El derecho de participación ciudadana en la justicia ambiental

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AutorVictor Rafael Hernandez Mendible
CargoDirector del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monteávila, Venezuela
Páginas18-39
EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA JURISPRUDENCIA
AMBIENTAL
(Corte Constitucional de Colombia, en sentencia
SU-095-18 de 11 de octubre de 2018)*
Víctor Rafael Hernández-Mendible**
Resumen
La democracia participativa y en especial la ambiental tiene como uno de sus pilares el
derecho a la participación ciudadana, que goza de extraordinaria relevancia en el contexto
del desarrollo de proyectos que tienen incidencia sobre el subsuelo y los recursos naturales
no renovables. De allí que por imperativo constitucional deben ser plenamente regulados
mediante ley, los mecanismos de participación adecuados, idóneos y eficaces como la
consulta pública, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales
y manifestar individual o colectivamente, personalmente o incluso a través de los cauces
que brinda la democracia representativa, la opinión que le merecen tales proyectos. Esto
además supone armonizar el ejercicio de las competencias entre la Nación y las entidades
territoriales para que en aplicación de los principios de concurrencia y coordinación se
garantice el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y el aprovechamiento de los
recursos naturales bajo la égida del desarrollo sostenible.
Abstract
Participatory democracy, and especially environmental democracy, has as one of its pillars
the right to public participation, which has even more relevance when it comes to the
development of projects that impact the subsoil and non-renewable natural resources.
Hence, by constitutional reasons, adequate, suitable and effective participation mechanisms
such as public consultation must be fully regulated by law, so the people can exercise their
fundamental rights and express individually or collectively, personally or even through
representatives, their opinion about these projects. This also means harmonizing the
powers between the Nation and territorial entities so that, in application of the principles of
concurrence and coordination, they guarantee the effective exercise of fundamental rights
and the use of natural resources under the idea of sustainable development.
Palabras claves
Participación consultas públicas derechos humanos - ambiente
Keywords
Participation - public hearings - human rights environment
*Artículo de Investigación postulado el 17 de febrero de 2020 y aceptado el 3 de noviembre de 2020
** Director del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monteávila, Venezuela.
(victorhernandezmendible@gmail.com) orcid.org/0000-0003-1273-6923
1. Introducción
La democracia ambiental se sustenta en tres grandes soportes conocidos como
derechos de acceso, que por tratarse de aquellos que permiten interactuar a las
personas con el Estado en las cuestiones de naturaleza ambiental, se constituyen
en una garantía efectiva de los restantes derechos humanos.
Estos derechos se manifiestan a través del acceso a la información pública, la
participación pública y el acceso a la justicia ambiental1, siendo este último un
medio para garantizar tantos los otros derechos procesales2, como también los
calificados como derechos sustantivos.
Este análisis pretende brindar una exposición de la manera como ha sido resuelto
por la Corte Constitucional de Colombia, un asunto que tiene una doble importanc ia
desde la perspectiva nacional, -la institucional y la de los derechos fundamentales-,
lo que se precisará más adelante.
Los antecedentes extrajudiciales y judiciales que permiten contextualizar lo ocurrido
son los siguientes: El 28 de junio de 2016 algunos habitantes del Municipio de
Cumaral en el Departamento del Meta, formularon un derecho de petición en el que
solicitaron a las autoridades municipales el inicio del trámite de la consulta popular,
sobre la conformidad y eventual aprobación por la población del inicio de las
actividades de exploración, perforación, producción, transporte y comercialización
de hidrocarburos, dentro del territorio del municipio.
Ello produjo la expedición del decreto del Alcalde para dar inicio al trámite del
mecanismo de participación ciudadana denominado consulta popular, que contó
con la opinión favorable del Concejo Municipal y el 7 de marzo de 2017 el Tribunal
Administrativo del Meta expidió la sentencia que se pronunció favorablemente sobre
la constitucionalidad de la pregunta que sería objeto de dicha consulta popular
local, aunque cabe destacar, que no sin antes modificar la redacción de la misma.
El 9 de mayo de 2017, la empresa Mansarovar Energy Colombia presentó acción
de amparo constitucional contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta,
por considerar que lesionó sus derechos fundamentales reconocidos en los
artículos 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Política y que el órgano jurisdiccional
había incurrido en una “vía de hecho y violación al debido proceso”, al desconocer
el régimen legal y constitucional de competencias en materia de propiedad del
subsuelo, que diferencia aquellas que son de las entidades territoriales y de las que
son de la Nación, por lo que incurrió en defecto sustantivo, defecto procedimental,
violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente
1 El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, estableció que “El mejor
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre
el medio ambiente de que d ispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los mater iales y las
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la info rmación a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos per tinentes”.
2 Hernández-Mendible, Víctor R., El Estado Convencional, Santo Domingo, Librería Jurídica Internacional,
2019, pp. 223-258.

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