Dragon Mart sigue en investigación, señalan
Pierre-Marc René
MÉXICO, D.F., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El caso Dragon Mart no está cerrado. Los funcionarios federales y locales que dieron luz verde al proyecto en Quintana Roo sin que la empresa tuviera permisos del gobierno federal, siguen sujetos a investigación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La suspensión no es un tema político, lo que se hizo fue realizar nuevas inspecciones ante las dudas que generaron las acciones realizadas.
Además de que se encontró que el proyecto no tenía los permisos de impacto ambiental y por haber desmantelado más de 200 hectáreas de zona forestal protegida (manglares).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Guillermo Haro, titular de la Profepa, también reconoció que debido a la larga historia de la industria minera en la región, el río Sonora nunca podrá ser descontaminado, aunque se puede sanear el afluente para que el agua sea usada para fines domésticos y agrícolas, ante el derrame de sustancias tóxicas de una mina de Grupo México en agosto de 2014.
¿Por qué ordenar sólo la clausura del proyecto Dragon Mart, cuando ya se había reportado varias veces el problema?
El asunto se inició al término de la anterior administración, hacia 2012. Tanto el gobierno de Quintana Roo como el ayuntamiento de Benito Juárez dieron algunos permisos de orden estatal y municipal para detonar el proyecto. La Profepa hizo algunas inspecciones en las que determinó de manera insuficiente, sin calidad técnica y con omisiones graves, que los terrenos no eran forestales, sino que se trataba, en algunos casos, de terrenos con acahuales o bien, que habían sido previamente impactados para extracción de material pétreo.
Lo curioso de esa revisión que hizo en 2012 la Profepa, fue que en las actas de los inspectores que entonces intervinieron se determinó que eran terrenos forestales y los resolutivos avalados por el subdelegado jurídico y por el delegado, pues establecieron cuestiones distintas que no estaban asentadas en el acta. El desarrollo se inició prácticamente desmontando más de 150 hectáreas que son las que alcanzaron a devastar, más las 50 que previamente estaban impactadas por la utilización de material pétreo.Éstas hacen las 200 hectáreas afectadas de 547.
Nosotros comenzamos a recibir en 2014 denuncias de organizaciones ambientalistas, desde luego, puntos de acuerdo del Congreso e, inclusive, un amparo que nos obligó a llevar a cabo una nueva inspección. Aún sin el amparo habíamos...
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