M..-D.S., G.Z.L. de Lara.-D.P., S. Delgado Esquivel.-Rúbricas.-Y tenemos el honor de comunicarlo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración distinguida.-Sufragio efectivo. No reelección."


En la especie, la parte actora en la presente acción de inconstitucionalidad, demanda la declaración de invalidez del artículo 23, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del dos mil uno, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el veinticinco de diciembre de dos mil.


Ahora bien, de acuerdo con el contenido de la última reforma al artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, publicada en el Periódico Oficial del Estado de A., el veintiséis de marzo del año en curso, antes transcrita, se evidencia en primer lugar, que conforme a su "artículo único" se derogó el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá y, en segundo, que de acuerdo con el "artículo único transitorio", se decretó su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el órgano informativo señalado.


De lo anterior se concluye, que con motivo de la reforma practicada a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, A., para el ejercicio fiscal del dos mil uno, publicada el veintiséis de marzo del mismo año, se derogó el segundo párrafo del artículo 23 de dicho ordenamiento, impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad, por lo que indiscutiblemente han cesado los efectos de la hipótesis normativa materia del juicio y, en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en los artículos 65, 19, fracción V y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.


Sirve de sustento a las anteriores consideraciones, por analogía, la tesis del Tribunal Pleno número 47/99, publicada en el Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 657, cuyo contenido es el siguiente:


"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.-La cesación de efectos prevista como causa de improcedencia de las controversias constitucionales en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad por disposición del diverso 59 del mismo ordenamiento legal, se actualiza si en una acción de inconstitucionalidad se plantea la invalidez de una norma general que durante el procedimiento ha sido abrogada por otra posterior, lo que determina sobreseer en el juicio, en términos de lo ordenado por el artículo 20, fracción II, de la citada ley reglamentaria."


En consecuencia, lo procedente es sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad.


Por lo expuesto y fundado, se resuelve:


ÚNICO.-Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad número 10/2001.


N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.


Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de once votos de los señores M.S.S.A.A., M.A.G., J.V.C. y C., J.D.R., J.V.A.A., J. de J.G.P., G.I.O.M., H.R.P., O.S.C. de G.V., J.N.S.M. y presidente G.D.G.P.. Fue ponente en este asunto el señor M.S.S.A.A..


Nota: Las tesis de rubros: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS." e "IMPUESTO PREDIAL. LEY DE INGRESOS Y LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SON GENERALES Y ABSTRACTAS.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 12, Primera Parte y 66, Primera Parte, páginas 44 y 39, respectivamente.


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