El diezmo de Delfina Gómez
| Autor | Ricardo Raphael |
Hoy Morena es ese cuerpo y el aguijón lo enterró una de sus fundadoras: la maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación del gobierno federal.
La trama de corrupción en la que ella estaría involucrada fue expuesta, por primera vez, durante un debate celebrado hace casi cinco años entre quienes entonces competían por la gubernatura del Estado de México.
La candidata panista, Josefina Vázquez Mota, acusó a Delfina Gómez de haber desviado recursos de la nómina del municipio de Texcoco para financiar ilegalmente a su partido, Morena.
Horas más tarde la aludida dijo que los descuentos aplicados sobre los salarios del personal, durante la época en que ella fue edil de Texcoco, eran cuotas destinadas al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).
Higinio Martínez Miranda, actual senador de Morena, ofreció una explicación similar en la cual añadió que los descuentos se habrían realizado únicamente sobre la nómina de quienes ocupaban cargos superiores dentro de la administración municipal.
Ambos mintieron: el municipio de Texcoco no tenía convenio con Fonacot y la sustracción fue cometida contra la nómina de 550 personas y no solamente sobre el sueldo de los mandos principales.
Representantes del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia ante las autoridades electorales cuya investigación, cuatro años después, confirmó la comisión de actos delictivos.
Delfina Gómez, presidenta municipal de Texcoco entre 2013 y 2015, autorizó a la Dirección de Recursos Humanos para que sustrajera quincenalmente 10% del salario de medio millar de personas trabajadoras durante un periodo aproximado de 30 meses.
El monto obtenido por esta operación -más de 12 millones de pesos- fue entregado a María Victoria Anaya Campos, quien entonces era funcionaria del municipio, mediante varios cheques que salieron de la Tesorería municipal a nombre suyo.
Una parte de esos recursos fueron retirados en efectivo de la cuenta personal de Anaya Campos y otra parte fue entregada, vía bancaria, a una organización -Grupo de Acción Política (GAP)- que, a su vez, proveyó financiamiento al partido Morena.
Si bien existe evidencia de que algunas de las personas afectadas firmaron una carta solicitando el descuento, no la hay de que existan 550 autorizaciones, ni de que éstas se hayan obtenido por medios legales.
Tampoco hay pruebas de que quienes sufrieron la merma salarial hayan contado con afiliación al GAP o al partido Morena.
Delfina Gómez confirmó...
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