Control priista en los organismos estatales
| Autor | Jesús Cantú |
La petición original de la oposición era la desaparición de los organismos electorales estatales y la creación de una única estructura nacional; lo cual desde luego se enfrentó a la oposición del tricolor y, particularmente de los gobernadores surgidos de sus filas, que no estaban dispuestos a perder el control de los mismos.
La alternativa fue ceder la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de estos organismos al Consejo General del INE y centralizar una serie de atribuciones, pero abrir la puerta para delegarlas a los OPL, con lo cual se concreta el peor de los escenarios: se mantienen las dos estructuras; se elevarán los costos de la organización electoral, pues obligan al INE a crear una nueva unidad y burocracia; y los gobernadores priistas lograrán su objetivo de mantener el control.
La simulación se consuma con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que precisa la distribución de funciones y define el procedimiento para la designación del consejero presidente y los seis consejeros electorales de los OPL; en dichas normas el PRI aseguró la captura de los organismos electorales estatales, lo cual les permitirá no únicamente mantenerla en los estados donde son gobierno sino incluso extenderla al resto de las entidades.
La disposición fundamental para ello está en el inciso h del artículo 101, al establecer que se requiere como mínimo el voto aprobatorio de ocho de los 11 integrantes del Consejo General del INE, con lo cual el tricolor tiene en sus manos la decisión, ya que le bastará instruir a los cuatro consejeros que logró colocar (Proceso 1953) para vetar a cualquiera de los candidatos propuestos por la Comisión de Vinculación. Es obvio que este poder de veto fortalecerá su capacidad negociadora y la utilizarán para asegurar una integra-ción favorable de los consejos estatales.
Todo indica que el remedio será peor que la enfermedad; la oposición impulsó la reforma porque los órganos de gobierno de los organismos estatales estaban capturados por los gobernadores, particularmente en los estados donde el PRI tiene hegemonía de más de 80 años, pero la legislación resultante les asegura mantener y extender ese control.
La oposición se deslumbró porque los consejos locales y distritales del extinto Instituto Federal Electoral mostraban una composición más equilibrada que los consejos de los órganos estatales, pero no pudo notar que las condiciones eran distintas: primero, los...
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