La doctrina de la exclusionary rule en la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América

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de las fuerzas policíacas. Alrededor de estas cuestiones se ha ido formando un rico y complejísimo cuerpo jurisprudencial que se ha convertido en referente de un gran número de sistemas jurídicos. Las próximas líneas las dedicaremos al estudio de la doctrina conocida como la exclusionary rule.

La exclusionary rule es un remedio judicial creado por la Suprema Corte de los Estados Unidos (sceu), que imposibilita que la iscalía introduzca en un juicio material probatorio que haya sido obtenido por agentes de policía u otros agentes gubernamentales sin atender a las normas procesales constitucionales. Este remedio se aplica principalmente respecto a registros y coniscaciones que violenten lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Los creadores de la Cuarta Enmienda tenían la clara intención de crear una garantía que fuese ejercida ante los tribunales federales, a in de evitar que los derechos constitucionales se convirtiesen en meras normas programáticas sujetas a la discreción de las autoridades. Sin embargo, la sceu tardó más de un siglo en adoptar la llamada exclusionary rule.

Esta tardanza se debe en gran medida a la ausencia de un Código Federal de Procedimientos Penales durante el siglo XIX y al reducido número de litigios que se dieron sobre esta cuestión a nivel federal. En los tribunales estatales, sin embargo, los litigios sobre esta problemática se presentaron con mayor frecuencia conforme llegaba a su in el siglo XIX. Antes de 9 , veinticinco estados se habían planteado la posibilidad de establecer una exclusionary rule a in de rechazar en juicio el material probatorio que la policía hubiese obtenido ilegalmente, aunque solo el estado de Iowa la consagró en su legislación local. Esta situación se debía en gran medida a que en la época se consideraba que un agente de policía que realizaba una conducta ilegal actuaba como un mero particular y no como un agente del Estado.

Gradualmente esta concepción fue cambiando y los agentes del orden comenzaron a ser sancionados por realizar sus actividades fuera del marco constitucional. Para el año 9 , las leyes penales federales se habían expandido enormemente y los juicios federales ya no eran una rareza. En ese mismo año la sceu, en el caso Weeks v. United States,²sostuvo que la Cuarta Enmienda era aplicable a las autoridades federales y que, para lograr su cumplimiento, cualquier prueba obtenida por agentes federales en un registro o coniscación ilegal no podía aportarse ni ser valorada por un juez federal a in de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado cuyos derechos fueron violados. Sin embargo, la Corte

La Cuarta Enmienda fue ratiicada el 5 de diciembre de 79 y establece “el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Será inviolable y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o coniscadas”.

²2 2 U.S. 8 , S.Ct, , 58 L.Ed.2d 652 ( 9 ).

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también sostuvo que la Cuarta Enmienda no era aplicable a los Estados y, por tanto, las pruebas obtenidas ilegalmente por alguna autoridad local y que fueran entregadas a las autoridades federales, serían admisibles en los juicios federales. Esta doctrina pasó a la historia con el nombre de “silver platter”.

En esta época, los tribunales estatales eran libres para aceptar o rechazar la doctrina sentada por la sceu respecto a la exclusionary rule. Así, entre 9 y 9 9, solo 6 entidades federativas habían adoptado dicha regla, mientras que de ellos la habían rechazado.

A inal de los cuarenta, en plena batalla constitucional para hacer efectivo el Bill of Rights en los Estados a través de la cláusula del debido proceso prevista en la Decimocuarta Enmienda, la sceu se alejaría en parte de la doctrina sentada en Weeks. En 9 9, en la sentencia del caso Wolf v. Colorado, se establece que el derecho a la intimidad -objeto de la Cuarta Enmienda- es aplicable en los ordenamientos locales. Sin embargo, y sólo por el momento, la sceu mantiene que la exclusionary rule no resulta obligatoria en los procedimientos penales de los Estados. Finalmente, en el caso Mapp v. Ohio de 96 , la sceu cierra el ciclo iniciado en Weeks al sostener que cualquier prueba obtenida en violación de los derechos previstos en la Cuarta Enmienda, no será admisible en ningún juicio estatal en contra de aquel particular que hubiese sufrido un registro o coniscación ilegal.

