Comentario sobre la iniciativa de aplicar controles de confianza a los miembros del Poder Judicial de la Federación
| Autor | Mauricio Barajas Villa |
| Cargo | Magistrado adscrito al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito |
| Páginas | 217-224 |
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Mauricio Barajas Villa*
“El que ama la disciplina ama el conocimiento,
pero el que odia la censura es irrazonable”
Proverbios 12:1
A raíz de la pública sucesión de casos relacionados con: decisiones asumidas
por integrantes la propia judicatura en ejercicio de la labor jurisdiccional; el
comportamiento personal de algunos de sus miembros en el ámbito privado; e,
incluso, de procesos jurisdiccionales ventilados en medios de comunicación que
han suscitado reacciones e scandalosas, se han venido reactivando acciones de sde
1.
Originalmente un grupo parlamentario del Poder Legislativo, en octubre de
dos mil doce, presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley
2, tendente a establecer diversos
todo aquél que se hallara en cualquier peldaño de la carrera judicial.
esenciales:
2. Necesidad de contar con los mejores ciudadanos en la tarea de juzgar; y
3. Debilidad institucional e impunidad, que determinan dos reacciones:
3.1 Perseverancia y agravamiento de la conducta criminal;
3.2 Ciudadanos que se sienten desamparados.
Comentario sobre la iniciativa de aplicar con-
troles de confianza a los miembros del Poder Judi-
cial de la Federación
*Magistrado adscrito al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
1
por Ricardo Villareal García, también atribuida al resto de la fracción panista o de los integrantes del grupo parlamen-
Parlamentaria número 3630-II, el martes 23 de octubre de 2012.
2Proponía la reforma al artículo 77, primer párrafo; así como la adición de un tercer párrafo a los artículos 112
y 113; y la incorporación de sendos enunciados normativos plasmados en los artículos del 117 bis al 117 nonus de
aquella legislación.
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En aquella propuesta legislativa se destaca el ejemplo del ámbito federal don-
de los funcionarios, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República y
reorganización y fortalecimiento de esas instituciones a través de la reforma a su
procesos de evaluación, depuración e incentivos al desempeño.
categóricas:
1ª. Lo anterior implica que tanto los funcionarios de la Secretaría de Seguridad
Pública, de la Procuraduría General de la República, del Poder Judicial y del
Poder Legislativo han sido corrompidos por poder económico de las bandas crimi-
nales;
2ª. Por tanto en la construcción de seguridad auténtica requiere que el Poder Ju-
dicial también implemente acciones que garanticen que los jueces y magistrados
Cabe destacar que en la parte de las adiciones (al artículo 117 Bis de la enton-
controles:
1. Patrimonial y entorno social;
2. Médico;
3. Psicométrico y psicológico;
que permita el ingreso de los más capaces. Ello, se dice: “para no repetir casos en
los que inocentes se conviertan en presuntos culpables”. De igual modo, se trata
“infectado por personas cuya lealtad e interés sea para los grupos criminales, y
.
Esta misma iniciativa de reforma es la que ha sido retomada recientemente
en sus términos, con la variación en el articulado que ahora corresponde al orden
La pretensión de la iniciativa es someter a los jueces, magistrados y demás
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El fundamento racional que pretende apoyar la iniciativa radica, destacada-
En calidad de garantía que robustezca ese argumento se sostiene que todo
Se pretende todavía respaldar tales asertos en que, en un régimen constitu-
cional democrático, nadie puede gozar de privilegios, y que todo servidor público
debe estar dispuesto al escrutinio de su persona para asegurar su honradez bajo la
aplicación de instrumentos de control.
Todo lo cual sería acertado, a no ser que:
otras instancias, evaluados en su propia mecánica y en sus resultados, no
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tivos como, por ejemplo, los relativos a la presentación de la declaración
patrimonial del servidor público, las visitas ordinarias de inspección, el cen-
tro de atención de quejas y denuncias en el portal de internet del Consejo de
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de lamentables casos aislados, pues en este supuesto el fundamento de la
iniciativa resultaría francamente cuestionable y evidentemente despropor-
cionado e irrazonable; y
ningún apéndice de algún otro poder soberano, antes bien por disposición
constitucional goza de autonomía y sus titulares se rigen por dos principios
fundamentales que la iniciativa soslaya, a saber, la independencia y la ina-
movilidad judicial.
Con base en lo anterior, podría sostenerse que las medidas de control
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ha venido asumiendo una postura autocrítica; no ha incurrido en la autocompla-
cencia y no ha buscado generar la idea de que se goza o pretende defender alguna
inmunidad o privilegio especial. Se parte de que jueces, magistrados, así como
todo integrante de la carrera judicial somos, ante todo, personas y ciudadanos; que
institución jurisdiccional, el honesto reconocimiento desde sus propios miembros
respaldado por resultados de que tales comportamientos irregulares indefectible-
mente se sancionan; que aprendemos del dechado de los juristas probos y honora-
bles, pero que también reconocemos la lección que deja el lamentable ejemplo
amonestador de aquellos que, al apartarse de los principios que inspiran la carrera
y legitimidad que con tanto empeño se ha buscado construir día con día por tantos
empleados y juzgadores activos y en retiro de esta honorable institución.
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así como a la rendición de cuentas.
Es una realidad de la judicatura federal que las conductas corruptas o desor-
denadas son debidamente prevenidas, investigadas y sancionadas de manera tal
se ha hablado de vínculos con bandas criminales3.
Se podría alegar que la evidencia de pocos casos de vínculos entre juzgadores
y de que, consecuentemente, solo los propuestos constituyen la solución idónea.
