Delitos sexuales siguen pese a alertas de género

Elsa Hernández Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Actualmente se han declarado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 19 entidades del país (el Estado de México tiene doble alerta). La última en decretar una fue la Ciudad de México el pasado 21 de noviembre, ante los feminicidios en la capital.

En 18 de los 19 estados con alerta, de 2018 a enero de 2020 crecieron las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual (abuso, acoso y hostigamiento, así como violencia equiparada y sexual e incesto), mientras en 11 también aumentaron los asesinatos.

En la Ciudad de México la medida se emitió desde noviembre pasado y desde entonces los ilícitos relacionados con este mecanismo no se han reducido; sin embargo, el periodo de tiempo con cifras disponibles es de apenas dos meses.

Con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las alertas son acciones de emergencia que realiza el gobierno para hacer frente y eliminar las agresiones feminicidas.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que las entidades con más denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual durante 2019 fueron la Ciudad de México (6 mil 507), el Estado de México (5 mil 678) y Jalisco (3 mil 428).

En cuanto a feminicidios, Veracruz tuvo el mayor número de casos con 159, le siguió el Estado de México, con 122 denuncias y la Ciudad de México, con 71 carpetas de investigación en un año.

Las organizaciones de la sociedad civil y expertos han coincidido en que la razón por la que no ha dado resultados la AVGM es la falta de voluntad política, así lo expone la doctora Alicia Pérez Duarte, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"El problema no es el mecanismo mismo, el cual está diseñado para que se generen políticas públicas de prevención y acceso a justicia, sino es que no hay voluntad política para diseñar las de prevención".

Las organizaciones cuestionan el manejo de los recursos: "Hay un uso discrecional del dinero. Un ejemplo es que se pagan protocolos por 5 millones de pesos, que están mal hechos, eso hay que exigirlo y saber a quiénes se le están asignando", señala Ana Yeli, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Ciudad de México. El actual gobierno (desde diciembre de 2018 a enero de 2020) registra 78 feminicidios; está entre las entidades que encabezan ese...

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