II. Naturaleza y propósito de la exclusionary rule

Es importante no perder de vista que, pese a la ausencia de una deinición constitucional de la exclusionary rule, ésta ha sido considerada por la propia Corte como un instrumento indispensable para que las garantías constitucionales no se vean reducidas a un mero “conjunto de palabras”.⁵Asimismo, esta regla se aplica no sólo respecto a registros y coniscaciones contrarios a las Cuarta Enmienda, sino también respecto a violaciones de otros derechos constitucionales. Por ejemplo, tan sólo cinco años después de Mapp, en la mítica sentencia del caso Miranda v. Arizona,⁶la sceu amplió la misma regla de exclusión a las violaciones al derecho a no declarar contra sí mismo contenido en la Quinta Enmienda.

8 U.S. 25, 69 S. Ct. 59, 9 L.Ed.2d 782 ( 9 9).

67 U.S. 6 , 8 S. Ct. 68 , 6 L.Ed.2d 08 ( 96 ).

⁵Mapp v. Ohio, 67 U.S. 6 , 6 8, 8 S.Ct. 68 , 6 L.Ed.2d 08 ( 96 ).

⁶8 U.S. 6 ( 966).

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La exclusionary rule no es un derecho constitucional del particular que la invoca, ya que su inalidad principal es la protección de los intereses de la sociedad. En palabras de la sceu, esta regla tiene como inalidad prevenir más que reparar.⁷

El objeto principal de la exclusionary rule es disuadir a los cuerpos policiales de actuar al margen de las normas constitucionales, sancionándoles con la exclusión en juicio de las pruebas obtenidas inconstitucionalmente, y eliminado en consecuencia el incentivo que pudiesen tener dichos cuerpos de actuar al margen de la ley (deterrent effect).⁸En cualquier caso, es importante tener en cuenta que desde la primera jurisprudencia, la sceu ha sostenido que la exclusionary rule conlleva un alto coste social, ya que al impedirse la presentación de pruebas en un juicio se niega la función primordial de los tribunales: la búsqueda de la verdad. Es por esto que la exclusionary rule únicamente se aplica una vez que el tribunal ha concluido que los beneicios obtenidos en disuadir la conducta futura de los agentes de la policía son mayores que los costes sociales que conlleva esta regla. La exclusionary rule no es de aplicación inmediata a todos los procedimientos ni en todos los supuestos.

III. Efectos de la exclusionary rule

La doctrina de la exclusionary rule se extiende no sólo a aquellas pruebas que hayan sido obtenidas como resultado directo de la actividad inconstitucional de la policía, sino también a aquel material probatorio que se derive indirectamente de tal actividad. Esta regla ha sido denominada por la sceu como la derivative evidence rule, pero es conocida popularmente como la doctrina de “los frutos del árbol podrido” (fruit of the poisonous tree).⁹La sceu ha sostenido que la imposibilidad de utilizar la evidencia probatoria derivada de un registro ilegal incluye tanto pruebas físicas como testimoniales. ⁰

Así, las comunicaciones interceptadas electrónicamente, las huellas digitales ²,

⁷Elkins v. United States, 6 U.S. 206, 2 7, 80 S.Ct. 7, L.Ed.2s 669, 667 ( 960).

⁸En los años que siguieron a la extensión de la exclusionary rule a las entidades federativas, la SCEU fundamentó a veces esta igura en la “integridad judicial” (judicial integrity). Es decir, los tribunales no podían convertirse en cómplices de las acciones ilegales de la policía. Este argumento, a pesar de que se ha ido debilitando con los años, sobrevive todavía como corolario del principio de imparcialidad en el que está basada la igura de la exclusionary rule. Véase al respecto Terry v. Ohio, 92 U.S. , 88 S.Ct. 868, 20 L.Ed 2d 889, 90 ( 968).

⁹Véase Nardone v. United States, 08 U.S. 8 ( 9 9).

