El derecho de la competencia en materia de energía
| Páginas | 239-255 |
| Autor | León Ricardo Elizondo Castro |
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA
EN MATERIA DE ENERGÍA1
León Ricardo ELIZONDO CASTRO
SUMARIO: I. El derecho de la competencia en el ámbito de los
servicios públicos. II. Marco jurídico del servicio público de
energía eléctrica. III. Las cuestiones de competencia en el Regla-
mento de Gas Natural. IV. Conclusiones.
I. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN EL ÁMBITO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Las cuestiones reguladas como servicios públicos, entre las que se inclu-
ye la prestación del servicio de energía eléctrica, que además es un área
estratégica por imperativo constitucional en su artículo 28, no están ex-
cluidas completamente de la aplicación de las normas de competencia
económica, si bien deben adecuarse al peculiar marco jurídico aplicable a
los servicios públicos, atento a la función de los mismos.
La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) se aplica a todas
las áreas de la actividad económica (artículo 1º), y a todos los agentes
económicos, independientemente de la naturaleza de éstos, sea que se tra-
te de personas físicas o morales, dependencias o entidades de la adminis-
tración pública federal, estatal o municipal o cualquier otra forma de par-
ticipación en la actividad económica (artículo 3º).
Sin embargo, la normatividad mexicana en materia de competencia
económica no considera monopolios a las funciones que el Estado ejerza
de manera exclusiva en las áreas estratégicas a que se refiere el párrafo
cuarto del artículo 28 de nuestra Constitución política. Empero, como lo
aclara explícitamente el propio texto reglamentario del artículo anterior-
mente citado, las dependencias y organismos que tengan a su cargo las
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1Las opiniones expresadas en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su autor,
por lo que no deben ser consideradas como expresión o posición final.
funciones antes mencionadas, estarán sujetas a lo dispuesto por esta ley
respecto de actos que no estén expresamente comprendidos dentro de di-
chas áreas.
Lo anterior significa que los actos de las empresas del Estado que es-
tén fuera del ámbito expresamente contenido en su legislación específica
regulatoria de las áreas estratégicas, serán actos del ámbito de la Ley de
Competencia.
Un tratamiento similar se le da a sectores con regulación específica,
como lo son las telecomunicaciones o los servicios financieros. Se busca
la frontera de la legislación del sector regulado particular, con la legisla-
ción de competencia. Aquellos actos no expresamente contenidos en la
legislación del sector regulado que sean violatorios de la LFCE, son suje-
tos de la LFCE.2
Lo anterior es una solución lógica y acorde con la situación propia de
los sectores fuertemente regulados, como lo es el energético. Sin embar-
go, dada la variedad que presentan algunos de estos sectores, a continua-
ción se realizará un análisis sobre los tratamientos generales que el dere-
cho extranjero de la competencia y la doctrina en derecho antitrust, dan a
las relaciones entre los servicios públicos, la intervención del Estado en la
regulación de ciertos sectores, y las normas de competencia económica.
1. Necesidad de una aprobación estatal previa, a ciertos sectores
para poder emprender determinada actividad
El ejercicio del poder de admitir o de negar el acceso de nuevas em-
presas a determinados mercados no implica la posibilidad ilimitada de de-
jar sin efecto las reglas de la competencia respecto de tales mercados.3 El
240 LEÓN RICARDO ELIZONDO CASTRO
2Levy, Santiago, ‘‘Notas sobre la nueva Ley Federal de Competencia Económica’’, Estudios
en torno a la ley Federal de Competencia Económica, México, UNAM, 1994, p. 73.
3En el caso de United States v. Philadelphia National (374 U. S. 321, 83 S.Ct. 1715, 10L. Ed.
2d.915. 1963) la Suprema Corte de Estados Unidos indicó varios de los límites de la exclusión de
determinadas conductas respecto de las prohibiciones de la legislación antimonopólica, cuando tal
exclusión se funda en el hecho de que el sector económico en cuestión cuenta con un régimen de
regulación directa especial. Se expresó allí que ‘‘la inmunidad respecto de la legislación antitrust no
debe considerarse implícita con ligereza. Esta regla de interpretación, que refleja el papel indispensa-
ble de la política antimonopólica en el mantenimiento de una economía libre, es aquí relevante.[ ...] la
derogación de las leyes antimonopólicas en forma implícita por una ley regulatoria es vista desfavo-
rablemente, y sólo será considerada apropiada en casos de evidente repugnancia entre las normas de
legislación antitrust y las de las leyes regulatorias. [...] Rechazamos la posición de que la banca co-
mercial, por estar sujeta a un alto grado de regulación gubernamental [...], es de alguna manera inmu-
ne a los efectos anticompetitivos de la concentración’’.
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