Critican reforma electoral
| Autor | Jorge Alcocer V. |
Aunque los propósitos que animan las iniciativas presidenciales son plausibles, se sustentan en un diagnóstico equivocado, contienen medidas que, de ser aprobadas, lesionarán derechos y garantías individuales, introduciendo en la Constitución flagrantes contradicciones entre varios de sus artículos, y adolecen de severas deficiencias de técnica jurídica que, en su caso, los legisladores deberán atender y subsanar.
Las iniciativas presidenciales plantean las siguientes medidas:
- reducir el financiamiento a los partidos;
- reducir el periodo de campañas electorales;
- aumentar las facultades del Instituto Federal Electoral en materia de vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos políticos;
- compactar el calendario electoral estatal;
- regular las precampañas internas para la selección de candidatos.
Calificar de excesivo el financiamiento público destinado a los partidos es juicio generalizado; sin embargo, si comparamos el monto destinado a ese fin en 2003, el más alto de la historia, encontramos que representó el 0.3 por ciento del gasto federal, y para este año esa proporción es de apenas un 0.1 por ciento, por lo que la argumentación esgrimida en la exposición de motivos presidencial peca de exagerada.
Siempre será posible establecer parámetros de comparación para demostrar que el gasto público destinado a los partidos es muy elevado, sobre todo si se le contrasta con las enormes carencias en la atención de necesidades básicas de la población. Pero sostener que la reducción del gasto partidista atenuará esas carencias resulta, por decir lo menos, otra exageración.
La reforma electoral de 1996, que instauró el actual sistema de financiamiento, tuvo como propósito impedir que la política y las elecciones quedasen sujetas al mercado, a la influencia del mejor postor. Como ya hemos visto con suficiencia, no se ha logrado tal propósito. Los partidos políticos, en su mayoría, siguen acudiendo a fuentes privadas, lo que no es ilegal, sin declararlo al IFE, lo que es ilegal. Los escándalos por financiamiento a los partidos no han tenido que ver, en los casos más sonados, con las fuentes estatales de ese financiamiento, sino con donativos privados provenientes de organizaciones, de empresarios o de particulares.
Las iniciativas presidenciales son omisas en el tema de las fuentes de financiamiento privado, limitándose a proponer mayores atribuciones al IFE para la vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos.
Es evidente que si el financiamiento público a los partidos se reduce, éstos se verán obligados a compensar esa reducción acudiendo a fuentes privadas, lo que provocará el efecto que en 1996 se pretendía evitar. Desde luego que la fórmula actual debe ser objeto de modificaciones para eliminar los defectos que arrastra desde aquel año, pero sin abandonar el sentido que le dio origen.
Distinguir entre campañas generales e intermedias para reducir el financiamiento otorgado a los partidos en las segundas, así como pasar a una fórmula que simplifique el cálculo para el financiamiento ordinario, como la que propone la iniciativa presidencial debe ser acompañado del cambio en los porcentajes de distribución que hoy en día contiene la ley, y que la iniciativa presidencial deja intocados. En efecto, al disponer que 30 por ciento del financiamiento se distribuya de manera igualitaria entre los partidos, se genera el absurdo de que, superando el mínimo legal para conservar registro, entre menos votos obtiene un partido, más dinero recibe por voto.
Reducir el periodo de las campañas es otro objetivo plausible, pero sin entrar a resolver el problema del acceso de los partidos a la radio y la televisión, el propósito quedará incompleto. En esta materia...
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