Los caídos del sexenio: Escándalos y sacrificios
| Autor | Oscar Vladimir Martínez |
Este es el saldo del último sexenio de un régimen que duró 71 años: 30 funcionarios y personajes públicos asesinados o ejecutados; 7 muertos en accidentes o circunstancias no aclaradas plenamente; 3 suicidios; 62 involucrados en procesos penales y 11 renuncias o despidos.
Protagonistas de la vida pública que, en nombre del último gobierno federal y de la última Regencia capitalina encabezados por el Partido Revolucionario Institucional, no pudieron llegar al final de la administración de Ernesto Zedillo. Funcionarios obligados a dimitir por la presión de la opinión pública, al verse involucrados en casos polémicos o embrollos judiciales. Actores que murieron víctimas de la violencia generada por el crimen organizado o la inseguridad pública que se incrementaron durante los últimos seis años. Personajes que prefirieron quitarse la vida antes que enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
Son los "sacrificados". Los caídos del sexenio. El costo de la transición del poder o bien parte de la ola de delincuencia que sufre el país generada por las crisis económicas, de acuerdo con especialistas.
Una constante de la administración que fenece es la frecuente implicación del narcotráfico en varios de los crímenes. Se presume que las mafias de las drogas tuvieron participación en cinco de cada 10 asesinatos.
Fue un sexenio de renuncias, ceses y destituciones. De escándalos políticos que tuvieron que ser paliados por el Poder Ejecutivo federal. Seis años de casos inéditos: la huida de un gobernador por presuntos nexos con el narcotráfico, la dimisión de un secretario de Estado por ostentar un doctorado falso, el nombramiento y despido del primer procurador de oposición o el arresto de un general de división inmiscuido con narcotraficantes, cuando éste era el encargado de combatirlos.
Fueron también frecuentes las denuncias de colusión de funcionarios con narcotraficantes y secuestradores, así como los delitos de desvío de fondos del erario público y uso indebido de funciones.
Igualmente fueron polémicas las solicitudes de licencia de tres gobernadores que se vieron en la necesidad de dejar el cargo debido a las presiones de la opinión pública: uno por presunta malversación de fondos; otro por una matanza de campesinos y otro más acusado de permitir la actuación de bandas de secuestradores.
Un fenómeno que, en menor escala, alcanzó al Poder Judicial: dos magistrados asesinados y otro destituido, un juez suspendido de su cargo y otro que se quitó la vida, relacionados en su mayoría con casos polémicos.
Tampoco quedaron exentas las Fuerzas Armadas. En el sexenio donde se propuso y aplicó la incorporación de militares a la tareas de persecución del delito, 15 oficiales -desde un general de división hasta un sargento- engrosaron la lista de víctimas de la violencia o procesados por implicación en actividades delictivas.
Durante esta administración los años más conflictivos fueron 1996, 1997 y 1998: en este lapso se presentó casi la mitad de los casos referidos. Algunos continúan abiertos y se acumulan en la memoria política mexicana. Otros quedarán como herencia al nuevo gobierno encabezado por primera vez en 71 años por un partido distinto del tricolor.
A casi cinco meses de concluir, éste es el saldo negro del sexenio que comenzó el 1o. de diciembre de 1994.
ANALISIS
Los dos poderes
Para Luis Astorga Almanza, doctor en sociología y profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la infiltración del narcotráfico en diversos círculos del poder en México no es reciente ni privativa del sexenio de Ernesto Zedillo. Sin embargo, actualmente se manifiesta de manera más violenta. "Por lo regular, este tipo de fenómenos se presentan como parte de la mediación estructural que existe entre los dos poderes: el federal y el narcotráfico".
"Muchos piensan, y existe esa creencia, que la influencia del narcotráfico nace desde fuera y se va apoderando de los círculos del poder, pero no es así. Estas relaciones entre ambos poderes nacen desde dentro del mismo ámbito político y de esto se deriva que la élite del partido gobernante se golpee entre sí misma y que de esto se produzcan brotes de violencia hacia el interior".
Astorga Almanza propone que, dados los acontecimientos del presente sexenio, los partidos deberían actuar de manera conjunta y dejar de lado actitudes individuales con el fin de trabajar en una reforma integral del sistema judicial.
Fernando Tenorio Tagle, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, señala a su vez tres causas posibles que explican la cantidad de muertes y crímenes que caracterizaron a la presente administración: la falta de independencia del Poder Judicial en la aplicación de las leyes; la ola de delincuencia que sufre el país, generada por las crisis económicas sexenales, y las circunstancias que caracterizaron el actual sexenio.
Los funcionarios que se relacionan con la delincuencia organizada, asegura el especialista en derecho penal, pasan a formar parte de grupos criminales y, en consecuencia, asumen las normas de éstos. "Ellos tienen una regla no escrita: 'haces lo que te digo o te mueres'. Cuando se rompen esas normas se tienen que asumir las consecuencias".
