DERECHO, POLÍTICA Y ECONOMÍA / Richard Posner

AutorJavier Mondragón

El mayor reto que enfrentan las autoridades en materia de competencia en el mundo es determinar qué conductas de los agentes económicos son anticompetitivas y cuáles son la consecuencia natural de una lucha intensa por el mercado, benéficas para los consumidores y, por lo tanto, socialmente convenientes.

La aplicación de la ciencia económica a las normas de competencia ha desacreditado las prohibiciones de determinadas conductas que ideológicamente se habían considerado anticompetitivas y que ahora, a la luz del análisis del mercado, se consideran plenamente justificadas, como la fijación de precios mínimos que imponen los fabricantes a sus distribuidores.

Tanto en Europa como en Estados Unidos se ha entendido perfectamente que los clientes de determinados productos pueden fijar precios mínimos para sus productos, como joyería o perfumería, porque la competencia se da entre marcas y no necesariamente entre distribuidores de la misma marca.

También ahora se acepta que puede haber territorios exclusivos de distribución de ciertos productos, cuando éstos requieren de servicios postventa y se debe inducir al distribuidor a establecer talleres de mantenimiento y reparación, lo que no hará si puede competir en el mismo mercado un agente económico que no tiene a su cargo dichas obligaciones.

Lo mismo ocurre con los establecimientos comerciales que deben invertir en instalaciones de calidad y gastar en rentas, salarios, energía eléctrica y publicidad que no podrían competir contra distribuidores online que distribuyen sus productos a través de internet y, por lo tanto, se justifica que los fabricantes exijan una inversión y unas instalaciones que por lo menos reúnan requisitos mínimos para autorizar la distribución de sus productos.

Incluso la venta de ciertos productos a precios abajo de su costo medio se justifica por su contribución a los costos fijos o porque amplía la base de clientes y la posibilidad de crecimientos futuros o la introducción de nuevos productos o la atención de nuevos mercados.

Por lo que hace a los monopolios, ahora se considera que su existencia, cuando es resultado de una mayor capacidad administrativa, de circunstancias históricas o de desarrollos tecnológicos, es legítima y, por lo tanto, válida, a menos que sea consecuencia de compras de empresas que se hayan realizado ilegalmente.

Esta percepción contrasta poderosamente con la visión ideológica del inicio del siglo 20, en el que se entendió que ciertas prácticas...

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