0 Wong Sun v. United States, 7 U.S. 7 , 87-88 ( 96 ). Esta regla es de aplicación aún

Esta regla es de aplicación aún cuando el material probatorio haya sido obtenido en la propiedad de un tercero distinto al acusado (Alderman v. United States, 9 U.S. 65, 76-77 ( 969).

Katz v. United States, 89 U.S 7, 88 ( 967).

2 Hayes v. Florida, 70 U.S. 8 , 05 ( 985).

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la señalización de un objeto o una persona por parte de un perro, la identiicación de un acusado en una rueda de reconocimiento, o la confesión escrita u oral de un detenido, ⁵ que hayan sido obtenidas a través de un registro y/o coniscación contrario a la Cuarta Enmienda no serán admisibles en juicio.

Sin embargo, la sceu ha sostenido que la fruits doctrine no es aplicable si la relación causa-efecto entre la actividad ilegal y la obtención de la prueba se ha diluido de tal forma que la mancha de inconstitucionalidad ha terminado por disiparse. ⁶ A partir de este argumento la sceu ha construido una serie de excepciones a la aplicación de la exclusionary rule que, en opinión de algunos, ha terminado por reducir a esta igura a su mínima expresión.

IV. Excepciones a la exclusionary rule

Antes de la década de los sesenta, la sceu raramente intervenía en las reglas del sistema penal de los Estados Unidos. Esta tradición cambió una vez que el juez Earl Warren tomó los mandos del máximo tribunal. La “Warren Court” ( 95 - 969) promovió una verdadera revolución en el sistema de garantías penales de los detenidos, algunas veces en detrimento de las legítimas preocupaciones de los miembros de las corporaciones policiales. Sin embargo, una vez que cambió la composición de la Corte, con Burger y Rehnquist como sus mayores exponentes (de 970 a nuestros días), una buena parte de la jurisprudencia previamente establecida por la sceu fue revisada y modiicada. Por ejemplo, en el caso que estamos estudiando, se ha ido conigurando un complejo grupo de excepciones a la exclusionary rule. Básicamente: la buena fe, el descubrimiento inevitable, la doctrina del rompimiento causal (purged taint), la fuente independiente, la doctrina de la evidencia a la vista (plain view), el registro fortuito y el consentimiento.

La excepción de la buena fe permite que las pruebas sean admitidas en juicio si la policía cometió un error al realizar el registro o la coniscación. La policía puede alegar esta excepción si demuestra que actuó de forma honesta, razonable y bien intencionada. Esta excepción se suele aplicar: ) cuando el error fue come-tido por el juez; ⁷ 2) cuando el error fue cometido por un empleado del tribunal; ⁸ ) cuando la policía cree erróneamente que la información dada al juez que emi United States v. Place, 62 U.S. 696, 0 ( 98 ).

United States v. Crews, 5 U.S. 6 , 00 ( 980). En este caso, la prueba será admisible si

En este caso, la prueba será admisible si el acusado ha pasado a disposición judicial antes de realizarse el reconocimiento (véase Johnson v. Louisiana, 06 U.S. 56, 92 ( 972).

5 Florida v. Royer, 60 U.S. 9 , 0 ( 98 ).

6 Véase Wong Sun v. United States, 7 U.S. 7 , 87-88 ( 96 ).

7 United States v. Leon, 68 U.S. 897, 0 S.Ct. 05, 82 L.Ed.2d 677, 699 ( 98 ).

8 Arizona v. Evans, 5 U.S. , 5 S.Ct. 85, L.Ed.2d ( 995).

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te la orden de registro era correcta; ⁹ ) cuando la policía cree razonablemente que la persona que le otorgó el permiso para realizar el registro tenía la autoridad para dar ese consentimiento;²⁰y 5) cuando la acción de la policía está fundamentada en una ley que con posterioridad es declarada inconstitucional.²

La excepción del descubrimiento inevitable puede ser utilizada por la policía si demuestra que la prueba en cuestión hubiese sido inevitablemente descubierta por medios legales, a pesar de que el registro se haya llevado a cabo de forma inconstitucional. En consecuencia, no sería necesaria una orden de registro que justiicara dicha intrusión. Esta excepción está restringida a aquellos casos en donde la evidencia es un cuerpo o un arma abandonada.²²Bajo la excepción del rompimiento causal (purged taint), una acción libre y posterior por parte del acusado rompe la cadena causal entre la prueba descubierta y la acción inconstitucional de la policía.²

