El defensor público, garante del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el juicio de amparo indirecto promovido por personas privadas de su libertad
| Autor | Esperanza Soto Alonso |
| Cargo | Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de la Laguna (UAL) |
| Páginas | 34-39 |
34/35 34/35
EL DEFENSOR PÚBLICO,
GARANTE DEL DERECHO A
LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA EN EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO
PROMOVIDO POR PERSONAS
PRIVADAS DE SU LIBERTAD
Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus
ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a
los que tienen poco o nada.
Nelson Mandela
El artículo 17 constitucional señala que la Federación y las entidades federativas
garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la
población. Derivado de ello, en materia federal, el Instituto Federal de Defensoría
Pública fue creado como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en-
cargado de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso
a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia
administrativa, fiscal, civil y de causas penales, que permite atender a la población
menos favorecida del país bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y
profesionalismo, con la finalidad de superar las desigualdades sociales y la conso-
lidación del estado de derecho1.
Dentro de esa población menos favorecida se encuentran quienes, siendo pro-
cesados o sentenciados por algún asunto del orden penal, se encuentran privados
de su libertad en centros penitenciaros, federales o estatales.
Dichas personas privadas de su libertad son un grupo vulnerable de nuestra so-
ciedad debido a que, por regla general, mientras ostenten la calidad de procesados,
les asiste el principio de presunción de inocencia, por tanto, deben ser tratados
como tales.
Y en cuanto a los sentenciados, son personas que están en proceso de reinser-
ción, como un derecho humano contenido en nuestra Carta Magna señalado en el
artículo 18, asentado en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacita-
ción para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
DERECHO CONSTITUCIONAL
Por ESPERANZA SOTO ALONSO
Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de la Laguna (UAL), Maestra en Derecho Penal y
Procesal Penal Oral por el Instituto de Posgrados en Humanidades, A.C. Doctorado Honoris Causa,
otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados, CECASI, Universidad Autónoma de
Guerrero y Universidad Autónoma de Acapulco.
Por tanto, dichas personas, que
son hombres y mujeres de edad adulta,
desde jóvenes hasta adultos mayores,
están propensos a sufrir carencias, des-
atenciones, o situaciones adversas que,
aun en su situación de internamiento,
atenten contra su dignidad. Las condi-
ciones de vida en una institución penal
son de los principales factores que
determinan el sentido de autoestima y
dignidad de una persona privada de su
libertad. Dónde él o ella duerma, qué
se les permite usar; qué, cómo y dónde
comen, si tienen camas con frazadas
y sábanas o si duermen en el suelo o
tapándose con trapos; si se les permi-
te o no lavar y con qué frecuencia; si
tienen acceso constante a una letrina o
si tienen que pedir –incluso suplicar- al
guardia, cada vez que necesitan usarla,
todo esto tiene gran influencia en su
bienestar físico y mental2.
Así, las personas privadas de su
libertad se enfrentan diariamente a
diversas situaciones, entre las que
también se puede señalar el temor
a ser trasladados a diverso centro
penitenciario, lejano a su familia; la
negativa de un juez a concederles
traslado; la dilación para dictarles
sentencia, entre otros muchos
actos de autoridad que se pueden
considerar como violatorios a sus
derechos humanos.
Ante tal panorama, el juicio de
amparo indirecto ha sido el meca-
nismo por el cual la persona privada
de su libertad, de su puño y letra, en
condiciones precarias de presenta-
ción, en un escrito a lápiz, en ocasio-
nes en papel reciclado o de cuaderno,
con sus propias y sencillas palabras,
solicita al Juez de Distrito, el amparo y
la protección de la justicia federal.
I EL DEFENSOR PÚBLICO COMO
ASESOR JURÍDICO EN EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO
El defensor público es el servidor estatal
encargado de brindar el servicio de
defensa penal, de manera gratuita, desde
el momento de la detención o compare-
cencia ante el Ministerio Público o Juez,
hasta el momento de la ejecución penal
en caso de existir una sentencia. Así
también, actuar como asesor jurídico en
el Juicio de Amparo Indirecto promovi-
do por la persona privada de su libertad
sin asistencia jurídica, ya que la asisten-
cia de un abogado es una condición de
efectividad del Juicio de Amparo porque
permite que la parte quejosa pueda ejer-
cer adecuadamente el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva.
Pero antes de que el defensor público
fuera designado como asesor en el juicio de
amparo indirecto, se transitó por varias te-
sis que desembocaron posteriormente en
la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 43/2019 de la
Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal,
que analizaremos más adelante.
El viernes 10 de febrero de 2017 se
publicó en el Semanario Judicial de la
Federación, la tesis de rubro ACCESO
EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA
ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS
DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO
POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A
LAS CONDICIONES DE SU INTERNA-
MIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE
DISPONER LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE
REPRESENTADO Y ASESORADO POR
UN PROFESIONAL DEL DERECHO,
INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE
UN ASESOR JURÍDICO.
1 https://www.ifdp.cjf.gob.mx/paginas/subInstituto.htm?pageName=informacion%2FmisionVision.htm
2 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de buena práctica penitenciara, implementación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos, Costa Rica, página 61
DICIEMBRE 2019
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