La defensoría pública como órgano constitucional autónomo. Apuntes para la construcción de un modelo necesario
| Autor | Enrique Meza Márquez |
| Cargo del Autor | Asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM |
| Páginas | 251-283 |
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LA DEFENSORÍA PÚBLICA COMO ÓRGANO
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.
APUNTES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MODELO NECESARIO
Enrique
MEZA MÁRQUEZ
*
1
SUMARIO
: I. A manera de introducción. II. El derecho de defensa en el de-
recho internacional de los derechos humanos. III. La autonomía de la Defen-
soría Pública como garantía de la defensa técnica eficaz. IV. La organización
de la defensa pública en México. V. Conclusiones.
I.
A MANERADEINTRODUCCIÓN
El derecho internacional de los derechos humanos establece el derecho de
toda persona a que se le respeten las garantías del debido proceso en todo
procedimiento que verse sobre la determinación de sus derechos y obliga-
ciones, con independencia de que se trate de índole civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter, y no sólo restringido a la materia penal.
En este sentido, la asistencia letrada constituye una garantía irrenuncia-
ble de suma importancia como mecanismo de protección del debido proce-
so y para una efectiva defensa de los intereses de toda persona en igualdad
Adicionalmente, la asistencia letrada como garantía del derecho de
defensa reviste una capital importancia como garantía instrumental para
y constituye un elemento indispensable para un sistema de administración
* Asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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ENRIQUE MEZA MÁRQUEZ
En vista de esta relevancia, las experiencias comparadas, principalmen-
te en los países latinoamericanos, han reconocido que la forma de garanti-
zar de manera efectiva este derecho es a través de las instituciones de De-
fensoría Pública, concebida ésta como la formalización de la obligación de
los Estados de adoptar disposiciones de carácter interno y establecer salva-
guardas prácticas y efectivas que torne operativo el efecto útil (effet utile) de
los instrumentos internacionales en la materia.
Para cumplir con dicha obligación, los Estados han implementado dis-
tintos modelos para incorporar dentro de su estructura institucional a los
órganos de defensoría pública encargados de brindar la asistencia letrada
-
cional, a la par con los poderes tradicionales del Estado, o bien, subordina-
do o sectorizado a la estructura interna de alguno de estos, y con distintos
grados de competencia para una intervención amplia en todas las materias,
o bien, acotadas a determinados ámbitos, principalmente el penal.
De acuerdo con el Informe sobre Buenas Prácticas en el Tema de Ac-
ceso a la Justicia y Defensa Pública en las Américas,1 rendido ante la Asam-
blea General de la Organización de Estados Americanos y realizado sobre
un universo de 15 países,2 si bien en la mayoría de estos cuentan con algún
servicio de defensoría pública o asistencia legal gratuita impartida desde el
Estado, “existe una diversidad de enfoques en cuanto a la naturaleza, in-
país”, mismos que determinan el alcance de la intervención de dichos órga-
nos en la defensa de los intereses de sus representados, y en el cual se iden-
i) Instituciones independientes y autónomas por disposición constitucional;
ii) Agencias o entidades independientes y autónomas establecidas por
ley nacional, y
iii) Unidades administrativas con cierta autonomía funcional, pero den-
tro de la estructura normativa y/o presupuestal del Poder Judicial o
el Ministerio de Justicia.
1 OEA, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Informe sobre Buenas Prácticas en el Tema
de Acceso a la Justicia y Defensa Pública en las Américas, OEA.Ser.G CP/CAJP/INF-224/14, 4
de abril 2014. Documento preparado por el Departamento de Derecho Internacional en
cumplimiento de la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2714 (XLII-0/12), 2013.
2 Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Uni-
dos, Guyana, Honduras, México, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
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LA DEFENSORÍA PÚBLICA COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL...
la importancia que reviste el que los órganos de defensa pública se encuen-
tren dotados de autonomía constitucional, como atributo necesario para
garantizar de manera efectiva el derecho de defensa consagrado en distintos
-
vulnerabilidad.
Adicionalmente, en el caso particular de México, se abordará compara-
tivamente el estado actual que presentan las instituciones de defensoría pú-
en sus respectivas legislaciones, con respecto a los principios y estándares
internacionales en la materia.
II. ELDERECHODEDEFENSAENELDERECHOINTERNACIONAL
DELOSDERECHOSHUMANOS
1. En los instrumentos internacionales
El derecho de defensa se encuentra contemplado, con distintos alcances, en
diversos instrumentos tanto del ámbito de las Naciones Unidas, como en el
sistema regional americano.
En primer término, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) (1948) dispone en su artículo 11 que “[t]oda persona acusada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
Dicha disposición debe interpretarse en estrecho vínculo con lo dispues-
to en su artículo 10, en el sentido de que “[t]oda persona tiene derecho, en
un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal”.
De la lectura anterior, se desprende que no obstante que la DUDH no
consagra expresamente el derecho a contar con un defensor, este debe en-
tenderse comprendido como parte de las garantías necesarias de toda perso-
-
nocidas en el artículo 11, como condición indispensable para la efectividad
de este último.
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