La excepción de la fuente independiente puede ser utilizada por la policía si demuestra que la prueba fue obtenida a través de una fuente que no tenga conexión alguna con el registro o la coniscación ilegal. Es importante recordar que la exclusionary rule únicamente se aplica respecto a las acciones de la policía y no respecto a las de los particulares.²

En la excepción de la evidencia a la vista (plain view) se sostiene que la policía no necesita una orden de registro para coniscar objetos que se encuentren dentro de su campo visual o en lugares abiertos al público. Esta excepción se suele aplicar en situaciones de emergencia, delitos lagrantes, incendios o accidentes, y sólo si el agente de policía se encuentra legalmente en el lugar del registro. Bajo esta doctrina, la policía no puede cambiar de lugar objetos a in de tener una mejor visión del lugar objeto del registro.²⁵La excepción del registro fortuito es una práctica común de la policía. En los Estados Unidos los agentes de policía están legalmente autorizados para marcar momentáneamente el alto a un sospechoso y cachearlo a in de asegurar su propia protección. Además, antes de que los sospechosos sean llevados a las dependencias policiales, éstos pueden ser objeto de un registro, ya sea con o sin una orden judicial. Para que la detención sea válida la policía tiene que demostrar que existía causa probable de la posible comisión de un delito.²⁶

9 Maryland v. Garrison, 80 U.S. 79, 07 S. Ct. 0 , 9 L.Ed.2d 72 ( 987).

²⁰Illinois v. Rodriguez, 97 U.S. 77, 0 S.Ct. 279 , L.Ed.2d 8 ( 990).

² Illinois v. Krull, 80 U.S. 0, 07 S.Ct. 60, 9 L.Ed.2d 6 ( 987).

²²Nix v. Williams, 67 U.S. , 0 S.Ct. 250 , 8 L.Ed.2d 77 ( 98 )

² Wong Sun v. United States, 7 U.S. 7 , 87-88 ( 96 ).

² United States v. Crews, 55 U.S. 6 , 00 S.Ct. 2 , 6 L.Ed.2d 5 7 ( 980).

²⁵Harris v. United States, 90 U.S. 2 ( 968).

²⁶Terry v. Ohio, 92 U.S. ( 968).

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Un registro con consentimiento normalmente se realiza cuando la policía no tiene una orden judicial, pero ha obtenido el consentimiento del sospechoso para realizar un registro en sus propiedades o en su persona. A in de que no se aplique la exclusionary rule, el sospechoso no debe estar sujeto a amenaza alguna por parte de la policía y debe ser consciente de las consecuencias jurídicas que implica su consentimiento.²⁷V. Limitaciones en el campo de aplicación de la exclusionary rule

Debido a los altos costes sociales que conlleva la supresión de pruebas de un delito, la exclusionary rule sólo se aplicará en aquellos casos en los que el efecto disuasorio de los actos futuros de la policía haya sido claramente determinado por un juez. Así, la jurisprudencia de la sceu nos demuestra que la exclusionary rule encuentra su campo de aplicación natural en los procedimientos penales, ya sean del orden federal o local. En cambio, existe un buen número de procedimientos en los cuales se ha excluido expresamente la aplicación de esta regla, debido a que a juicio del máximo tribunal no se logra el tan pretendido efecto disuasorio.²⁸

Así, en los procedimientos ante el Grand Jury resulta admisible la presentación de pruebas obtenidas inconstitucionalmente.²⁹Lo mismo sucede en los procedimientos civiles, ⁰ los procedimientos de deportación, los procedimientos relativos a la libertad condicional, ² el procedimiento federal de habeas corpus, o por violaciones cometidas en contra de lo dispuesto por el artículo 6 de la

²⁷Schneckloth v. Bustamonte, 2 U.S. 2 8 ( 97 ).

