La otra caída del sistema

Tlatlaya y Ayotzinapa son la expresión grave del colapso de la estrategia de seguridad punitiva y militarista trazada por al menos dos sexenios panistas, junto con la falta de voluntad del actual gobierno priista de cambiarla de fondo. Si bien la atención mundial se concentra en Guerrero, las cuestiones que involucran los dos hechos se entrelazan para formar un escenario poco halagüeño sobre el futuro del país. Se afecta gravemente no sólo la seguridad sino las estructuras políticas y el tejido social en varias regiones del país (tenemos ya niños secuestradores además de niños sicarios).

Los números oficiales de incidencia delictiva son exaltados según el interés del gobierno; por ejemplo la tasa de homicidios dolosos a la baja, cuando en realidad está muy por encima de la ocurrida hace una década. Otros parámetros permanecen igual o a la alza, como la extorsión y el secuestro. Se aplican medidas contrainsurgentes como la permisividad de los grupos de autodefensa en Michoacán, la Gendarmería se estrena para proteger del secuestro zonas de altos ingresos (Valle de Bravo) y el silencio sobre lo que pasa en las calles con las manifestaciones delictivas violentas favorece al crimen organizado, como lo demuestra el asesinato de Rosario Fuentes en Tamaulipas, el miércoles 15.

La situación no está bajo control pese al silencio que se impuso a la mayoría de los medios de comunicación. En las pocas intervenciones públicas que tuvo como asesor del gobierno peñista, el general colombiano Óscar Naranjo se refería a nuestra situación como una "crisis humanitaria". Los adjetivos palidecen ahora si se compara con las expresiones de preocupación y condena de los organismos internacionales multilaterales y ONG de derechos humanos.

Desencanto verde olivo

El pasado 22 de octubre el presidente, siguiendo un ritual antiguo del sistema político, utilizó su investidura para proteger y cubrir la responsabilidad de las fuerzas armadas en el asesinato de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México. No fue casual la referencia discursiva. Un día antes la CNDH había dirigido la recomendación 51/2014 a la Segob y la Sedeña, con conclusiones contundentes (que los medios no destacaron): Los militares cometieron un crimen de lesa humanidad (15 ejecuciones, 3 de ellas sin definir la manera en que ocurrieron los asesinatos).

Así contradice la versión de la propia PGR (que reconoce sólo ocho ejecuciones) y deja mal parada a la Sedeña, que desde el primer momento mintió (como...

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