Se crea la Ley que Establece el Arancel para el Cobro de Honorarios de los Abogados en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
| Fecha | 28 Abril 2015 |
| Autor de la iniciativa | Diputado Jesús de León Tello, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Alonso Lujambio Irazábal”, del Partido Acción Nacional. |
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ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PODER LEGISLATIVO “2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”
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Iniciativa con proyecto de Decreto para crear la Ley que Establece el Arancel para el Cobro de Honorarios de los Abogados en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Planteada por el Diputado Jesús de León Tello, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional “Alonso Lujambio Irazábal”.
Fecha de Lectura: 28 de Abril de 2015.
Turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Lectura del Dictamen: 26 de Mayo de 2016.
Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado: P.O. 64 / 9 de Agosto de 2016.
H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
PRESENTE.-
Iniciativa que presenta el diputado Jesús de León Tello, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal” del Partido Acción Nacional; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 22 Fracción V, 144 Fracción I, 158, 159 Y 160 de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR LA LEY QUE ESTABLECE EL ARANCEL PARA EL COBRO DE HONORARIOS DE LOS ABOGADOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
Con base en la siguiente:
Exposición de motivos
De acuerdo al artículo 5º Constitucional, todas las personas tienen derecho a ejercer la profesión, oficio, industria o actividad comercial que les acomode, mientras su objeto sea lícito, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes; una determinación judicial o, una resolución gubernativa.
En el caso de las profesiones universitarias, se exige, generalmente y con algunas salvedades, poseer título y cédula profesional para estar en condiciones de cobrar honorarios por la actividad realizada.
La profesión del abogado no es sólo una de las más comunes y antiguas en nuestro país, sino que es además, una de las más necesarias a pesar de los años y de la oferta de profesionales del derecho que crece cada año en nuestra nación al egresar profesionales de esta carrera de universidades públicas y privadas en cada entidad federativa.
Las personas, todas, sin importar su condición social, cultural o financiera, e incluso los extranjeros que residen o se encuentran en tránsito por nuestro país, requieren en algún momento de sus vidas del apoyo, asesoría y representación de un abogado profesional para defender sus derechos, realizar trámites o iniciar juicios en diversas vías según sea el caso particular de cada quien. El abogado, a pesar de la mala fama que algunos le han dado a la profesión por realizar prácticas deshonestas, abusivas y corruptas, es un profesional siempre necesario en toda sociedad, como lo es el médico, la enfermera, el contador, la secretaria, el odontólogo, y tantos otros profesionistas que la gente necesita no una, si no varias veces a lo largo de su vida.
En el caso de los profesionales del derecho, su quehacer reviste una especial y vital importancia por las razones que se exponen enseguida:
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Toda persona, a lo largo de su vida, enfrenta la necesidad de recibir asesoría o la representación legal de un abogado para un determinado problema legal. Aunque las estadísticas reflejan que en realidad, salvo contadas excepciones, un ser humano que viva en la sociedad civilizada, especialmente en las urbes, enfrentará al menos entre cinco y 10 problemas legales en un lapso de 25 años, tomado este periodo como base. Hablamos desde asuntos menores como puede ser una multa de tránsito o una corrección de acta de nacimiento, hasta graves, que implican la privación de la libertad, el riesgo de perder el patrimonio o fuertes sumas de dinero, y reclamos sobre asuntos de gran relevancia.
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No todos los problemas son en sí un juicio formal, hay trámites administrativos, procesos de jurisdicción voluntaria, y procesos extrajudiciales que requieren los conocimientos de un profesional del derecho.
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La abundancia de leyes y reglamentos, así como manuales y disposiciones administrativas, han tornado el marco legal mexicano en una estructura amplia, hasta cierto punto compleja, y de difícil acceso para el ciudadano promedio; ello hace que en no pocas ocasiones sean necesarios los servicios de un abogado. Y;
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Fenómenos como la corrupción gubernamental hacen presa fácil de abusos a los ciudadanos, quienes requieren forzosamente en muchos casos de apoyo legal para defenderse de los atropellos sufridos.
