El Estado constitucional republicano

AutorOnosandro Trejo Cerda
Cargo del AutorLicenciado, maestro y doctor en Derecho, así como maestro en Filosofía
Páginas224-243

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Introducción

La lucha por el poder político y la riqueza económica en el México independiente arrastró del pasado colonial las viejas instituciones jurídicas y políticas, sus aparatos ideológicos, sus paradigmas y sus actores sociales, nacidos, desarrollados y fortalecidos a lo largo de trescientos años.

La ideología predominante, de marcada influencia religiosa católica, escolástica y tradicionalista, nutrió las relaciones sociales de dominación, políticas y económicas, bajo la forma de un virreinato, como provincia de ultramar de la monarquía española, que se sostuvo mediante un régimen de fueros y privilegios para la oligarquía peninsular, el clero y el ejército, constituyendo un modelo de Estado pre-moderno.

Es lógico y natural, entonces, que la forma, estructura y organización del Estado y detentar el poder público, ejercer el gobierno y hacer las leyes, constituyeran la causa, el motivo y la razón de la confrontación a ultranza entre las tres principales fuerzas o partidos que se disputaban el poder político y la riqueza económica una vez lograda la independencia de la Nueva España: el tradicionalista o conservador, el liberal o reformista moderado y el de los progresistas, reformadores radicales o puros; la historia del constitucionalismo mexicano así lo acredita:

• El Partido Conservador, herencia de trescientos años de coloniaje, de vena peninsular, clerical, centralista, monarquista y antifederalista, cuyo modelo de Estado fue “el de la Europa pre-moderna”;

• El Partido Liberal, de tendencia política moderada, individualista, instrumento de la burguesía capitalista criolla, gradualista y federalista, cuyo paradigma de Estado fue “el de Norteamérica”; y,

• El Partido del Progreso o Partido de los Puros, como se le conoció en el siglo xix, y en particular en la época de la Reforma; y cuyo ideal de Estado se fin-

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caba en el nacionalismo y el progreso del pueblo (mayoritariamente mestizo e indígena, pero sin exclusión de ningún individuo o grupo por razones étnicas), laicista y también republicano y federalista, viendo en esta forma de Estado un paso para una reforma más profunda de la vida política, económica y social del país.

La alianza de la oligarquía, el ejército y el clero representó el bloque histórico promotor y defensor de un modelo o forma de Estado pre-moderno (monárquico, centralista y de intolerancia religiosa con religión oficial o de Estado) y de confusión entre el Estado de dominación y la iglesia, en una sociedad de castas, que traía aparejado un sistema de desigualdad, inequidad e injusticia; eso explica la férrea oposición a todo intento de libertad, igualdad, justicia y democracia.

Sin embargo, a pesar de la cerrazón y la intolerancia de esos tres estamentos, ante cualquier propuesta de cambio, en los diferentes momentos de su desarrollo histórico como factores reales de poder, se observa un cierto grado de adaptación, cambio y hasta “modernización” tanto de la oligarquía, como del ejército, no así del clero, el que con su visión puesta en el pasado hizo difícil, ríspida y tortuosa la relación con los órganos del Estado mexicano, especialmente en los momentos en que se luchaba por su transformación.

Por otro lado, el proyecto de los liberales, de tendencia moderada en su propuesta del cambio político y social, no pocas veces en alianza con el conservadurismo, sostuvo otro modelo o forma del Estado de dominación influido por su origen ideológico del “dejar hacer y dejar pasar”, un modelo con libertades pero sin igualdad social, que proponía cierto grado de transformación de las viejas estructuras coloniales, pero de manera gradual, sutil y sin convulsiones ni sobresaltos; dóciles ante el régimen de confusión del Estado y la iglesia, a veces eran monarquistas, en otras republicanos, también centralistas y hasta federalistas.

El Partido del Progreso o Partido de los Puros, luchaban por un cambio profundo de las relaciones sociales de dominación, políticas y económicas, heredadas de la conquista y la colonia y, por lo tanto, por un nuevo modelo de Estado; consideraban necesario fincar las bases de la nueva organización estatal sobre el principio de “la más perfecta separación” entre los asuntos públicos, políticos y de gobierno y los religiosos, espirituales o eclesiásticos; su ideología se basaba en los principios filosóficos del humanismo, el racionalismo y el laicismo y en los postulados políticos del nacionalismo, el republicanismo y el constitucionalismo. Además de un régimen de libertades y derechos de los individuos y de la igualdad ante la ley, pugnaban por transformar las condiciones sociales y económicas de la Nación en su conjunto, a fin de favorecer a una población mayoritariamente indígena y mestiza.

