Ni camas, ni hospitales; 10 años de malgasto
Zorayda Gallegos
CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Los sistemas de salud de los estados que ahora hacen frente al Covid-19 entre grandes carencias como falta de insumos, poco personal e insuficiente infraestructura, arrastran un historial de malas prácticas en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de la salud.
En una década, las 32 entidades del país malgastaron parte del dinero que debía destinarse a servicios de salud, en bonos de fin de año y comisiones sindicales que no estaban presupuestadas, en pagos a médicos fantasma, en compras de medicamentos con sobrecosto y material de curación caduco, entre otras irregularidades.
La información presentada en este reportaje se desprende de una revisión hecha a los informes de fiscalización que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha practicado a los recursos que la Federación les ha transferido a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 10 años (2009-2018).
Los recursos del FASSA son para que las entidades federativas presten servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social. Este fondo está estrechamente ligado con el Seguro Popular, ya que comparten infraestructura, medicamento y personal médico.
En 10 años, la ASF ha hecho observaciones por irregularidades en la forma en que los estados gastaron 41 mil 895.3 millones de pesos de este fondo. Las recuperaciones que se lograron durante el transcurso de las revisiones y hasta la elaboración del informe final de auditoría, fueron apenas de 6% de lo observado.
No comprueban inversiones. En 2018, las 32 entidades del país recibieron más de 95 mil millones de pesos del FASSA; sin embargo, tras las auditorías realizadas, la ASF encontró irregularidades por 4 mil 935.2 millones de pesos. Estos recursos servirían para contratar a unos 142 mil médicos especialistas [cada uno con un salario de 34 mil 755 pesos] en este contexto de pandemia.
En la revisión de la última cuenta pública de 2018, los auditores alertaron sobre pagos por 80.3 millones de pesos a personal médico que no logró ser encontrado en sus centros de trabajo en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Zacatecas.
La anomalía más recurrente ese año fue que los estados no comprobaron en qué gastaron 2 mil 155.8 millones de pesos, al carecer de documentación que amparara las compras. Esto...
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