Caso Ayotzinapa. Una investigación atorada por la tortura
| Autor | Diana Lastiri |
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene identificados a 10 probables responsables por el caso Ayotzinapa; todos están prófugos en el extranjero. La FGR emitió órdenes de aprehensión y las autoridades realizan las diligencias para lograr las capturas de esos 10 probables responsables, entre quienes hay policías federales, estatales y municipales que pudieron tener participación en la desaparición de los 43 normalistas o cometieron irregularidades en la investigación del caso. El pasado lunes 20 la FGR intentó formular imputación contra uno de los funcionarios investigados por dichas irregularidades, con las que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, construyó la "verdad histórica" que intentó fijar la versión de que en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron secuestrados por integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Pero a la audiencia celebrada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el investigado no compareció: afirmó padecer covid-19 y tener dificultades respiratorias.
Se trata de Ignacio Mendoza Ganda-ria, exmando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actualmente trabajador del Centro Nacional de Inteligencia, a quien la FGR intentó imputar por desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Según las investigaciones, Mendoza Gandaria estuvo presente con Tomás Ze-rón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, durante un interrogatorio en el que Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, supuesto integrante de Guerreros Unidos, fue torturado -como otras personas- para confesar su presunta participación en la agresión contra los jóvenes.
En la audiencia, Javier Avendaño San-doval, abogado de Mendoza Gandaria, solicitó diferir la diligencia al considerar que su cliente no está "física y mentalmente en condiciones" de comparecer.
El juez reclamó al abogado que su cliente no se conectó por videoconferen-cia, como le había sido autorizado; el jurista dijo no tener conocimiento de las razones de su cliente. Delgadillo Padierna le dio 48 horas para entregar a la FGR la prueba de que padece covid-19.
Durante su intervención, el juzgador advirtió que Mendoza Gandaria incumplió con la obligación que tenía de comparecer en la audiencia, pese a que se le dieron facilidades para conectarse de manera virtual.
Añadió que del informe presentado por la defensa no se desprende la gravedad del estado de salud de Mendoza...
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