²⁸Véase Pennsylvania Board of Probation and Parole v. Scott, 52 U.S. 69 , 85 S.Ct. 2 6,
L.Ed.2d 70 ( 965).

²⁹United States v. Calandra, U.S. 8, 9 S.Ct. 6 , 8 L.Ed.2d 56 ( 97 ). En los Estados En los Estados

Unidos la acusación formal por la comisión de un delito (felony) puede iniciarse por dos vías: una es la “acusación del Gran Jurado” (grand jury indictment), y la otra es lo que técnicamente se conoce como information. En el orden federal la presencia del Grand Jury es necesaria en los casos de delitos que ameriten la pena capital. En los órdenes locales el Grand Jury está compuesto normalmente por no menos de 2 personas y su función es la de atender a la evidencia presentada por la iscalía y determinar si existe causa probable de que el acusado haya cometido el delito. En esta fase el acusado no tiene derecho a presentar pruebas ni a tener la presencia de su abogado, ya que estrictamente esta es una fase de la investigación y no del juicio.

0 United States v. Janis, 28 U.S. , 96 S.Ct. 02 , 9 L.Ed.2d 0 6 ( 976).

INS v. Lopez-Mendoza, 68 U.S. 0 2, 0 S.Ct. 79, 82 L.Ed.2d 778 ( 98 ).

2 Pennsylvania Board of Probation and Parole v. Scott, 52 U.S. 57, 8 S.Ct. 20 ,
L.Ed.2d ( 988).

Stone v. Powell, 28 U.S. 65, 96 S.Ct. 0 7, 9 L.Ed.2d 067, 080 ( 976).

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Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Por último, es importante señalar que los derechos contenidos en la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución resultan oponibles únicamente frente a los poderes públicos, de ahí que las pruebas obtenidas por un particular puedan ser presentadas en juicio, con independencia de que no cumplan con los requisitos constitucionalmente establecidos para los registros y coniscaciones policiales. ⁵ Esto resulta muy relevante en los Estados Unidos, ya que una gran parte del trabajo de investigación policiaca es realizado por cuerpos de seguridad privados. En cualquier caso, la exclusionary rule entrará en escena si la actividad de estos cuerpos se realiza de forma conjunta con agentes policiales.

VI. Ventajas, desventajas y alternativas a la exclusionary rule

A pesar de que la exclusionary rule no está expresamente contenida en la Constitución, se ha convertido en el referente principal del trabajo diario de los cuerpos de policía en los Estados Unidos. Varios estudios demuestran que esta regla ha mejorado enormemente la calidad del sistema de justicia criminal. La exclusionary rule es el principal motivo por el cual los gobiernos locales y federales invierten recursos en entrenamiento y cursos de capacitación para las fuerzas del orden. Asimismo reduce el riesgo y los costes de que una condena sea revocada en apelación, y asegura a la opinión pública que la policía realiza sus actividades respetando las garantías procesales.

Sin embargo, esta regla también tiene un bueno número de desventajas, quizá la más importante es que los sospechosos sean liberados debido a un mero “tecnicismo”. Los cuerpos de policía consideran que la exclusionary rule protege a los delincuentes y paraliza los esfuerzos que se realizan en la lucha contra el crimen. Desde el ámbito académico se señala que uno de los problemas de esta regla es que no sanciona directamente al agente de policía que incumple con los mandatos constitucionales, no disuade tampoco la actividad futura de la policía, y hace que la sociedad pierda respeto hacia el sistema de justicia penal y las garantías procesales.

En cualquier caso, a pesar de la crítica académica y popular, la exclusionary rule ha sobrevivido casi un siglo debido a que la mayoría de la sceu sigue creyendo que nada funciona mejor que el efecto disuasorio que conlleva esta regla. ¿Cuáles son las alternativas? Normalmente se barajan las siguientes: la presión de

Sanchez-Llamas v. Oregon, 26 S.Ct. 2669 (2007). El artículo 6 de la Convención de Viena regula las comunicaciones entre un individuo y los agentes consulares del país al que pertenezca el individuo cuando éste se encuentra detenido por las autoridades de un país extranjero

5 Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 65 ( 92 ).

