Demandas por daño moral, mecanismo de censura en Guanajuato, alertan

LEÓN, Gto., noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Abogados litigantes alertaron que las demandas por daño moral en contra de periodistas y medios de comunicación, en las que los querellantes reclaman sumas millonarias por indemnización se han convertido en un mecanismo de censura en el estado de Guanajuato. Roberto Saucedo Pimentel y Paulino Lorea, especialistas en derecho penal, civil y constitucional, expusieron que una reforma al Código Civil del estado ha dado la pauta a personajes con proyección pública para presentar demandas que representan un ataque a la libertad de expresión.

Dijeron que a cualquiera de los periodistas le puede ocurrir una demanda porque a alguien no le guste lo que publican. Expusieron dos casos, el más reciente que involucra a María Bárbara Botello Santibáñez, ex alcaldesa de León, quien promovió una demanda en contra del periódico AM en la que reclama 300 millones de pesos por daño moral, el monto de mayor cuantía a nivel nacional. La ex funcionaria basa su denuncia en el perjuicio que, dice, lo causaron dos notas informativas y dos columnas publicadas.

Otra demanda fue planteada por un empresario de la ciudad de Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, "dueño de una televisora y que tiene una muy amplia relación de negocios con el gobierno municipal y con el sistema de agua de aquel municipio", en contra del periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas, a quien le reclamaron 96 millones de pesos.

"Entonces, este tipo de demandas se están convirtiendo en un mecanismo de censura y es un riesgo, en donde lo que está en juego ya no es la libertad personal, lo que está en juego ahora es precisamente el patrimonio de cada uno de los que puedan ser demandados", puntualizó el abogado Roberto Saucedo Pimentel. Paulino Lorea, también columnista, destacó que los periodistas han sido muy hostigados en los últimos cinco años con violencia laboral, cierre de medios, amenazas, demandas penales o civiles, agresiones físicas que les causa lesiones o hasta homicidio como ocurrió el 9 de noviembre pasado cuando asesinaron al periodista Israel Vázquez en Salamanca.

El 20 de abril de 2018 el Congreso Local derogó del Código Penal los tipos penales de calumnia y difamación, que venían siendo utilizados para tratar de censurar a quienes se dedican a la labor de comunicación, y los trasladó al Código Civil, y ahora son fuente de una responsabilidad civil y que puede dar lugar a una indemnización. "O sea, ya no tenemos la amenaza de la sanción...

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