La infiltración de bandas delictivas en distintos niveles de gobierno y los índices de impunidad prevalecientes no son privativos de México, asegura. "Es un fenómeno mundial, es parte de la globalización".
Sin embargo, considera que las bandas criminales en México distan mucho de actuar de manera "profesional" cuando intentan cumplir con sus objetivos. No obstante, dice, lo anterior no es un problema para ellos, debido a que los sistemas encargados de prevenir el delito y aplicar las leyes tampoco han cumplido cabalmente con su cometido.
"Pareciera que ahora las decisiones en cuanto a justicia en nuestro país dependen del Poder Ejecutivo, que ya no hay división de poderes. Incluso en la Constitución se le nombra como el poder supremo a este último. Hay casos en los que hay presiones por parte del Ejecutivo, e incluso en ocasiones es quien determina a quién se condena. Esto, a través de las procuradurías, las cuales juegan un papel fundamental en el futuro de un indiciado".
Asesinatos y ejecuciones
Jesús Humberto Priego Chávez.
Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
- Recibió un balazo en la sien el 18 de junio de 1995 en la puerta de su casa. El supuesto móvil fue el robo de su vehículo. Era el encargado de los procesos penales que se les seguían a los dirigentes del sindicato de Ruta 100.
Leobardo Larios Guzmán.
Procurador de Justicia de Jalisco.
- Fue ultimado a tiros en Guadalajara el 19 de junio de 1995. El posible móvil fue un ajuste de cuentas por parte de narcotraficantes. Presuntamente fue objeto de un intento de soborno por parte de los hermanos Arellano Félix.
Alberto Alvarado Arámburu.
Ex gobernador de Baja California Sur.
- Asesinado el 20 de febrero de 1996 en la Ciudad de México al oponerse a un asalto. El homicidio fue realizado, presuntamente, por una banda que se dedicaba a robar vehículos y relojes.
Sergio Armando Silva Moreno.
Comandante de la Policía Judicial Federal.
- El 23 de febrero de 1996 recibió un balazo en la cabeza a las afueras de las oficinas de la corporación, días después de haber dejado la subjefatura de la PJF en Tijuana.
Rebeca Acuña.
Ministerio Público Federal.
- Participó en la elaboración de la primera averiguación previa del caso Colosio. Fue baleada en la puerta de su domicilio el 26 de febrero de 1996.
Edgar Antonio García Dávila.
Ex jefe del Grupo de la Policía Judicial Federal en Jalisco.
- Recibió 30 disparos de "cuerno de chivo" el 8 de marzo de 1996. Estuvo involucrado como presunto protector de los hermanos Arellano Félix en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Jorge Arturo Ochoa Palacios.
Delegado de la PGR en Tijuana en marzo de 1994.
- Acribillado a quemarropa el 17 de abril de 1996 mientras hacía ejercicio en una pista pública de atletismo. Fue el encargado de la custodia de Mario Aburto desde su aprehensión hasta que llegó a Almoloya. El homicidio fue considerado como venganza de narcotraficantes.
Jorge Torres Mondragón.
Jefe de Servicios Técnicos del Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen).
- Asesinado el 2 de mayo de 1996 en la Ciudad de México. El posible móvil fue el robo de su coche.
José Luis Arroyo Rodríguez.
Teniente Coronel de Infantería del Estado Mayor Presidencial.
- Murió el 7 de mayo de 1996 en Ciudad Satélite cuando se opuso a ser despojado de su vehículo. Aunque las primeras indagatorias indicaban que el crimen se debió a un asalto, no se ha esclarecido el móvil.
Sergio Moreno Pérez.
Ex delegado de la PGR en Baja California.
- Personas fuertemente armadas lo secuestraron junto con su hijo de 21 años de edad. Los cuerpos sin vida de ambos aparecieron en un automóvil en Naucalpan el 18 de mayo de 1996.
Isaac Sánchez Pérez.
Director de la Policía Judicial Federal en Baja California.
- Ultimado de un tiro en la cabeza el 19 de julio de 1996 en su casa de la Ciudad de México, donde anteriormente había sido comisionado como agente antinarcóticos.
Jesús Romero Magaña.
Agente del Ministerio Público en Tijuana.
- Recibió 14 disparos el 17 de agosto de 1996 en la puerta de su casa, ubicada en una colonia residencial de Tijuana. Fue el responsable del primer interrogatorio a Mario Aburto Martínez.
Ernesto Ibarra Santés.
Subdelegado de la Policía Judicial Federal en Baja California.
- Sicarios lo acribillaron junto con los agentes Israel Moreno Flores y Juan Aarón Rosas Gallegos luego de tomar un taxi en el aeropuerto capitalino el...
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