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la opinión pública, el ejercicio de acciones penales en contra de la policía, los procedimientos disciplinarios internos, y las reclamaciones pecuniarias por daños y perjuicios. ⁶

Coniar en la opinión pública para corregir y remediar el actuar de los agentes del orden resulta problemático por varias razones. La primera es que la opinión pública no es consciente de la mayoría de los casos en los que la actividad policial se desarrolla fuera de los cauces constitucionales. Los registros y coniscaciones que se suceden a diario no suelen ser, salvo contadísimas excepciones, de interés periodístico. Otra razón es que aquellos pocos casos que trascienden el anonimato, suelen referirse a hechos en los que el acusado es presentado a la opinión pública como un “delincuente”. Ante encabezados periodísticos tales como “declaran ilegal la confesión del asesino” o “traicante de drogas logra que se excluya como prueba el alijo encontrado en su casa”, la opinión pública responde con muy poca simpatía al reclamo del respeto a sus derechos constitucionales. Las preocupaciones a corto plazo sobre la inseguridad pública suelen triunfar sobre el efecto que tienen en la sociedad las actuaciones policíacas que se realizan al margen de la ley.

Respecto al ejercicio de acciones penales en contra de la policía, la mayoría de los iscales se niegan a iniciar acciones penales en contra de aquellos que inalmente son parte esencial del equipo de investigación con el que trabajan día a día. Aunado a esto, en el Derecho Penal estadounidense los iscales gozan de una amplia discreción para determinar el ejercicio de la acción penal, por lo que salvo en los casos de lagrante violación de los derechos constitucionales, deciden no perseguir estos hechos.

En lo que hace a las sanciones disciplinarias, éstas sufren de los mismos problemas que cualquier otro procedimiento disciplinario al interior de una profesión: la diicultad de ser juzgado por uno de sus pares

Por último, es importante señalar que en el sistema jurídico estadounidense, los particulares cuentan con acciones procesales dirigidas a la reclamación pecuniaria de daños en el caso de que algún agente del Estado haya violado sus derechos constitucionales. Dichas acciones existen tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, por varias razones, las demandas de este tipo no se coniguran como un remedio adecuado para los abusos policiales. La primera razón es que el éxito de este tipo de demandas es mínimo, aun cuando la policía haya actuado ilegalmente. El argumento central en la defensa de los policías suele ser que si bien es cierto que realizaron un registro ilegal, actuaron bajo una objetiva y razonable

6 Véanse por todos, los votos de Frankfurter y Murphy en Wolf v. Colorado, así como Monell v. Department of Social Services of the City of New York [ 6 U.S. 658, 69 ( 978)]; Owen v. City of Independence [ 5 U.S. 622, 6 8 ( 980)]; y Bivens v. Six Unknown Named Agents [ 0 U.S. 88, , 22 ( 97 )].

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“buena fe”. En segundo término, aun cuando existan todos los elementos para que la demanda salga adelante, este tipo de acciones no suelen ser de las preferidas de los abogados penalistas, ya que ante los bajos salarios que cobran los policías la compensación pecuniaria suele ser insigniicante. En este sentido, y a in de obtener una mayor compensación, se suele alegar la responsabilidad del órgano estatal al que está asignado el agente. Sin embargo, los requisitos para condenar subsidiariamente al Estado son muy estrictos, ya que es necesario probar “la existencia de una política o costumbre” que haya contribuido a la violación de derechos del demandante. En suma, aunque existen acciones procesales cuya inalidad es remediar los abusos policiales, las sentencias condenatorias suelen ser esporádicas y muy determinadas por la idiosincrasia del jurado en turno.

Referencias

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Illinois v. Krull, 80 U.S. 0, 07 S.Ct. 60, 9 L.Ed.2d 6 ( 987). Maryland v. Garrison, 80 U.S. 79, 07 S. Ct. 0 , 9 L.Ed.2d 72 ( 987). Pennsylvania Board of Probation and Parole v. Scott, 52 U.S. 57, 8 S.Ct.

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