Sin embargo, no puede construirse toda una reforma de esta envergadura con
base en meras especulaciones de este talante, ni bajo la adopción de posturas
adecuados y que, acaso, ya merecen una serena revisión crítica en su operación
material cotidiana con el propósito de amoldarlos a los estándares internacionales
de protección de los derechos humanos.
3Es importante contar con información clara, precisa y completa de los casos de corrupción y de conducta
incompatible con el ejercicio de la facultad jurisdiccional del Estado, que sea proporcionada oportunamente por las
son los casos investigados y sancionados para evidenciar que su ocurrencia no respalda generalizaciones y prejuicios
infundados.
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constante ya sus propios sistemas de control en donde, es menester recalcarlo,
a diferencia de las corporaciones policiacas o agencias de investigación de
conductas ilícitas dependientes del Poder Ejecutivo, son otros los factores
humanas que se erigen como un auténtico derecho social según el cual se persigue
garantizar, primordialmente a los gobernados, que los juzgadores resuelven los
asuntos de relevancia jurídica que aquéllos les plantean, no a partir de prejuicios
a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente.
aunque bajo modalidades idóneas y de manera más efectiva que la propuesta
legislativa que se comenta, como se evidencia enseguida.
de conformidad con los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados
51, fracción III y 52, párrafo segundo del Acuerdo General 9/2005 del Pleno de
reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento
de la situación patrimonial.
-
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dos con la salud emocional, mental y física de los titulares (lo que cubriría los
y dictaminar sobre el funcionamiento de los juzgados de distrito y tribunales de
circuito, tienen la oportunidad, por decirlo así, de tomar el pulso de los tribunales
y supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran, princi-
pal referente del estado anímico del personal y del juzgador federal. Lo anterior,
tanto completa como objetiva, sobre posibles desórdenes mentales o adicciones
del personal profesional de los tribunales, titulares incluidos, lo que permite la
evaluación del desempeño de quienes tienen a su cargo la tarea de impartición de
justicia, además de garantizar que en los procedimientos judiciales a nivel federal
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se cumpla con la ley.
Con reconocido profesionalismo y honorabilidad, a través de las visitas de
inspección practicadas e informes circunstanciados rendidos, se proporciona
Consejo un análisis objetivo de la función jurisdiccional, la vigilancia en torno
al cumplimiento cabal de la ley y se previenen oportunamente las eventuales
irregularidades en los órganos jurisdiccionales federales, dentro de un marco de
respeto a la independencia e imparcialidad de sus integrantes.
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos se encargan de diseñar y ejecutar
los programas de investigación, preparación y capacitación, los mecanismos de
aspiren a ingresar a éste, fortalezcan no sólo sus conocimientos y habilidades
necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial, sino que además se
logre el objetivo de que se nutran de los elementos, habilidades y herramientas que
les permitan internalizar los principios inherentes a la carrera judicial en aras de
juzgadores federales.
sobre los criterios jurisprudenciales relevantes que los órganos jurisdiccionales
hayan emitido, así como la promoción y difusión de la ética judicial para la for-
éticas, contribuyendo al desarrollo de la vocación de servicio así como al ejercicio
consciente de los valores y principios éticos inherentes a la función judicial.
Desde luego, esa difusión de la ética de suyo no garantiza en automático que
todos los juzgadores obren bajo un esquema de ética de la responsabilidad, pero
la amplia difusión de sus recordatorios consistentes y constantes contribuye a evi-
denciar aquéllas conductas que se apartan de la buena práctica, de ese bien obrar
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sanción oportuna.
constante operación, controles y medidas tendentes a asegurar en la mayor medida
de la carrera jurisdiccional, aspiran a serlo; controles que ejerce el Consejo de
desorden social, físico o psicológico de los citados servidores públicos, bajo
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modalidades menos invasivas y más efectivas.
evocación y reminiscencia del recaudo probatorio irracional de las ordalías (si
Todo este esquema muestra que la iniciativa legislativa en análisis parte de
generalizaciones necesariamente injustas, como de prejuicios infundados y pro-
pone medidas en sí mismas desproporcionadas, de ahí que, de elevarse al rango de
norma orgánica podría hacer tambalear gravemente los principios de independen-
Se trata pues de una propuesta errada sobre todo cuando se apoya centralmente en
a través del poder económico de
Por otra parte, es un hecho notorio que la evaluación desde agencias
internacionales y organizaciones de derechos humanos en el ámbito universal, al
abordar el análisis de las políticas de seguridad pública y de procuración de justicia
de este país en el recuento de lo ocurrido más allá del último lustro, están siendo
a la dignidad humana; de ahí que resulte francamente cuestionable sostener que
y sin más, a los recipiendarios constitucionales de la titularidad de otro Poder de
la Unión, asimilándolos a un mero apéndice tanto del Poder Ejecutivo como del
Poder Legislativo. Lo anterior, en evidente detrimento de la división de poderes
jurisdiccional solo puede ser ejercida en un Estado constitucional y democrático
de Derecho cuando se garantiza la independencia e imparcialidad de sus jueces.
contar con la información necesaria y conducente que permita hacer el diagnóstico
y transparentes del desempeño y la gestión judicial en todos los órganos de este
Poder de la Unión, manteniendo como referente y fundamento constitucional los
principios de la carrera judicial establecidos en el artículo 100, párrafo séptimo,
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dignidad humana con base en los principios, deberes y obligaciones que ahora
establece el artículo 1° constitucional bajo el nuevo paradigma de protección de
los derechos humanos.
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