Diego Valadés / Disyuntiva: IFE o caciquismo

AutorDiego Valadés

Muchas reformas constitucionales pudieron haber sido hechas de manera más sencilla. En cuanto a su contenido, las más de las veces han obedecido a propósitos plausibles: atender expectativas sociales, satisfacer necesidades colectivas, auspiciar avances institucionales o resolver problemas técnicos. Pocas veces, empero, se han visto reformas que afecten lo que funciona bien para no tocar lo que funciona mal.

El Instituto Federal Electoral es de las instituciones que tienen un buen desempeño. Como a cualquier otra, se le pueden encontrar fallas y altibajos, aunque su balance es positivo y así lo percibe en forma mayoritaria la opinión pública. Desde luego es mejorable, pero lo que ahora se busca no es perfeccionarlo sino convertirlo en autoridad nacional para mitigar la influencia de los gobernadores en el ámbito electoral.

Hay pocos gobernadores dispuestos a emprender o aceptar reformas democráticas en su espacio de poder. El caciquismo, problema ancestral, se ha robustecido en los últimos lustros. Las prácticas que asocian el dominio político abusivo con intromisiones en los procesos electorales constituyen un hecho muy extendido en nuestro sistema.

El caciquismo y las funciones electorales han ido de la mano a través de los siglos. Desde las primeras normas electorales del México independiente, en 1821, la elaboración de las listas de electores, la emisión y distribución de boletas y los comicios fueron responsabilidad de las autoridades municipales y locales. Además, a lo largo de todo el siglo XIX el voto fue abierto. La Ley Electoral de 1911 adoptó el voto secreto pero la de 1916, para la elección del Congreso Constituyente, restableció el sufragio abierto. A partir de la ley de 1918 se implantó de manera definitiva el voto secreto, al menos en lo formal.

Durante 125 años hubo un gran incentivo para que los jefes políticos y gobernadores controlaran la elección de los titulares de los ayuntamientos, porque a través de ellos manejaban a su vez las elecciones locales y nacionales. Esto les dio un enorme poder que no fue contrarrestado sino hasta 1946, por la ley que creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y convirtió al presidente de la República en la autoridad suprema en la materia. La centralización es el mismo remedio al que se aspira mediante el Instituto Nacional Electoral.

Ahora, a semejanza de 1946, se opta por concentrar la función electoral. Sólo que hay una diferencia: en 1946 se mutiló una larga...

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