Doce años (más) de corrupción
| Autor | Martha Martínez |
En el año 2000 el Partido Acción Nacional hizo del combate a la corrupción su principal bandera para sacar al PRI de Los Pinos. Doce años después, pierde la Presidencia dejando a México como uno de los países peor calificados en la materia, sin entregar los "peces gordos" que prometió Vicente Fox, y sin haber podido abatir la impunidad en los casos de cohecho, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos detectados a lo largo de los gobiernos de transición.
En los últimos 12 años, las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón crearon y modificaron dependencias especializadas en el combate a la corrupción, perfeccionaron el sistema de fiscalización y pusieron en operación instituciones encargadas de transparentar la información del gobierno.
Además, establecieron un Servicio Profesional de Carrera para garantizar la profesionalización de los burócratas, hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, simplificaron los trámites administrativos y el Congreso aprobó leyes para sancionar a actores públicos y privados involucrados en irregularidades.
A pesar de ello, todos los indicadores disponibles señalan que México es percibido como un país más corrupto, los índices internacionales le otorgan calificaciones inferiores a las que ostentaba antes de la llegada de los gobiernos panistas y, a nivel regional, se ubica entre las naciones que más retrocedieron en la materia.
Indicadores
En diciembre de 2001 Transparencia Internacional (TI) dio a conocer la séptima edición de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), una de las mediciones más importantes a nivel mundial sobre el tema. México aparecía con una calificación reprobatoria de 3.7, lo que lo ubicaba junto a países como Panamá y Colombia.
A partir de ese momento la calificación del país comenzó a descender año con año. De acuerdo con el ranking -según el cual 1 es el mayor nivel de corrupción y 10 es la ausencia de ésta- al finalizar el sexenio de Fox la puntuación del país era de 3.3 y ocupaba el lugar 70 de un total de 163 países.
Entre 2007 y 2011, bajo la administración de Calderón, la calificación del país bajó de 3.5 a 3, y su posición descendió del lugar 72 al 100 en una lista de 180 países.
Según el IPC, actualmente México tiene una calificación inferior a la que registraba antes de la llegada de los gobiernos del PAN. En el año 2000 su puntuación era de 3.3, lo que lo ubicaba a la par de países como Colombia, Zambia y Etiopía. Para 2011 fue de 3, junto a naciones como Tanzania, Malawi e Indonesia.
Desde la perspectiva regional, el ranking indica que de los 21 países de América Latina analizados, México es uno de los tres que más retrocedieron, sólo por debajo de Perú -que entre 2001 y 2011 bajó su calificación de 4.1 a 3.4- y Venezuela -que descendió de 2.8 a 1.9.
Si bien una de las limitaciones del IPC es que mide la percepción ciudadana -misma que puede variar de acuerdo a contextos específicos-, el índice de Transparencia Internacional no es el único en el que México empeoró su calificación.
La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana indica que entre 2001 y 2010 -dato más reciente- los actos de corrupción en el país disminuyeron, pero el costo de estos para las familias aumentó.
La encuesta, la cual mide la recurrencia de los actos de corrupción en 35 trámites y servicios, señala que en 2001 tuvieron lugar 214 millones de sobornos y el costo de los mismos fue de 23 mil 400 millones de pesos; para 2010 la incidencia disminuyó a 200 millones, pero su costo se incrementó a 32 mil millones de pesos.
El estudio indica que, en 2001, 10 de cada 100 personas pagaban sobornos para acceder a servicios públicos o para agilizar trámites; nueve años después la cifra sigue siendo la misma.
Algunos trámites y servicios en los que dicha práctica aumentó son los siguientes: para evitar una infracción de tránsito, la obtención de constancias de estudios y exámenes en escuelas públicas, las visitas a pacientes en un hospital fuera de los horarios permitidos, la obtención de licencias y permisos de suelo y la obtención de agua de pipas de la delegación o municipio.
De acuerdo con mediciones del Banco Mundial, México también redujo su calificación en cuanto a su capacidad para controlar la corrupción.
El apartado "Control de la corrupción", de los Indicadores de Gobernanza, precisa que en 2001 la calificación del país era de 50.7; mientras que en 2010 descendió a 44.5 de un máximo de 100 puntos.
Promesa incumplida
En diciembre del año 2000, al rendir protesta como Presidente, Vicente Fox prometió combatir la corrupción con la ley y el ejemplo, castigar a los corruptos del pasado e implementar una política de cero tolerancia para quienes durante su administración pretendieran delinquir.
"Combatiré estos males con el imperio y el rigor de la ley, con el poder de la Presidencia de la República, pero también con la fuerza sencilla y poderosa del ejemplo... No habrá piadoso olvido para quienes delinquieron, tampoco habrá tolerancia para quienes pretendan continuar con privilegios hoy inaceptables", aseguró.
Seis años después, su administración concluyó en medio de acusaciones de corrupción en contra de la primera dama, Marta Sahagún, y sus hijos. La primera por la procedencia del financiamiento de la fundación Vamos México y los segundos por las presuntas irregularidades en los contratos que negociaron a favor de empresas con las que tenían una relación comercial.
En 2006 el entonces candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, también hizo del combate a la corrupción una de sus banderas de campaña. Llamó a los ciudadanos a votar por él a través de spots en los que prometía tener las manos limpias.
"Tengo las manos limpias de corrupción como la mayoría de los mexicanos que queremos que nuestro país vaya adelante. Porque sólo en manos limpias debe quedar el futuro de México", señalaba mientras mostraba las palmas de sus manos.
Seis años después su administración está a punto de terminar y entre los casos de corrupción que marcaron su gobierno se encuentran las presuntas irregularidades en los manejos de los recursos destinados a los festejos del Bicentenario, y los sobornos que presuntamente pagó Walmart desde 2002 a autoridades de todos los niveles para facilitar la apertura de sus sucursales.
Para la coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval, el combate a la corrupción es una de las promesas fallidas de los gobiernos panistas porque no atendieron ésta como el problema estructural y endémico que es.
"Partimos de que los gobiernos panistas tuvieron un mal diagnóstico del tema... No vieron la importancia de combatir la corrupción por la que los mexicanos votaron por ellos, que era esa corrupción estructural que tiene que ver con factores que entrecruzan la dominación política, décadas de corporativismo y clientelismo, la falta de competencia y la captura del Estado por grupos de interés", sostiene.
La especialista señala que la política anticorrupción de los gobiernos de transición se concentró en el tema de la transparencia; no obstante, la apertura de la información gubernamental no ha sido sinónimo de menos corrupción.
"La política anticorrupción del panismo se concentra en algo a lo que se le hizo mucho ruido en su momento: la transparencia; sin embargo, confundieron la exigencia de la sociedad, que era más radical. Qué bueno que se transparentó la información del gobierno, pero eso era sólo una parte de la exigencia de esa sociedad que les dio su voto", precisa.
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