Producto de esa confrontación de visiones de país y la pugna de intereses políticos y económicos, diversas generaciones de mexicanos se enfrascaron en el conflicto y la confrontación, llegando incluso a la guerra civil.

Así, en la construcción del modelo de Estado impulsado por el del Partido del Progreso o Partido de los Puros (al que históricamente se le ha denominado “Estado Laico”

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o “Estado Moderno”), y al que conceptualizaremos jurídicamente como “Estado Constitucional Republicano Puro”, no sólo porque se forjó bajo la bandera del constitucionalismo y el republicanismo, con una profunda convicción antimonarquista, sino por ser producto de la lucha laicista en aras de la separación absoluta del Estado y la iglesia y por ser la obra histórica del Partido de los Puros o Partido del Progreso).

En consecuencia, podemos afirmar que forman parte de un mismo proceso histó-rico: la Revolución de Ayutla, la legislación preconstitucional de 1855-1856, el Congreso Constituyente de 1856-1857, la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, la Guerra de Tres Años, las Leyes de Reforma, la Adición Constitucional de 1873 y la Constitución de 1917 con la Ley Reglamentaria del artículo 130.

Por lo tanto, consideramos que no sería adecuado, desde el punto de vista histórico ni metodológico, un análisis de las relaciones Estado-Iglesia en el tiempo de vigencia de la Constitución de 1917, si no se analizan los referidos antecedentes.

A lo largo del desarrollo de la historia del país, la característica fue la rivalidad y la confrontación entre los órganos del Estado y el clero católico, en mayor o menor grado (especialmente grave cuando los gobiernos eran dirigidos por hombres de pensamiento progresista), en una lucha cruenta por el poder político y la riqueza económica; si bien es cierto que el conflicto y la pugna no tomó el rumbo de una guerra religiosa, pues las cuestiones del dogma y las devociones pasaron a un segundo plano en este histórico conflicto.

El Laicismo fue la bandera de la defensa de la autonomía del Estado y no significó, ni ha significado para la corriente progresista (incluso ni para los liberales del partido moderado), anti-religiosidad; tampoco fue sinónimo de ateísmo y ni siquiera puede ser entendido como anticlericalismo, aún cuando en diferentes momentos se sumaron personajes de notoria posición anti-religiosa, ateísta y anticlerical. El laicismo no va en contra de la teología o de los dogmas religiosos ni de las creencias. El laicismo nunca planteó y tampoco plantea hoy la intervención del gobierno o de los poderes públicos del Estado en asuntos espirituales o de creencias religiosas; el laicismo tampoco se propone que los dogmas o mitos religiosos dependan de las decisiones políticas, del Estado o del gobierno. El movimiento laicista desde su origen planteó, estrictamente, la separación de los asuntos del Estado, públicos o de gobierno de los espirituales, religiosos o eclesiásticos.

Así, la revolución laicista de México, que se ha llamado “La Reforma”, constituye en la vida de la Nación mexicana una etapa histórica de enorme trascendencia, porque dio una nueva y avanzada forma de organización al Estado mexicano y transformó de raíz el desarrollo y la forma de pensar de los mexicanos.

Las tres principales fuerzas políticas, representativas de igual número de corrientes ideológicas: la conservadora, la liberal y la progresista, que protagonizaron la gran lucha por obtener, asumir y detentar el poder político y ejercer el gobierno para organizar la distribución de la riqueza económica nacional presentan características distintivas en lo esencial, pues sus proyectos sociales, estrategias y acciones resultaron diametralmente opuestas; pero, sobre todo, han sido diferentes en plantear quiénes deben ser los beneficiarios de ese poder y de esa riqueza.

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En tal virtud, el Laicismo en México devino en principio filosófico y postulado ideológico de la autonomía del pensamiento del hombre y de su voluntad, por lo tanto, se consolidó como el fundamento de su libre albedrío para realizar todas aquellas actividades (ciencia, filosofía, ética, derecho y política) que favorecen su plena realización, sin la imposición externa de dogmas religiosos.

Si bien es cierto que el humanismo y el racionalismo con el laicismo forjaron el fundamento filosófico e ideológico del Estado Constitucional...

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