Coordenadas / El debate del 1 por ciento
| Autor | Enrique Quintana |
En los últimos años se ha vuelto "políticamente correcto" definir de antemano el monto de recursos que el Gobierno debe asignar a actividades que se consideran prioritarias.
El debate más reciente tiene que ver con el 1 por ciento del PIB (60 por ciento del Gobierno y 40 por ciento del sector privado) que debe canalizarse a la ciencia y la tecnología.
Antes ya se había establecido el 8 por ciento que debe destinarse a la educación.
A riesgo de ir en contra de la opinión de la mayoría, ese tipo de objetivos me parecen una completa tontería.
Antes de que se enoje, le pido que lea el siguiente argumento.
Al fijarse por ley esas cantidades, se parte de la premisa de que lo importante es gastar o invertir una determinada cantidad de dinero y que ese monto asegura que la investigación o la educación estarán bien atendidas.
Bajo esa premisa, debieran establecerse también mínimos de recursos como proporción del PIB para otros ámbitos, como la salud, el combate a la pobreza, etc.
Si así se hiciera, lo que tendríamos es un esquema presupuestal extraordinariamente rígido, en el que lo importante son las cantidades asignadas y no los resultados que se obtienen con las asignaciones efectuadas.
Recuerda lejanamente el esquema de "planes quinquenales" que las economías socialistas o planificadas centralmente, aplicaban.
Bajo esos planes se establecía en el despacho central de planeación (los soviéticos los llamaban "Gosplan") la cantidad específica de bienes y servicios que habrían de producirse en todo un lapso y a cada unidad productiva se le fijaban determinados montos, cuotas, a ser alcanzadas. Se decía que era la máxima expresión de la racionalidad económica que se contrastaba con la anarquía del mercado.
El resultado fue que las decisiones económicas tomadas desde arriba, lejos de las unidades productivas y sin un sistema de precios que funcionara, llevaron a la catástrofe prácticamente a todos los países que condujeron su economía con ese sistema.
En México no tenemos una oficina central de planificación pero sí un Congreso que dice saber cuánto hay que asignar a cada rubro.
Hay otro absurdo en este tipo de definiciones plasmadas en la ley. ¿Qué pasa si no se cumplen con los parámetros fijados? ¿Es acaso sujeto de destitución algún funcionario por no haber gastado de acuerdo con los montos establecidos? Resulta que no. No hay ninguna sanción por no cumplir la ley, lo que le quita toda la eficacia a ese instrumento legal.
En otro sentido es lo que...
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