El desmoronamiento de los Cusaem

AutorJosé Raúl Linares

El primer semestre de 2019 los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) comenzaron a perder los contratos heredados de la administración de Enrique Peña Nieto. De los 17 que firmaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador -por un total de 85 millones de pesos, según una consulta en la plataforma Compranet- sólo seis permanecen activos y tendrán vigencia hasta diciembre próximo.

Se trata de convenios firmados para la vigilancia de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa Liconsa (hoy Segalmex), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, según la plataforma consultada y corroborada con varias entrevistas.

Cusaem sólo firmó contratos por un valor estimado en 10% de los ingresos que obtuvo en el sexenio pasado, los cuales representan ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos, según solicitudes de acceso a la información pública disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y en revisiones al portal de Compranet.

El pasado 23 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración iniciaría un procedimiento para revisar todos los convenios firmados con la administración pública federal en los que existieran sospechas de protección y posibles actos de corrupción. Sin dar nombres, adelantó: "Se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos", dijo.

Dos meses después, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en medio de la crisis por la protesta de policías federales que se negaron a incorporarse a la Guardia Nacional, adelantó que Cusaem y otras dos empresas acapararon más de una tercera parte de los contratos que la pasada administración firmó con "empresas de seguridad privada".

Para sustituir este tipo de asignaciones, dijo el funcionario, se dará prioridad a Servicio de Protección Federal, un órgano desconcentrado de la SSPC.

Las declaraciones de López Obrador y Durazo Montaño antecedieron a la margi-nación de Cusaem en nuevos procesos de licitación, así a como una investigación emprendida por la LX Legislatura del Estado de México en contra de esa corporación.

A finales de julio pasado, las sospechas adelantadas por López Obrador sobre la legalidad en ese tipo de contrataciones quedaron confirmadas por el lanzamiento de la licitación pública nacional LA-009000987-E31-2019, bajo la intervención y cuidado de la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT).

El propósito de la convocatoria era presentar propuestas para la "contratación de servicios de seguridad y...

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