El Investigador Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reveló en julio del año 2013, que de acuerdo a datos proporcionados por la SEP, “una de las carreras con más estudiantes es la de Derecho. En ella estaban inscritos en el primer semestre de 2013, 276,352 estudiantes. 975 instituciones eran la que impartían la carrera de Derecho en esos días, las cuales lo hacían a través de 1,597 distintos programas….”
En el marco del día del abogado, celebrado el día 12 de julio del año 2014, el INEGI, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló lo siguiente:
“…en el primer trimestre de 2014, el número de abogados en México, suma un poco más de 321 mil personas, de las cuales 58 de cada 100 son hombres y 42 son mujeres.
En algunas entidades como Guanajuato, Tabasco y Michoacán, el número de mujeres abogadas es mayor. Guerrero tiene la menor proporción de abogadas, pues solo 16 de cada 100 ocupados en esta profesión son mujeres. Otras entidades con menor proporción de abogadas respecto a la media nacional son: Hidalgo, Querétaro y Nuevo León
La proporción de abogados respecto del total de ocupados a nivel nacional es de 0.7 por ciento. En el Distrito Federal alcanza el porcentaje más alto con 1.7%, en tanto que Tlaxcala tiene el porcentaje más bajo con 0.2 por ciento.
Los abogados se distribuyen por toda la geografía nacional concentrándose principalmente en cinco entidades federativas (Distrito Federal, Jalisco, México, Puebla y Veracruz), en las que reside 58.3% de la población.
La edad promedio de los abogados es de 37.4 años; en los hombres es de 39.2 y en las mujeres de 34.9 años. De los abogados existentes, tienen 5 años de haber terminado la licenciatura.
En cuanto al salario de los abogados, estos ganan en promedio por hora trabajada, alrededor de 73 pesos. La cantidad es mayor si se trabaja por cuenta propia (83 pesos) o como empleador (entre 75 y 86 pesos por hora dependiendo el sexo), y menor cuando son trabajadores subordinados (donde la mujer está en desventaja)….Fin de la cita.
Según la ENOE, de cada 100 abogados 48 son investigadores, especialistas y docentes; 6 son directores, gerentes, coordinadores, jefe de área o juez calificador en los servicios de salud, enseñanza y sociales; 10 oficinistas, y 36 laboran en otras áreas. De cada 100, 54 trabajan en empresas, 35 en instituciones públicas o privadas y 11 en el sector de los hogares.
Estos auxiliadores se concentraron principalmente en Distrito Federal, Jalisco, México, Puebla y Veracruz, donde reside 58.3% y su edad promedio es de 37.4 años; en los hombres 39.2 y en las mujeres 34.9 años. La mayoría de estos profesionistas cuenta con edades que van de los 25 a los 34 años.
La estructura por edad muestra un importante contingente joven (menores de 35 años). De cada 100 abogados, 44 tienen entre 20 y 34 años, 28 entre 35 y 44 años y 28 con 45 años y más.
Estos defensores representan 0.7% de la población ocupada del país. Sólo Distrito Federal, Morelos y Estado de México alcanzan a tener un abogado por cada 100 de sus ocupados.
El problema de los honorarios de los abogados
Nayarit, Michoacán, Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua y Durango, son de las entidades federativas que ya cuentan con un ordenamiento para regular y establecer bases para el cobro de honorarios por los servicios prestados por los profesionales del derecho. El objetivo no es sólo, como algunos creen, “favorecer” o tratar de “proteger” el trabajo de los abogados; se busca también proteger y tutelar los derechos del cliente en el sentido de no sufrir abusos y exponerse un sistema estatal carente de regulación, donde lo mismo pueden toparse con un abogado que les cobre muy por debajo de la tarifa mínima; que toparse con otro que pida honorarios abusivos en cuanto a monto e incluso en relación a las condiciones que impondrá para que sean pagados por los clientes los gastos y honorarios correspondientes.
A efectos de lo señalado, resulta oportuno retomar lo que establece el artículo 5º Constitucional:
“…A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le...
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