Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Fecha01 Enero 2012
Autor de la iniciativaEjecutivo del Estado, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Iniciativa con proyecto de decreto de Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Recibida en Sesión de fecha 1 de enero de 2012
Informe en correspondencia el día 20 de Enero de 2012.
Turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Lectura del Dictamen: 2 de Febrero de 2012.
Decreto No. 6
Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado: P.O. 14 / 17 de Febrero de 2012
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RUBÉN IGNACIO MOREIRA
VALDEZ.
El suscrito Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que me
Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 Apartado A, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Coahuila de Zaragoza; 144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a la
consideración de este Honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de decreto de
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I INTRODUCCIÓN
Coahuila hoy vive tiempos nuevos de transformación profunda en todos los rubros: en lo político,
en lo social, en lo económico, en lo jurídico. Son tiempos para abrir nuevos ciclos y cerrar viejos
capítulos.
Frente a nosotros está la oportunidad histórica de sumar esfuerzos en torno al gobierno que tengo
el honor de presidir. Es el momento de ver hacia el futuro, de pensar en el Estado justo, seguro y
democrático que merecen los coahuilenses; es el momento de reformar nuestros sistemas de
seguridad pública, procuración e impartición de justicia y adecuarlo a la nueva realidad, como
primer paso de una reforma integral de nuestro sistema jurídico.
Sabemos, que muchas de nuestras disposiciones legales que en el pasado brindaron certeza
jurídica y seguridad, hoy han sido rebasadas por la complejidad del momento que nos ha tocado
vivir.
Entre la realidad y la norma existe hoy un vacío que obstaculiza la certidumbre que nos debemos
los coahuilenses y que exige de nuestra atención. Hay que decirlo: La lucha contra la delincuencia
es y ha sido una lucha compleja: A la criminalidad tradicional, que no desaparece, se han agregado
otras formas de delincuencia, llamadas modernas, que se valen de recursos diferentes. Esta no
solo emplea la fuerza física, el arma contundente: emplean la astucia, la inteligencia, la tecnología,
la violencia que suscita la ira y la venganza. Son los acompañantes de la vida diaria, la sombra
obscura que sigue la marcha del progreso.
Sin duda en estos años, ha habido un gran esfuerzo por vincular el trabajo de las instituciones para
que en una unidad de objetivos y esfuerzos, nos permitan en un frente integral, combatir esta
delincuencia cruel y desenfrenada.
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Hoy tenemos la oportunidad de transformar nuestro sistema jurídico y por ello es el momento de
impulsar los cambios legales necesarios para darle a las instituciones una nueva misión y visión
que cumpla con las exigencias sociales.
Hemos considerado siempre que el Estado de Derecho no puede subsistir si las leyes quedan
rezagadas frente a las exigencias de la sociedad, sobre todo si esta se haya inmersa en un
profundo proceso de cambio político, económico y social.
Estamos ciertos, que cuando no se actualiza el orden jurídico al que están sujetas las autoridades
encargadas de la investigación de los delitos y el enjuiciamiento de los imputados, y se mantienen
los supuestos normativos del pasado, estos se convierten en causales que favorecen el
ensanchamiento de la brecha entre una criminalidad que avanza sin ataduras, y un aparato de
persecución que se mueve pesadamente con normas superadas por la realidad.
Son conocidos los pronunciamientos de las diferentes Oficinas de la Organización de las Naciones
Unidas, emitidos en diversos diagnósticos sobre el estado que guarda el sistema de justicia penal
en nuestro país.
En dicho informe, se expresa la necesidad de que el Estado Mexicano adecúe el sistema procesal
a un modelo acusatorio, en el que el imputado, el Ministerio Público y la víctima u ofendido del
delito gocen de plena equidad procesal, de tal suerte que sea el juez quien resuelva el asunto
sobre la base de los elementos probatorios aportados por las partes, en el marco de los principios
de oralidad, publicidad, concentración y contradicción.
Hoy, el Gobierno del Estado en uno de sus actos iniciales, da un paso más, puntual y definitivo,
para fortalecer sus sistemas de procuración e impartición de justicia y reafirmar así su indeclinable
compromiso con la sociedad, tal y como lo viene haciendo la Federación y la mayoría de los
Estados de la República Mexicana.
Las reformas que ahora presentamos ante esa Soberanía, permitirán renovar por completo nuestro
sistema judicial. Sabemos que en ello habrá debate, disenso y porque no propuestas que
enriquezcan la que ahora planteamos, pero sobre todo sabemos que habrá unidad en el esfuerzo y
sensibilidad suficiente, para que los coahuilenses obtengan lo que legítimamente vienen
reclamando de las instituciones del Estado: certidumbre jurídica y paz social.
Sin caer en reducciones ligeras, vale observar que la injusticia que nos lastima, duele, lacera, tiene
que ver, no poco, con la pobreza que nos avergüenza, con el salario que no basta para satisfacer
el hambre de la familia y con el desempleo que en estos momentos obscurece no solo el horizonte
de México, si no del mundo entero. Aquí se cruzan y combinan la justicia y la economía.
Cuando hablamos de justicia entendemos que se trata de las condiciones que nos permitan vivir,
trabajar, estudiar, divertirnos, progresar sin sobresaltos. Condición de la paz pública que siembra la
confianza y el sosiego. Protección de los bienes de todos y de cada uno, merced a la acción,
suficiente y oportuna del Estado.

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