En defensa del agua
| Autor | Pedro Zamora Briseño |
ZACUALPAN, COL.- Esta comunidad de nahuas y otomíes protagoniza un movimiento contra la apertura de una mina que amenazaría la conservación del entorno natural y podría contaminar el manantial local, que es la principal fuente de agua potable para los cerca de 250 mil habitantes de la zona conurbada de la capital estatal.
Al margen de sus representantes de bienes comunales -a quienes acusan de operar a favor de la compañía minera-, los inconformes se agruparon en el Comité de Defensa del Pueblo Indígena de Zacualpan (CDPIZ) y con el apoyo del grupo ambientalista Bios Iguana iniciaron una serie de movilizaciones.
Amparado en la concesión 201872 para la explotación de oro, plata, cobre y manganeso -otorgada al ya fallecido Adolfo Pineda Martínez-, el empresario colimense Rigoberto Verduzco Rodríguez ha intentado varias veces obtener el aval del pueblo de Zacualpan -ha ofrecido 15 mil pesos a cada uno de los 305 comuneros- para iniciar la actividad extractiva en 100 hectáreas de la comunidad.
Para la coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, es un misterio la identidad de los empresarios que pretenden extraer el oro y los otros minerales de Zacualpan, pues duda que Verduzco -propietario de un autolavado en el primer cuadro de Colima- sea el único inversionista, dada la magnitud del capital necesario para explotar una mina de esa naturaleza.
Gobierno indolente
Ante la indolencia del gobierno estatal, los activistas opositores a la apertura de la mina han sufrido acoso y amenazas de los promotores del proyecto.
Por ejemplo, el 5 de diciembre pasado, policías encabezados por el presidente de la Junta Municipal de Zacualpan, Enrique Carpio Rincón, detuvieron y esposaron al presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, poco antes de llevarse a cabo una asamblea pública en la plaza principal, donde serían exhibidos videos sobre la contaminación generada por la industria minera.
Tras ser subido a un vehículo particular que recorrió varias calles del pueblo, Martínez fue liberado luego de las protestas de un grupo de habitantes de la comunidad.
El 6 de diciembre Martínez Campos interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) y tres días después denunció penalmente a Carpio y a los agentes que lo detuvieron.
Por su parte el abogado de Bios Iguana, Jonathan Fernando Ochoa Hernández, solicitó al ómbudsman estatal medidas cautelares a favor de Jesús Santos Qui-rino, del CDPIZ, quien...
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