Derecho de defensa y asesoría jurídica. Su garantía para el imputado y víctima en el sistema penal acusatorio mexicano
| Autor | Christian Norberto Hernández Aguirre |
| Cargo | Dr. en Derecho y Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) |
| Páginas | 261-284 |
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Derecho de defensa y ases oría jurídica… pp. 261-284
en torno a los derecho s de defensa y
asesoría jur ídica, al considerarse derechos
fundament ales que deben garantiza rse en
de determi nar su contenido y dimensión
para una igu aldad entre partes, lo que
podría tor narse complejo en un proceso
y procedimient o penal humanista, por lo
que se analiza la rela ción e importancia
de los principios proce sales al poder ser
consubstancia les a los mismos, como lo
pueden ser, la inmed iación, continuidad,
concentración, publicidad, contra dicción
y, oralidad como caract erística o medio,
que en su conjunto pod rían obrar en su
concreción.
SUMARIO: Int roducción / I. El derecho de defensa adecua da y su garantía / II. La
asesoría jur ídica adecuada y su garant ía / III. El derecho a la defensa y asesoría
jurídica, té cnica y material / IV. Los principios procesale s, la oralidad y su relación
con el derecho de defensa y ase soría jurídica / V. Conclusiones / VI. Fuentes de
consulta
Derecho de defensa y asesoría jurídica.
Su garantía para el imputado y víctima en el
Christian Norberto Hernández Aguirre*
In this article there a re some
concretion.
* Dr. en Derecho y Profesor-Invest igador de la Universidad Autóno ma de Baja California (UABC ), miem-
bro del Sistema Nacion al de Investigadores (SNI).
262 alegatos,
Sección Doctrina
Introducción
público o privado que pueda intervenir como de- que pueda intervenir como de-
fensor o asesor jurídico, para el imputado y víctima, respectivamente, al poder im-
pactar progresivamente en lo adecuado o in adecuado que se ejerzan sus funciones y
-
sión que conlleva su ejercicio y diversas interpretaciones, con el objetivo general de
-
no, que se viene implementando con la reforma penal constitucional del 18 de junio
de 2008, con una vacación legal de 8 años y, que viene a fortalecerse con la reforma
constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011, como con la diversa le-
relación a las interpretaciones vertidas por los tribunales nacionales como interna-
cionales.1 Siendo que, en el sistema acusatorio se consideran derechos tanto para im-
2 se
debe procurar el deber de fundar y motivar actuaciones, con base, en inter pretacio-
nes y argumentaciones basadas en derechos humanos fundamentales para llegar a
una verdad racional y razonable, en la medida de lo posible para las par tes y la socie-
1 Ya que si bien el derecho de defensa o el coad yuvar con el minister io público, a través, de un licencia -
do en derecho por el i mputado y víctima, resp ectivamente, no son nuevos en el país, al ya a parecer su
y sociedad al int entar acceder al eje rcicio efectivo de una defensa o a sesoría jurídic a adecuada, en dond e
en cuenta por las autoridades los límites c onsagrados en la Constit ución y tratados inter nacionales de
derechos huma nos, respect o a los mismos. Por ejemplo, res pecto al imput ado y la armon ización del
sistema de just icia penal, en tesis jurisp rudenciable, la primera sa la de la SCJN ha aducido lo siguien-
(10a.)
constitucion al en materia penal d el 18 de junio de 2008, la implementac ión del nuevo sistema de justicia
penal implica la ob servancia de los pri ncipios y lineamientos c onstitucionales des de la primera etapa de
investigación; ello, e n convergencia con la reforma cons titucional en materia de de rechos humanos del
10 de junio de 2011; lo anterior conlleva inclu so un sentido progresivo e n el reconocimiento y prot ección
de los derechos hum anos desde dicha prime ra fase del procedimie nto penal.
2
de Derecho” El Esta do Constitucional presup one, la Constitución acepta da y compartida en libe rtad y
democracia; d emocracia y libertad q ue a la vez tienen su base y protección en la C onstitución misma.
Implica, pues, leg alidad, pero también le gitimidad. Compre nde tanto la autoridad e statal como la liber-
tad individu al y social. Disponible en: ht tp://www.letrasjuridic as.com/Volumenes/7/ainaga7.pdf.
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