Colaborador Invitado / Derechos humanos
| Autor | Colaborador Invitado |
Luis A. González Placencia
El Senado de la República aprobó el 8 de abril pasado, un dictamen con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Constitución mexicana, para fortalecer el alcance y vigencia de los derechos humanos en México. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para que, de así considerarlo, sea aprobada y remitida a las legislaturas locales para concluir el proceso de reforma constitucional.
La aprobación de este dictamen es el resultado de la expresión de múltiples reivindicaciones de la sociedad civil, de aportaciones de juristas, académicos e investigadores y del contexto local e internacional de los derechos humanos.
Esta reforma es el resultado de exigencias legítimas de quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos y que no encontraron justicia, verdad ni reparación.
La reforma incorpora como principios constitucionales la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Define con precisión la jerarquía prioritaria de los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano para que las personas gocen de los derechos que en éstos se estipulan. Establece un sistema de responsabilidades para que los gobernantes tengan la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, a través de la creación de una ley específica. Si el Estado violenta a sus ciudadanos en su integridad, dignidad y derechos, será responsable de pagar por el daño causado y realizar las acciones necesarias para evitar que esas violaciones se repitan.
Fortalece los órganos de protección y defensa de los derechos humanos, así como sus resoluciones, al establecer su autonomía y legitimidad frente a los poderes del Estado, obligándolo a que explique públicamente sus razones para aceptar o no una recomendación.
La facultad de investigación que se le atribuye a la CNDH permitirá acreditar violaciones graves a los derechos humanos, para evitar impunidad como ocurrió con el caso de Lydia Cacho.
El artículo 29 constitucional establece un bloque de derechos que bajo ninguna circunstancia pueden ser suspendidos o restringidos, como el derecho a no ser ejecutado de manera sumaria o arbitraria, el derecho de las y los niños, la libertad de expresión, la integridad física y las garantías del debido proceso.
La modificación de este artículo es fundamental ante la situación de inseguridad que actualmente vive el país, pues la...
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