Desarrollo rural y TLCAN en México

AutorJorge Alfonso Calderón Salazar
Páginas171-223
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Políticas de ajuste estRuctuRal y desaRRollo RuRal en méxico
Las “políticas de ajuste estructural” aplicadas en numerosos países en las
últimas décadas han provocado un descenso del ingreso real de amplios
sectores de la población que ven así reducido su acceso a los alimentos.
Así, el hambre tiende a afectar una capa creciente de la sociedad debido al
drástico descenso de su poder adquisitivo de bienes y servicios, especial-
mente alimentos.
Puesto que los alimentos se compran y se venden en el mercado y en
ellos gastan gran parte de sus ingresos los sectores económicamente más
débiles, es por tanto evidente que el hambre se debe no sólo a la escasez
de alimentos sino, fundamentalmente a la insuf‌iciencia de ingresos. La
existencia, en los países en vías de desarrollo de un elevado nivel de des-
empleo y de subempleo tiene, en este contexto, una estrecha relación con
los elevados índices de desnutrición que los caracterizan. Estas tendencias
se han visto reforzadas por los procesos de modernización capitalista en
el campo que ha expulsado gran cantidad de fuerza de trabajo sin que el
sector urbano-industrial tenga el dinamismo necesario para absorberla.
Así, se han roto en muchos casos las antiguas estructuras agrarias de auto
subsistencia y no se han creado formas alternativas para alimentar a una
creciente población.202
201El presente capítulo fue elaborado con base en un libro de mi autoría publicado en el
año 2012 por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de México, en México D. F. , con
el título: “Desarrollo rural y crisis alimentaria en México”. ISBN 978-607-00-5628-4
202Amartya, S. “Los bienes y la gente”. Comercio Exterior. Diciembre 1983 p. 1122. México.
Capítulo 5
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Por tanto, debe resaltarse que, ante todo, es el ingreso real el elemento
clave para determinar quienes tienen la posibilidad de acceder a un consumo
suf‌iciente de los alimentos y quienes no la tienen. Además, para determinar
en cada país el poder adquisitivo real, debe analizarse la correlación entre
el nivel de precios y el nivel de ingreso.
En suma, el que una persona sea capaz de obtener una cantidad suf‌i-
ciente de alimentos depende de las características del conjunto de la estruc-
tura social en la que está inserta y no sólo de la disponibilidad per cápita de
los mismos.
En términos globales, la producción de alimentos creció con mayor
rapidez que la población en los últimos 30 años, pero, al igual que en la
mayor parte del tercer mundo, esto no ha puesto f‌in al hambre y la desnu-
trición. Incluso en aquellos años en que el abastecimiento de alimentos fue
adecuado, siguió existiendo una porción sustancial de población desnutrida.
Evidentemente, la causa de ello reside en que tanto los alimentos como el
ingreso no se han distribuido en forma equitativa.
La población económicamente activa en el campo mexicano tuvo una
caída al pasar, de acuerdo al Censo de Población de 2010, de 16.1% a 13.4%
por ciento del total de dicha población. El sector social o de reforma agraria
abarca a más de dos y medio millones de ejidatarios, lo que representa más
del 75% de todos los productores agrícolas del país. Más de 15 millones de
personas dependen directamente de las tierras ejidales para su subsistencia.
El repliegue del Estado de la agricultura dejó vacíos institucionales que
el sector privado no ha colmado o en las que únicamente ha creado mono-
polios locales. La retirada del Estado, y la reestructuración y la liquidación o
contracción de las instituciones públicas, otrora muy presentes e interven-
toras, han tenido efectos adversos, en especial para los pequeños y media-
nos productores, en el acceso al crédito, a la asistencia técnica agrícola
(incluso se observa una regresión tecnológica de la agricultura campesina.),
a los mercados y a los centros de acopio, y también en la investigación
científ‌ica y tecnológica203, situación que ha debilitado los mercados de crédito,
seguros, servicios agropecuarios y productos f‌inales.
203Dirven, Martine. “El papel de los agentes en las políticas agrícolas: intenciones y reali-
dad”, Revista CEPAL num. 68, agosto 1999, p71. Banco Interamericano de Desarrollo. “Eva-
luación del Programa de País (CPE): México, 1990 – 2000”, BID, 2001.
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La aplicación de estas políticas ha originado la disminución drástica de
los subsidios a la producción, la eliminación de los precios de garantía, el
retiro del Estado de la compra de cosechas y el abandono de su papel como
administrador de empresas que intervienen directamente en el proceso
productivo. La apertura comercial y la disminución del rol estatal han creado
un marco desfavorable para la producción agropecuaria. La importación de
alimentos y materias primas baratas ha reducido la rentabilidad y ha agu-
dizado la competencia en los mercados domésticos de granos, oleaginosas,
lácteos y carnes. Al mismo tiempo, los apoyos y subsidios gubernamentales
a la producción han descendido en términos generales, reforzando el
descenso de la rentabilidad del sector.
El impacto de las políticas públicas sobre el empleo, los salarios y el
ingreso familiar ha sido negativo. Se han puesto en marcha programas
sociales orientados a compensar la disminución del ingreso real por habi-
tante, pero han sido insuf‌icientes. El resultado neto ha sido un aumento de
los niveles de pobreza rural, que ya eran altos, durante los últimos años.
La mayoría de los indicadores sociales muestra un deterioro en el sector
rural. Los subsidios a la producción mediante la venta de fertilizantes y
agua de riego, a precios inferiores a sus costos de producción, de crédito
subsidiado y de servicios técnicos gratuitos, han sido drásticamente dismi-
nuidos, cuando no cancelados. Diversas empresas paraestatales, que antes
tenían una participación importante en la compra y distribución de insumos
y productos, han desaparecido dejando vacíos que no ha llenado rápida-
mente el capital privado. Algo similar ha sucedido con instituciones de
f‌inanciamiento y aseguramiento agrícolas. Estas políticas se tradujeron en
aumentos de los costos de producción superiores a los precios de los
productos agrícolas, en la mayoría de los casos, lo cual ha provocado una
caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias204.
La apertura comercial unilateral y abrupta, que de manera recurrente
se ha combinado con una política de peso fuerte que utiliza el tipo de cambio
como ancla antiinf‌lacionaria y desemboca en sobrevaluaciones crecientes
de nuestra moneda, provocó —conjuntamente con la supresión del sistema de
precios de garantía o soporte, que había sido instituido en nuestro país
bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas (poco después de ser instituido en
204CEPAL “Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina, julio de
1999.

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